El Director General de la Guardia Civil preside el XVI día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil

 

El director general de la Guardia Civil preside el XVI día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil

Guardia Civil

Baeza (Jaén), 24/10/2014

Arsenio Fernández de Mesa ha estado acompañado por el teniente general Pedro Vázquez Jarava, subdirector general de Personal, y por el presidente de la Real Hermandad de Veteranos, General del Aire (R), Eduardo González-Gallarza Morales, así como por otras autoridades civiles y militares.

Durante el acto se ha realizado una imposición de condecoraciones a los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil

La Real Hermandad cuenta con aproximadamente 30.000 socios y es una de las asociaciones más numerosa en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

El director general de la Guardia Civil ha presidido el XVI Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que se ha celebrado en la Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza (Jaén). Ha estado acompañado por el teniente general Pedro Vázquez Jarava, subdirector general de Personal, y por el presidente de la Real Hermandad de Veteranos, General del Aire (R), Eduardo González-Galarza Morales, así como por otras autoridades civiles y militares.

Arsenio Fernández de Mesa ha comenzado sus palabras agradeciendo a la Hermandad que hayan elegido la Academia de Baeza para celebrar la XVI edición de su acto conmemorativo del Día del Veterano. A los guardias civiles que formaban junto a ellos en el patio de armas les ha dicho que estos veteranos son un ejemplo a seguir, no sólo para los militares sino para todos los españoles.

A continuación, el director general ha destacado que los veteranos han dedicado toda su vida al servicio a la Patria y a la Bandera, que son símbolo de todos los españoles, no sólo de los militares, ya que la enseña nacional engloba a todas las banderas de las diferentes comunidades autónomas.

Ademas, Fernández de Mesa se ha referido a que uno de los principios de los militares es el respeto a la Constitución española, basada en los pilares de unidad, solidaridad y autonomía, que ha propiciado los mayores años de estabilidad de España.

También ha recordado a los fallecidos asesinados por la sinrazón de la barbarie de la banda terrorista ETA. En este sentido ha recalcado que nunca ha habido ningún conflicto, sólo ha habido asesinos y víctimas. “España no se ha rendido ante una banda terrorista. Quienes han entragado su vida por defender los principios democráticos tienen que recibir toda nuestra gratitud. No podemos traicionar su memoria”, ha enfantizado.

Para finalizar ha hecho referencia a los últimos guardias civiles fallecidos en acto de servicio, concretamente al capitán Emilio Pérez Pelaez y al teniente Marcos Antonio Benito, del Servicio Aéreo y al guardia civil José Martínez Conejo, del Greim de Sabero (León) que fallecieron cuando realizaban un rescate en montaña el pasado mes de agosto. También al guardia civil Eusebio García Flores, de la Agrupación de Tráfico, que falleció en un accidente durante la vuelta ciclista a España.

Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil

La Real Hermandad tiene su origen en febrero de 1957 y fue creada en Valladolid con el nombre de Hermandad de Retirados, Viudas y Huérfanos de las Fuerzas Armadas, pasando a adoptar finalmente el nombre de Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

La Real Hermandad cuenta con aproximadamente 30.000 socios en  toda España en 55 delegaciones y cuenta con un órgano de difusión (la revista Tierra, Mar y Aire) siendo una de las asociaciones más numerosa de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Esta Hermandad destaca por su carácter benéfico a través de su voluntariado activo en  favor principalmente de los miembros de la familia militar. Entre sus numerosas actividades está la organización de ciclos sobre cultura de defensa en coordinación con universidades públicas y privadas. Tambien mantiene suscrito un concierto de cooperación con otras asociaciones vinculadas a sus fines y  cooperan tanto en sus actividades como en el desfile de la Fiesta Nacional y en el Día del Veterano.

Para más información pueden dirigirse a la Oficina de Prensa de la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil , en el teléfono 953.769.500, ext.555.

 

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Representación Permanente de España en la OTAN

  1. ​Sede central de la OTAN en Bruselas.
    La Alianza Atlántica: estructura y objetivos
    La OTAN, que nació en plena Guerra Fría como un pacto de seguridad euro-atlántico, ha evolucionado en los últimos años y cuenta hoy entre sus miembros a países del antiguo Pacto de Varsovia, mientras mantiene una relación preferente con Rusia. El impacto de la globalización y nuevos fenómenos como la expansión del terrorismo y especialmente los atentados del 11-S de 2001 han llevado también a la organización a replantearse sus objetivos de seguridad.

    La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) está hoy integrada por 28 países, tras el ingreso en abril de 2009 de Croacia y Albania en la sexta ampliación. El danés Anders Fogh Rasmussen se convirtió en su secretario general el 1 de agosto de 2009 tras ser designado en la cumbre del sesenta aniversario de su fundación. Sus principales organismos son el Consejo del Atlántico Norte o Consejo de Ministros, que es la máxima autoridad; el Comité de Planes de Defensa, el Comité Militar y la Secretaría General. La toma de decisiones es democrática y corresponde al poder civil mediante consenso.

     

    La Alianza nació de un acuerdo firmado en Washington, el 4 de abril de 1949, por doce países: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, el Reino Unido y Portugal. Posteriormente se fueron incorporando Grecia y Turquía, en 1952; la República Federal de Alemania, en 1955; España, en 1982; Hungría, Polonia y la República Checa, en 1999.

     

    Tras la caída de la URSS, se creó en enero de 1994 la Asociación para la Paz, un programa de cooperación política y militar con terceros países, en respuesta al nuevo orden internacional poscomunista. En la práctica, la Asociación supone un periodo de transición hasta la adhesión de los nuevos aliados. En la actualidad la integran 28 naciones, entre ellas las repúblicas ex yugoslavas de Bosnia, Serbia y Montenegro. Polonia, Hungría y la República Checa fueron los primeros países ex comunistas en entrar en la OTAN, el 12 de marzo de 1999. En la Cumbre de Praga, el 21 de noviembre 2002, denominada “cumbre de la transformación”, la OTAN invitó a siete países (Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania) a adherirse. El 29 de marzo de 2004, los siete ingresaron en la Alianza. Además, se acordó la creación de una “Fuerza de Reacción Rápida” (‘NATO Response Force’, NRF) capaz de intervenir en cualquier lugar del mundo. Dotada con hasta 25.000 hombres, la NRF supone el cambio más significativo en la evolución de la OTAN desde su creación.

     

    La OTAN entró por primera vez en combate en marzo de 1999 con ataques aéreos contra posiciones serbias en Kosovo, que duraron once semanas. Fue la primera vez que empleó la fuerza contra un país soberano sin previa aprobación de la ONU. Actualmente, la OTAN mantiene una fuerza de paz de 5.800 efectivos en Kosovo. En octubre de 2001, tras los atentados del 11-S en EEUU, la OTAN invocó por primera vez el artículo V de su Tratado que obliga a los aliados a prestar apoyo si un miembro sufre una agresión del exterior en su territorio. Sin embargo, la Alianza no participó en la guerra contra Afganistán. En febrero de 2003, el veto de Francia, Bélgica y Alemania a que la OTAN iniciara los planes para proteger a Turquía en caso de una intervención militar estadounidense contra Irak (desatada en marzo siguiente) sumió a la Alianza en una grave crisis interna.

     

    El 11 de agosto de 2003, la OTAN asumió el mando de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF), en la primera misión de su historia fuera de Europa. La OTAN fue escenario en 2005 de la reconciliación entre Europa y EEUU tras las diferencias por la guerra de Irak; lanzó su primera misión de ayuda a África y se estrenó también en operaciones humanitarias en dos desastres naturales: el huracán Katrina en EEUU y el terremoto de Pakistán. Durante 2007, los planes estadounidenses de establecer un escudo antimisiles en el este de Europa supusieron una nueva escalada de tensión con Rusia, que anunció una moratoria en el cumplimiento del tratado de Fuerzas Convencionales en Europa (FCE). En marzo de 2009, el presidente Sarkozy anunció el regreso de Francia a la estructura militar de la OTAN, de la que se había retirado en 1966.

  2. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, también denominada Alianza del Atlántico o del Atlántico Norte, es una alianza militar intergubernamental basada en el Tratado del Atlántico Norte firmado el 4 de abril de 1949. Wikipedia
  3. Fundación: 4 de abril de 1949
  4. Representación Permanente de España en la OTAN

    La Representación Permanente de España en la OTAN, situada, como todas las demás Representaciones, en la Sede de la Alianza en Bruselas, es una de las principales Embajadas de España.  En total, más de 100 personas, pertenecientes  al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y al de Defensa, prestan sus servicios en la Representación de España.

    Representación Permanente de España en la OTAN

    1) ¿Qué es la Alianza Atlántica, qué es la OTAN?
    2) Objetivos de la Alianza Atlántica.
    3) Defensa común.
    4) Finalidad.
    5) Transformación de la OTAN.
    6) Ampliación y partenariados.
    7) Estructura orgánica.
    8) España en la OTAN.
    9) Representación Permanente de España en la OTAN.

    1) ¿Qué es la Alianza Atlántica, qué es la OTAN?

    La Alianza Atlántica nació el 4 de abril de 1949 en Washington con la firma del Tratado del Atlántico Norte. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es la institucionalización de esta Alianza compuesta, hoy en día, por 28 países de Europa y Norteamérica, cuya finalidad es la defensa colectiva de los mismos. Tiene naturaleza jurídica de Organización Internacional Intergubernamental y su sede radica en Bruselas.

     

    2) Objetivos de la Alianza Atlántica.

    De acuerdo con el preámbulo del tratado constitutivo, los objetivos son la salvaguardia de la libertad, la promoción de la estabilidad y bienestar en el área noratlántica, la defensa colectiva y la preservación de la paz y la seguridad.

     

    3) Defensa común.

    El soporte jurídico internacional de la OTAN se encuentra en el artículo 51 de la Carta de Naciones unidas que recoge el derecho de legítima defensa colectiva y, en su virtud, el artículo 5 del tratado de la Alianza Atlántica establece que un ataque armado  contra uno o varios miembros de la Alianza será considerado como un ataque contra todos ellos.  El artículo 6 establece los límites espaciales para la aplicación del artículo 5 (noción de área euroatlántica).

     

    4) Finalidad.

    En sus orígenes, la Alianza Atlántica tenía como finalidad primordial contener la expansión del comunismo soviético hacia las democracias occidentales.  Durante toda la Guerra Fría, la Alianza tuvo que hacer frente a la amenaza de la URSS, reforzada por el Pacto de Varsovia.

    Posteriormente, tras el desmantelamiento del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, surgieron nuevos riesgos y amenazas en la escena internacional a los que la Alianza Atlántica tuvo que hacer frente: riesgos y amenazas derivados de  factores religiosos, económicos, demográficos, étnicos o ideológicos que generan  focos de inestabilidad.

    El fundamentalismo, el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, nuevos actores internacionales no estatales, Estados fallidos, todos ellos son nuevos desafíos a los que se debe hacer frente, en un mundo cada vez más globalizado.

     

    5) Transformación de la OTAN.

    De ser una Organización básicamente estática y reactiva, la OTAN se caracteriza hoy por ser dinámica y abierta.  Se ha dotado de nuevos miembros (ampliaciones 1999 y 2004), nuevos socios (Rusia y Ucrania entre ellos) y nuevas capacidades, como la NRF (“NATO Response Force”).  También ha asumido nuevas misiones y responsabilidades para proyectar estabilidad más allá de la zona geográfica a la que tradicionalmente se había limitado.  Las operaciones en los Balcanes (KFOR), en Afganistán (FIAS), en el Mediterráneo (operación Active Endeavour), en África (Darfur) o la Misión de Entrenamiento en Irak, son buena prueba de ello.

     

    6) Ampliación y partenariados.

    La OTAN es una Organización Internacional que se ha ampliado. De los 12 países miembros iniciales, se ha pasado a los 28 actuales. Sigue habiendo un número de aspirantes en el espacio balcánico y de la antigua Unión Soviética.

    Además, para superar las consecuencias y divisiones de la Guerra Fría y restablecer la confianza mutua, la OTAN ha desarrollado una activa política  de partenariados diversos como el Euroatlántico (Consejo de Partenariado Euro-Atlántico, CPEA), con Rusia (Consejo OTAN-Rusia, COR), las Comisiones con Ucrania y Georgia, el Diálogo Mediterráneo (Diálogo Mediterráneo, DM) y la llamada Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI).

     

    7) Estructura orgánica.

    El máximo órgano decisorio de la OTAN es el Consejo Atlántico, compuesto por los Representantes de los 28 países aliados a nivel permanente de Embajadores, o de Ministros o de jefes de estado y Gobierno, adoptando sus decisiones por consenso.  Lo preside el Secretario General. Del Consejo Atlántico dependen una serie de comités que efectúan los trabajos preparatorios y previos o de asesoramiento y ejecución de las decisiones del Consejo.

     

    8) España en la OTAN.

    España  se adhirió a la Organización del tratado del Atlántico Norte en el año 1982, al concluirse el proceso de ratificación del instrumento de adhesión en mayo de ese año.  España se convirtió así en el miembro nº 16 de la Alianza.  La adhesión tuvo lugar a impulsos del último Gobierno de la UCD, presidido por Leopoldo Calvo Sotelo.  La llegada al poder del Partido Socialista en octubre de 1982 supuso un compás de espera al proceso de integración hasta la celebración del referéndum de marzo de 1986, tras la adhesión de España a las Comunidades Europeas, que resultó  en la victoria de la propuesta del Gobierno presidido por Felipe González de mantener a España en la Alianza Atlántica en los siguientes términos:

    • No integración en la estructura Militar Integrada.
    • Prohibición de instalar, almacenar o introducir armamento nuclear en territorio español.
    • Reducción progresiva de la presencia militar norteamericana en España.

    El cambio de escenario estratégico que se produce a lo largo de la década de los 90, con la desaparición de los bloques y la emergencia de nuevos riesgos y amenazas, va a resultar en una mayor implicación de España en cuestiones de defensa colectiva.  España ingresará en la UEO en 1990 y contribuirá activamente en el diseño de una nueva Política Europea de Seguridad y Defensa, que tiene su primer antecedente en el Tratado de la Unión Europea de 1992.  Las guerras de Yugoslavia supusieron el reforzamiento de la conciencia de que era necesario participar eficazmente  en estos mecanismos mediante el envío de importantes contingentes a zonas de conflicto, lo que a su vez irá haciendo patente la necesidad de institucionalizar la cooperación militar y de integración  en las estructuras militares de la OTAN.  Por otra parte, España adquiere en la OTAN una importante visibilidad con la elección, el 5 de diciembre de 1995, del Ministro de Asuntos Exteriores español, Javier Solana, como Secretario General de la OTAN.  El 1 de enero de 1999, España ingresa en la Estructura Militar de la Alianza Atlántica.

     

    España es, en la actualidad, un miembro activo y destacado de la OTAN, siendo el 5º país aliado mayor contribuyente de tropas a operaciones lideradas por la Alianza, y el 6º contribuyente financiero neto.  España participa actualmente en las siguientes operaciones y misiones:

     

    FIAS: (Fuerza de Asistencia Internacional de Seguridad, Afganistán).  España participa con un contingente de unos 1.000 efectivos permanentes tras aprobar el Parlamento español el envío de 220 adicionales en septiembre de 2009. España se ha hecho cargo también, temporalmente, de la gestión y seguridad del aeropuerto de Kabul, con un contingente de 70 efectivos. De forma temporal, se cuenta con un batallón para dar seguridad a las elecciones compuesto por 450 efectivos. España participará igualmente con guardias civiles en la nueva misión de entrenamiento de las Fuerzas de Seguridad afganas (NTM-A).
    ACTIVE ENDEAVOUR: Operación naval de vigilancia antiterrorista en el Mediterráneo.
    LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA: La acción de la Alianza Atlántica contra la piratería se canaliza actualmente a través de la operación Ocean Shield.
    NTMI: Misión de Entrenamiento de las nuevas Fuerzas Militares y de Orden Público iraquíes.

     

    9) Representación Permanente de España en la OTAN.

    La Representación Permanente de España en la OTAN, situada, como todas las demás Representaciones, en la Sede de la Alianza en Bruselas, es una de las principales Embajadas de España.  En total, más de 100 personas, pertenecientes  al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y al de Defensa, prestan sus servicios en la Representación de España.

La operación de la Guardia Civil de “XDRIVE” efectuada en Madrid, Sevilla, Ceuta y Málaga, ha detenido a VEINTISEIS personas

La Guardia Civil en el marco de la operación “XDRIVE” efectuada en Madrid, Sevilla, Ceuta y Málaga, ha detenido a VEINTISEIS personas (19 españoles, 5 búlgaros y 2 marroquíes), como presuntos autores del robo en la Comunidad de Madrid de vehículos de alta gama que posteriormente vendían en Bulgaria y en Marruecos.

Durante el desarrollo de la operación, coordinada por EUROPOL, diversas Unidades de la Guardia Civil han efectuado DOCE registros en domicilios y propiedades de los detenidos, recuperando 20 vehículos, diversas herramientas y material electrónico empleado en los robos como escáneres e inhibidores de frecuencias, documentación, 2 escopetas de cañones recortados así como abundante munición, etc.

La organización estaba compuesta por TRES células distintas: búlgara, española y marroquí.

La célula búlgara empleaba en el robo complejos sistemas electrónicos que neutralizaban los sistemas de alarma y antirrobo de los vehículos que seleccionaban. Cometido el hecho, trasladaba los vehículos a una nave de la localidad de Valdemorillo (Madrid), desplazándose desde Valencia un experto falsificador de números de bastidor que se encargaba de modificar los originales.

Una vez que el vehículo había sido maquillado (falsificadas las placas de matrícula, bastidores, documentación, etc.) la rama búlgara entregaba los vehículos a conductores españoles, generalmente personas con pocos recursos económicos que se encargaban de su traslado hasta Bulgaria o Melilla, percibiendo por cada viaje 300 euros. En esa ciudad, la célula marroquí se hacía cargo de los coches y de introducirlos en su país para su venta.

Las detenciones han sido realizadas, 19 en la Comunidad de Madrid, 5 en Alcalá de Guadaira (Sevilla), 1 en Ceuta y 1 en Melilla. Se han realizado, 10 registros en la Comunidad de Madrid (6 en Madrid-capital-, 2 en Arganda del Rey, 1 en Parla y 1 en Valdemorillo) y DOS en la provincia de Málaga (1 en Estepona y 1 en Manilva)

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. CUATRO de Melilla y coordinada por EUROPOL, ha sido llevada a cabo por especialistas de la Guardia Civil en investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada del automóvil y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial del mismo Cuerpo de Melilla.
La Guardia Civil desarticula una red que robaba vehículos de alta gama en España para su comercialización en Marruecos y Bulgaria

En la operación han sido detenidas VEINTISEIS personas (19 españoles, 5 búlgaros y 2 marroquíes) y realizados DOCE registros domiciliarios en los que se han intervenido 20 vehículos, armas, dispositivos electrónicos empleados en los robos, etc

Para la falsificación de los números de bastidor, la organización contaba con un experto que expresamente se desplazaba desde Valencia a Madrid

Los vehículos robados, una vez maquillados, eran trasladados por españoles desde Madrid hasta Melilla, o a Bulgaria, percibiendo por cada viaje 300 euros

La Guardia Civil desarticula una red que robaba vehículos de alta gama en España para su comercialización en Marruecos y Bulgaria
La Guardia Civil en el marco de la operación “XDRIVE” efectuada en Madrid, Sevilla, Ceuta y Málaga, ha detenido a VEINTISEIS personas (19 españoles, 5 búlgaros y 2 marroquíes), como presuntos autores del robo en la Comunidad de Madrid de vehículos de alta gama que posteriormente vendían en Bulgaria y en Marruecos.

Durante el desarrollo de la operación, coordinada por EUROPOL, diversas Unidades de la Guardia Civil han efectuado DOCE registros en domicilios y propiedades de los detenidos, recuperando 20 vehículos, diversas herramientas y material electrónico empleado en los robos como escáneres e inhibidores de frecuencias, documentación, 2 escopetas de cañones recortados así como abundante munición, etc.

Tres células distintas: búlgara, española y marroquí

La organización estaba compuesta por TRES células distintas: búlgara, española y marroquí.

La célula búlgara empleaba en el robo complejos sistemas electrónicos que neutralizaban los sistemas de alarma y antirrobo de los vehículos que seleccionaban. Cometido el hecho, trasladaba los vehículos a una nave de la localidad de Valdemorillo (Madrid), desplazándose desde Valencia un experto falsificador de números de bastidor que se encargaba de modificar los originales.

Una vez que el vehículo había sido maquillado (falsificadas las placas de matrícula, bastidores, documentación, etc.) la rama búlgara entregaba los vehículos a conductores españoles, generalmente personas con pocos recursos económicos que se encargaban de su traslado hasta Bulgaria o Melilla, percibiendo por cada viaje 300 euros. En esa ciudad, la célula marroquí se hacía cargo de los coches y de introducirlos en su país para su venta.

Detenciones y registros

Las detenciones han sido realizadas, 19 en la Comunidad de Madrid, 5 en Alcalá de Guadaira (Sevilla), 1 en Ceuta y 1 en Melilla. Se han realizado, 10 registros en la Comunidad de Madrid (6 en Madrid-capital-, 2 en Arganda del Rey, 1 en Parla y 1 en Valdemorillo) y DOS en la provincia de Málaga (1 en Estepona y 1 en Manilva)

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. CUATRO de Melilla y coordinada por EUROPOL, ha sido llevada a cabo por especialistas de la Guardia Civil en investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada del automóvil y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial del mismo Cuerpo de Melilla.

Para más información pueden establecer contacto con la Oficina de Prensa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, teléfono 91 503 13 27.
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La Guardia Civil desarticula una red que robaba vehículos de alta gama en España para su comercialización en Marruecos y Bulgaria

La Guardia Civil desarticula una red que robaba vehículos de alta gama en España para su comercialización en Marruecos y Bulgaria La Guardia Civil desarticula una red que robaba vehículos de alta gama en España para su comercialización en Marruecos y Bulgaria La Guardia Civil desarticula una red que robaba vehículos de alta gama en España para su comercialización en Marruecos y Bulgaria
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Misiones internacionales activas del Ministerio de Defensa en África como el contingente español desplegado en Bangui en la violenta capital de República Centroafricana.


Muere un ‘casco azul’ de la MINUSCA en una emboscada en Bangui

Directorio: Bangui República Centroafricana Onu Secretaría General

Un militar de la Misión Multidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización de República Centroafricana (MINUSCA) ha muerto y otros nueve han resultado heridos este jueves en una emboscada contra un convoy de las tropas de pacificación en la capital del país, Bangui.

En base a las informaciones facilitadas por la emisora Radio France Internationale, el fallecido es de nacionalidad paquistaní, mientras que los heridos serían de nacionalidad paquistaní y bangladeshí. Entre los heridos hay uno que se encuentra en estado grave, mientras que los otros sufren heridas leves.

“Es un ataque deliberado contra las fuerzas de mantenimiento de la paz. Es un ataque contra el proceso de paz”, ha denunciado el representante especial de la Secretaría General de la ONU en RCA, Babacar Gaye.

“Naciones Unidas es una organización no partidista y trabajamos con todos los actores para lograr nuestros objetivos, que son promover la paz y la reconciliación en RCA”, ha agregado, antes de señalar que la MINUSCA “continuará adoptando medidas firmes contra los elementos criminales que amenazan a los civiles”.

Se calcula que miles de personas han muerto en el marco del conflicto y que cerca de 2,2 millones, alrededor de la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria desde el inicio en diciembre de 2012 del conflicto tras el levantamiento armado de la guerrilla Séléka, de mayoría musulmana.

La milicia, una coalición de rebeldes de mayoría musulmana del norte del país que se hizo con el poder tras un golpe de Estado en 2013, fue acusada de múltiples abusos de los Derechos Humanos, lo que llevó a parte de la población cristiana a crear las milicias ‘anti balaka’ para combatir sus excesos..

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, anunció a finales de septiembre la apertura de una investigación formal sobre los crímenes que presuntamente se han cometido en el país desde 2012.

El pasado mayo, el Gobierno interino de RCA decidió remitir la situación en el país a la oficina de la fiscal, “pidiendo que investigara presuntos crímenes dentro de la jurisdicción del TPI cometidos en el país desde el 1 de agosto de 2012”.

Según Bensouda, “la información disponible ofrece una base razonable para creer que tanto (los antiguos rebeldes de) Séléka como los ‘anti balaka’ han cometido crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra incluido asesinato, violación, desplazamiento forzado, persecución, saqueo, ataques contra misiones humanitarias y el uso de niños menores de 15 años en combate”.

Misiones internacionales activas del Ministerio de Defensa en África

 

 

Soldados de élite españoles para proteger a los últimos musulmanes de Bangui

La misión de España en República Centroafricana

Un blindado español durante una patrulla por la zona más peligrosa de Bangui, capital de República Centroafricana (Trinidad Deiros).
Un blindado español durante una patrulla por la zona más peligrosa de Bangui, capital de República Centroafricana

El Confidencial acompaña a los miembros del Grupo de Operaciones Especiales “C.L. Maderal Oleaga XIX”, integrantes de la fuerza europea EUFOR RCA, en una patrulla por las calles del último vecindario islámico de Bangui, la zona más peligrosa de la capital centroafricana. La presencia disuasoria de los españoles ha contribuido a detener el reguero de asesinatos de musulmanes a manos de sicarios del grupo armado Antibalaka, que aún siguen al acecho, fuertemente armados.

La muerte se adueñó en diciembre del barrio PK5, el último bastión de los musulmanes de Bangui, cuando los combates entre dos grupos armados, Seleka y Antibalaka, cubrieron de cadáveres la capital centroafricana. Desde entonces y hasta junio, 595 personas pasaron por la morgue de la mezquita Ali Babolo del PK5.Hombres y mujeres, decapitados, mutilados o quemados vivos con las manos atadas a la espalda. También niños que, como una criatura de cuatro años que llegó degollada a ese lugar de culto, nada sabían del odio que los Antibalaka profesan a los islámicos, a quienes consideran cómplices de sus enemigos, losSeleka, de mayoría musulmana.

En este infierno en el que la única esperanza era la huida, el reguero de muertos se detuvo en junio. Aunque para entonces la violencia había ya disminuido en toda la ciudad, vecinos del PK5 atribuyen el final de las atrocidades a la presencia disuasoria en sus calles de los soldados de operaciones especiales y de los guardias civiles españoles integrados en la fuerza militar de la Unión Europea para República Centroafricana, EUFOR RCA. Desde que empezaron a patrullar el vecindario islámico, no se ha conocido ningún nuevo asesinato masivo a manos de los Antibalaka. El último fue el 25 de mayo, cuando aparecieron los cadáveres, salvajemente mutilados y con el corazón arrancado, de tres adolescentes, raptados cuando se dirigían a un partido de reconciliación.

La jornada de los 50 miembros de las fuerzas especiales del Ejército -integrados en el Grupo de Operaciones Especiales C.L. Maderal Oleaga XIX- y de los 25 agentes de los Grupos de Acción Rápida de laGuardia Civil enviados por España el 29 de mayo, empieza antes de las seis de la mañana en la Escuela Nacional de Policía. Este lugar, escenario de una cruenta batalla entre un batallón sudafricano y los milicianos Seleka, aún conserva la huella de los combates en forma de bolsas de suero y vehículos abandonados; reposan junto a una zona supuestamente minada que los soldados han acordonado.

El patrullaje, en el que los militares escoltarán a un grupo de gendarmes franceses, arranca en la rotonda del almirante Koudoukou, presidida por una estatua cubierta de pintadas contra la antigua potencia colonial, Francia. La plaza, sin apenas tráfico, marca la frontera que ni siquiera los taxistas locales se atreven a cruzar. Temen sufrir la oleada recurrente de represalias y venganzas entre cristianos y musulmanes; toparse con los mercenarios chadianos y sudaneses que los rumores sitúan en el barrio, o bien ser víctima de una de las granadas que se consiguen en este país por menos de un euro.

Hombres “fuertemente armados”

Los soldados españoles encaran la avenida Koudoukou, la principal arteria de lo que se ha convertido en un gueto del que los musulmanes de la ciudad no pueden salir a riesgo de ser asesinados o linchados. La apariencia de normalidad de la avenida, plagada de puestos de frutas y verduras, es engañosa. En esta guerra larvada, el enemigo no es un ejército, sino una sombra, milicianos sin rostro que aprovechan la noche y las calles muchas veces desiertas para atacar. Quizás por ese carácter escurridizo, por esa amenaza poco convencional, se ha decidido que sean estos soldados de élite, entrenados para “ver sin ser vistos”, explica uno de ellos, quienes garanticen la seguridad del tercer distrito de Bangui y de su corazón: el barrio musulmán del PK5.

La vigilancia de los militares, ayudados por cámaras de visión nocturna y otros sensores, les ha proporcionado información que confirma que la calma está muy lejos de ser definitiva. Un oficial del contingente relata cómo “han detectado”, en la oscuridad sin luz eléctrica de los alrededores del barrio musulmán, a hombres “fuertemente armados” con fusiles de asalto Kalashnikov y RPG(lanzagranadas propulsadas por cohete, un arma antitanque portátil) que siguen acechando. Su escondrijo es, casi siempre, la tierra de nadie de casas destruidas que rodea el PK5. Lo que ahora es un panorama de desolación era antes el mayor mercado de la ciudad.

Los guardias civiles españoles, que también patrullan en el tercer distrito, comprobaron el pasado jueves en carne propia que las armas siguen circulando por el vecindario. Cuando se disponían a detener a un individuo que portaba un fusil AK-47, este abrió fuego contra los agentes, cuyos coches sufrieron el impacto de varias granadas que sólo causaron daños materiales.

Un entorno “seguro”

“De día, en esa zona desierta, vemos sólo a saqueadores que roban los ladrillos de los muros que siguen en pie y lo poco que queda por robar. De noche, avistamos a grupos de personas que se escabullen cuando nos ven”, explica a El Confidencial Francisco D.L., el oficial que comanda la patrulla de los militares españoles. Los soldados callan sobre otras operaciones, más sofisticadas que los patrullajes, que probablemente llevan a cabo. Cuando se les pregunta sí están poniendo en práctica el tipo de operación para el que se entrena a un miembro de las fuerzas especiales, guardan silencio. Alguno dice: “Yo no he participado en esas operaciones”, subrayando mucho el “yo”.

El comandante Alejandro Martínez Nacarino, jefe de operaciones y oficial de prensa, explica a este diario que su misión es “crear un entorno lo suficientemente seguro en el barrio” para que la Misión bajo liderazgo de la Unión Africana en la República Centroafricana (MISCA, en sus siglas en francés), que cuenta con 5.000 soldados, pueda asumir el cometido que ahora garantizan las tropas europeas. Además de España, países europeos como Francia, Letonia y Finlandia, entre otros, participan en EUFOR RCA.

Soldados españoles en una rotonda de Bangui durante una patrulla (Trinidad Deiros).
Soldados españoles en una rotonda de Bangui durante una patrulla

“Franceses, ladrones de diamantes”

El planteamiento de esta misión militar ha sido delicado, incluso si en apariencia el contexto centroafricano podía resultar sencillo para unos militares bregados en lugares como Afganistán o Irak. Además de la MISCA, en el país está desplegada desde diciembre otra misión, la francesa. La operación bautizada comoSangaris cuenta con 2.000 hombres.

El problema radica en que Francia cometió un error de bulto a la llegada de estos soldados a la República Centroafricana. Los Sangaris, como son conocidos aquí, desarmaron sólo a los Seleka, que hasta entonces habían protagonizado la mayoría de los crímenes en el país, infravalorando la capacidad letal de sus antagonistas, los Antibalaka, y sus ansias de venganza. Este desarme facilitó que la milicia desencadenara una persecución mortal, no sólo contra los Seleka, sino contra toda la minoría islámica sin distinción. El resultado es que, de los más de 100.000 musulmanes que vivían en Bangui, ahora sólo quedan 3.000. Son los que resisten en el barrio PK5, cuya protección se ha encomendado a las tropas españolas.

El resentimiento que reina hacia los franceses, que también comandan la operación EUFOR RCA, podía haberse hecho extensivo a todos los componentes de la misión europea, incluido a España, que lidera el mando de operaciones especiales. Las calles y muros del barrio musulmán por el que patrulla el contingente español están plagados de pintadas que tildan a los Sangaris de “ladrones de diamantes”(Centroáfrica posee ricas minas de ese recurso natural) y a Francia de verdugo de los musulmanes.

Un blindado español durante una patrulla por las calles de Bangui (Trinidad Deiros).
Un blindado español durante una patrulla por las calles de Bangui

“Los españoles han sabido ganarse a la población”

No ha sido así. Los soldados españoles, subraya el comandante Nacarino, “han sabido ganarse a la población”, una afirmación que parece avalada por el cálido recibimiento que los comerciantes musulmanes dispensan a unos militares que se muestran afables y se paran a hablar con ellos delante de sus puestos. Además, España no arrastra, como es el caso de Francia, el pesado legado de una colonización sangrienta y de la posterior injerencia en los asuntos internos de este país africano que ha marcado la política de París hacia este Estado.

“Vosotros, los franceses, lo habéis arruinado todo. Los españoles pueden estar aquí; los franceses marchaos a vuestra casa. Un día, África va a golpear a Francia, y entonces ya veréis”, espeta un comerciante al jefe de los gendarmes franceses en presencia de los militares de EUFOR.

“Los españoles son neutrales, no como los franceses, y están trabajando bien”, argumenta Driss, un musulmán que vende telas en la avenida Koudoukou. Unos metros más adelante, otro vecino del barrio, Albert, afirma: “La situación en el [barrio] PK 5 ha mejorado un poco aunque no hay comida y no podemos movernos de aquí. Aparte de eso, con la llegada de las tropas EUFOR, hemos vuelto a dormir bien. LosAntibalaka ya no entran en el barrio, lo que no está mal”.

Los militares avanzan lentamente a ambos lados de la avenida. Cuando tres soldados se detienen a hablar con Mohamat, un musulmán que habla español, se forma un corrillo: “Antes (de la llegada de EUFOR) era mucho peor. Ahora estamos respirando, un poquito, no mucho, porque aún no podemos salir ni ir a donde queremos”, alega. Este musulmán, que aprendió castellano en Guinea, recalca que “el día que llegaron estas tropas”, los vecinos vieron cómo la situación “cambiaba”. Mohamat atribuye este cambio a que “la presencia de estas fuerzas ha dado confianza al habitante, que no se fiaba nada de los franceses”.

Soldados españoles en Kodokou, Bangui, durante una patrulla (Trinidad Deiros).
Soldados españoles en Kodokou, Bangui, durante una patrulla

El fútbol como arma

Estos comerciantes a menudo no saben nada de España. Sólo conocen, y al detalle, un aspecto: España es el país del Barça y del Real Madrid. Los militares son recibidos con gritos de “Barça” y “Real Madrid” y no es raro encontrar a centroafricanos que conocen de memoria la alineación de los dos equipos. Uno de ellos es Ibrahim, un vendedor que aconseja a los soldados que “España rejuvenezca la selección” si no quiere que se repita el fiasco del último Mundial. Mientras, los tres blindados Lince que han traído a la patrulla al barrio siguen a los militares a una distancia prudencial.

Hablar de fútbol, jugar al fútbol –los soldados asistieron como público a un partido y disputaron otro frente a un equipo local– forma parte de lo que, según el jefe del contingente, el teniente coronel Javier Lucas, es una “obsesión”: “conectar” con la población. “Hemos estado tomando clases de sango, la lengua local, durante dos meses antes de venir, lo que nos ha permitido saludar e incluso mantener alguna conversación sencilla con los centroafricanos, algo que aprecian enormemente”, explica el oficial.

“Un día, fuimos a ver a un jefe de Policía del tercer distrito de Bangui. Estaba asombrado. Nos dijo que era la primera vez que un blanco se bajaba del coche para hablar con él. Luego convocó a todo el barrio de Kokoro 4 a una asamblea, todos de pie. Lo que más nos satisfizo fue que, después, caminamos con ellos hasta una pasarela que separa la zona cristiana del sector islámico y entonces empezaron a aparecer musulmanes. ‘Hemos sabido que estaba EUFOR aquí y venimos a saludar a nuestros amigos cristianos’ dijeron. Personas que hacía tiempo que no se hablaban ni tenían relación empezaron a conversar“, recalca Javier Lucas.

Aunque la mayoría de los cristianos que vivían en el tercer distrito de Bangui, e incluso dentro del barrio PK5, siguen desplazados en campos, algunos de ellos no huyeron del vecindario, como Celestin, que se para a estrechar la mano de un soldado. Luego dice que, ahora, “la calma reina con la presencia de las fuerzas españolas”, sin dejar de reconocer que la situación de seguridad “ha mejorado un poco” pero que esta tendencia “sólo está empezando”. De ello da fe el escaso tráfico en la avenida Koudoukou y el hecho de que muy pocos cristianos se hayan atrevido a regresar al tercer distrito, por temor a ataques de los musulmanes, o bien porque su casa ha quedado reducida a escombros, saqueada o directamente destruida por la explosión de una granada.

“Yo soy cristiano y no tengo problemas aquí, porque este no es un conflicto religioso sino político. Somos centroafricanos y tenemos que vivir juntos, cristianos y musulmanes”, concluye, poco antes de que los soldados españoles terminen su patrulla y se alejen en los blindados rumbo a su base. Dejan atrás el último barrio musulmán de Bangui.

 

Fuente: El Confidencial
02/08/2014

 

«De repente nos atacaban con fusiles y granadas de mano»

  • El contingente español desplegado en Bangui narra su día a día en la violenta capital de República Centroafricana
Militares españoles patrullan por una de las rutas de Bangui
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«Se observó a una persona con un AK-47 que salió corriendo. Se realizó un reconocimiento por la zona y, de repente, comenzaron a oírse detonaciones de fusilería y granadas de mano. La patrulla al completo se cubrió con los vehículos respondiendo al fuego. En poco tiempo comenzaron a llegar numerosas personas exaltadas, en actitud hostil. El jefe de patrulla decidió embarcar en los vehículos para abandonar el lugar, momento en el que se vuelve a oír fuego de fusilería y detonaciones de granadas. La patrulla consiguió salir cubriéndose con el fuego de sus armas». Quien habla es el teniente coronel J. L. S., jefe de la fuerza española desplegada en Bangui, capital de República Centroafricana, en el marco de la misión EUFOR-RCA. Lo que cuenta es sólo un ejemplo de a qué se enfrentan los 60 militares del Mando de Operaciones Especiales (MOE) y los 25 guardias civiles del Grupo de Acción Rápida (GAR), que desde hace tres meses tratan de dar seguridad a esta violenta zona en la que son constantes los enfrentamientos con y entre los dos grupos radicales que atemorizan a la población: los rebeldes musulmanes de «Seleka» y los cristianos «Anti-Balaka». Algunos de ellos han contado cómo es su día a día y las violentas situaciones en las que se han visto envueltos.

El citado incidente ocurrió el 31 de julio durante una patrulla que realizaban los efectivos de la Guardia Civil en el tercer distrito. Se adentraron en una calle en busca de «una persona con un fusil y mientras se tomaban datos del suceso y se interrogaba al personal local», se inició el ataque y la posterior emboscada, explica el teniente coronel, recalcando que «varios vehículos recibieron impactos y uno fue alcanzado por una granada. El personal salió ileso». Aquí, «la mayor amenaza son los criminales y grupos armados, cuyo armamento principal son fusiles de asalto AK-47 y granadas de mano de fabricación china», cuenta el capitán de la Guardia Civil A. P. S., quien explica que con su trabajo buscan «contribuir al desarrollo de unos niveles de seguridad que permitan a la Misión de Naciones Unidas (MINUSCA) tomar el relevo de EUFOR a lo largo de los próximos meses». Pero el camino para conseguirlo no es fácil para los efectivos del MOE y del GAR. Los primeros realizan tareas de «reconocimiento especial, rescate de rehenes, y contactos con líderes y personal clave», comenta el comandante jefe de operaciones, Alejandro Martínez Nacarino, quien también ejerce como PAO (Press Affair Officer) de EUFOR. Mientras, los agentes del Instituto Armado llevan a cabo «labores de seguridad y orden público, inteligencia e investigación criminal», explica el capitán A. P. S.

Saben que «en el área de operaciones asignadas (distritos 3 y 5) debemos ir protegidos, aunque en el 4, que no es responsabilidad de EUFOR, se desarrolla una alta actividad criminal que hace que se extremen las precauciones al cruzar », apunta el jefe de equipo operativo, A. O. M. El capitán de la Plana Mayor de Mando , F. M. G., añade que «la presión es la misma en cualquiera de los distritos. El GAR focaliza sus actividades en el quinto distrito (Anti-Balaka) y el MOE en el tercero, de mayoría musulmana». Pero, ¿quiénes son los más peligrosos? «Los grupos radicales de cualquiera de las dos facciones enfrentadas», sentencia. Y fue cerca de ese cuarto distrito donde vivieron su primera acción de combate el 26 de julio.

Una patrulla de Operaciones Especiales regresaba a bordo de cuatro vehículos Lince de una operación en el tercer distrito. «Se identificó a una unidad francesa de la operación Sangaris manteniendo un combate con fuerzas enemigas, probablemente Anti Balakas del barrio Boy-Rabe del distrito cuatro». La situación que se encontraron era «un camión de la Misión Internacional de Apoyo la República Centroafricana (MISCA) tiroteado a la vanguardia de los franceses, con su personal desembarcado y a cubierto, y los galos con su personal desembarcado y a cubierto». Se ofreció apoyo y los franceses respondieron que «sería bienvenido». Mientras se coordinaba la maniobra, «se estaba recibiendo nutrido fuego de armas ligeras y de RPG sobre nuestras unidades». Los españoles se posicionaron, dieron seguridad y desde uno de los Lince se respondió con «disparos de ametralladora 12,70 mm». Después de varios momentos de tensión «los agresores se dieron a la fuga».

Ya saben que su zona asignada es una de las más violentas. Por ello,como señala el comandante jefe de operaciones, «en una de nuestras salidas por el distrito 3 nos acompañó el comandante de la Fuerza europea», general de brigada francés Thierry Lion, y lo que vio le llevó «a implicar al batallón multinacional en presencia continuada» en el oeste del distrito. La forma de actuación de los españoles han hecho que en otras situaciones «la Fuerza de Operaciones Especiales haya permanecido como la reserva del comandante de la Fuerza y en otras ha desplegado sus medios de obtención de inteligencia y capacidad de observación».

Rescate de rehenes

Entre esas capacidades está la del rescate de rehenes, la cual tuvieron que poner en práctica el 26 de julio –recuerda el el teniente coronel J. L. S.– cuando se trasladaron a una zona en «la que las informaciones situaban a unos secuestradores armados y a un rehén». Explica cómo «una sección de Gendarmería francesa de la Unidad Policial Internacional estableció un cordón de seguridad interior y un batallón multinacional el exterior». Tras varias llamadas para contactar con los captores sin respuesta, decidieron entrar en la casa «para la búsqueda y limpieza de la misma», pero «mientras se realizaba la búsqueda en el interior se recibió la confirmación de que los secuestradores habían huido ».

Pero quizás, el episodio más violento que han sufrido se produjo entre el 19 y el 21 de agosto. Todo comenzó la noche del 19, cuando una patrulla francesa se vio envuelta en un incidente en el que se registraron un fallecido y tres heridos de los grupos musulmanes de autodefensa. «Al día siguiente, se desató una reacción desproporcionada por parte del sector más radical musulmán». Se produjeron numerosos enfrentamientos con tropas francesas en los que resultaron heridos varios europeos. Así que, los efectivos de Operaciones Especiales «desplegamos medios en el oeste del distrito 3 y establecimos contacto con algún líder de la zona», explica J. L. S. «En la noche del 20 y del 21, el Mando Componente de Operaciones Especiales ofreció al comandante de la Fuerza la posibilidad de mantener la seguridad a lo largo del canal Yakite (inestable frontera entre musulmanes y cristianos) para aprovechar nuestras capacidades de visión nocturna». Al final, la unidad española fue «la única desplegada en el interior, cumpliendo la misión sin novedades y detectando y grabando movimiento de personal armado de los grupos de autodefensa musulmanes». Desde estos combates no volvieron a entrar en el distrito y, tras negociaciones con los líderes locales, el jueves lo cruzaron de nuevo. «La acogida fue buena, aunque algún exaltado nos increpó», cuentan. Irán entrando poco a poco, aunque estos días «los enfrentamientos son prácticamente nulos». Todo esto sucede en un país que «nos han recibido con amabilidad y agradecimiento», destaca el comandante jefe de operaciones. «La mayoría desea volver a la paz y al entendimiento intercultural» y tratar de olvidar una guerra que ha dejado miles de muertos y cerca de un millón de desplazados.

Sáhara

MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL SÁHARA

Durante el pasado año dos Oficiales Superiores participaron en esta misión como expertos en el conocimiento del terreno y la población.

Esencialmente su misión consistió en auxiliar a otros observadores que allí se encontraban a moverse por el territorio y poder elaborar el censo a partir del cual se desarrollaran las elecciones sobre la autodeterminación del territorio.

La duración fue de aproximadamente 20 días.

Angola

MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN ANGOLA

UNAVEM I (Misión de Verificación de las NN.UU. en ANGOLA).

Se trata de la primera participación española en una operación de mantenimiento de la paz. Se crea respondiendo a la Resolución 626 (1988) para “verificar el redespliegue hacia el norte, en una primera fase, de las tropas cubanas allí establecidas y, posteriormente, la retirada total de dichas tropas de todo el territorio de la República de Angola”.

Desde enero de 1989 convenzan a desplegar oficiales de 10 países incluida España- a razón de 7 por país (en enero de 1990 se reduciría a 6 oficiales por país).

La misión en julio de 1991 pero, se prolongaría y enlazaría con un nuevo mandato, que dará lugar a una nueva misión: UNAVEM II.

Tras la retirada de las tropas cubanas, se solicitó de las NN.UU. la ampliación de su presencia en Angola por lo que a finales de mayo de 1991 se aprobaba la Resolución 696 del Consejo de Seguridad y se otorgaba un nuevo mandato en el que se debía “verificar un efectivo alto el fuego y supervisar la actuación de la policía angoleña durante el proceso de transición” tras los Acuerdos de Paz de Estoril que ponían fin a 16 años de guerra civil.

Un total de 350 militares de 24 países (21 de ellos españoles) desplegaron en Angola. Aunque estaba previsto que la duración de la misión fuera de 17 meses, los problemas acontecidos como resultado de las elecciones presidenciales y legislativas obligaron a las NN.UU. a prolongar la misión. La misma se dio por finalizada en diciembre de 1993. En total entre UNAVEM I y II participaron 62 militares del Ejército de Tierra.

Mozambique

OPERACIÓN INDIA-MIKE

El 4/10/92 se alcanzó en Roma un acuerdo de paz entre el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), en el Gobierno, y la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO).

Como consecuencia, de acuerdo con la Resolución 797/92, se aprobó una operación de gran envergadura (7.500-8.000 hombres) en la que la participación española máxima fue de 21 observadores militares y 50 guardias civiles. Tras las elecciones de noviembre (26 y 27) de 1994, se constituyó un nuevo gobierno y se dió por finalizada la operación, que en líneas generales ha constituido uno de los mayores éxitos de las Naciones Unidas.

Las lluvias torrenciales asolaron Mozambique durante el mes de febrero de 2000, causando centenares de muertos y 350.000 desplazados, con una situación de catástrofe generalizada en el país africano. Un millón y medio de personas quedaron a merced de las aguas desbordadas. A este primer balance se sumaba un peligro tan amenazador como las riadas: las epidemias

Los primeros casos de cólera no tardaron en hacer su aparición, propiciados por la ausencia de agua potable, y la zona se convirtió en un foco de difusión de otras enfermedades, como la malaria. Igualmente, la escasez de alimentos agravaba la situación de los habitantes del maltrecho país africano.

El 5 de marzo el Ministerio de Defensa puso en marcha la operación India-Mike para prestar ayuda humanitaria a los damnificados.

Una Unidad de Asistencia Sanitaria y personal de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra partió hacia Mozambique a bordo de un Boeing 707 del Ejército del Aire, mientras que un avión de alta capacidad transportó en sus bodegas dos helicópteros del Servicio de Búsqueda y Salvamento y otro de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) para el rescate y evacuación de personas y para facilitar apoyo aéreo a la Unidad de Sanidad.

Además, tres aviones Hércules C-130 del EA aterrizaron en el continente negro con equipamiento médico y militar del contingente español. El 6 de abril el contingente regresaba a España.

Etiopía

 

MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN ETIOPÍA Y ERITREA

La Misión en Etiopía y Eritrea nació tras la firma, el 18/6/2000 en Argel, del Acuerdo del Cese de Hostilidades entre el Gobierno de la República Federal Democrática de Etiopía y el Gobierno del Estado de Eritrea, bajo los auspicios de la Organización para la Unidad Africana (OUA) y la asistencia de representantes de la Unión Europea y los EEUU.

Uno de los puntos de este acuerdo es el establecimiento de una «zona colchón», dentro del territorio eritreo fronterizo con Etiopía de 25 kilómetros de ancho, donde se desplegarán las fuerzas de interposición de la ONU hasta que los cartógrafos de las Naciones Unidas hagan la delimitación de la frontera.

Esta fuerza de paz supervisará también la retirada de la fuerza etíope del territorio eritreo, ocupado en los últimos meses del conflicto y que no estaba bajo la administración etíope antes de mayo de 1998.

Tras la Resolución 1.312 (2000), de 31 de julio de 2000, y su aprobación por el Consejo de Seguridad el 15 de septiembre de 2000, se autorizó el despliegue de la misión hasta el 15 de marzo de 2001.

La UNMEE se está desarrollando en tres etapas: en la primera se llevó a cabo el despliegue de oficiales de enlace en Addis Abeba y Asmara.

La segunda etapa —que ya está en marcha— incorporará un máximo de 100 observadores militares y el personal civil de apoyo necesario, con el mandato de establecer y poner en funcionamiento el mecanismo de verificación del cese de hostilidades y hacer los preparativos necesarios para establecer la Comisión Militar de Coordinación prevista.

En la tercera etapa se llevará a cabo el despliegue de toda la operación de mantenimiento de la paz, que prevé una fuerza militar con un máximo de 4.200 efectivos, incluidos 220 observadores, tres batallones de infantería y las unidades de apoyo necesarias.

España participa en la UNMEE con cinco militares: cuatro capitanes y un alférez.

República Democrática del Congo

 

OPERACIÓN ECHO-CHARLIE

 

Un contingente militar español se desplazó a la R.D. del Congo el 14 de julio de 2006 y alcanzó su operatividad antes de finales de ese mes, para desarrollar la operación Echo-Charlie.

Adscrita a la Fuerza de la Unión Europea en apoyo de la Misión de las Naciones Unidas (MONUC) durante la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales de la República Democrática del Congo, que se celebraron el 30 de Julio.

Una segunda vuelta tuvo lugar el 29 de octubre de las elecciones presidenciales entre el presidente Joseph Kabila y el ex líder rebelde, Jean Pierre Bemba.

El contingente está compuesto por un total de 130 efectivos, 90 de los cuales pertenecen a una Compañía de Infantería de “reacción rápida” de la VII Bandera del Tercio “Don Juan de Austria” de la Legión, 30 cumplen misiones de apoyo logístico, y otros 10 son oficiales y suboficiales que están destinados tanto en el Cuartel General de la Operación en Potsdam, Alemania, como en el de la Fuerza, ubicado en la capital del Congo, Kinshasa.

Coincidiendo con la llegada de los militares españoles se produce el repliegue del destacamento que permanecía en la capital congoleña desde el 1 de Julio realizando tareas de apoyo previas a dicho despliegue.

El contingente, a mando del Teniente Coronel Ruiz Benítez, tiene la misión de apoyar las acciones de la Misión de las Naciones Unidas para garantizar un proceso electoral libre, fiable y transparente, como parte fundamental del proceso de pacificación, estabilización y normalización democrática de este país africano.

Para conseguirlo, las Naciones Unidas autorizan a las fuerzas que componen la “EUFOR RD Congo” a utilizar sus medios y capacidades para garantizar la seguridad y libertad de movimientos de los componentes de la MONUC, a la vez que contribuir a la protección de la población civil y del aeropuerto de Kinshasa, en caso de peligro inminente.

La operación militar disponía de fuerzas avanzadas desplegadas en Kinshasa, unos 1.200 alemanes, franceses y polacos, alertadas en el país vecino Gabón, y una reserva estratégica preparada en territorio europeo. La misión se dio por finalizada el 30 de noviembre de 2006, regresando la totalidad del contingente el día 14 de diciembre de 2006.

Mali

EUTM MALI (Europe Union Training Mission ) I-II-III

INTRODUCCIÓN

La crisis política, humanitaria y de seguridad que estaba sufriendo Malí, consecuencia de los acontecimientos acaecidos en el norte del país desde principios de 2012 (rebelión tuareg, seguida por un golpe de estado militar y la entrada de terroristas yihadistas), lo convirtieron en centro de inestabilidad y en grave amenaza para toda la región del Sahel y para Europa.
Ante la gravedad de la crisis, el presidente interino de Malí remitió peticiones oficiales de apoyo al secretario general de la ONU y a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Para dar respuesta a estas peticiones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió la Resolución 2071 (2012), de 12 de octubre, en la que invitaba a la comunidad internacional a proporcionar asistencia, experiencia, entrenamiento y apoyo al Ejército y Fuerzas de Seguridad de Malí.
EUTM Mali no lleva a cabo misiones de combate y debe coordinar sus actividades con otras misiones desplegadas en la zona por la ONU y la CEDEAO.
El Ejército español en la misión tiene como objetivo el adiestramiento y asesoramiento a las Fuerzas Armadas de Mali para que sus integrantes adquieran las capacidades de combate necesarias con las que operar por sí mismos y contribuir a la estabilidad y pacificación de la zona.
Los militares españoles cumplen su cometido en los Cuarteles Generales de Bamako y Koulikoro, en la Compañía de Protección de la Fuerza, compuesta de dos Secciones y un Equipo de Mando y en Equipos de Entrenamiento encargados de operaciones especiales y apoyos de fuego.

EUTM Mali I

El 8 de febrero de 2013 dio comienzo la misión con el desplazamiento a Bamako, capital de Mali, de un destacamento avanzado de reconocimiento, compuesto por el jefe del contingente español, teniente coronel Gabino Regalado y el comandante José Luis J. Borraz, con la misión de realizar las actividades preparatorias para facilitar el despliegue del resto de unidades.
Se establece el Cuartel General Principal en la capital y posteriormente se suma al emplazamiento una Sección de Protección perteneciente a la Bandera “Colón” VIII de la Legión. Su cometido será la protección de convoyes y la seguridad de las instalaciones y el personal, a la vez que operarán como Fuerza de Acción Rápida. El Cuartel General Avanzado junto con el Centro de Adiestramiento, se establecen en el acuartelamiento “Boubacar Sada Sy” de la localidad de Koulikoro.
En el mes de abril se incorporan al contingente español una quincena de instructores procedentes del Mando de Operaciones Especiales (MOE), cuya misión es la formación táctica especializada en reconocimientos y “golpes de mano” de la Sección Comando del I Grupo Táctico del Ejército de Mali.
EUTM Mali II

A mediados de septiembre de 2013 el Ejército amplía su destacamento hasta alcanzar los 110 efectivos. España gana peso en la misión y ya está a la par que Francia en nivel de contribución de personal. Se incorpora a la misión el primer equipo español de Instructores de Apoyos de Fuego, pertenecientes al Grupo de Artillería de Campaña (GACA) de la Bandera “Roger de Flor” I, de la Brigada Paracaidista (BRIPAC), dando así inicio a la instrucción de los artilleros malienses. Se centrarán en la formación inicial del combatiente, entre lo que destaca el movimiento en escuadras y pelotones, la ruptura de contacto, los puestos de observación y escucha, así como la orientación y el movimiento nocturno de una batería. Junto a ellos, un nuevo equipo de instructores del MOE asume las labores de formación en técnicas de comandos del II Grupo Táctico del Ejército de Mali.
Asimismo, se produce un relevo en el mando de la misión. El coronel Félix García Cortijo toma la jefatura de las tropas españolas de la EUTM Mali. También se incorpora al contingente un oficial de Intendencia que se integra en Koulikoro destinado al elemento de apoyo al mando.

EUTM Mali III

Los efectivos de la BRIPAC dan paso a la Jefatura de Tropas de Montaña. En concreto, el nuevo personal procede de la Compañía de Esquiadores Escaladores del Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia” nº64. También se produce el relevo en los puestos que los militares españoles ocupan en el Cuartel General Principal en Bamako, con la excepción del puesto de 2º jefe de la misión, que sigue ocupando el coronel Félix E. García Cortijo.
En noviembre de 2013, se incorpora al contingente un equipo del Regimiento de Transmisiones nº22 para realizar un estudio sobre la mejora de instalaciones del Centro de Comunicaciones. Se mejora el tendido del cableado, colocando guías y sistemas para aumentar la protección de los materiales y evitar que se deterioren. Por su parte, los Equipos de Instructores de Operaciones Especiales encaran la recta final de la preparación del III Grupo Táctico del Ejército maliense. El adiestramiento incluye áreas de patrullaje y combate a pie, combate en zonas urbanas, además de las disciplinas de topografía, preparación contra artefactos explosivos improvisados, tiro, comunicaciones, combate cuerpo a cuerpo, conducción de vehículos y formación como sanitario de patrullas.
Hasta marzo de 2014, se ha procedido a la instrucción de cuatro batallones de las Fuerzas Armadas Malienses y España aporta ya el mayor contingente de todas las naciones participantes.

Somalia
Histórico de misiones

Entrevista al comandante Martínez Nacarino de EUFOR RCA por el periodista Manuel A. Gómez (COPE)

07/07/2014

La misión de los 99 militares españoles desplegados en la República Centroafricana. Entrevista al comandante Martínez Nacarino, de EUFOR RCA

Militares españoles están desplegados en la República Centroafricana -dentro de la misión EUFOR RCA de la Unión Europea- para crear un entorno seguro que permita el reparto de ayuda humanitaria y el cese de los enfrentamientos. El comandante Alejandro Martínez Nacarino, jefe de operaciones de la fuerza de operaciones especiales desplegada en Bangui, ha asegurado en “La Garita” que la situación es “muy volátil”, con “picos de violencia interétnica”.Escucha aquí la entrevista completa
El comandante Martínez Nacarino ha contado que en Bangui tienen lugar “escaramuzas esporádicas” de grupos incontrolados que cesan cuando intervienen las fuerzas multinacionales. Los militares españoles no son objetivo de los ataques porque, según el comandante, “nuestra capacidad de medios combate hace que los contendientes desistan de cualquier enfrentamiento con EUFOR”. Relata un incidente en el que las tropas españolas se tuvieron que desplegar y dar protección; realizaron disparos de advertencia después de recibir fuego hostil, y consiguieron que los “elementos hostiles” salieran a la fuga.

Las reglas de enfrentamiento de los militares españoles en la RCA son “muy rígidas”, basadas en la “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.
De los 99 desplegados sobre el terreno en la República Centroafricana, 25 son guardias civiles.

http://www.emad.mde.es/MOPS/novoperaciones/noticias/2014/07/140707-entrevista-cope.html

La célula terrorista desmantelada en Nador y Melilla se dedicaba a enviar yihadistas al grupo Estado Islámico

 

La célula terrorista desmantelada en Nador y Melilla se dedicaba a enviar yihadistas al grupo Estado Islámico

Ministerio del Interior

Melilla, Nador (Marruecos), 26/09/2014

Lucha contra el terrorismo

Entre los nueve detenidos se encuentra el máximo responsable del grupo desmantelado, un español de origen marroquí residente en Melilla

La operación es fruto de una investigación conjunta entre la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos

Los miembros de esta estructura desarticulada coordinaban sus actuaciones con grupos vinculados a Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)

El grupo se servía de la experiencia yihadista del hermano del jefe de la célula desmantelada, un exmilitar español y especialista en el manejo de armas y explosivos, que se unió en 2012 a la organización terrorista MUYAO, en la órbita de Al Qaeda

La Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos, en el marco de la lucha preventiva dirigida a eliminar la amenaza terrorista, han logrado neutralizar en las ciudades de Nador  (Marruecos) y Melilla (España) una célula terrorista dedicada al envío de combatientes para su integración en la organización terrorista Estado Islámico (EI).

En esta operación han sido detenidas nueve personas, entre ellas el líder de la célula terrorista, M.S.M., de nacionalidad española y origen marroquí, residente en Melilla, ciudad en la que ha sido arrestado.

Las investigaciones conjuntas llevadas a cabo por los servicios policiales de España y Marruecos han podido determinar que el grupo ahora desmantelado desarrollaba actividades propias de una auténtica milicia terrorista, como entrenamientos físicos específicos y la adopción de férreas medidas de seguridad para eludir el control policial.

Los miembros de esta estructura desarticulada también coordinaban sus actuaciones con grupos vinculados a Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) establecidos en el norte de Mali. Para ello se servían de la experiencia yihadista del hermano del responsable de la célula desmantelada, un exmilitar español y especialista en el manejo de armas y explosivos, que se unió en 2012 a las filas de la organización terrorista MUYAO (Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental), en la órbita de Al Qaeda. Actualmente, esta persona se encontraría combatiendo en las filas del Estado Islámico en la zona de Siria e Irak, desempeñando funciones de coordinación de la estructura ahora desarticulada.

Por las investigaciones realizadas, no se descarta que los yihadistas retornados, tras permanecer en zonas de conflicto como Siria e Irak, se encuadraran en células activas para la comisión de atentados tanto en Marruecos como en Europa siguiendo las instrucciones de las organizaciones terroristas matrices de referencia.

En España, la investigación ha sido dirigida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a cuya disposición pasará el detenido en Melilla, y quien ha declarado secretas las actuaciones. En Marruecos, una vez finalizadas las investigaciones dirigidas bajo la supervisión de la Fiscalía General Marroquí competente, los detenidos serán presentados ante la autoridad judicial.

La operación realizada en estrecha colaboración entre la Dirección General de Vigilancia del Territorio y la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía sigue abierta.

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Somos un grupo de profesionales de la seguridad privada con titulación universitaria además de proactivos muy implicados en el servicio de seguridad a la Empresa que hemos sido avalados y acreditados por el Ministerio de Interior por su Dirección General de la Policía y de la Guardia civil como Directores de Seguridad.Hemos obtenido dicho reconocimiento P.D. (orden 3873/2007) del Comisario General de la seguridad ciudadana pero además sumado a la misma la experiencia que disponemos de años en seguridad privada  a través de nuestra labor con numerosos clientes satisfechos en diferentes empresas de seguridad, nos consideramos  garantes  para conseguir facilitarles un servicio de seguridad integral que responda a sus expectativas.

Ofrecemos ayudar y facilitar a nuestros clientes un servicio de seguridad integral en seguridad privada potenciando unos principios y  valores éticos de conducta con una planificación organizada y gestionada para la excelencia en el análisis como la evaluación de los riesgos, destacándonos por los resultados por el compromiso y implicación que transmitimos.

 

PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS

 

Dentro del marco de nuestros  principios y valores se encuentra el compromiso de confidencialidad y de cumplimiento de nuestros acuerdos, con respeto y educación hacia quienes confían en nosotros, nos proponemos  una comunicación permanente  desarrollando todas nuestras habilidades y competencia para la excelencia de nuestros servicios de consultoría y formación en seguridad privada corporativa, con soluciones eficientes.

 

Medalla de Extremadura a la Jefatura Superior de Policía

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Tres soldados del Ejército del Aire el sargento 1º Manuel María Copano Lorenzana y los cabos 1º Manuel López Veiga y Jose Miguel Mateos Hernandez. han resultado heridos en el país africano de Yibuti en un ataque con granadas . Los militares pertenecen al Destacamento Orion.

Tres militares españoles heridos en un ataque con granadas en Yibuti

Tres soldados del Ejército del Aire han resultado heridos en el país africano de Yibuti. Los militares pertenecen al Destacamento Orion.

Un suboficial y dos cabos primeros del Destacamento Orión del Ejército del Aire han resultados heridos durante un ataque con granadas en un céntrico restaurante de Yibuti, un pequeño país del Cuerno de África.Según ha informado este domingo el Ministerio de Defensa, el ataque se produjo sobre las 20:00 locales en el café La Chaumiere, que estaba en ese momento lleno de gente, entre ellos militares de diversas nacionalidades.

25/05/2014Tres miembros del Ejército del Aire heridos en un ataque en Yibuti

El ataque se produjo ayer en un céntrico restaurante de la ciudad donde se encontraban cenando militares de diversas nacionalidades

Un avión del Ejército del Aire despegó de la base aérea de Torrejón a las cuatro y media de la madrugada para evacuar a España a los heridos

Un suboficial y dos cabos 1º del destacamento ‘Orión’ resultan heridos durante un ataque con granadas en un céntrico restaurante de Yibuti. El ataque se produjo ayer sábado sobre las 20:00 hora locales en el café ‘La Chaumiere’ que se encontraba en ese momento lleno de gente.

Como consecuencia de la explosión, resultaron heridos el sargento 1º Manuel María Copano Lorenzana y los cabos 1º Manuel López Veiga y Jose Miguel Mateos Hernandez.

Los tres militares fueron trasladados al hospital militar francés ‘General Bouffard’. El sargento 1º presenta diversas heridas por metralla y su estado es estable dentro de la gravedad, mientras que los cabos 1º tienen heridas de menor consideración y su estado no reviste gravedad.

Según informa el jefe del destacamento ‘Orión’ el resto del personal español desplegado en Yibuti, está localizado y se encuentran bien.

Un avión T-22 del Ejercito del Aire despegó esta noche desde la base aérea de Torrejón para evacuar a España a los tres militares heridos. Se espera su llegada a Yibuti a media mañana.

Como consecuencia de la explosión resultaron heridos el Sargento primero Manuel María Copano Lorenzana y los Cabos primeros Manuel López Veiga y Jose Miguel Mateos Hernandez. Los tres militares fueron trasladados al Hospital militar francés General Bouffard.

El sargento Copano presenta diversas heridas por metralla y su estado es estable dentro de la gravedad mientras que los cabos primeros tienen heridas de menor consideración y su estado no reviste gravedad.

Un avión del Ejército del Aire despegó de la Base aérea de Torrejón a las cuatro y media de la madrugada para evacuar a España a los heridos.

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La Ley de seguridad privada esta pendiente de su desarrollo normativo a travès del nuevo Reglamento de seguridad. el futuro de la formacion reglada por el Ministerio de Educación del personal de seguridad privada: vigilantes y su especialidad v.explosivos, escoltas, guardas rurales y especialidades.

Siseguridad.es

 

 

 

 

Deberia regularse tambien el futuro de la formacion reglada por el Ministerio de Educación del personal de seguridad privada: vigilantes y su especialidad vigilante explosivos, escoltas, guardas rurales y especialidades.

 

La Disposición final tercera de la Ley de Seguridad privada Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.. dispone el desarrollo normativo de la misma, estableciendo los puntos de la ley que regularà en el Reglamento posteriormente:

1. El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior, dictará las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley, y concretamente para determinar:

a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación.

b) Las condiciones que deben cumplirse en la realización de actividades de seguridad privada y en la prestación de servicios de esta naturaleza.

c) Las características que han de reunir las medidas de seguridad privada y los medios técnicos y materiales utilizados en las actividades y servicios de seguridad privada.

d) Las funciones, deberes, responsabilidades y cualificación del personal de seguridad privada y del personal acreditado.

e) El régimen de habilitación y acreditación de dicho personal.

f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempeño de las distintas funciones.

2. Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo con las variaciones del indicador público de renta de efectos múltiples.

 

Considero que la Ley de Seguridad privada como dice la disposición final ( b) Los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación) establecerà en su reglamento como lo hizo el anterior reglamento Decreto 2364/94 de 09 de diciembre que regulaba la ley  de seguridad del año 1992, preo con una mayor precisión estableciendo unas medidas de seguridad màs estrictas en aquellas empresas que por sus actividades y Servicios al ciudadano lo requieran, sobretodo infraestructuras criticas, asumiendo las empreses un mayor compromiso invirtiendo en medios humanos, técnicos y materiales en la actividades de Seguridad de su personal sea ono expatriada, en sus instalacciones, sobretodo en la seguridad de la información y las comunicaciones, esta actividad con la nueva ley de seguriadd es compatible por lo tanto podrà ser desarrollada por empresas de Seguridad como en la actualidad, como por empresas que no lo sean.. en lineas generales se potenciara como parte fundamental de la empresa como son los  Departamentos de Calidad, de Medio ambiente, de Prevención de Riesgos Laborales, al Departamento de Seguridad corporativa integral con entidad propia que  garantizarà la Seguridad de las personas:trabajadores, clientes..y instalacciones fundamentalemente sin olvidar al resto de las seguridades: información, comunicaciones, videolvigilancia,  gestión de alarmas…., se establece un regimen de infraciones que lleva tambien aparejador sancionador estableciendo una graduación de las mismas y medidas provisionales para el personal de Seguridad, Centros de Formación, usuarios de Seguridad, …empresas y personal que presta Servicios de Seguridad, estableciendo unos mayores controles, que deberia mejorar y resolver problemas de gestión y operativas de la anterior ley de Seguridad , donde estaban recogidos.

Resaltar que El articulo 36 de la nueva ley de seguridad privada define las funciones y obligaciones de los Directores de Seguridad al frente de la Dirección del Departamento de Seguridad, estableciendose tambien infracciones y sanciones si se incumple la ley para los usuarios de la seguridad y el personal de Seguridad.

1. En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.

b) La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.

c) La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.

d) El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.

e) La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.

f) La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.

g) La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

h) La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo de riesgos.

i) Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.

2. Los usuarios de seguridad privada situarán al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad cuando así lo exija la normativa de desarrollo de esta ley por la dimensión de su servicio de seguridad; cuando se acuerde por decisión gubernativa, en atención a las medidas de seguridad y al grado de concentración de riesgo, o cuando lo prevea una disposición especial.

 

Lo dispuesto en este apartado es igualmente aplicable a las empresas de seguridad privada.

3. En las empresas de seguridad el director de seguridad podrá compatibilizar sus funciones con las de jefe de seguridad.

4. Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un usuario que cuente con su propio director de seguridad, las funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el artículo 35.1.a), b), c), y e) serán asumidas por dicho director de seguridad.

5. El ejercicio de funciones podrá delegarse por los directores de seguridad en los términos que reglamentariamente se disponga.

 

Artículo 59. Infracciones de los usuarios (Usuario de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada) y centros de formación.

Los usuarios de servicios de seguridad privada y los centros de formación de personal de seguridad privada podrán incurrir en las siguientes infracciones:

 

h) El incumplimiento, por parte de los usuarios de seguridad privada (Usuario de seguridad privada son las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada), de la obligación de situar al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad, en contra de lo previsto en el artículo 36.2.

 

 

Artículo 58. Infracciones del personal de Seguridad privada: Directores de Seguridad, Jefe de de Seguridad, vigilantes de Seguridad y Especialidad, escolta, guarda rural y Especialidades, detective que desempeñe funciones de seguridad privada.

El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros, técnicos, operadores de seguridad y profesores acreditados, podrán incurrir en las siguientes infracciones:

Punto 2 .Infracciones graves:

a) La realización de funciones de seguridad privada que excedan de la habilitación obtenida.

b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en empresas de seguridad privada, o en la plantilla de la empresa, cuando resulte preceptivo conforme a lo dispuesto en el artículo 38.5, o al margen de los despachos de detectives.

.Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 1.001 a 6.000 euros.

b) Suspensión temporal de la habilitación por un plazo de entre seis meses y un año.

 

 

 

Por la comisión de infracciones graves:

a) Multa de 3.001 a 20.000 euros.

b) Suspensión temporal de la declaración responsable del centro de formación por un plazo de entre seis meses y un año.

Ley de seguridad privada 05/2014

 

 

CAPÍTULO I

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2.Definiciones

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Artículo 4. Fines.

Artículo 5. Actividades de seguridad privada.

Artículo 6. Actividades compatibles

Artículo 7. Actividades excluidas.

Artículo 8. Principios rectores.

Artículo 9. Contratación y comunicación de servicios.

Artículo 10. Prohibiciones.

Artículo 11. Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos.

CAPÍTULO II

Artículo 12. Competencias de la Administración General del Estado.

Artículo 13. Competencias de las comunidades autónomas.

Artículo 14. Colaboración profesional.

Artículo 15. Acceso a la información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 16. Coordinación y participación.

CAPÍTULO I

Artículo 17. Desarrollo de actividades.

Artículo 18. Autorización administrativa.

Artículo 19. Requisitos generales.

Artículo 20. Inscripción registral.

Artículo 21. Obligaciones generales.

Artículo 22. Representantes legales.

Artículo 23. Consideración de sector específico.

CAPÍTULO II

Artículo 24. Apertura de despachos de detectives privados

Artículo 25. Obligaciones generales.

CAPÍTULO I

Artículo 26. Profesiones de seguridad privada

Artículo 27. Habilitación profesional.

Artículo 28. Requisitos generales.

Artículo 29. Formación.

Artículo 30. Principios de actuación.

Artículo 31. Protección jurídica de agente de la autoridad.

CAPÍTULO II

Artículo 32. Vigilantes de seguridad y su especialidad.

Artículo 33.   Escoltas privados

Artículo 34. Guardas rurales y sus especialidades.

Artículo 35. Jefes de seguridad.

Artículo 36. Directores de seguridad

Artículo 37. Detectives privados.

CAPÍTULO I

Artículo 38. Prestación de los servicios de seguridad privada.

Artículo 39. Forma de prestación.

CAPÍTULO II

Artículo 40. Servicios con armas de fuego.

Artículo 41. Servicios de vigilancia y protección.

Artículo 42. Servicios de videovigilancia.

Artículo 43. Servicios de protección personal.

Artículo 44. Servicios de depósito de seguridad.

Artículo 45. Servicios de transporte de seguridad.

Artículo 46. Servicios de instalación y mantenimiento.

Artículo 47. Servicios de gestión de alarmas.

CAPÍTULO III

Artículo 48. Servicios de investigación privada.

Artículo 49. Informes de investigación.

Artículo 50. Deber de reserva profesional.

CAPÍTULO IV

Artículo 51. Adopción de medidas.

Artículo 52. Tipos de medidas.

Artículo 53. Actuaciones de control.

Artículo 54. Actuaciones de inspección.

Artículo 55. Medidas provisionales anteriores al procedimiento.

CAPÍTULO I

Artículo 56. Clasificación y prescripción.

Artículo 57. Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, de sus representantes legales, de los despachos de detectives privados y de las centrales de alarma de uso propio.

Artículo 58. Infracciones del personal que desempeñe funciones de seguridad privada.

Artículo 59. Infracciones de los usuarios y centros de formación.

Artículo 60. Colaboración reglamentaria.

CAPÍTULO II

Artículo 61. Sanciones a las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes legales, los despachos de detectives privados y las centrales de alarma de uso propio.

Artículo 62. Sanciones al personal.

Artículo 63. Sanciones a usuarios y centros de formación.

Artículo 64. Graduación de las sanciones.

Artículo 65. Aplicación de las sanciones.

Artículo 66. Competencia sancionadora.

Artículo 67. Decomiso del material.

Artículo 68. Prescripción de las sanciones.

CAPÍTULO III

Artículo 69. Medidas cautelares.

Artículo 70. Ejecutoriedad.

Artículo 71. Publicidad de las sanciones.

Artículo 72. Multas coercitivas.

 

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

 

 

PREÁMBULO

I

La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos.

Los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como la forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoración de posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil, obtienen seguridad adicional más allá de la que provee la seguridad pública o satisfacen sus necesidades de información profesional con la investigación de asuntos de su legítimo interés. En esta óptica, la existencia de la seguridad privada se configura como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos. La consideración de la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la seguridad pública, es hoy un hecho innegable.

No solo en España sino fundamentalmente en nuestro entorno europeo, la seguridad privada se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de seguridad.

En los últimos años se han producido notables avances en la consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad. Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.

La seguridad, entendida como pilar básico de la convivencia ejercida en régimen de monopolio por el poder público del Estado, tanto en su vertiente preventiva como investigadora, encuentra en la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada, y una forma de articular el reconocimiento de la facultad que tienen los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.

La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

A partir de ahí, se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detecten el acaecimiento de hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.

La defensa de la seguridad y el legítimo derecho a usarla no pueden ser ocasión de agresión o desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las entidades privadas de seguridad y de su personal, por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

Desde otra perspectiva, pero igualmente integrada en el objeto de regulación de esta ley, es necesario dar el paso de reconocer la especificidad de los servicios de investigación privada el papel que han alcanzado en nuestra sociedad en los últimos años. Siendo diferentes de los demás servicios de seguridad privada, su acogida en esta norma, dentro del conjunto de actividades de seguridad privada, refleja la configuración de aquéllos como un elemento más que contribuye a garantizar la seguridad de los ciudadanos, entendida en un sentido amplio.

II

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que ahora se deroga, vino a ordenar un sector hasta entonces regulado por una normativa dispersa, de rango inferior y de orientación preconstitucional en algunos casos, que contemplaba una realidad todavía incipiente, y a la que dicho marco legal permitió desarrollarse de forma armónica hasta alcanzar la importancia y transcendencia que ahora tiene, habiendo sabido concitar la generalizada aceptación de la sociedad española.

Ciertamente, la Ley 23/1992, de 30 de julio, así como su normativa de desarrollo, ha supuesto un gran avance para la evolución de la seguridad privada en España, e incluso ha constituido un modelo para procesos normativos análogos en otros Estados de la Unión Europea. Sin embargo, resulta imprescindible alumbrar una nueva normativa legal que dé solución a los problemas detectados y permita seguir evolucionando a un sector de la industria de servicios española que tanto ha contribuido a la seguridad.

En efecto, la regulación del año 1992 resulta hoy claramente insuficiente, lo que se percibe en sus profundas lagunas y carencias, paliadas parcialmente en el posterior reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, e incluso por normas de rango inferior o simples resoluciones. Han sido en muchas ocasiones este tipo de normas las que han permitido que la Ley 23/1992, de 30 de julio, haya podido mantener su vigencia hasta el momento actual.

Además, la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea ha obligado a que la norma fundamental que regula en España la seguridad privada, la Ley 23/1992, de 30 de junio, haya debido ser modificada por los Reales Decretos-leyes 2/1999, de 29 de enero, y 8/2007, de 14 de septiembre, así como por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con la finalidad de adaptarse cada vez a un entorno más abierto y globalizado, fenómeno que la citada ley, lógicamente, consideró de manera muy colateral.

Otros dos factores determinantes de la necesidad de sustituir la vigente ley cabecera de este sector del ordenamiento jurídico son los importantísimos cambios tecnológicos, que condicionan la prestación de servicios de seguridad, y la tendencia a la integración de las distintas seguridades en un concepto de seguridad integral, cuestión a tener en cuenta tanto en el ámbito de las actividades como en el de las funciones y servicios que presta el personal de seguridad privada, aspectos éstos que la Ley 23/1992, de 30 de julio, no podía contemplar.

Pasados veinte años desde su promulgación, ante un sector maduro y completamente profesionalizado, con presencia en todos los lugares y niveles de la vida del país y de sus ciudadanos, y ante una realidad completamente diferente a la del año 1992, es necesario aprobar una nueva norma que permita solucionar los problemas de funcionamiento detectados a lo largo de estas dos décadas pasadas.

Este fenómeno de insuficiencia de regulación se da aún más, si cabe, con las actividades de investigación privada y los detectives privados, cuya inserción tangencial en la Ley 23/1992, de 30 de julio, vino a abundar en el problema expuesto. En efecto son muy escasas las prevenciones sobre dichas actividades y personal no sólo en sede legal, sino también reglamentaria, por lo cual esta ley afronta de manera decidida y completa, en lo que le corresponde, la definición de su contenido, perfiles, limitaciones y características de quienes, convenientemente formados y habilitados, la desarrollan. De esta manera la regulación de las actividades y el personal de investigación privada pasa a constituir uno de los elementos fundamentales de la nueva ley, abandonando la presencia colateral que tiene en la vigente normativa.

III

Al contrario de la anterior regulación, la nueva ley representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro.

En consecuencia, es preciso transitar desde la concepción de control y sanción, que inspira el preámbulo y el articulado de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y que tuvo su razón de ser en aquel momento, hasta una norma que permita aprovechar las enormes potencialidades que presenta la seguridad privada desde la perspectiva del interés público.

Es por eso que la nueva regulación contempla, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal de seguridad; la eliminación de las situaciones que dan lugar al intrusismo tanto de las empresas como del personal; la dotación al personal de seguridad privada del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones legales, y los elementos de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública.

La ley pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad, mediante una técnica legislativa más flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que experimente la sociedad sin que sea precisa una reforma de rango legal para ello.

En la relación especial que mantiene la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, auténticos garantes del sistema de libertades y derechos que constitucionalmente protegen, se hace necesario avanzar en fórmulas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes.

Se aborda, así, una reforma en profundidad de la regulación legal hasta ahora vigente que pivota sobre dos ejes. En primer lugar, sobre la base irrenunciable de la preeminencia de la seguridad pública sobre la seguridad privada, se realiza una adecuación de la normativa que permita su adaptación y dé respuesta a la necesidad real de seguridad en cada momento, de manera que se aprovechen todas sus potencialidades. En segundo lugar, los poderes de intervención y control público sobre la seguridad privada se focalizan en los aspectos verdaderamente esenciales para la seguridad pública, desregulando los aspectos accesorios que no tienen una directa relación con el servicio de seguridad, al tiempo que se moderniza su gestión y se potencia su colaboración con la seguridad pública.

En resumen, puede decirse que el conjunto de los cambios propuestos en la nueva ley, además de mejorar y resolver problemas técnicos, de gestión y operativos, profundiza decididamente en el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública), apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía, de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las entidades privadas de seguridad.

Este mismo enfoque inspira los preceptos que se dedican a la investigación privada. En este punto, el legislador, como en las restantes actividades contempladas en la ley, tiene que hacer compatible ese enfoque positivo con una serie de prevenciones indispensables para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente los del artículo 18 de la Constitución.

IV

Uno de los aspectos donde más se ha puesto de manifiesto el cambio habido desde la aprobación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, es en la participación de las comunidades autónomas en la materia. Lo que entonces era algo residual se ha transformado en un fenómeno de mayor calado, pues a las comunidades autónomas con competencia estatutariamente asumida para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público, se van uniendo otras comunidades autónomas cuyos nuevos estatutos de autonomía reconocen su competencia sobre la seguridad privada, aunque en ambos casos con sujeción a lo que el Estado regule de acuerdo con el artículo 149.1.29.ª de la Constitución.

Así, la nueva ley quiere reconocer este cambio de situación y contemplar el fenómeno de una manera global, no tangencial, como hasta el momento, reflejando los diferentes niveles competenciales en función de las previsiones estatutarias.

Para que la actuación de las distintas administraciones públicas sea coherente con el mantenimiento de la armonía del sistema, es fundamental incidir en los principios de coordinación y cooperación interadministrativa.

Al objeto de evitar interferencias y duplicidades, se prevén mecanismos de coordinación institucional, se clarifica el reparto de competencias estatales y autonómicas, se afianza la competencia exclusiva del Estado en materia normativa y se sitúan en la órbita ejecutiva las competencias de las comunidades autónomas.

V

Se pasa de un tratamiento normativo parcial a una ley generalista, reguladora de la totalidad de materias que configuran el sector de la seguridad privada, dotada de sistematicidad normativa a lo largo de sus siete títulos, con un desglose de materias que abarcan desde lo más general hasta lo más específico.

Así, en el título preliminar se ha aprovechado para dar definición legal a conceptos o términos que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados, tales como el propio de seguridad privada, o los de actividades de seguridad, servicios de seguridad, funciones de seguridad, medidas de seguridad, despachos de detectives privados u otros de significada importancia, lo que sin duda alguna ha de tener una directa repercusión favorable en la mejora de la seguridad jurídica.

En esta línea, por primera vez se fija el ámbito material y la finalidad a la que sirve la propia seguridad privada, que no puede ser otra que contribuir, con su acción profesional, a completar la seguridad pública de la que forma parte.

Otras importantes novedades que la nueva ley incorpora en su título preliminar son las referidas a la actualización del ámbito de las actividades de seguridad privada; se regulan las llamadas actividades compatibles, consistentes en todas aquellas materias que rodean o tienen incidencia directa con el mundo de la seguridad, y, por otra parte, se completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada, como es el caso de la investigación privada, que se incluye con normalidad en el catálogo de actividades de seguridad.

Además, se reconoce a los operadores de seguridad la condición de personal acreditado como respuesta al gran avance tecnológico y profunda transformación que ha experimentado la actividad de verificación de alarmas.

La seguridad de la información y las comunicaciones aparece por primera vez configurada no como actividad específica de seguridad privada, sino como actividad compatible que podrá ser desarrollada tanto por empresas de seguridad como por las que no lo sean, y que, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, llevará implícito el sometimiento a ciertas obligaciones por parte de proveedores y usuarios.

Igualmente, en la línea de reducir restricciones a la libre competencia, se liberaliza la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada, que pasa a considerarse como una actividad compatible no reservada a las empresas de seguridad privada, ya que su afección a esta última, y mediatamente a la seguridad pública, no es directa.

También se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta.

En el título I se plasma una de las ideas claves que han inspirado la redacción de la ley, como es la coordinación y la colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el único objetivo de mejorar la seguridad pública, mediante el intercambio de información siempre con todas las garantías legales, y la apuesta decidida por unos órganos de encuentro que han de ser mucho más proactivos que hasta el momento.

En el título II se da rango legal a algunos preceptos dedicados a la regulación de empresas de seguridad y despachos de detectives, o a los registros de ambos, que se unifican en el nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada.

Además, se regula un sistema flexible que permitirá, cuando sea necesario por razón de las instalaciones vigiladas, aumentar los requisitos de las empresas, o reducirlos por razón de la actividad desempeñada.

En línea con el favorecimiento de la actividad económica, la ley sustituye el sistema más gravoso de la autorización administrativa por el de la declaración responsable para los centros de formación de personal de seguridad privada, los despachos de detectives privados y las empresas de instalación y mantenimiento.

En el título III se regulan cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, donde no tenían correcta ubicación, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad, ya que la Ley 23/1992, de 30 de julio, tan sólo se ocupaba de las funciones de los vigilantes de seguridad y de los detectives privados.

La ley modifica el nombre de los guardas particulares del campo, para configurarlos, más adecuadamente, como guardas rurales.

Por otra parte, se resuelve el problema del requisito de la nacionalidad española o de un Estado de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para poder acceder a las profesiones de seguridad, que ahora se amplía a los nacionales de terceros Estados que tengan suscrito con España un convenio internacional en el que se contemple tal posibilidad a los nacionales de ambos Estados.

Otra de las novedades que se incorpora en materia de personal, largamente demandada por el sector, es la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además de eliminar el inadecuado y distorsionador período de inactividad, que tantas dificultades y problemas ha supuesto para la normal reincorporación al sector del personal de seguridad privada, en la formación del personal, junto al actual sistema de acceso a la profesión a través exclusivamente del Ministerio del Interior, se da cabida a otras posibilidades de acceso mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional reglada o de grado universitario para el acceso a las diferentes profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En el título IV se regulan por primera vez en una norma de rango legal y de forma armónica las medidas de seguridad, así como la especificación de la forma de prestación de los principales servicios de seguridad (vigilancia y protección, protección personal, depósitos y transportes de seguridad, e investigación privada), dotando de concreción a otros importantes servicios para los que la Ley 23/1992, de 30 de julio, y su reglamento de desarrollo no contienen más que referencias aisladas (verificación y respuesta ante alarmas, instalación y mantenimiento de sistemas), o no contienen regulación alguna, como sucede con la videovigilancia en el ámbito de la seguridad privada, en cumplimiento del mandato contenido en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, de utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

En este título resulta especialmente relevante la regulación de los servicios de videovigilancia y de investigación privada, ya que se trata de servicios que potencialmente pueden incidir de forma directa en la esfera de la intimidad de los ciudadanos. En el segundo caso, desde el ánimo de compaginar los diversos intereses en juego, se abordan cuestiones tan delicadas como la legitimidad del encargo, el contenido del informe de investigación o el deber de reserva profesional.

En el título V se recogen, también por vez primera en sede legal, las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad, así como la obligación de colaboración por parte de los afectados. Especialmente relevante es la incorporación de un precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales, cuando en el marco de una inspección lo consideren absolutamente necesario, quedando en todo caso sujetas a ratificación por la autoridad competente. Igualmente, se limita, por razón de la intimidad de los datos, el acceso al contenido de los informes de investigación privada en las inspecciones policiales a la mera constatación de su existencia, salvo que medien investigaciones policiales o judiciales o procedimientos sancionadores.

En el título VI se da solución a algunas de las principales carencias de la anterior legislación referidas al régimen sancionador. Así, se contemplan con la debida separación las infracciones que pueden ser cometidas por las entidades, el personal o los usuarios de seguridad privada, incluyendo, junto a estos últimos, a los centros de formación en la materia.

Se hace especial hincapié en la regulación de todas aquellas conductas infractoras que tengan por objeto evitar el intrusismo ya sea realizado por empresas de seguridad, por personal no habilitado, por empresas de servicios que desarrollan actividades materialmente de seguridad privada o por los propios usuarios.

A este respecto, es importante destacar el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la graduación de las infracciones y a los criterios para determinar la imposición de las correspondientes sanciones, con el objetivo básico de garantizar la mayor individualización de aquéllas.

Por último, en la parte final, el texto contempla aquellas disposiciones necesarias para garantizar una transición correcta desde la Ley 23/1992, de 30 de julio, a la nueva legislación, sobre todo hasta que ésta sea objeto del correspondiente desarrollo reglamentario.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 1. Objeto.

1. Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por éstos, son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Igualmente regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquéllas o éstos. Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública.

2. Asimismo, esta ley, en beneficio de la seguridad pública, establece el marco para la más eficiente coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que son complementarios.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de esta ley se entiende por:

1. Seguridad privada: el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades.

2. Actividades de seguridad privada: los ámbitos de actuación material en que los prestadores de servicios de seguridad privada llevan a cabo su acción empresarial y profesional.

3. Servicios de seguridad privada: las acciones llevadas a cabo por los prestadores de servicios de seguridad privada para materializar las actividades de seguridad privada.

4. Funciones de seguridad privada: las facultades atribuidas al personal de seguridad privada.

5. Medidas de seguridad privada: las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los fines de prevención o protección pretendidos.

6. Prestadores de servicios de seguridad privada: las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives y el personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada.

7. Empresa de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen de declaración responsable, para prestar servicios de seguridad privada.

8. Personal de seguridad privada: las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones de seguridad privada.

9. Personal acreditado: profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas que les asignan esta ley y operadores de seguridad.

10. Usuario de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada.

11. Despachos de detectives privados: las oficinas constituidas por uno o más detectives privados que prestan servicios de investigación privada.

12. Centros de formación de aspirantes o de personal de seguridad privada: establecimientos sometidos al régimen de declaración responsable para impartir en sus locales formación al personal de seguridad privada.

13. Elemento, producto o servicio homologado: aquel que reúne las especificaciones técnicas o criterios que recoge una norma técnica al efecto.

14. Elemento, producto o servicio acreditado, certificado o verificado: aquel que lo ha sido por una entidad independiente, constituida a tal fin y reconocida por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de esta ley son de aplicación a las empresas de seguridad privada, al personal de seguridad privada, a los despachos de detectives, a los servicios de seguridad privada, a las medidas de seguridad y a los contratos celebrados en éste ámbito.

2. Igualmente, en la medida que resulte pertinente en cada caso, se aplicarán a los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, a los usuarios de los servicios de seguridad privada, a los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad, a los operadores de seguridad, a los profesores de centros de formación, a las empresas prestadoras de servicios de seguridad informática, a las centrales receptoras de alarmas de uso propio y a los centros de formación de personal de seguridad privada.

3. El régimen sancionador y las medidas provisionales, así como el ejercicio de las facultades de inspección, serán también aplicables a aquellas empresas y personal que presten servicios o ejerzan funciones de seguridad privada sin estar autorizadas o haber presentado declaración responsable, o sin estar habilitados o acreditados para el ejercicio legal de los mismos.

Artículo 4. Fines.

La seguridad privada tiene como fines:

a) Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios de seguridad privada, velando por la indemnidad o privacidad de las personas o bienes cuya seguridad o investigación se le encomiende frente a posibles vulneraciones de derechos, amenazas deliberadas y riesgos accidentales o derivados de la naturaleza.

b) Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones.

c) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.

Artículo 5. Actividades de seguridad privada.

1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:

a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.

b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.

c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y protección especial.

d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial.

e) El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores.

f) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia.

g) La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos.

h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

2. Los servicios sobre las actividades relacionadas en los párrafos a) a g) del apartado anterior únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los despachos de detectives podrán prestar, con carácter exclusivo y excluyente, servicios sobre la actividad a la que se refiere el párrafo h) del apartado anterior.

3. Las entidades públicas o privadas podrán constituir, previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente, centrales receptoras de alarmas de uso propio para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma que reciban de los sistemas de seguridad instalados en bienes inmuebles o muebles de su titularidad, sin que puedan dar, a través de las mismas, ningún tipo de servicio de seguridad a terceros.

Artículo 6. Actividades compatibles.

1. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley, sin perjuicio de la normativa específica que pudiera resultar de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la homologación de productos, las siguientes actividades:

a) La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o productos de seguridad y de cerrajería de seguridad.

b) La fabricación, comercialización, venta o entrega de equipos técnicos de seguridad electrónica, así como la instalación o mantenimiento de dichos equipos siempre que no estén conectados a centrales de alarma o centros de control o de videovigilancia.

c) La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas de prevención o protección contra incendios o de alarmas de tipo técnico o asistencial, o de sistemas o servicios de control o mantenimiento.

d) La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los servicios de seguridad.

Estas actividades podrán desarrollarse por las empresas de seguridad privada.

2. Quedan también fuera del ámbito de aplicación de esta ley, a no ser que impliquen la asunción o realización de servicios o funciones de seguridad privada, y se regirán por las normas sectoriales que les sean de aplicación en cada caso, los siguientes servicios y funciones:

a) Las de información o de control en los accesos a instalaciones, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el acceso de personas o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio, así como la ejecución de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en las puertas o en el interior de inmuebles, locales públicos, aparcamientos, garajes, autopistas, incluyendo sus zonas de peajes, áreas de servicio, mantenimiento y descanso, por porteros, conserjes y demás personal auxiliar análogo.

b) Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de comprobación de entradas, documentos o carnés, en cualquier clase de edificios o inmuebles, y de cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio.

c) El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de instalaciones en cumplimiento de la normativa interna de los mismos.

d) Las de comprobación y control del estado y funcionamiento de calderas, bienes e instalaciones en general, en cualquier clase de inmuebles, para garantizar su conservación y funcionamiento.

Estos servicios y funciones podrán prestarse o realizarse por empresas y personal de seguridad privada, siempre con carácter complementario o accesorio de las funciones de seguridad privada que se realicen y sin que en ningún caso constituyan el objeto principal del servicio que se preste.

3. El personal no habilitado que preste los servicios o funciones comprendidos en el apartado anterior, en ningún caso podrá ejercer función alguna de las reservadas al personal de seguridad privada, ni portar ni usar armas ni medios de defensa, ni utilizar distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los previstos para dicho personal.

4. Los prestadores de servicios de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, no conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia, quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación de seguridad privada.

5. Las empresas de seguridad privada que se dediquen a la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que no incluyan la conexión a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia, sólo están sometidas a la normativa de seguridad privada en lo que se refiere a las actividades y servicios de seguridad privada para las que se encontrasen autorizadas.

6. A las empresas, sean o no de seguridad privada, que se dediquen a las actividades de seguridad informática, entendida como el conjunto de medidas encaminadas a proteger los sistemas de información a fin de garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma o del servicio que aquéllos prestan, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, se les podrán imponer reglamentariamente requisitos específicos para garantizar la calidad de los servicios que presten.

Artículo 7. Actividades excluidas.

1. No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar o que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su entorno personal o patrimonial, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada prestado a terceros.

Cuando los interesados tengan el carácter de empresas o entidades de cualquier tipo, en ningún caso utilizarán a sus empleados para el desarrollo de las funciones previstas en la presente ley, reservadas a las empresas y el personal de seguridad privada.

2. Queda fuera del ámbito de aplicación de esta ley la obtención por uno mismo de información o datos, así como la contratación de servicios de recepción, recopilación, análisis, comunicación o suministro de información libre obrante en fuentes o registros de acceso público.

Artículo 8. Principios rectores.

1. Los servicios y funciones de seguridad privada se prestarán con respeto a la Constitución, a lo dispuesto en esta ley, especialmente en lo referente a los principios de actuación establecidos en el artículo 30, y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Los prestadores de servicios de seguridad privada colaborarán, en todo momento y lugar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sujeción a lo que éstas puedan disponer en relación con la ejecución material de sus actividades.

3. De conformidad con lo dispuesto en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada tendrán especial obligación de auxiliar y colaborar, en todo momento, con aquéllas en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones, en relación con los servicios que presten que afecten a la seguridad pública o al ámbito de sus competencias.

4. Las empresas, los despachos y el personal de seguridad privada:

a) No podrán intervenir ni interferir, mientras estén ejerciendo los servicios y funciones que les son propios, en la celebración de reuniones y manifestaciones, ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales.

b) No podrán ejercer ningún tipo de control sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni proceder al tratamiento, automatizado o no, de datos relacionados con la ideología, afiliación sindical, religión o creencias.

c) Tendrán prohibido comunicar a terceros, salvo a las autoridades judiciales y policiales para el ejercicio de sus respectivas funciones, cualquier información que conozcan en el desarrollo de sus servicios y funciones sobre sus clientes o personas relacionadas con éstos, así como sobre los bienes y efectos de cuya seguridad o investigación estuvieran encargados.

5. El Ministro del Interior o, en su caso, el titular del órgano autonómico competente prohibirá la utilización en los servicios de seguridad privada de determinados medios materiales o técnicos cuando pudieran causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.

6. Cuando el personal de seguridad privada desempeñe sus funciones en entidades públicas o privadas en las que se presten servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio del derecho de huelga, a lo que respecto de dichas entidades disponga la legislación vigente.

Artículo 9. Contratación y comunicación de servicios.

1. No podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido previamente contratado y, en su caso, autorizado.

2. De acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad privada deberán, en todo caso, formalizarse por escrito y comunicarse su celebración al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente con antelación a la iniciación de los mismos.

3. La comunicación de contratos de servicios de investigación privada contendrá exclusivamente los datos necesarios para identificar a las partes contratantes, excluidos los de carácter personal.

Artículo 10. Prohibiciones.

1. Con carácter general y además de otras prohibiciones contenidas en esta ley, se establecen las siguientes:

a) La prestación o publicidad de servicios de seguridad privada por parte de personas, físicas o jurídicas, carentes de la correspondiente autorización o sin haber presentado declaración responsable.

b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte de personas físicas carentes de la correspondiente habilitación o acreditación profesional.

c) La prestación de servicios de seguridad privada incumpliendo los requisitos o condiciones legales de prestación de los mismos.

d) El empleo o utilización, en servicios de seguridad privada, de medios o medidas de seguridad no homologadas cuando sea preceptivo, o de medidas o medios personales, materiales o técnicos de forma tal que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, o cuando incumplan las condiciones o requisitos establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo.

2. Los despachos de detectives y los detectives privados no podrán celebrar contratos que tengan por objeto la investigación de delitos perseguibles de oficio ni, en general, investigar delitos de esta naturaleza, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento, relacionado con dichos delitos.

3. Las empresas de seguridad no podrán realizar los servicios de investigación privada propios de los despachos de detectives privados, y éstos no podrán prestar servicios propios de las empresas de seguridad privada.

Artículo 11. Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos.

1. Serán objeto de inscripción de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones o acreditaciones, el personal de seguridad privada, las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, así como delegaciones y sucursales, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, cuando no sean objeto de inscripción en los registros de las comunidades autónomas.

Igualmente, se inscribirán en el Registro Nacional de Seguridad Privada las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada, cuando tales sanciones, comunicaciones y datos se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en un ámbito territorial distinto al de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada.

2. En los registros de las comunidades autónomas, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones, se inscribirán de oficio las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, así como delegaciones y sucursales, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, que tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio.

Igualmente, se inscribirán en dichos registros las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada, cuando tales sanciones, comunicaciones y datos se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en el ámbito territorial propio de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada.

3. En el referido Registro Nacional, además de la información correspondiente a las empresas de seguridad privada que en el mismo se inscriban, se incorporará la relativa a las empresas de seguridad privada inscritas en los registros de las comunidades autónomas con competencia en la materia.

A tales efectos, los órganos competentes de las mencionadas comunidades autónomas deberán comunicar al Registro Nacional de Seguridad Privada los datos de las inscripciones y anotaciones que efectúen sobre las empresas de seguridad privada que inscriban, así como sus modificaciones y cancelaciones.

4. En los mencionados registros, nacional y autonómicos, se anotarán también los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

5. Las autoridades responsables del Registro Nacional y de los registros autonómicos establecerán los mecanismos de colaboración y reciprocidad necesarios para permitir su interconexión e interoperabilidad, la determinación coordinada de los sistemas de numeración de las empresas de seguridad privada y el acceso a la información registral contenida en los mismos, para el ejercicio de sus respectivas competencias.

6. Dichos registros serán públicos exclusivamente en cuanto a los asientos referentes a la denominación o razón social, domicilio, número de identificación fiscal y actividades en relación con las cuales estén autorizadas o hayan presentado la declaración responsable las empresas de seguridad privada, despachos de detectives, centros de formación del personal de seguridad privada y centrales de alarmas de uso propio.

7. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Seguridad Privada.

CAPÍTULO II

Competencias de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas

Artículo 12. Competencias de la Administración General del Estado.

1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el ejercicio de las siguientes facultades:

a) La autorización o recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones cuya competencia no haya sido asumida por las comunidades autónomas.

b) La recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos de detectives privados y de sus sucursales, así como su inspección y sanción, cuando el ejercicio de estas facultades no sea competencia de las comunidades autónomas.

c) La habilitación e inhabilitación del personal de seguridad privada, y la determinación del armamento, documentación, uniformidad, distintivos y medios de defensa de dicho personal, así como la acreditación, en todo caso, de los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad y de los operadores de seguridad.

d) La aprobación, modificación y cancelación de los programas y cursos específicos de formación del personal de seguridad privada que no sean de la competencia de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte o de Empleo y Seguridad Social.

e) La recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de los centros de formación del personal de seguridad privada cuya competencia no haya sido asumida por las comunidades autónomas, así como la acreditación, en todo caso, de su profesorado.

f) La autorización, inspección y sanción de los servicios de protección personal, cuando no sea competencia de las comunidades autónomas, y de aquellas actividades y servicios transfronterizos de seguridad que puedan prestarse por las empresas y el personal de seguridad privada.

g) La autorización de los servicios de seguridad privada y de centrales de alarma de uso propio que se presten en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada, así como la inspección y sanción de estos servicios en aquella parte de los mismos que se realice fuera del territorio de dichas comunidades autónomas.

h) La determinación reglamentaria de las características técnicas y de homologación que resulten exigibles a los productos, sistemas, dispositivos, equipos, medidas y servicios de seguridad privada.

i) La determinación reglamentaria de los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad privada, así como la fijación del tipo y alcance de las medidas obligatorias que ha de cumplir cada tipo de establecimiento.

j) La autorización, inspección y sanción de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios que estén obligados a adoptar medidas de seguridad, cuando el ejercicio de esas facultades no sea competencia de las comunidades autónomas.

k) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado y de conformidad con lo dispuesto en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

a) Corresponde a la Dirección General de la Policía el control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones.

b) Corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil el ejercicio de sus competencias en materia de armas sobre las empresas y el personal de seguridad privada, así como el control de los guardas rurales y sus especialidades. Sin afectar a las competencias que corresponden a la Dirección General de la Policía podrá participar en el control de las actuaciones operativas del personal de seguridad privada, que preste servicios en su ámbito de competencias.

Artículo 13. Competencias de las comunidades autónomas.

1. Las comunidades autónomas que, con arreglo a sus estatutos de autonomía, tengan competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, ejecutarán la legislación del Estado sobre las siguientes materias:

a) La autorización de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones, así como la recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos de detectives privados y de sus sucursales, cuando, en ambos casos, tengan su domicilio en la comunidad autónoma y su ámbito de actuación esté limitado a su territorio.

b) La autorización de las actividades y servicios de seguridad privada que se realicen en la comunidad autónoma cuando requieran de la misma o de control previo.

c) La inspección y sanción de las actividades y servicios de seguridad privada que se realicen en la comunidad autónoma, así como de quienes los presten o utilicen y la inspección y sanción de los despachos de detectives privados y de sus sucursales que realicen su actividad en la comunidad autónoma.

d) La recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de los centros de formación del personal de seguridad privada que tengan su sede en la comunidad autónoma.

e) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas prestados en la comunidad autónoma con los de la policía autonómica y las policías locales.

f) La autorización, inspección y sanción de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios sitos en la comunidad autónoma que estén obligados a adoptar medidas de seguridad.

2. Las comunidades autónomas que, en virtud de sus estatutos de autonomía, hayan asumido competencia ejecutiva en materia de seguridad privada cuando así lo establezca la legislación del Estado, la ejercerán si disponen de cuerpo de policía propia o establecen fórmulas de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía previstas en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre las siguientes materias:

a) La autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio.

b) La denuncia, y puesta en conocimiento de las autoridades competentes, de las infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentren incluidas en el párrafo anterior.

TÍTULO I

Coordinación

Artículo 14. Colaboración profesional.

1. La especial obligación de colaboración de las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se desarrollará con sujeción al principio de legalidad y se basará exclusivamente en la necesidad de asegurar el buen fin de las actuaciones tendentes a preservar la seguridad pública, garantizándose la debida reserva y confidencialidad cuando sea necesario.

2. Las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada deberán comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, tan pronto como sea posible, cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como todo hecho delictivo del que tuviesen conocimiento en el ejercicio de su actividad o funciones, poniendo a su disposición a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas relacionadas con los mismos.

3. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán facilitar al personal de seguridad privada, en el ejercicio de sus funciones, informaciones que faciliten su evaluación de riesgos y consiguiente implementación de medidas de protección. Si estas informaciones contuvieran datos de carácter personal sólo podrán facilitarse en caso de peligro real para la seguridad pública o para evitar la comisión de infracciones penales.

Artículo 15. Acceso a la información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

1. Se autorizan las cesiones de datos que se consideren necesarias para contribuir a la salvaguarda de la seguridad ciudadana, así como el acceso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los sistemas instalados por las empresas de seguridad privada que permitan la comprobación de las informaciones en tiempo real cuando ello sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales.

2. El tratamiento de datos de carácter personal, así como los ficheros, automatizados o no, creados para el cumplimiento de esta ley se someterán a lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

3. La comunicación de buena fe de información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por las entidades y el personal de seguridad privada no constituirá vulneración de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa, cuando ello sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales.

Artículo 16. Coordinación y participación.

1. El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado se constituirán comisiones mixtas de seguridad privada, nacionales, autonómicas o provinciales, con el carácter de órganos consultivos y de colaboración entre las administraciones públicas y los representantes del sector. Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente.

3. En las comunidades autónomas que tengan asumidas las competencias en materia de seguridad privada de conformidad con lo establecido en el artículo 13, también podrán existir órganos consultivos en materia de seguridad privada, con la composición y funcionamiento que en cada caso se determine.

TÍTULO II

Empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados

CAPÍTULO I

Empresas de seguridad privada

Artículo 17. Desarrollo de actividades.

1. Las empresas de seguridad privada únicamente podrán prestar servicios sobre las actividades previstas en el artículo 5.1, excepto la contemplada en el párrafo h) del mismo.

2. Además de estas actividades, las empresas de seguridad privada podrán realizar las actividades compatibles a las que se refiere el artículo 6 y dedicarse a la formación, actualización y especialización del personal de seguridad privada, perteneciente o no a sus plantillas, en cuyo caso deberán crear centros de formación, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.4 y a lo que reglamentariamente se determine.

3. Las empresas de seguridad privada podrán revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo cumplir, en ambos casos, la totalidad de condiciones y requisitos previstos en este capítulo para las empresas de seguridad privada.

Artículo 18. Autorización administrativa.

1. Para la prestación de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán obtener autorización administrativa y serán inscritas de oficio en el registro correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.

2. La autorización administrativa se suplirá por una declaración responsable cuando pretendan dedicarse exclusivamente a la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1.f).

3. La validez de la autorización o de la declaración responsable será indefinida.

Artículo 19. Requisitos generales.

1. Para la autorización o, en su caso, presentación de declaración responsable, la posterior inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico y el desarrollo de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil o en el registro público correspondiente y tener por objeto exclusivo todas o alguna de las actividades a las que se refiere el artículo 5.1, excepto la del párrafo h). No obstante, en dicho objeto podrán incluir las actividades que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las actividades de seguridad autorizadas, así como las compatibles contempladas en el artículo 6.

b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

c) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos adecuados que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se determinen reglamentariamente, en función de la naturaleza de las actividades para las que soliciten la autorización o se presente la declaración responsable, y de las características de los servicios que se prestan en relación con tales actividades. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas, habrán de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento. Igualmente, los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad privada y los operadores de seguridad, deberán disponer de la correspondiente acreditación expedida por el Ministerio del Interior, que se limitará a comprobar la honorabilidad del solicitante y la carencia de antecedentes penales, en los términos que reglamentariamente se establezca.

d) Disponer de las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.

e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.

f) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas, para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de la empresa.

g) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros, salvo que hubiesen cancelado sus antecedentes penales. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.

h) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros en los cinco años anteriores a la solicitud. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.

2. Además del cumplimiento de los requisitos generales, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto alguna de las actividades contempladas en el artículo 5.1.b), c), d), e) y g), se les podrá exigir reglamentariamente el cumplimiento de requisitos y garantías adicionales adecuados a la singularidad de los servicios relacionados con dichas actividades.

3. Igualmente, en relación con las actividades contempladas en el artículo 5.1.a), f) y g), podrán ampliarse los requisitos referentes a medios personales y materiales, conforme se disponga reglamentariamente, para poder prestar servicios de seguridad privada en infraestructuras críticas o en servicios esenciales, así como en los servicios descritos en el artículo 40.1 y en artículo 41.2 y 3.

4. Para la contratación de servicios de seguridad privada en los sectores estratégicos definidos en la legislación de protección de infraestructuras críticas, las empresas de seguridad privada deberán contar, con carácter previo a su prestación, con una certificación emitida por una entidad de certificación acreditada que garantice, como mínimo, el cumplimiento de la normativa administrativa, laboral, de Seguridad Social y tributaria que les sea de aplicación.

5. A los efectos previstos en el apartado 1.e) y f), de este artículo se tendrán en cuenta los requisitos ya exigidos en el Estado miembro de la Unión Europea o parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de origen en lo referente a la suscripción del contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras, así como a la constitución de avales o seguros de caución.

6. Las empresas de seguridad privada no españolas, autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior o, cuando tengan su domicilio en una comunidad autónoma con competencias en materia de seguridad privada y su ámbito de actuación limitado a dicho territorio, en el registro autonómico correspondiente, a cuyo efecto deberán acreditar su condición de empresas de seguridad privada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, en la forma que se determine reglamentariamente.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales receptoras de alarma se las podrá eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este artículo, excepto los contemplados en los párrafos e) y f) del apartado 1, cuando así se determine reglamentariamente.

8. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a la extinción de la autorización o al cierre de la empresa, en el caso de presentación de declaración responsable, y, en ambos casos, a la cancelación de oficio de la inscripción de la empresa de seguridad en el registro correspondiente.

Artículo 20. Inscripción registral.

1. Toda empresa de seguridad privada autorizada o que, en su caso, haya presentado la correspondiente declaración responsable será inscrita de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico.

2. No podrá inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico ninguna empresa cuya denominación coincida, o pueda inducir a error o confusión, con la de otra ya inscrita o con la de órganos o dependencias de las administraciones públicas, o cuando coincida o pueda inducir a confusión con una marca anterior registrada para actividades idénticas o semejantes, salvo que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento.

Artículo 21. Obligaciones generales.

1. Las empresas de seguridad privada deberán cumplir las siguientes obligaciones generales:

a) Desarrollar las actividades de seguridad privada en los términos de esta ley y en las condiciones establecidas en la autorización que les haya sido concedida o en la declaración responsable que hayan presentado.

b) Contar con la infraestructura y logística acorde con las exigencias establecidas en esta ley y en su desarrollo reglamentario.

c) Comunicar al Registro Nacional o autonómico correspondiente todo cambio que se produzca en cuanto a su forma jurídica, denominación, número de identificación fiscal, domicilio, delegaciones, ámbito territorial de actuación, representantes legales, estatutos, titularidad de las acciones y participaciones sociales, y toda variación que sobrevenga en la composición de los órganos de administración, gestión, representación y dirección de las empresas.

Las empresas de seguridad deben comunicar al Registro Nacional o autonómico del lugar donde presten servicios las altas y bajas del personal de seguridad privada de que dispongan y las incidencias concretas relacionadas con los servicios que prestan.

d) Garantizar la formación y actualización profesional del personal de seguridad privada del que dispongan y del personal de la empresa que requiera formación en materia de seguridad privada. El mantenimiento de la aptitud en el uso de las armas de fuego se hará con la participación de instructores de tiro habilitados.

e) Presentar cada año al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente un informe sobre sus actividades y el resumen de las cuentas anuales, debidamente auditadas cuando sea preceptivo, con la información y datos que reglamentariamente se determinen. En ningún caso dicha memoria contendrá datos de carácter personal. El Ministerio del Interior y los órganos autonómicos competentes darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente.

2. Asimismo, las empresas de seguridad privada vendrán obligadas a prestar especial auxilio y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo facilitar a éstas la información que se les requiera en relación con las competencias atribuidas a las mismas.

Artículo 22. Representantes legales.

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por representante legal de las empresas de seguridad privada todo aquel que asuma o realice las tareas de dirección, administración, gestión y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.

2. Los representantes de las empresas de seguridad privada, que se inscribirán en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico, deberán:

a) Ser personas físicas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.

d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades o servicios de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.

e) No haber sido administrador de hecho o de derecho o apoderado general, en los diez años anteriores, en una empresa que haya sido declarada en concurso calificado como culpable, o condenada mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales.

3. Los representantes legales de las empresas de seguridad privada serán responsables del cumplimiento de las obligaciones generales impuestas a las mismas por el artículo anterior.

Artículo 23. Consideración de sector específico.

1. Las empresas de seguridad privada tienen la consideración de sector económico con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.

2. Cuando el Consejo de Ministros, con arreglo a lo dispuesto en la normativa sobre inversiones extranjeras, suspenda el régimen de liberalización de los movimientos de capital, la autorización previa de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad privada exigirá, en todo caso, informe previo del Ministerio del Interior.

3. Las empresas de seguridad privada en las que se hubieran realizado inversiones de capital extranjero estarán obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en las mismas, en relación con lo establecido en el artículo 21.1.c).

4. Las limitaciones establecidas en los dos apartados precedentes no son de aplicación a las personas físicas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea ni a las empresas constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión Europea.

CAPÍTULO II

Despachos de detectives privados

Artículo 24. Apertura de despachos de detectives privados.

1. De acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, podrán abrir despachos de detectives privados y, en su caso, sucursales, las personas físicas habilitadas como tales y las personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives privados habilitados, que únicamente podrán desarrollar la actividad mencionada en el artículo 5.1.h).

2. Los despachos de detectives privados se inscribirán de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la comunidad autónoma competente, previa presentación de declaración responsable en la forma que reglamentariamente se determine, para lo cual deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Tener por objeto de su actividad profesional la realización de los servicios de investigación privada a que se refiere el artículo 48.1 y conforme a lo establecido en el artículo 10 de esta ley en materia de prohibiciones.

b) En el caso de personas jurídicas, estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil o en el registro público correspondiente, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 19.1.g) y h).

c) Fijar un domicilio como sede física del despacho en el que se desarrollará la actividad, se llevará el libro-registro y se encontrará el archivo de los expedientes de contratación y de los informes de investigación.

d) Facilitar una relación nominal de detectives privados adscritos al despacho como integrantes asociados o dependientes del mismo.

e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.

f) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de los despachos.

g) Mantener en todo momento el titular y los demás detectives integrantes del despacho la habilitación profesional.

h) Contar con las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.

3. La validez de la declaración responsable necesaria para la apertura de los despachos de detectives y de sus sucursales será indefinida.

4. Los despachos de detectives podrán revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo, en ambos casos, cumplir la totalidad de requisitos y obligaciones previstos en este capítulo para los despachos de detectives.

5. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para la apertura de los despachos de detectives producirá el cierre de los mismos y la cancelación de oficio de su inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o, en su caso, en el registro de la comunidad autónoma competente.

Artículo 25. Obligaciones generales.

1. Los despachos de detectives privados y sus sucursales deberán cumplir las siguientes obligaciones generales:

a) Formalizar por escrito un contrato por cada servicio de investigación que les sea encargado, comunicando su celebración al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente en la forma que reglamentariamente se determine. Dicha obligación subsistirá igualmente en los casos de subcontratación entre despachos.

b) Llevar un libro-registro, con el formato que reglamentariamente se determine, en el que se anotará cada servicio de investigación contratado o subcontratado.

c) Informar a sus clientes sobre las incidencias relativas a los asuntos que les hubieren encargado, con entrega, en su caso, del informe de investigación elaborado.

d) Facilitar de forma inmediata a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes las informaciones sobre hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en relación con su trabajo o con las investigaciones que éstos estén llevando a cabo.

e) Acudir, cuando sean requeridos para ello por los órganos competentes de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a su llamamiento, tan pronto como resulte posible, y facilitar las informaciones de que tuvieren conocimiento en relación con las investigaciones que tales organismos se encontraran llevando a cabo.

f) Atender las citaciones que realicen los juzgados y tribunales y las dependencias policiales, a los cuales sus informaciones hayan sido comunicadas o sus informes de investigación hayan sido aportados, para la prestación de testimonio y ratificación, en su caso, del contenido de los referidos informes de investigación.

g) Asegurar el archivo y conservación de la documentación relativa a su ejercicio profesional, especialmente de los contratos, informes, libros y material de imagen y sonido obtenido.

h) Comunicar al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente todo cambio que afecte a su forma jurídica, denominación, composición, domicilio y sucursales en la forma que reglamentariamente se determine.

i) Presentar al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente, una memoria anual de actividades del año precedente, con la información que se determine reglamentariamente, que no podrá contener datos de carácter personal sobre contratantes o investigados. El Ministerio del Interior y los órganos autonómicos competentes darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente.

j) Depositar, en caso de cierre del despacho por cualquier causa, la documentación profesional sobre contratos, informes de investigación y libros-registros en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, del cuerpo de policía autonómico competente.

2. Los titulares de despachos de detectives responderán civilmente de las acciones u omisiones en que, durante la ejecución de sus servicios, incurran los detectives privados dependientes o asociados.

TÍTULO III

Personal de seguridad privada

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 26. Profesiones de seguridad privada.

1. Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados.

2. Para habilitarse como vigilante de explosivos será necesario haber obtenido previamente la habilitación como vigilante de seguridad.

Para habilitarse como guarda de caza o guardapesca marítimo será necesario haberlo hecho previamente como guarda rural.

3. Para la prestación de servicios en infraestructuras críticas y en aquéllos que tengan el carácter de esenciales para la comunidad, así como en aquéllos otros que excepcionalmente lo requieran en función de sus características específicas, se podrá incrementar reglamentariamente la exigencia formativa al personal de seguridad privada encargado de su realización.

4. Reglamentariamente se regulará la obtención por el personal de seguridad privada de habilitaciones adicionales a las ya adquiridas. El desarrollo reglamentario contemplará la exclusión de los requisitos de formación ya acreditados y valorará para la adquisición de dicha habilitación adicional la experiencia acreditada en el desarrollo de funciones de seguridad privada.

5. La uniformidad, distintivos y medios de defensa de los vigilantes de seguridad y de los guardas rurales y sus respectivas especialidades se determinarán reglamentariamente.

Artículo 27. Habilitación profesional.

1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el artículo anterior habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, en los términos que reglamentariamente se determinen.

2. A quienes soliciten la habilitación, previa comprobación de que reúnen los requisitos necesarios, se les expedirá la tarjeta de identidad profesional, que incluirá todas las habilitaciones de las que el titular disponga.

La tarjeta de identidad profesional constituirá el documento público de acreditación del personal de seguridad privada mientras se encuentra en el ejercicio de sus funciones profesionales.

3. La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General de la Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades que corresponderá a la Dirección General de la Guardia Civil.

4. El personal de seguridad privada ejercerá exclusivamente las funciones para los que se encuentre habilitado.

5. Reglamentariamente se determinará el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de funciones de seguridad privada.

Artículo 28. Requisitos generales.

1. Para la obtención de las habilitaciones profesionales indicadas en el artículo anterior, los aspirantes habrán de reunir, los siguientes requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.

b) Ser mayor de edad.

c) Poseer la capacidadfísica y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las funciones.

d) Estar en posesión de la formación previa requerida en el artículo 29.

e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.

g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.

h) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.

i) Superar, en su caso, las pruebas de comprobación que reglamentariamente establezca el Ministerio del Interior, que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.

2. Además de los requisitos generales establecidos en el apartado anterior, el personal de seguridad privada habrá de reunir, para su habilitación, los requisitos específicos que reglamentariamente se determinen en atención a las funciones que haya de desempeñar.

3. La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en este artículo producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional.

4. Podrán habilitarse, pero no podrán ejercer funciones propias del personal de seguridad privada, los funcionarios públicos en activo y demás personal al servicio de cualquiera de las administraciones públicas, excepto cuando desempeñen la función de director de seguridad en el propio centro a que pertenezcan.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán ejercer funciones propias del personal de seguridad privada cuando pasen a una situación administrativa distinta a la de servicio activo, siempre que en los dos años anteriores no hayan desempeñado funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios.

5. Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de funciones de seguridad privada en el mismo, podrán prestar servicios en España, siempre que, previa comprobación por el Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

a) Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.

b) Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.

c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.

d) Los previstos en los párrafos b), e), f), g) y h) del apartado 1.

6. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio en España de funciones de seguridad privada por parte de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, de conformidad con lo que se determine reglamentariamente.

Artículo 29. Formación.

1. La formación requerida para el personal de seguridad privada consistirá:

a) Para los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, guardas de caza y guardapescas marítimos, en la obtención de la certificación acreditativa correspondiente, expedida por un centro de formación de personal de seguridad privada que haya presentado la declaración responsable ante el Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente, o de los correspondientes certificados de profesionalidad de vigilancia y seguridad privada y guarderío rural y marítimo, que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o del título de formación profesional que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En estos dos últimos casos no se exigirá la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a que se refiere el artículo 28.1.i).

b) Para los jefes y directores de seguridad, en la obtención bien de un título universitario oficial de grado en el ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien del título del curso de dirección de seguridad, reconocido por el Ministerio del Interior.

c) Para los detectives privados, en la obtención bien de un título universitario de grado en el ámbito de la investigación privada que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien del título del curso de investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior.

2. Cuando se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas se tendrá en cuenta, en la forma que reglamentariamente se establezca, el grado y experiencia profesionales que acrediten su cualificación para el desempeño de las diferentes funciones de seguridad privada, siendo exigible en todo caso la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a que se refiere el artículo 28.1.i).

3. En relación con lo dispuesto en el apartado 1, la formación previa del personal comprendido en su párrafo a) que no posea la titulación correspondiente de formación profesional, o los certificados de profesionalidad, así como su actualización y especialización se llevará a cabo en los centros de formación de seguridad privada que hayan presentado la declaración responsable ante el Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente. y por profesores acreditados por el citado Ministerio.

4. Los centros de formación del personal de seguridad privada requerirán, para su apertura y funcionamiento, de la presentación de la correspondiente declaración responsable ante el Ministerio del Interior u órgano autonómico competente, debiendo reunir, entre otros que reglamentariamente se establezcan, los siguientes requisitos:

a) Acreditación, por cualquier título, del derecho de uso del inmueble.

b) Licencia municipal correspondiente.

c) Relación de profesores acreditados.

d) Instalaciones adecuadas al cumplimiento de sus fines.

5. No podrán ser titulares ni desempeñar funciones de dirección ni de administración de centros de formación del personal de seguridad privada los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan ejercido en los mismos funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones, o del personal o medios, en materia de seguridad privada en los dos años anteriores.

6. Las empresas de seguridad privada podrán crear centros de formación y actualización para personal de seguridad privada perteneciente o no a sus plantillas, en los términos previstos en el apartado 4.

7. El Ministerio del Interior elaborará los programas de formación previa y especializada correspondiente al personal de seguridad privada, en cuyo contenido se incluirán materias específicas de respeto a la diversidad y a la igualdad de trato y no discriminación.

Artículo 30. Principios de actuación.

Además de lo establecido en el artículo 8, el personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los siguientes principios básicos:

a) Legalidad.

b) Integridad.

c) Dignidad en el ejercicio de sus funciones.

d) Corrección en el trato con los ciudadanos.

e) Congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigación proporcionadas y adecuadas a los riesgos.

f) Proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa y de investigación.

g) Reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones.

h) Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El personal de seguridad privada estará obligado a auxiliar y colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a facilitarles la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, y a seguir sus instrucciones en relación con el servicio de seguridad privada que estuvieren prestando.

Artículo 31. Protección jurídica de agente de la autoridad.

Se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

CAPÍTULO II

Funciones de seguridad privada

Artículo 32. Vigilantes de seguridad y su especialidad.

1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones:

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.

b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su protección.

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia.

d) En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a cualquier persona practicar la detención.

e) Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensado de dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos, así como el manipulado de efectivo y demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios.

f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales receptoras de alarmas, la prestación de servicios de verificación personal y respuesta de las señales de alarmas que se produzcan.

Además, también podrán realizar las funciones de recepción, verificación no personal y transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que el artículo 47.1 reconoce a los operadores de seguridad.

2. Los vigilantes de seguridad se dedicarán exclusivamente a las funciones de seguridad propias, no pudiendo simultanearlas con otras no directamente relacionadas con aquéllas.

3. Corresponde a los vigilantes de explosivos, que deberán estar integrados en empresas de seguridad, la función de protección del almacenamiento, transporte y demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios, en relación con explosivos u otros objetos o sustancias peligrosas que reglamentariamente se determinen.

Será aplicable a los vigilantes de explosivos lo establecido para los vigilantes de seguridad respecto a uniformidad, armamento y prestación del servicio.

Artículo 33. Escoltas privados.

1. Son funciones de los escoltas privados el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.

2. En el desempeño de sus funciones, los escoltas no podrán realizar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la libre circulación, salvo que resultare imprescindible como consecuencia de una agresión o de un intento manifiesto de agresión a la persona o personas protegidas o a los propios escoltas, debiendo, en tal caso, poner inmediatamente al detenido o detenidos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin proceder a ninguna suerte de interrogatorio.

3. Para el cumplimiento de las indicadas funciones será aplicable a los escoltas privados lo determinado en el artículo 32 y demás preceptos concordantes, relativos a vigilantes de seguridad, salvo lo referente a la uniformidad.

Artículo 34. Guardas rurales y sus especialidades.

1. Los guardas rurales ejercerán funciones de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, así como en las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en ellas.

Se atendrán al régimen general establecido para los vigilantes de seguridad, con la especificidad de que no podrán desempeñar las funciones contempladas en el artículo 32.1.e).

2. A los guardas de caza corresponde desempeñar las funciones previstas en el apartado anterior para los guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección en las fincas de caza en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético y espacios de pesca fluvial.

3. Corresponde a los guardapescas marítimos desempeñar las funciones previstas en el apartado 1 para los guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección de los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas con fines pesqueros.

4. Los guardas de caza y los guardapescas marítimos podrán proceder a la retirada u ocupación de las piezas cobradas y los medios de caza y pesca, incluidas armas, cuando aquéllos hubieran sido utilizados para cometer una infracción, procediendo a su entrega inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

Artículo 35. Jefes de seguridad.

1. En el ámbito de la empresa de seguridad en cuya plantilla están integrados, corresponde a los jefes de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad privada.

b) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.

c) La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, y el control de su funcionamiento y mantenimiento, pudiendo validarlos provisionalmente hasta tanto se produzca la inspección y autorización, en su caso, por parte de la Administración.

d) El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos dependa, y la propuesta de la adopción de las medidas o iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad.

e) La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protección civil en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.

f) La garantía de la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

g) La supervisión de la observancia de la normativa de seguridad privada aplicable.

h) La responsabilidad sobre la custodia y el traslado de armas de titularidad de la empresa a la que pertenezca, de acuerdo con la normativa de armas y con lo que reglamentariamente se determine.

2. La existencia del jefe de seguridad en las empresas de seguridad privada será obligatoria siempre que éstas se dediquen a todas o algunas de las actividades previstas en los párrafos a), b), c), d) y e) del artículo 5.1.

En función de la complejidad organizativa o técnica, u otras circunstancias que se determinen reglamentariamente, podrá exigirse la existencia de un jefe de seguridad específico para algunas de dichas actividades de seguridad.

3. El ejercicio de funciones podrá delegarse por los jefes de seguridad en los términos que reglamentariamente se dispongan.

Artículo 36. Directores de seguridad.

1. En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.

b) La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.

c) La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.

d) El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.

e) La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.

f) La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.

g) La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

h) La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo de riesgos.

i) Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.

2. Los usuarios de seguridad privada situarán al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad cuando así lo exija la normativa de desarrollo de esta ley por la dimensión de su servicio de seguridad; cuando se acuerde por decisión gubernativa, en atención a las medidas de seguridad y al grado de concentración de riesgo, o cuando lo prevea una disposición especial.

Lo dispuesto en este apartado es igualmente aplicable a las empresas de seguridad privada.

3. En las empresas de seguridad el director de seguridad podrá compatibilizar sus funciones con las de jefe de seguridad.

4. Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un usuario que cuente con su propio director de seguridad, las funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el artículo 35.1.a), b), c), y e) serán asumidas por dicho director de seguridad.

5. El ejercicio de funciones podrá delegarse por los directores de seguridad en los términos que reglamentariamente se disponga.

Artículo 37. Detectives privados.

1. Los detectives privados se encargarán de la ejecución personal de los servicios de investigación privada a los que se refiere el artículo 48, mediante la realización de averiguaciones en relación con personas, hechos y conductas privadas.

2. En el ejercicio de sus funciones, los detectives privados vendrán obligados a:

a) Confeccionar los informes de investigación relativos a los asuntos que tuvieren encargados.

b) Asegurar la necesaria colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sus actuaciones profesionales se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.

c) Ratificar el contenido de sus informes de investigación ante las autoridades judiciales o policiales cuando fueren requeridos para ello.

3. El ejercicio de las funciones correspondientes a los detectives privados no será compatible con las funciones del resto del personal de seguridad privada, ni con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administración Pública.

4. Los detectives privados no podrán investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento.

TÍTULO IV

Servicios y medidas de seguridad

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 38. Prestación de los servicios de seguridad privada.

1. Los servicios de seguridad privada se prestarán de conformidad con lo dispuesto en esta ley, en particular en sus artículos 8 y 30, y en sus normas de desarrollo, con arreglo a las estipulaciones del contrato, así como, en su caso, con la autorización concedida o declaración responsable presentada.

2. Los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada.

3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la subcontratación de servicios de seguridad privada.

4. Los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus funciones profesionales integrados en las empresas de seguridad que les tengan contratados.

5. Los directores de seguridad de las empresas de seguridad privada y de las entidades obligadas a disponer de esta figura, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas de dichas empresas.

6. Los guardas rurales podrán desarrollar sus funciones sin necesidad de constituir o estar integrados en empresas de seguridad, prestando sus servicios directamente a los titulares de bienes y derechos que les puedan contratar, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, cuando se trate de servicios de vigilancia y protección de explotaciones agrícolas, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético, y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros.

7. Los detectives privados ejercerán sus funciones profesionales a través de los despachos de detectives para los que presten sus servicios.

Artículo 39. Forma de prestación.

1. Los medios utilizados por las empresas de seguridad en la prestación de los servicios de seguridad privada deberán estar homologados por el Ministerio del Interior. En todo caso, los vehículos, uniformes y distintivos no podrán inducir a confusión con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con los de las Fuerzas Armadas, y se ajustarán a las características que reglamentariamente se determinen.

2. El personal de seguridad privada uniformado, constituido por los vigilantes de seguridad y de explosivos y por los guardas rurales y sus especialidades, prestará sus servicios vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo, y portando los medios de defensa reglamentarios, que no incluirán armas de fuego.

Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la obligación de desarrollar sus funciones con uniforme y distintivo.

3. Previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, sólo se desarrollarán con armas de fuego los servicios de seguridad privada contemplados en el artículo 40 y los que reglamentariamente se determinen.

Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad sólo se podrán portar estando de servicio, con las salvedades que se establezcan reglamentariamente.

4. Salvo en los casos expresamente previstos en esta ley y lo que se determine reglamentariamente atendiendo a las especiales características de determinados servicios de seguridad privada, los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones en el interior de los inmuebles o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados.

5. El personal de seguridad privada, durante la prestación de los servicios de seguridad privada, portará la tarjeta de identidad profesional y, en su caso, la documentación correspondiente al arma de fuego.

CAPÍTULO II

Servicios de las empresas de seguridad privada

Artículo 40. Servicios con armas de fuego.

1. Los siguientes servicios de seguridad privada se prestarán con armas de fuego en los términos que reglamentariamente se determinen:

a) Los de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

b) Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas, cartuchería metálica y explosivos.

c) Los de vigilancia y protección en buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes.

d) Cuando por sus características y circunstancias lo requieran, los de vigilancia y protección perimetral en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, establecimientos militares u otros edificios o instalaciones de organismos públicos, incluidas las infraestructuras críticas.

2. Reglamentariamente se determinarán aquellos supuestos en los que, valoradas circunstancias tales como localización, valor de los objetos a proteger, concentración del riesgo, peligrosidad, nocturnidad, zonas rústicas o cinegéticas, u otras de análoga significación, podrá autorizarse la prestación de los servicios de seguridad privada portando armas de fuego.

Asimismo, podrá autorizarse la prestación de los servicios de verificación personal de alarmas portando armas de fuego, cuando sea necesario para garantizar la seguridad del personal que los presta, atendiendo a la naturaleza de dicho servicio, al objeto de la protección o a otras circunstancias que incidan en aquélla.

3. El personal de seguridad privada sólo podrá portar el arma de fuego cuando esté de servicio, y podrá acceder con ella al lugar donde se desarrolle éste, salvo que legalmente se establezca lo contrario. Reglamentariamente podrán establecerse excepciones para supuestos determinados.

4. Las armas de fuego adecuadas para realizar cada tipo de servicio serán las que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 41. Servicios de vigilancia y protección.

1. Los servicios de vigilancia y protección referidos a las actividades contempladas en el artículo 5.1.a) se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales, que desempeñarán sus funciones, con carácter general, en el interior de los edificios, de las instalaciones o propiedades a proteger. No obstante, podrán prestarse fuera de estos espacios sin necesidad de autorización previa, incluso en vías o espacios públicos o de uso común, en los siguientes supuestos:

a) La vigilancia y protección sobre acciones de manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de tener lugar en las vías o espacios públicos o de uso común.

b) La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la prestación de servicios de vigilancia y protección de los mismos durante las citadas operaciones, o en las de reparación de averías.

c) Los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protección para la realización de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad de dichos inmuebles.

d) La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus infraestructuras.

e) Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección.

f) La persecución de quienes sean sorprendidos en flagrante delito, en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.

g) Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias.

h) Los servicios de vigilancia y protección a los que se refieren los apartados siguientes.

2. Requerirán autorización previa por parte del órgano competente los siguientes servicios de vigilancia y protección, que se prestarán en coordinación, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de acuerdo con sus instrucciones:

a) La vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones delimitados, incluidas sus vías o espacios de uso común.

b) La vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados.

c) La vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común, en coordinación, en todo caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la prestación de estos servicios.

3. Cuando así se decida por el órgano competente, y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección:

a) La vigilancia perimetral de centros penitenciarios.

b) La vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros.

c) La vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos.

d) La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. La prestación de estos servicios también podrá realizarse por guardas rurales.

Artículo 42. Servicios de videovigilancia.

1. Los servicios de videovigilancia consisten en el ejercicio de la vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos, incluido cualquier medio técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas.

Cuando la finalidad de estos servicios sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales.

No tendrán la consideración de servicio de videovigilancia la utilización de cámaras o videocámaras cuyo objeto principal sea la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje. Estas funciones podrán realizarse por personal distinto del de seguridad privada.

2. No se podrán utilizar cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público salvo en los supuestos y en los términos y condiciones previstos en su normativa específica, previa autorización administrativa por el órgano competente en cada caso. Su utilización en el interior de los domicilios requerirá el consentimiento del titular.

3. Las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de alarmas, no requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización.

4. Las grabaciones realizadas por los sistemas de videovigilancia no podrán destinarse a un uso distinto del de su finalidad. Cuando las mismas se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciudadana, se aportarán, de propia iniciativa o a su requerimiento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, respetando los criterios de conservación y custodia de las mismas para su válida aportación como evidencia o prueba en investigaciones policiales o judiciales.

5. La monitorización, grabación, tratamiento y registro de imágenes y sonidos por parte de los sistemas de videovigilancia estará sometida a lo previsto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y especialmente a los principios de proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima.

6. En lo no previsto en la presente ley y en sus normas de desarrollo, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre videovigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 43. Servicios de protección personal.

1. Los servicios de protección personal, a cargo de escoltas privados, consistirán en el acompañamiento, custodia, resguardo, defensa y protección de la libertad, vida e integridad física de personas o grupos de personas determinadas.

2. La prestación de servicios de protección personal se realizará con independencia del lugar donde se encuentre la persona protegida, incluido su tránsito o circulación por las vías públicas, sin que se puedan realizar identificaciones, restricciones de la circulación, o detenciones, salvo en caso de flagrante delito relacionado con el objeto de su protección.

3. La prestación de estos servicios sólo podrá realizarse previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente, conforme se disponga reglamentariamente.

Artículo 44. Servicios de depósito de seguridad.

1. Los servicios de depósito de seguridad, referidos a la actividad contemplada en el artículo 5.1.c), estarán a cargo de vigilantes de seguridad y se prestarán obligatoriamente cuando los objetos en cuestión alcancen las cuantías que reglamentariamente se establezcan, así como cuando las autoridades competentes lo determinen en atención a los antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos.

2. Los servicios de depósito de seguridad referidos a la actividad contemplada en el artículo 5.1.d), estarán a cargo de vigilantes de explosivos y se prestarán obligatoriamente cuando precisen de vigilancia, cuidado y protección especial, de acuerdo con la normativa específica de cada materia o así lo dispongan las autoridades competentes en atención a los antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos o sustancias.

Artículo 45. Servicios de transporte de seguridad.

Los servicios de transporte y distribución de los objetos y sustancias a que se refiere el artículo anterior, se llevarán a cabo mediante vehículos acondicionados especialmente para cada tipo de transporte u otros elementos de seguridad específicos homologados para el transporte, y consistirán en su traslado material y su protección durante el mismo, por vigilantes de seguridad o vigilantes de explosivos, respectivamente, con arreglo a lo prevenido en esta ley y en sus normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 46. Servicios de instalación y mantenimiento.

1. Los servicios de instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, consistirán en la ejecución, por técnicos acreditados, de todas aquellas operaciones de instalación y mantenimiento de dichos aparatos, equipos, dispositivos o sistemas, que resulten necesarias para su correcto funcionamiento y el buen cumplimiento de su finalidad, previa elaboración, por ingenieros acreditados, del preceptivo proyecto de instalación, cuyas características se determinarán reglamentariamente.

2. Estos sistemas deberán someterse a revisiones preventivas con la periodicidad y forma que se determine reglamentariamente.

Artículo 47. Servicios de gestión de alarmas.

1. Los servicios de gestión de alarmas, a cargo de operadores de seguridad, consistirán en la recepción, verificación no personal y, en su caso, transmisión de las señales de alarma, relativas a la seguridad y protección de personas y bienes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.

2. Los servicios de respuesta ante alarmas se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales, y podrán comprender los siguientes servicios:

a) El depósito y custodia de las llaves de los inmuebles u objetos donde estén instalados los sistemas de seguridad conectados a la central de alarmas y, en su caso, su traslado hasta el lugar del que procediere la señal de alarma verificada o bien la apertura a distancia controlada desde la central de alarmas.

b) El desplazamiento de los vigilantes de seguridad o guardas rurales a fin de proceder a la verificación personal de la alarma recibida.

c) Facilitar el acceso a los servicios policiales o de emergencia cuando las circunstancias lo requieran, bien mediante aperturas remotas controladas desde la central de alarmas o con los medios y dispositivos de acceso de que se disponga.

3. Cuando los servicios se refirieran al análisis y monitorización de eventos de seguridad de la información y las comunicaciones, estarán sujetos a las especificaciones que reglamentariamente se determinen. Las señales de alarma referidas a estos eventos deberán ser puestas, cuando corresponda, en conocimiento del órgano competente, por el propio usuario o por la empresa con la que haya contratado la seguridad.

 

 

    Nuestra empresa
Nuestra empresa

 

 

La Consultoria de Seguridad Segurpricat Siseguridad.es a los directores de seguridad según lo establecido por la ley de seguridad privada 5/2014, el Ministerio de Interior por la Dirección General de la Policía y la Sección Seguridad Privada les corresponde las siguientes funciones:

Director de Seguridad
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A los directores de seguridad según lo establecido por el Ministerio de Interior por la Dirección General de la Policía y la Sección Seguridad Privada les corresponde las siguientes funciones en la ley de seguridad 5/2014:

Funciones

En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

  1. La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.
  2. La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.
  3. La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.
  4. El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
  5. La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.
  6. La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.
  7. La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
  8. La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo de riesgos.
  9. Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.

 

Habilitación

Los que hayan sido declarados aptos en las pruebas para directores de seguridad, para obtener su habilitación deberán aportar:

  • Documentación de carácter general:
    • Instancia del interesado.
    • Certificado médico de poseer aptitud física y capacidad psíquica necesarias para prestar servicios de Seguridad Privada, excepto para el personal en activo que ejerza funciones de seguridad pública o privada.
    • Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados para los españoles y extranjeros residentes en España, y documento original y equivalente que surta los mismos efectos para los solicitantes extranjeros no residentes.
      Estarán exentos de presentar este certificado los españoles y extranjeros residentes en España que en su instancia hayan autorizado expresamente a la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, su petición de oficio al Registro Central de Penados.
    • Declaración jurada a que se refieren los apartados e), f), y según los casos de los apartados g) y h) del artículo 53 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.
    • Fotocopia compulsada del Título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores. En caso de títulos equivalentes, deberá acreditarse mediante certificado expedido por la Dirección General de Ordenación del Sistema Educativo, dependiente del Ministerio de Educación.
    • Currículum vitae.
    • Dos fotografías tamaño carné.
    • Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso de la tasa por habilitación de Directores de Seguridad con arreglo al modelo 790 a favor del Tesoro Público, en las Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros colaboradoras; cuenta restringida de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El citado modelo 790 será facilitado en las Comisarías de Policía y deberá ser cumplimentado con los datos correspondientes, señalando como tarifa aplicable la sexta.
  • Documentación de carácter específico:
    • Estar en posesión de la titulación de seguridad reconocida, a estos efectos, por el Ministerio del Interior o
    • Acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o de seguridad privada y superar las correspondientes pruebas a que se refiere el artículo 12 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.

      Habilitación

      Los que hayan sido declarados aptos en las pruebas para directores de seguridad, para obtener su habilitación deberán aportar:

      • Documentación de carácter general:
        • Instancia del interesado.
        • Certificado médico de poseer aptitud física y capacidad psíquica necesarias para prestar servicios de Seguridad Privada, excepto para el personal en activo que ejerza funciones de seguridad pública o privada.
        • Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados para los españoles y extranjeros residentes en España, y documento original y equivalente que surta los mismos efectos para los solicitantes extranjeros no residentes.
          Estarán exentos de presentar este certificado los españoles y extranjeros residentes en España que en su instancia hayan autorizado expresamente a la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, su petición de oficio al Registro Central de Penados.
        • Declaración jurada a que se refieren los apartados e), f), y según los casos de los apartados g) y h) del artículo 53 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.
        • Fotocopia compulsada del Título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores. En caso de títulos equivalentes, deberá acreditarse mediante certificado expedido por la Dirección General de Ordenación del Sistema Educativo, dependiente del Ministerio de Educación.
        • Currículum vitae.
        • Dos fotografías tamaño carné.
        • Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso de la tasa por habilitación de Directores de Seguridad con arreglo al modelo 790 a favor del Tesoro Público, en las Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros colaboradoras; cuenta restringida de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El citado modelo 790 será facilitado en las Comisarías de Policía y deberá ser cumplimentado con los datos correspondientes, señalando como tarifa aplicable la sexta.
      • Documentación de carácter específico:
        • Estar en posesión de la titulación de seguridad reconocida, a estos efectos, por el Ministerio del Interior o
        • Acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o de seguridad privada y superar las correspondientes pruebas a que se refiere el artículo 12 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.
    • Requisitos específicos

      La habilitación de los directores de seguridad requerirá que los solicitantes cumplan uno de los siguientes requisitos:

      1. Acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o privada, y superar las correspondientes pruebas sobre las materias a que se refiere el artículo 12 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.
      2. Estar en posesiónde un título universitario oficial de grado en el ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien del título del curso de dirección de seguridad, reconocido por el Ministerio del Interior.

      Los cursos de dirección de seguridad estarán programados e impartidos por centros universitarios, públicos o privados, reconocidos oficialmente, y las materias que los compongan deberán alcanzar un mínimo de cuatrocientas horas. En el supuesto de que el curso de dirección de seguridad forme parte de un programa de estudios de superior nivel académico, su contenido didáctico y horas lectivas deberán estar claramente diferenciados de éste y expedirse, en todo caso, un título específico con el nombre del curso reconocido en la autorización.

      Puede consultar los cursos reconocidos de dirección de seguridad en la página web de la Dirección General de la Policía

Requisitos generales

Los directores de seguridad deberán reunir los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
  3. Estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
  4. Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas.
  5. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
  6. No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal o familiar y a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
  7. No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
  8. No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.
  9. No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
  10. Superar las pruebas que acrediten los conocimientos y la capacitación necesarios para el ejercicio de las respectivas funciones.

En el caso de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de funciones de seguridad privada en el mismo, podrán prestar servicios en España, siempre que, previa comprobación por el Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

  1. Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.
  2. Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones de seguridad privada, para lo cual deberán estar en posesión de los siguientes documentos:
  1. En los casos en que el Estado de origen regule las diferentes profesiones de seguridad privada, el certificado de competencia o título de formación que las acredite como tal. Dicho certificado o título deberá reunir los siguientes requisitos:
  • Haber sido expedido por una autoridad competente de un Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado.
  • Acreditar un nivel de cualificación profesional equivalente, como mínimo, al nivel inmediatamente anterior al exigido en España, mediante el certificado previsto en el artículo 19.2 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, para todas las profesiones de seguridad privada, excepto detectives privados.
  • Acreditar la preparación del titular para el ejercicio de la profesión correspondiente.
  1. En los casos en que el Estado de origen no regule las diferentes profesiones de seguridad privada, el documento expedido por la autoridad competente, acreditativo de haber ejercido la profesión de que se trate en ese o en otro Estado de la Unión Europea, durante al menos dos años a tiempo completo, en el curso de los diez años inmediatamente anteriores al momento de la presentación de la solicitud, siempre que esté en posesión de uno o varios certificados de competencia o de uno o varios títulos de formación.
    En todo caso, los dos años de experiencia aludidos no podrán exigirse cuando la persona solicitante acredite una cualificación profesional adquirida a través de la superación de una formación regulada de las definidas en el artículo 8 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, y que corresponda a los niveles de cualificación señalados anteriormente.
  1. Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.
  2. Los previstos en las letras a), e), f), g), h) e i) del primer apartado.

La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de las actividades de seguridad privada en España de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas compensatorias previstas en el artículo 5 de la Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del interesado.
La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias. Las pruebas podrán consistir en las siguientes modalidades:
  1. Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio del Interior a tal efecto.
  2. Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia.

    Requisitos generales

    Los directores de seguridad deberán reunir los siguientes requisitos:

    1. Ser mayor de edad.
    2. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
    3. Estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
    4. Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas.
    5. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
    6. No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal o familiar y a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
    7. No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
    8. No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.
    9. No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
    10. Superar las pruebas que acrediten los conocimientos y la capacitación necesarios para el ejercicio de las respectivas funciones.

    En el caso de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de funciones de seguridad privada en el mismo, podrán prestar servicios en España, siempre que, previa comprobación por el Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

    1. Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.
    2. Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones de seguridad privada, para lo cual deberán estar en posesión de los siguientes documentos:
    1. En los casos en que el Estado de origen regule las diferentes profesiones de seguridad privada, el certificado de competencia o título de formación que las acredite como tal. Dicho certificado o título deberá reunir los siguientes requisitos:
    • Haber sido expedido por una autoridad competente de un Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado.
    • Acreditar un nivel de cualificación profesional equivalente, como mínimo, al nivel inmediatamente anterior al exigido en España, mediante el certificado previsto en el artículo 19.2 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, para todas las profesiones de seguridad privada, excepto detectives privados.
    • Acreditar la preparación del titular para el ejercicio de la profesión correspondiente.
    1. En los casos en que el Estado de origen no regule las diferentes profesiones de seguridad privada, el documento expedido por la autoridad competente, acreditativo de haber ejercido la profesión de que se trate en ese o en otro Estado de la Unión Europea, durante al menos dos años a tiempo completo, en el curso de los diez años inmediatamente anteriores al momento de la presentación de la solicitud, siempre que esté en posesión de uno o varios certificados de competencia o de uno o varios títulos de formación.
      En todo caso, los dos años de experiencia aludidos no podrán exigirse cuando la persona solicitante acredite una cualificación profesional adquirida a través de la superación de una formación regulada de las definidas en el artículo 8 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, y que corresponda a los niveles de cualificación señalados anteriormente.
    1. Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.
    2. Los previstos en las letras a), e), f), g), h) e i) del primer apartado.

    La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de las actividades de seguridad privada en España de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas compensatorias previstas en el artículo 5 de la Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

    La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del interesado.
    La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias. Las pruebas podrán consistir en las siguientes modalidades:
    1. Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio del Interior a tal efecto.
    2. Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia.

 

a. El de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad. Realización de estudios y asesoramiento de Seguridad sobre situaciones que puedan ocasionar riesgo par la vida y su patrimonio.b. La dirección e inspección de personal y servicios de seguridad privada.

c. La de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.

d. La de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades públicas.

e. la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad.

f. En general, por la observancia de la regulación de seguridad aplicable.

 

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El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), en el marco de la operación “CATO”, desarrollada contra el tráfico ilegal de animales ha intervenido 180 cachorros de perros procedentes de la República Eslovaca que estaban siendo introducidos en España de forma irregular y ha imputado a una persona como presunta autora de un delito de falsedad en documento público

 

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La Guardia Civil se incauta de cerca de 200 cachorros de perros que habían sido introducidos en España de forma irregular

En la operación “CATO” se ha imputado a una persona como presunta autora de un delito de falsedad en documento público

Desde el pasado mes de diciembre se han intervenido cerca de 600 animales de compañía y han sido inspeccionados alrededor de 21.000 en más de 2.000 establecimientos dedicados a la venta de animales

Los 180 cachorros tenían como destino Girona, Barcelona, Badajoz, Guadalajara, Málaga y Huesca

La Guardia Civil se incauta de cerca de 200 cachorros de perros que habían sido introducidos en España de forma irregular

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), en el marco de la operación “CATO”, desarrollada contra el tráfico ilegal de animales ha intervenido 180 cachorros de perros procedentes de la República Eslovaca que estaban siendo introducidos en España de forma irregular y ha imputado a una persona como presunta autora de un delito de falsedad en documento público

La operación se inició el pasado mes de enero, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se estaba comercializando con 500  cachorros de perros al mes mediante envíos que estaban amparados por el sistema TRACES (Sistema informático veterinario establecido por la Unión Europea que permite el intercambio de información relativo a las importaciones y movimientos dentro del territorio de la UE de animales vivos, o a facilitar a las autoridades de los terceros países la emisión de los certificados veterinarios o sanitarios de los animales), consiguiendo de esta forma legitimar el movimiento intracomunitario de los animales, además del pasaporte individualizado para cada cachorro, que presuntamente habían sido falsificados.

El SEPRONA estableció un dispositivo de inspección, vigilancia y control contra el tráfico ilegal de animales de compañía localizando un transporte de 180 cachorros en las proximidades de la localidad de Fraga (Huesca), que tenía con destino Girona, Barcelona, Badajoz, Guadalajara, Málaga y Huesca.

Posteriormente, la Guardia Civil acompañada de un perito-veterinario y de veterinarios oficiales efectuó una inspección en el criadero donde estaban depositados los animales, pudiendo determinar que la edad real de los cachorros no se correspondía con la que figuraba en el pasaporte sanitario.

Igualmente, se observaron irregularidades en la vacunación de los anímales, ya que la vacuna antirrábica había sido suministrada con una validez inferior a la reglamentada en Aragón.

Incautación de animales de compañía

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), desde el pasado mes de diciembre ha intervenido 595 animales de compañía procedentes de la República Eslovaca que estaban siendo introducidos en España y Portugal de forma irregular.

La Guardia Civil ha inspeccionado a 21.340 animales de compañía en las 2.208 actuaciones que se han realizado en establecimientos dedicados a la venta de animales. Asimismo, han sido imputadas 16 personas por la venta y traslado desde países del este de Europa en vehículos inadecuados de los animales, falsificando pasaportes, certificados y exámenes veterinarios, y se han formulado 1.309 denuncias por infracciones penales y administrativas.

 Consejos prácticos para adquirir una mascota

  • Hay que concienciarse a la hora de adquirir una mascota (perro, gato, ave, reptil, etc.), de que el animal necesita nuestra atención y precisa de unos mínimos cuidados (comida, bebida, atención permanente, etc.)
  • Debemos adquirir nuestra mascota en un centro autorizado para la venta de animales. El comercio nos tiene que ofrecer la suficiente garantía sobre su seriedad.
  • A la hora de comprar la mascota debemos solicitar información sobre su origen real, pidiendo el pasaporte sanitario que le corresponde para poder comprobar que tiene el microchip y que éste coincide con el que figura en el documento.
  • Conocer las vacunas que precisa nuestra mascota, las que tiene y dónde le han sido puestas, y a la vez verificar el estado sanitario del animal por el informe correspondiente que nos dará el propio vendedor. Asimismo, hay que conocer  su estado de salud, evitando igualmente que una posible enfermedad contagiosa pueda perjudicar la salud de otras mascota existente en el hogar.
  • Mirar la fecha de nacimiento que figura en el pasaporte o cartilla sanitaria de nuestra mascota para saber si ha sido importado desde otro país al nuestro, debiendo tener en cuenta que este traslado no se puede hacer con cachorros de menos de tres meses de edad.
  • Solicitar información sobre el tiempo de cuarentena que nuestra mascota ha estado en el comercio desde que fue importado hasta que ha sido vendido, ya que este período asegurará que el animal no esté enfermo a los pocos días de su adquisición.
  • Ante la adquisición de mascotas por Internet el consumidor debe estar especialmente sensibilizado en cuanto a las garantías ofrecidas, documentación y estado de salud de la mascota. Ante un precio llamativo o muy bajo de la misma debe considerarse inicialmente un elemento de alarma de una posible  estafa.
  • Proceder a denunciar ante la Guardia Civil o ante cualquier cuerpo policial o reclamar en las oficinas del consumidor cualquier anomalía que  detectemos en un comercio donde se vaya a adquirir una mascota.

Para más información, pueden ponerse en contacto con la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil de Huesca, teléfono. 974 21 55 53

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