La Policía Nacional detiene en Cáceres a siete personas integrantes de una organización criminal dedica al tráfico de estupefacientes

Los dos cabecillas han ingresado en prisión

Incautados más de 6 kilos de heroína, 275.000 euros en efectivo y cuatro armas de fuego con su munición en los seis registros realizados en diferentes localidades

26-septiembre-2018.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cáceres a siete individuos como presuntos autores de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal. Se han intervenido más de seis kilos de heroína, 275.000 euros en efectivo y cuatro armas de fuego con su munición. Los dos cabecillas de la organización han ingresado en prisión.

Tras una investigación de cinco meses, los agentes han logrado desarticular dos grupos criminales que, de manera conjunta y coordinada, se dedicaban a la distribución y venta de heroína y cocaína en las zonas de Malpartida de Plasencia, Plasencia y localidades cercanas.

Esta operación surge a raíz de otra realizada en la localidad de Plasencia, en la que se detuvo a varios miembros de una banda criminal con la cual los actualmente detenidos tenían estrechos vínculos familiares y delincuenciales.

Una organización criminal estructurada y con reparto de funciones

Tras diversas gestiones, y con las dificultades añadidas debido a que los implicados adoptaban fuertes medidas de seguridad, se pudo desentrañar el entramado delincuencial. Los agentes constataron que había personas encargadas del abastecimiento a toxicómanos y otros pequeños compradores, realizando esta actividad de manera continua e incesante.

En un escalón más elevado estaba el proveedor principal, un traficante de alto nivel ubicado en la localidad de Don Benito que abastecía a los narcotraficantes de nivel medio de toda la región. Otros miembros tenían asignadas las labores de vigilancia, seguridad, transporte y guarda de la sustancia estupefaciente

Se trata de organizaciones que utilizan de manera sistemática la violencia en su búsqueda del beneficio económico, estando implicados en diversas reyertas en vía pública en las que llegaron a agredir a miembros de la Policía en alguna ocasión.

Investigación patrimonial paralela

A tenor del volumen de venta de sustancias, y con el flujo de dinero proveniente de la droga, los agentes llevaron a cabo una investigación de orden patrimonial y constataron el gran número de vehículos y propiedades cuyos titulares eran los investigados.

Se ha determinando que no realizan actividad laboral o remunerada alguna y que mantenían un elevado tren de vida, incluyendo vehículos de alta gama y otros gastos suntuarios como el mantenimiento de una ganadería equina de alta calidad. Los únicos ingresos que percibían provenían de su actividad ilícita.

Los agentes concluyeron que se encontraban ante un blanqueo de capitales o lavado de dinero, es decir, la actividad que se desarrolla para encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales, en este caso la venta de droga. El objetivo de este proceso es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal.

Siete detenidos y siete registros

Tras analizar toda la información obtenida, los agentes llevaron a cabo un total de siete registros en las localidades de Malpartida de Plasencia, Talayuela y Don Benito, en los que se incautó un total de seis kilos y medio de heroína, 275.000€ en billetes de diverso valor facial, joyas y efectos valorados en más de 500.000€. También fueron incautados cuatro vehículos de alta gama, un arma automática tipo subfusil, dos pistolas semiautomáticas y un revólver, todos ellos con sus cargadores y munición.

Además se hallaron todo tipo de utensilios (batidora industrial, coladores industriales, espátulas, mascarillas, guantes de goma), productos químicos (acetona, sosa caústica y lejía) para la adulteración de la cocaína y la heroína, con los consiguientes daños potenciales para la salud de los consumidores finales. Igualmente se intervinieron básculas de precisión, una máquina envasadora al vacio, una prensa hidráulica con nueve moldes de acero para la compactación de paquetes de la sustancia estupefaciente de diferentes tamaño y peso, y una máquina industrial para contar billetes.

Los detenidos, cinco varones y dos mujeres de entre 26 y 56 años de edad y con antecedentes por diversos tipos delictivos, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión de dos de ellos.

Detención de cuatro personas por tráfico de material explosivo en Hellín y Jumilla

La Policía detiene a cuatro personas por tráfico de material explosivo en Hellín y Jumilla

08 / 05 / 2013 Hellín / Jumilla

Operación realizada por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con las Brigadas Provinciales de Información de Albacete y Murcia

Agentes de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con las Brigadas Provinciales de Información de Albacete y Murcia, han detenido hoy en Hellín (Albacete) y Jumilla (Murcia) a  cuatro personas -dos marroquíes y dos españoles- por su presunta implicación en un delito de tráfico de material explosivo.

El cuarto detenido, también de nacionalidad marroquí, ha sido arrestado por tener en vigor una orden de prohibición de entrada en España pero no estaba relacionado con el tráfico de material explosivo aunque sí que convivía con los anteriores.

En estos momentos, y en el marco de esta operación, se están procediendo a realizar cinco registros domiciliarios en las localidades de Hellín (Albacete) y Jumilla (Murcia).

La operación continúa abierta.

Ministerio del InteriorMinisterio del Interior Descargar

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III)


 

 


 

ALEGACIONES AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRELIMINAR

FUNDAMENTO

La primera cuestión a dilucidar y dejar perfectamente claro es la delimitación de la “seguridad privada”, en el sentido que es complementaria a la “seguridad pública” o a la “seguridad ciudadana”.

En el artículo 1 expresa perfectamente en el final del primer párrafo: Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”.

El texto Constitucional no define a la seguridad pública, indicando únicamente en su artículo 149, 29ª, dentro de las competencias exclusivas del Estado, que asume plenamente la seguridad pública, para a continuación efectuar una disquisición sobre las policías que puedan crear las CC.AA. ¿Quiere esto decir que la Constitución equipara seguridad pública con seguridad ciudadana, eje central de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

Por otra parte en el artículo mencionado se habla de “actividades y servicios de seguridad”, para posteriormente hablar que las “actividades” son complementarias de la seguridad pública, para a continuación, en el segundo apartado del artículo se relaciona a los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Es decir que en el anteproyecto de ley se quiere diferenciar lo que son actividades de lo que son servicios de seguridad privada, y de hecho en el artículo 2, “definiciones”, intenta diferenciar un concepto de otro, lo único es que al final los dos se refieren a “acciones”. Por ejemplo una de las acepciones de “actividad”, según el diccionario de doña María Moliner son las “acciones que realizan las personas”.

Aún hay más, al definir en el artículo 2.1. que es seguridad privada, lo hace como “el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, …”, definiéndose a continuación todos los conceptos, aunque, a juicio del presente autor, quedan confusos los correspondientes a actividad y servicios.

Es importante la definición que hace el anteproyecto de “seguridad privada”, porque tiene por objeto “hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades”. Hemos subrayado riesgos accidentales, porque consideramos que en este caso está señalando a la superación de emergencias, en definitiva “protección civil”, con lo cual parece que seguridad privada se equipara a seguridad pública, cuya ecuación podría plasmarse como mínimo en:

SP = SC + PC + SV

SP: Seguridad Pública.

SC: Seguridad Ciudadana.

PC: Protección Civil.

SV: Seguridad Vial.

¿Qué son riesgos accidentales?

En el artículo 4 del anteproyecto, al enumerar los fines de la seguridad privada, insiste en que la seguridad privada debe prestar seguridad ante “riesgos accidentales o derivados de la naturaleza”, en definitiva que se encuentra inmersa la seguridad privada, en las tareas de autoprotección.

Veamos un árbol de seguridad pública:

 

Y recojamos ahora un diagrama, incardinando la autoprotección en la protección civil y ésta en la seguridad pública: 

 

 

 

 

 

El citado artículo 4.a) del anteproyecto expresa que la “seguridad privada”, cuando son contratados sus servicios, es cuando puede implicarse en tareas de autoprotección (riesgos accidentales o derivados de la naturaleza). En este sentido el texto vuelve a caer en el defecto global de identificar a la seguridad privada con las empresas de seguridad, porque una organización que disponga de departamento y director de seguridad de plantilla, tiene “contratada” seguridad privada propia, bien de forma voluntaria o por imperativo legal (de acuerdo con el futuro Reglamento). Ese departamento es seguridad privada y también tiene a su cargo la superación de riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. Es decir que se debería dar nueva redacción a sustituyendo “Satisfacer las necesidades de seguridad de los contratantes de sus servicios” por “Cubrir las necesidades de seguridad donde preste sus servicios, velando por …”

 

La visualización de la empresa de seguridad privada, por parte del redactor del texto del anteproyecto, le hace perder la prioridad en el empleo de la seguridad privada, incluyendo en su artículo 3, dentro del ámbito de aplicación, en primer lugar a las “empresas de seguridad privada”, cuando debería ser a todas las organizaciones, entidades, instalaciones, establecimientos y actividades que de forma obligada por la ley o voluntariamente quieran disponer de servicios y medios de seguridad, porque evidentemente el primer responsable del buen uso que se haga de la seguridad privada será el “titular” de la “organización, entidad, instalaciones, establecimientos y actividades”. De esta forma el “titular” debería tener su definición, sustituyendo al “usuario de seguridad privada”, recogido en el apartado 9 del artículo 2.

 

Con respecto a las actividades de seguridad privada, que hay que distinguir de la “actividad” a que se hace referencia en el párrafo anterior, porque se refiere a actividades de negocio o actividades sociales, resulta extraño que entre esas actividades de seguridad privada no se encuentre la “redacción de proyectos técnicos de seguridad”, teniéndose en cuenta que proyecto es distinto a plan (apartado 1 h) del artículo 5. ¿Puede hacer cualquiera un proyecto de seguridad?, o debe ser un técnico competente acreditado para ello y por tanto sujeto a la normativa de seguridad privada.

 

En el artículo 6: “actividades compatibles”, vuelve a caerse en el error de identificar a seguridad privada con empresas de seguridad privada. Resulta chocante que quede fuera de la ley lo recogido en el apartado 1 c), es decir la conexión a centrales de alarma de sistemas de prevención contra incendios (el resto es lógico que quede fuera del ámbito de aplicación), porque un sistema contraincendios, aparte de ser de obligada instalación, por el Código Técnico de la edificación y otras normas, forma parte del sistema de autoprotección, el cual a su vez y tal como hemos visto en la figura, es parte del sistema de protección civil y a su vez parte de la seguridad pública.

 

El artículo 7, que ya en la introducción del presente informe se declaraba que era farragoso y un tanto incomprensible, nos hace ver las situaciones relacionadas con la autoprotección, no incluidas en seguridad privada:

 

No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar individual o colectivamente que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su persona o del propio entorno privado, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada a terceros.

 

Podemos entender en este artículo que se refiere:

 

a)     Las medidas de autoprotección de las empresas de seguridad, realizadas para sí, no son actividades de seguridad privada.

 

b)     Los establecimientos, instalaciones, actividades, etc. que realicen tareas de autoprotección, sin intervención de miembros de la seguridad privada, no quedan afectados por la futura de ley de seguridad privada.

 

¿Qué objeto tiene la redacción e inclusión de este artículo en la ley? Cabe decir que en un edificio, que tiene su plan de autoprotección, si tiene seguridad privada contratada, queda afectado por la ley y, en contrapartida, si no tiene contratación de seguridad privada, no. ¿Y si tiene un departamento y un director de seguridad?

 

Volvemos además al desconocimiento por parte del anteproyecto que la autoprotección forma parte de la protección civil y ésta a su vez del concepto de seguridad.

 

Los textos legales deben ser rigurosos con el lenguaje y en buena medida el anteproyecto no lo es. En el artículo 8 lo identifica como “Principios rectores”, sin embargo no relaciona ninguno, solamente define determinadas pautas de actuación. Por ejemplo si se toman los diversos epígrafes del citado artículo, al primer principio se le denominaría de “legalidad”; el segundo (que debería refundirse con el tercero) de “colaboración”; el siguiente de “participación en la seguridad pública”; etc.

 

Igual ocurre con el artículo siguiente, el número 9, que lo denomina “Contratación de servicios”, sin embargo si un detective privado o una empresa de seguridad se contrata, no se hace lo mismo con la constitución orgánica de un departamento de seguridad o la integración en el cuadro numérico de su plantilla a un técnico con la titulación de director de seguridad.

 

PROPUESTA

 

Si tomamos como adecuada la definición de seguridad privada, recogida en el artículo 2.1., deben mantenerse los conceptos vertidos en la misma en todas sus referencias en el articulado.

 

La propia definición de seguridad privada del citado artículo le falta la referencia a las tareas de investigación que llevan a cabo los detectives privados, siendo las “actividades” y las personas que las realizan partes integrantes de la seguridad privada.

 

Recoger en el conjunto de definiciones el concepto de “Departamento de Seguridad Privada”, verdadero corazón de la seguridad privada en miles de organizaciones españolas, y verdadera conexión con la seguridad pública. Parece ilógico que se definan los “despachos de detectives privados” y no los departamentos, mucho más numerosos y con más incidencia en la Seguridad.

 

Sustituir al “usuario de seguridad privada” por “titular de la actividad”, definiéndolo como las personas físicas y jurídicas responsables del centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación en donde se desarrollen actividades necesitadas de seguridad privada, bien de forma voluntaria o por imperativo legal. De esta forma en el reglamento se le podría exigir al titular el que dispusiera del correspondiente proyecto y plan de seguridad.

 

Se debe definir proyecto de seguridad y plan de seguridad, siendo el primero técnico y el segundo operativo, pero que son los que deben activarse con las “actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad” que señala el artículo 2.1.

 

Revisar todas las definiciones, ajustándolas a lo que definición de seguridad privada.

 

Ser más exhaustivo en las definiciones, recogiendo todos aquellos conceptos que se emplean en la seguridad privada.

 

Las referencias a la autoprotección deben ser más explícitas. Cuando un establecimiento, instalación, organización, entidad, corporación, etc. y actividad, disponga de departamento de seguridad, será este órgano el que debe hacerse cargo de la autoprotección, junto con el titular del establecimiento, instalación, … y actividad. En el anteproyecto, recogiendo el sentir de la normativa sobre Infraestructuras Críticas, se asigna la responsabilidad de seguridad y protección al departamento de seguridad, sobre todos los sectores vulnerables de la organización, pareciendo absurdo que quede fuera la lucha contra incendios y la autoprotección.

 

En el artículo 3 “Ámbito de aplicación”, el apartado 1 debe pasar a 2 y el 2 al 1, porque la seguridad privada afecta a los que “titulares” principalmente y posteriormente al resto.

 

Los principios rectores del artículo 8 deben denominarse, como es tradicional en la normativa española.

 

Continuará …

 

 

 

 

¿Para mayor información sobre consultoria de seguridad en el enlace:

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Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (II) belt

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (II)



 NOTA PREVIA: En la columna I se expuso la metodología a emplear sobre el texto del anteproyecto de ley. Iniciamos la segunda columna con la exposición de motivos y continuaremos la serie con el articulado, según títulos y capítulos.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Sentencia nº 150/1990 de Tribunal Constitucional, Pleno, 4 de Octubre de 1990, expresa que los Preámbulos o Exposiciones de Motivos de las leyes carecen de valor normativo y no pueden ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad.

Esto no quiere indicar que no tenga validez jurídica, porque la exposición de motivos representa el sentir del legislador para elaborar la norma. De tal forma que en casos de diferencias de interpretación debe ser una “fuente del derecho”, encuadrado en las denominadas “materiales”, las cuales “son las razones o hechos que provocan la aparición de una norma y determina su contenido”. La lectura detallada del apartado correspondiente del preámbulo o exposición proporcionan coherencia y clarificación de la norma. A mayor abundamiento, se ha generalizado que la exposición de motivos contenga dos partes diferenciadas, una, consistente en las motivaciones del legislador y la segunda en un resumen de los títulos y capítulos, incidiendo precisamente en lo que se pretende obtener en cada parte del articulado.

FUNDAMENTO

Los cuatro primeros apartados de la exposición de motivos son de carácter generalista, enfocando a la seguridad privada como complementaria de la pública.

Pretende en el primer párrafo del apartado III contemplar a la seguridad privada “en su conjunto”, concibiendo una norma que “permita aprovechar las enormes potencialidades que presenta la seguridad privada desde la perspectiva del interés público”.

Recoge la “mejora de la eficacia” de la seguridad privada sobre unos pilares de organización, formación, respaldo jurídico y colaboración/coordinación con la seguridad pública.

Sin embargo, siendo bueno generalizar, se puede llegar a “difuminar” como es el caso de estos apartados de la exposición de motivos, porque expresar “la relación especial que mantiene la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, es decir mucho y no decir nada. ¿Con quién de la seguridad privada se van a relacionar las FCS? ¿Con el vigilante? ¿Con la empresa de seguridad?, quedando indefinida la cuestión, debiendo aplicarse lo ya instituido en la Ley 8/2011 de Infraestructuras Críticas, en el sentido que la coordinación con las FCS se realizará a través de los departamentos de seguridad, que disponen de un director de seguridad homologado, porque en ningún artículo se contempla la posibilidad de que en caso de necesidad se solicite la colaboración de una empresa de seguridad, actuando como si se “movilizara” un recurso ante una situación de emergencia.

La relación debe establecerse entre los elementos de la seguridad privada y los órganos institucionales y administrativos de la pública. La relación/coordinación debe de formularse en varios niveles, dada la complejidad organizativa de la propia seguridad privada. Vemos algunas formas de relación, sin que pueda considerarse exhaustiva ni completa:

a)     Habrá una relación del Ministerio del Interior con las empresas de Seguridad (vigilantes de seguridad), en donde se detallen los requisitos que deben tener para funcionar como tales.

b)     Las empresas instaladoras de sistemas y medios de seguridad, también forman parte de la seguridad privada y de los ministerios del Interior e Industria, recibirán normas técnicas.

c)     Los departamentos de seguridad/directores de seguridad de empresas, organizaciones, instalaciones, etc. (no en lo referente a empresas de vigilantes de seguridad), con las subdelegaciones del Gobierno, con el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas (si le atañe) y con las unidades de Seguridad Privada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía y Servicio de protección y Seguridad de la Guardia Civil, debiéndose añadir a éstos sus homónimos de las Comunidad Autónomas.

En el último párrafo del apartado 4 indican que “al objeto de evitar interferencias y duplicidades, se prevén mecanismos de coordinación institucional”, clarificando las competencias estatales y autonómicas, lo cual es una desiderata, pero solamente eso, porque en el repertorio legal español, se ha visto diferencias sustanciales de normas autonómicas y de rango inferior.

En la parte concerniente al resumen del articulado, en el último apartado (V), se indica que “en el título I se plasma una de las ideas claves que han inspirado la redacción de la ley, como es la coordinación y colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Habría que volver a preguntarse: ¿a través de quién se efectúa esa coordinación?

PROPUESTA

En el articulado es más fácil presentar como propuesta un texto alternativo, cuestión que se dificulta en la exposición de motivos, dado que la “filosofía” de una norma no radica en un párrafo concreto.

Por ello se debe equiparar seguridad privada a pública y si se hace mención a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debe hacerse como parte de la segunda.

Como ejemplo de los que debe de clarificarse, se expone la nueva redacción que se propondría para el quinto párrafo del apartado III:

La seguridad privada mantiene y debe seguir en el futuro, una especial relación con los órganos institucionales de la seguridad pública, y muy especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad …

La normativa legal que surja tras la nueva Ley de Seguridad Privada debe poder trasladar que la gestión de la seguridad no es realizada por las empresas de seguridad, sino por los departamentos de seguridad y sus correspondientes directores de seguridad de las organizaciones, empresas e instalaciones obligadas a disponer de un dispositivo de seguridad.

Estos departamentos de seguridad “contratan”, generalmente mediante concurso, la empresa de seguridad, con sus vigilantes, auxiliares, mantenimiento, etc., que debe servir al dispositivo de seguridad constituido, pero el “mando” siempre es de la entidad que necesita seguridad y eso parece que lo ha olvidado/obviado el anteproyecto de ley.

En las próximas columnas entraremos en el articulado.


Fuente: Rafael Vidal Delgado
Fecha: 2013-04-30

Video informativo: Internacionalización, liderazgo y seguridad de Empresas. Julian Flores Garcia

Dejar un comentario 30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia  

Enlace Video informativo : http://goo.gl/7UfJs Para mayor información sobre consultoria de seguridad en el enlace:

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Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (II)


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En la operación han intervenido agentes del Grupo VII de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, las UCRIF de Barcelona, Valencia y Alicante, la Unidad de Extranjería y Documentación de la Junquera y la Comisaría Local de Figueres. Y, además, han colaborado la Agregaduría de Interior de la Embajada de Rumanía en España

Desarticulados dos grupos de explotadores sexuales que obligaban a las mujeres a “fichar” con su huella dactilar al inicio de cada servicio

20 / 02 / 2013 La Junquera (Girona)

Las retenían en un macro-prostíbulo de La Junquera

Con el fin de doblegar su voluntad, sometían a las jóvenes a continuas amenazas, palizas y violaciones, manteniéndolas en un régimen de semi-esclavitud con jornadas laborales de unas 12 ó 14 horas diarias

Las víctimas eran captadas en Rumanía, cuando aún eran menores de edad, y les ofrecían falsos trabajos en España como cuidadoras de niños y ancianos

Hay 19 personas detenidas, entre ellas los principales cabecillas de ambas organizaciones, y se ha identificado a un total de 215 víctimas directas del macro-prostíbulo, que llegó a facturar unos 60.000 euros diarios

Imágenes de vídeo de la operación “Andrómeda”

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos grupos criminales que captaban a jóvenes rumanas menores de edad mediante falsas promesas de trabajo y, tras cumplir los 18 años, las traían a España, donde las obligaban a ejercer la prostitución en macro-prostíbulos de Gerona, próximos a la vecina Francia. Las jóvenes eran sometidas a continuas amenazas, palizas e incluso violaciones y los miembros de la organización las mantenían permanentemente controladas, llegando a utilizar escáneres dactilares que registraban tanto el inicio de la jornada laboral de cada mujer, como cada uno de los servicios sexuales que realizaban. Hay 19 personas detenidas, entre ellas los principales cabecillas de ambas organizaciones, y se ha identificado a un total de 215 víctimas directas del macro-prostíbulo, que llegó a facturar unos 60.000 euros diarios

Las investigaciones comenzaron hace casi un año a partir de la denuncia de  varias víctimas de la organización en Rumanía. Estas explicaron que un ciudadano de nacionalidad rumana estaba captando mujeres menores de edad en la zona de Braila (Rumanía), ofreciéndoles trabajo como cuidadoras de niños y ancianos, a las que posteriormente trasladaban a España, donde las obligaban a ejercer la prostitución. Se puso así en marcha una complicada operación que, tras meses de investigación ha permitido a la Policía llegar hasta la cúspide de ambas organizaciones.

Un líder respetado en el “negocio” y reconocido por artistas de su país

El primero de los grupos desmantelados estaba compuesto por ciudadanos de nacionalidad rumana y asentado en la región de Braila (Rumanía), de la que proceden la mayoría de las víctimas. Contaban con una estructura perfectamente organizada y piramidal y gozaban de gran respeto entre otras organizaciones de proxenetas de su misma nacionalidad, apareciendo incluso, vídeos en un conocido portal informático en el que artistas famosos rumanos dedicaban canciones al líder de la organización.

Durante la investigación los agentes comprobaron que este grupo utilizaba la violencia en sus actuaciones y adoptaba numerosas medidas de seguridad, cambiando continuamente de domicilios, de vehículos y teléfonos. También se observó que su líder iba siempre acompañado por un guardaespaldas de la organización y alardeaba de su capacidad económica, frecuentando habitualmente casinos, donde llegó a gastar hasta 14.000 euros en una sola noche.

Igualmente se realizaron pesquisas para verificar los datos aportados por las denunciantes sobre el funcionamiento de esta red y se comprobó que efectivamente se dedicaban a captar mujeres cuando aún eran menores de edad, circunstancia que hacía más fácil engañarlas y, aprovechándose de una situación de necesidad, las ofrecían trabajo como cuidadoras de niños o ancianos. En algunos casos las víctimas llegaban a sentirse afortunadas por formar parte de este poderoso clan, cayendo en el error de querer satisfacer todos las demandas de sus explotadores, lo que reportaba a éstos enormes beneficios. Las jóvenes eran trasladadas a España nada más cumplir los 18 años para ser explotadas sexualmente en macro-prostíbulos. Una vez en nuestro país y para doblegar su voluntad, los miembros de la organización las violaban en numerosas ocasiones como “ejercicio de entrenamiento”, las amenazaban continuamente y las golpeaban.

Controladas a distancia en tiempo real

El segundo grupo desmantelado era responsable de regentar un macro-prostíbulo en La Junquera. Este club era propiedad de un matrimonio afincado en una zona residencial de Valencia, desde donde controlaban en tiempo real todo lo que ocurría en el prostíbulo a través de un sistema de video-vigilancia. En este local las mujeres eran explotadas sexual y laboralmente, permaneciendo en situación de semi-esclavitud, obligadas a realizar jornadas de doce a catorce horas y a hacer uso de lectores de huella dactilar tanto al inicio de la jornada, como de forma previa a cada servicio sexual. Los datos así registrados eran enviados a un ordenador central instalado en el club, que permitía el control de cada una de las mujeres de forma permanente, así como al domicilio de los propietarios del mismo, situado a cientos de kilómetros de distancia.

Obligadas a pagar  todos los gastos y análisis de sangre mensuales

El club exigía a las mujeres un cumplimiento estricto de los períodos de trabajo y las obligaba a pagar 70 euros diarios para mantener “la plaza”, incluso los días que no ejercían la prostitución, llegando a facilitarlas esponjas vaginales para que pudieran seguir manteniendo relaciones sexuales durante el período menstrual y eludir ser penalizadas económicamente por inasistencia. Además de este alquiler debían hacer frente a una serie de gastos generados por la actividad, que incrementaban notablemente los beneficios obtenidos por los responsables del prostíbulo. Pagaban cinco euros por gastos de electricidad, dos por cada rollo de papel higiénico o siete por el jabón. Preservativos, lubricantes, servicio de lavandería, comida, agua, refrescos o tabaco también tenían que adquirirlos en el local a precios desorbitados.

Para exprimir aun más a las víctimas económicamente, la organización había instalado inhibidores de frecuencia de telefonía móvil en el club para obligar a las mujeres a usar los teléfonos públicos instalados en el mismo y de paso restringían aún más su libertad de movimientos. Además, para poder trabajar, estaban obligadas a realizarse análisis de sangre mensualmente, en un laboratorio elegido por la dirección del prostíbulo, pagado por ellas.

Sacaban el dinero de España utilizando a chóferes de una empresa de autobuses

Las investigaciones han permitido constatar envíos regulares de dinero al extranjero, realizados por el lugarteniente del dueño del club, de nacionalidad alemana, a través de distintas empresas de envío de dinero, a cambio de las correspondientes comisiones. Este individuo, además, facilitaba  inmuebles de alquiler a los proxenetas y las víctimas, y dirigía una flota de conductores que se encargaban de transportar a las mujeres desde el domicilio al club y viceversa, cobrando 15 euros por trayecto. Otro método empleado por la organización para sacar los beneficios obtenidos de nuestro país era con la colaboración directa de los chóferes de una empresa de autobuses de línea regular de viajeros con Rumanía, a los confiaban el  dinero, paquetes e incluso víctimas con destino a España.

Blanqueo mediante sociedades tapadera

En torno a esta actividad delictiva, se ha descubierto todo un entramado de “sociedades tapadera”, utilizadas para blanquear parte de los beneficios obtenidos, concretamente mercantiles con un capital social superior a 11,5 millones de Euros, numerosos inmuebles con un valor catastral superior a dos millones de Euros, varios vehículos de alta gama e, incluso, un barco de 19 metros de eslora.

La investigación, que aún no está cerrada, se ha saldado con la detención de 19 personas, entre los que se encuentran varios de los principales cabecillas de la red de proxenetas, así como la concesión de Órdenes Europeas de Detención y Entrega para otros dos miembros  de la misma que se encuentran en Rumanía. También han resultado imputadas cinco personas jurídicas. En cuanto a las víctimas, todas ellas fueron informadas de los derechos que les asisten como víctimas de un delito de trata de seres humanos.

Además, se han registrado cinco domicilios, así como la sede del club de alterne objeto de investigación, durante los cuales se han intervenido 101.290 euros en efectivo, un rifle con silenciador, un revólver, munición para ambas armas, una katana, dos defensas eléctricas, quince navajas,  un látigo, dos bastones, una “cachiporra”, nueve vehículos, casi 2.000 resguardos  de envío de dinero al extranjero, varios equipos informáticos, quince teléfonos móviles y joyas.

En la operación han intervenido agentes del Grupo VII de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, las UCRIF de Barcelona, Valencia y Alicante, la Unidad de Extranjería y Documentación de la Junquera y la Comisaría Local de Figueres. Y, además, han colaborado la Agregaduría de Interior de la Embajada de Rumanía en España, el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Le Perthus, Sistemas Especiales de Jefatura Superior de Policía de  Cataluña, Grupo de Operaciones Especiales de Barcelona, Policía Judicial del Puesto Fronterizo de El Prat, UCRIF de Girona y Guardia Urbana de Figueres.

NOTA: Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes de la operación en el siguiente enlace:

http://prensa.policia.es/andromeda.rar

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