El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acudió al Parlamento Europeo este martes 4 de noviembre, y allí se reunió con el Presidente Martin Schulz y con la comisión de Asuntos Exteriores

 

Schulz brinda a Santos su apoyo al proceso de paz en Colombia

Otros Artículo – Instituciones / Relaciones exteriores04-11-2014 – 17:50

 

Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de Colombia, y el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, durante la rueda de prensa.   Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de Colombia, y el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, durante la rueda de prensa

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acudió al Parlamento Europeo este martes 4 de noviembre, y allí se reunió con el Presidente Martin Schulz y con la comisión de Asuntos Exteriores. Schulz expresó su respaldo al proceso de paz en Colombia a Santos, que esta semana visita Europa para sumar apoyos políticos y financieros para las negociaciones de paz con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Puede contar con que el Parlamento Europeo estará a su lado en sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz”, afirmó Martin Schulz, Presidente de la Eurocámara, en una rueda de prensa celebrada al término de su reunión bilateral con Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia. “Puede contar con nuestra solidaridad para encontrar una solución que, quizás, sirva de modelo para la reconciliación tras un conflicto en otras partes del mundo”, apostilló Schulz.

 

Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
Santos, por su parte, explicó que busca “el respaldo de Europa al proceso de paz”; y agradeció a Schulz “el apoyo que hemos recibido hoy”. El Presidente de Colombia destacó que “Europa ha mostrado al mundo que es posible dejar la guerra atrás y construir la paz, y ahora es el turno de Colombia

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La Guardia Civil ha intervenido en el peaje de Martorell (Barcelona) un total de 1.299.150 euros en efectivo que un conductor un ciudadano colombiano llevaba ocultos en el doble fondo de su furgoneta.

Barcelona, 4 nov (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido en el peaje de Martorell (Barcelona) un total de 1.299.150 euros en efectivo que un conductor llevaba ocultos en el doble fondo de su furgoneta.

Según ha informado hoy el instituto armado, la incautación de este dinero se produjo el pasado 14 de octubre en un control de verificación fiscal que la Guardia Civil había establecido en el peaje de la autopista AP-7 en Martorell (Barcelona).

El dinero estaba distribuido en 19.860 billetes de 50 euros, 14.922 billetes de veinte euros, 229 de diez, 264 de cinco y 31 billetes de cien euros, en fajos que iban escondidos en bolsas de plástico en un doble fondo ubicado en el suelo del vehículo.

El conductor de la furgoneta, un ciudadano colombiano, no había declarado el transporte de este dinero en efectivo, pese a que la legislación española establece que es obligatorio declarar movimientos de capital en metálico a partir de 10.000 euros, cuando se viaja al extranjero, y de 100.000 euros, cuando se circula por el interior de España.

En virtud de lo que establece la normativa española, la Guardia Civil, tras intervenir el dinero, le devolvió al conductor un total de 1.000 euros, en concepto de “mínima supervivencia”, según el instituto armado.

Los agentes intervinieron los 1,3 millones de euros en efectivo tras una inspección rutinaria de la furgoneta, al descubrir que el vehículo contaba con un dispositivo mecánico que, al activarlo, permitía acceder a dos dobles fondos ubicados en el suelo del vehículo, en uno de los cuales encontraron varias bolsas de plástico con la fortuna en metálico.

La Guardia Civil levantó acta por la comisión de una infracción administrativa a la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que fue remitida al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Capitales e Infracciones Monetarias.

Actividades de INTERPOL en materia de lucha contra el terrorismo

Terrorismo

El terrorismo supone un grave peligro para la seguridad de los países y la vida de las personas en todo el mundo.

En INTERPOL llevamos a cabo una serie de iniciativas encaminadas a apoyar a nuestros países miembros en sus esfuerzos por proteger a los ciudadanos del terrorismo en sus múltiples formas.

Actividades de INTERPOL en materia de lucha contra el terrorismo

En la Secretaría General, los expertos en este ámbito recopilan, almacenan y analizan información sobre personas o grupos sospechosos y sus actividades, e intercambian datos con los países miembros y con otras organizaciones internacionales.

Una iniciativa capital en esta materia es el Grupo Mixto Especializado, creado tras los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Terrorismo con materiales QBRNE

El término genérico QBRNE se refiere a los actos terroristas perpetrados con materiales químicos, biológicos, radiactivos, nucleares y explosivos. Es evidente que un atentado de estas características representaría un grave peligro para la seguridad pública, tanto a escala nacional como internacional.

Instrumentos para combatir el terrorismo

Asimismo INTERPOL hace llegar a las policías de los países miembros alertas y avisos sobre terroristas, delincuentes peligrosos y peligros planteados por determinadas armas. Estas alertas se denominan notificaciones naranjas.

Además, las notificaciones especiales de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sirven para poner sobre aviso a los países miembros acerca de las personas y entidades asociadas a Al Qaeda y los talibanes que figuran en la lista del Comité 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y para ayudar a los países a poner en práctica la congelación de activos, la prohibición de viajar y los embargos de armas.

En caso de atentado terrorista, los países miembros pueden solicitar la asistencia de un equipo de INTERPOL de gestión de crisis. De este modo, es posible enviar al lugar de los hechos a un grupo de expertos que puede proporcionar diversos servicios relacionados con la investigación y el apoyo analítico en coordinación con la Secretaría General.

 

¿El vigilante de seguridad es para mi agente de la autoridad con la nueva ley de seguridad privada 5/2014 en vigor ?.


Julian Flores @juliansafety Director y Jefe de Seguridad habilitado por el Ministerio de Interior

Escuelas y Organismos del CESEDEN

 

Escuelas y Organismos

Para el cumplimiento de las funciones asignadas, el CESEDEN se estructura en las siguientes Escuelas y Organismos:

La Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE)

La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS)

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

La jefatura de cada Escuela lo ostenta un General de División o Vicealmirante.

La Dirección del Instituto recae sobre un General de Brigada o Contralmirante

Información sobre el sistema de alertas por desaparición de menores

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/colaboracion-ciudadana/alerta-menor-desaparecido

Información sobre el sistema de alertas por desaparición de menores

¿En qué consiste el Sistema Alerta Menor Desaparecido?

Esta herramienta pretende la emisión de alertas y llamamientos de colaboración a la población a través de los medios de comunicación y de aquellas entidades y organismos con la capacidad tecnológica adecuada para la transmisión de mensajes a la sociedad con la finalidad de conseguir la colaboración ciudadana, en aquellos casos de secuestro de menores en los que la activación del sistema se considere necesaria.

¿Quién decide la activación del sistema?

La decisión para poner en marcha el Sistema ALERTA – MENOR DESAPARECIDO corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de las autoridades policiales responsables de la investigación de la desaparición del menor.

La Alerta Menor Desaparecido se activará en determinadas condiciones en aquellos casos de secuestro de menores para actuar en las primeras horas de la manera más rápida y eficaz.

¿Cuáles son los criterios de activación del sistema?

Para la solicitud de emisión de una alerta se deben cumplir todas y cada una las condiciones siguientes:

Que el desaparecido sea menor de 18 años.
Que la desaparición haya sido previamente ratificada como de alto riesgo de acuerdo con la Instrucción 1/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Que existan indicios razonables de que la desaparición ha sido de carácter forzoso.
Que los investigadores policiales tengan la presunción de que el desaparecido está en una situación de inminente peligro de muerte o riesgo para su integridad física, así como que la emisión de la alerta atiende al interés de la investigación y no va a constituir un perjuicio añadido al menor.
Que se disponga de datos suficientes sobre el desaparecido para que la petición de colaboración a la población pueda dar algún resultado positivo.
Que exista consentimiento para la emisión de la alerta por quien ostente la patria potestad o tutela legal del menor desaparecido.
¿Qué contiene un mensaje de alerta?

El mensaje, que incluirá la inscripción “ALERTA – MENOR DESAPARECIDO”, contendrá aquella información que se considere de utilidad para la localización del menor, que con carácter general podrá ser:

Día, hora y lugar donde se produjo la desaparición
Nombre, edad y sexo del menor
Fotografía actualizada del menor
Descripción física del menor: estatura, peso, color del pelo y de los ojos, etc.
Descripción de la ropa del menor cuando fue visto por última vez
En caso de que se haya usado un vehículo: marca, modelo, color y matrícula
El mensaje de alerta incluirá el número de teléfono 900 300 330 para la recepción de las llamadas de colaboración ciudadana y otro canal apto para recibir información.

Asimismo, podrá contener una frase alertando a los ciudadanos de la posible peligrosidad de la situación en caso de contacto directo con el sospechoso, aconsejando que se facilite la información de la que se disponga a las autoridades.

El mensaje de alerta podrá ser alterado en función de la evolución de las informaciones que vayan recibiendo los responsables de la investigación.

¿A quién se distribuye el mensaje de alerta?

La emisión de una alerta responderá siempre a criterios técnicos, orientados al interés de la investigación y a no perjudicar al menor desaparecido.

El mensaje de alerta se distribuirá, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero sobre todo a los medios de comunicación, organismos y entidades públicas o privadas con las que se haya suscrito el correspondiente Convenio de Colaboración, para que lo difundan utilizando los medios de transmisión de los que dispongan, directamente a la población y/o a otros organismos públicos o privados que colaboren con ellos en la distribución secundaria de la alerta.

¿Cuál es la duración y la zona de difusión del mensaje de alerta?

El período para el que se solicita la difusión de la alerta será de un mínimo de 3 horas y máximo 24 horas; excepcionalmente, si se desea ampliar más allá de 24 horas se emitirá una nueva alerta incluyendo información adicional, en su caso.

La zona de difusión preferente podrá ser local, autonómica, nacional y/o internacional.

¿Quién se puede adherir al convenio de colaboración para la difusión de los mensajes de alerta?

Cualquier medio de comunicación, organismo o entidad pública o privada con capacidad consolidada de transmisión de mensajes a la sociedad y que quiera adherirse al Convenio de Colaboración con posterioridad a su firma, lo podrá hacer mediante Addenda al Convenio.

¿Quien ha cofinanciado este proyecto?

Este proyecto ha sido cofinanciado por la Comisión Europea, en el marco del programa DAPHNE. Más información en:

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Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad para la activación y funcionamiento del sistema de alerta temprana por desaparición de menores
Modelo de convenio de colaboración para la difusión de avisos de colaboración a la población mediante el sistema de alerta temprana por desaparición de menores

 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil


Creada por Orden General nº 32, de 26 de agosto de 1959, es la unidad especializada y específicamente concebida, preparada y organizada para el ejercicio de las funciones asignadas al Cuerpo en materia de tráfico.

Su misión es la vigilancia, regulación, auxilio y control del tráfico, del transporte y la seguridad vial en el ámbito de las vías interurbanas.

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Tiene los siguientes cometidos: auxilio y protección de los usuarios de las vías públicas; vigilancia y mantenimiento de la disciplina del tráfico en las vías interurbanas; investigación e instrucción de las diligencias por accidentes de tráfico ocurridos en las vías de uso público y vigilancia del cumplimiento de la normatica sobre transportes por carretera.

La carrera benéfica “CORRE X ROMÁN”, organizada por los guardias civiles del Puesto de Illescas (Toledo)

La carrera benéfica “CORRE X ROMÁN”, organizada por los guardias civiles del Puesto de Illescas (Toledo).

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Infracciones: Muy graves, graves y leves de la Ley de seguridad 5/2014

El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros, técnicos, operadores de seguridad y profesores acreditados, podrán incurrir en las siguientes infracciones:

 

MUY GRAVES

  1. El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación o acreditación necesaria.
  2. El incumplimiento de las previsiones contenidas en la ley sobre tenencia de armas de fuego fuera del servicio y sobre su utilización.
  3. La falta de reserva debida sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones o la utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones cuando no constituyan delito.
  4. La negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos; en el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
  5. La negativa a identificarse profesionalmente, en el ejercicio de sus respectivas funciones, ante la Autoridad o sus agentes, cuando fueren requeridos para ello.
  6. La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus funciones.
  7. La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos y laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad estén encargados, en el caso de que no sean constitutivas de delito; salvo que sean constitutivas infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
  8. El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.
  9. La realización, orden o tolerancia, en el ejercicio de su actuación profesional, de prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, incluido el acoso, que entrañen violencia física o moral, cuando no constituyan delito.
  10. El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.
  11. La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, sin disponer de la acreditación correspondiente expedida por el Ministerio del Interior.
  12. La no realización del informe de investigación que preceptivamente deben elaborar los detectives privados o su no entrega al contratante del servicio, o la elaboración de informes paralelos.
  13. El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte del personal a que se refiere el artículo 28.3 y 4 de la Ley de Seguridad Privada.
  14. La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el período de dos años, habiendo sido sancionado por las anteriores.

GRAVES

  1. La realización de funciones de seguridad privada que excedan de la habilitación obtenida.
  2. El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en empresas de seguridad privada, o en la plantilla de la empresa, cuando resulte preceptivo o al margen de los despachos de detectives.
  3. La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
  4. El ejercicio del derecho a la huelga al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente.
  5. La no identificación profesional, en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando fueren requeridos para ello por los ciudadanos.
  6. La retención de la documentación personal en contra de lo previsto en el artículo 32.1.b) de la Ley de Seguridad Privada.
  7. La falta de diligencia en el cumplimiento de las respectivas funciones por parte del personal habilitado o acreditado.
  8. La identificación profesional haciendo uso de documentos o distintivos diferentes a los dispuestos legalmente para ello o acompañando éstos con emblemas o distintivos de apariencia semejante a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
  9. La negativa a realizar los cursos de formación permanente a los que vienen obligados.
  10. La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, no ajustados a las normas técnicas reglamentariamente establecidas.
  11. La omisión, total o parcial, de los datos que obligatoriamente debe contener el informe de investigación que deben elaborar los detectives privados.
  12. El ejercicio de funciones de seguridad privada incompatibles entre sí, por parte de personal habilitado para ellas.
  13. La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores.
  14. La validación provisional de sistemas o medidas de seguridad que no se adecuen a la normativa de seguridad privada.

LEVES

  1. La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, o sin portar los distintivos o la documentación profesional, así como la correspondiente al arma de fuego utilizada en la prestación del servicio encomendado.
  2. El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.
  3. La no cumplimentación, total o parcial, por parte de los técnicos acreditados, del documento justificativo de las revisiones obligatorias de los sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.
  4. En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

Detenidos responsables de envío de yihadistas para su posterior integración en la organización terrorista “Estado Islámico” en la órbita de Al Qaeda.

La estrecha colaboración de España y Marruecos ha conducido a la desarticulación de una estructura yihadista en Marruecos

Ministerio del Interior

Marruecos, 14/08/2014

Lucha contra el terrorismo

En la operación han sido detenidas nueve personas de nacionalidad marroquí, algunas de ellas con fuertes vinculaciones en España

La red desmantelada se dedicaba al reclutamiento, apoyo financiero y envío de yihadistas para la organización terrorista “Estado Islámico”

El grupo desarticulado contaba con estructuras en las localidades marroquíes de Castillejos, Tetuán y Fez

Entre los planes de la organización figuraba la planificación de actos terroristas en Marruecos

La estrecha colaboración que mantienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles y marroquíes en la lucha contra el terrorismo ha conducido a la desarticulación de una estructura terrorista de corte yihadista asentada en las localidades marroquíes de Castillejos, Tetuán y Fez. Esta operación se ha saldado con la detención de nueve personas de nacionalidad marroquí, algunas de ellas con fuertes vinculaciones con España.

Las detenciones se han producido en la madrugada de hoy por la Brigada Nacional de Policía Judicial de Marruecos, tras la labor de investigación llevada a cabo por el servicio antiterrorista de este país (DGST). Estas tareas de investigación se han realizado en estrecha colaboración con los servicios de inteligencia y policiales españoles, en concreto con la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía. La operación se inscribe en el marco del esfuerzo de anticipación y lucha contra la amenaza terrorista de carácter yihadista.

Los detenidos son responsables de llevar a cabo actividades de reclutamiento, apoyo financiero y envío de yihadistas, tanto marroquíes como de otras nacionalidades, a Siria e Irak para su posterior integración en la organización terrorista “Estado Islámico” en la órbita de Al Qaeda. Esta red operaba en las localidades marroquíes de Castillejos, Tetuán y Fez, así como en la Ciudad Autónoma de Ceuta (España).

Las investigaciones desarrolladas han confirmado que los yihadistas reclutados por la red desmantelada recibían instrucción en el manejo de armas, montaje y colocación de artefactos explosivos y robo de automóviles, con el fin de participar en atentados terroristas suicidas o  en combates en zonas de conflicto.

Algunos de los activistas reclutados y enviados por la red ahora desmantelada, habrían participado en actos atroces de violencia contra soldados de los ejércitos sirio e iraquí, tales como decapitaciones, cuyas imágenes grabadas fueron colgadas en Internet y difundidas a través de redes sociales.

Igualmente, las labores de investigación han permitido conocer que entre los planes de la estructura desmantelada figuraba la planificación de actos terroristas en el territorio del Reino de Marruecos.

La investigación continúa abierta.

El nuevo Estatuto de la Víctima del Delito reforzará los derechos y garantías procesales de todas las víctimas

 

 

El nuevo Estatuto de la Víctima del Delito reforzará los derechos y garantías procesales de todas las víctimas

Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Madrid, 29/07/2014

El proyecto constituye un catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas

Se considera víctima a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito, y también a sus familiares

El objetivo es dar una respuesta jurídica y sobre todo social a través de un trato individualizado a todas las víctimas, que serán evaluadas para atender las circunstancias de su caso

Derechos de las víctimas:

  • Podrán recurrir la libertad condicional aunque no estén personadas en el procedimiento si la pena del delito es superior a cinco años de prisión
  • Se les comunicará cómo acceder a asesoramiento legal y si lo solicitan se les informará sobre todo el proceso penal (fecha de celebración del juicio, notificación de sentencias y sobreseimientos, etc.)
  • Podrán requerir medidas de control para garantizar su seguridad cuando el reo quede en libertad condicional
  • Se reducirán al máximo las declaraciones, se procurará que sea siempre la misma persona quien hable con la víctima y que esta sea de su mismo sexo
  • Durante el juicio se evitarán preguntas innecesarias y el contacto visual con el infractor

Las víctimas de violencia de género serán informadas de la puesta en libertad de su agresor sin que lo soliciten, salvo que manifiesten expresamente su deseo de no ser notificadas

Se protege a los menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección con medidas específicas encaminadas a evitar una victimización secundaria:

  • Se suprimirán las declaraciones que no sean imprescindibles y podrán ser grabadas para reproducirlas en el juicio
  • Tendrá un representante legal cuando exista conflicto de intereses con los progenitores o representantes legales
  • Los hijos de la pareja fallecida o desaparecida se considerarán también víctimas

Las víctimas de cualquier tipo de delito tendrán próximamente el amparo de un Estatuto específico que garantice sus derechos. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado esta mañana a los representantes de los colectivos afectados el Estatuto de la Víctima del Delito, que nace con el objetivo de ser el catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos, cuya principal novedad es que dispondrán de ellos tanto si están personadas en una causa penal como si no.

El proyecto, presentado hoy en el Palacio de Parcent junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, es un paraguas legal bajo el cual caben protocolos específicos para cada colectivo y que nace sin perjuicio del régimen particular que para las víctimas de terrorismo o las de violencia de género establezca su normativa especial.

La ley pretende ofrecer a las víctimas y a sus familiares desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a todos los problemas que se les puedan plantear con independencia de si están personados en un proceso judicial o no.

Concepto de víctima y protocolos

Para ello es fundamental ofrecer a la víctima directa, y también a la indirecta (los familiares en caso de fallecimiento o desaparición, entre los que por primera vez se incluirá a los hijos de su pareja si convivían con ella), las máximas facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos. Eso se conseguirá reduciendo los trámites innecesarios que supongan una segunda victimización (por ejemplo, eliminando declaraciones que puedan ser prescindibles y que puedan producirle algún trauma) y otorgándole información y orientación sobre los derechos y servicios que le corresponden.

Para hacer efectivas estas actuaciones, siempre orientadas a la persona, lo que exige una evaluación y un trato individualizado de toda víctima, es imprescindible la máxima colaboración entre las distintas Administraciones Públicas, el Poder Judicial, los colectivos de víctimas, los profesionales que las atienden y el conjunto de la sociedad a través de protocolos de actuación, como, por ejemplo, los firmados la semana pasada sobre Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) o el de Desplazamientos de víctimas de violencia de género y sus hijos entre casas de acogida. El proyecto de ley prevé que “toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención […] desde su primer contacto con la autoridad […], a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después de su conclusión”. Por eso también se promoverán las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, tanto del Ministerio como de las Comunidades Autónomas, a las que tendrán que ser derivadas las víctimas que lo necesiten en función de la gravedad del delito o cuando lo soliciten.

El artículo 10 del proyecto de ley incluye también una importante novedad que consiste en que los hijos menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o de violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos.

Derechos de la víctima

El nuevo Estatuto atribuye una serie de derechos a las víctimas estén o no personadas en el proceso penal. Así, todas ellas tendrán derecho a que se les proporcione información en un lenguaje comprensible sobre cómo interponer una denuncia, los servicios asistenciales de los que dispone y cómo pueden acceder a medidas de protección y a asesoramiento legal, así como a la traducción de las resoluciones que se produzcan.

Se reconoce el derecho de la víctima a estar acompañada por la persona que designe y a ser informada sobre la causa abierta por el delito que sufrió aunque no esté personada. Se le informará de cuándo se celebrará el juicio, se le notificarán las sentencias y los sobreseimientos, así como la adopción de medidas cautelares y de libertad del encausado y las resoluciones de las autoridades judiciales o penitenciarias que puedan poner en riesgo la seguridad de la víctima (permisos de salida, por ejemplo), siempre y cuando lo solicite previamente y exista una situación de peligro. En el caso de víctimas de violencia de género, estas serán informadas de la situación en la que se encuentre el encausado (puesta en libertad, fuga o medidas cautelares) incluso sin que lo hayan solicitado, salvo que manifiesten su voluntad expresa de no ser notificadas.

En los casos de grandes catástrofes, los abogados y procuradores no podrán dirigirse a las víctimas para ofrecerles sus servicios profesionales hasta que no haya transcurrido un mes desde el suceso. Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.

En el proceso penal

Es en el capítulo dedicado a los derechos de las víctimas en la participación del proceso penal donde aparecen las novedades más relevantes.

Podrán recurrir los sobreseimientos (una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas) en los 20 días siguientes. Este plazo es muy superior al actualmente establecido de tres, que suponía que en la práctica se dificultaran extraordinariamente estas impugnaciones porque era prácticamente imposible personarse e interponer el recurso en tan poco tiempo. El Estatuto garantiza la posibilidad de recurrir también a aquellos que no se hayan personado anteriormente en el proceso.

Igualmente, las víctimas de delitos de homicidio, de terrorismo, de tortura y contra la integridad moral, lesiones, robo cometido con violencia o intimidación, delitos contra la libertad e indemnidad sexual y delitos de trata de seres humanos podrán recurrir la libertad condicional del penado, siempre y cuando, las penas de prisión sean superiores a cinco años. También podrán impugnar las resoluciones por las que el juez autorice la posible clasificación del tercer grado antes del cumplimento de la mitad de la condena, así como los beneficios penitenciarios autorizados cuando estos se hayan acordado en función del límite de cumplimiento de condena y no de la suma de las penas impuestas.

Se reconoce expresamente la legitimación de la víctima para dirigirse al tribunal y solicitar que imponga al liberado condicional las medidas de control necesarias para garantizar su seguridad.
Asimismo podrán ejercer la acusación y la acción civil; tener la posibilidad de que se regule el sistema de reembolso de gastos; que la restitución de bienes sea efectiva y rápida y que se pueda recurrir a los servicios de justicia reparadora.

Este tipo de mediación (la justicia reparadora) sólo será posible si la víctima y el infractor consienten y este último realiza un reconocimiento previo de los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad. Sus conversaciones serán confidenciales.

A las víctimas residentes en otros países de la Unión Europea, se les facilitará que puedan prestar declaración inmediatamente y se recurrirá en lo posible a sistemas de videoconferencia en sus intervenciones posteriores.

Evitar una segunda victimización

El Estatuto desarrolla también el régimen de las medidas de protección de las víctimas con la intención de evitar su victimización secundaria. Así, durante la fase de investigación se reducirán al mínimo los reconocimientos médicos a los que son sometidas las víctimas y se protegerá su intimidad a través de una especial reserva en todo lo relativo a sus datos de carácter personal y a su imagen, que no podrán ser divulgados por los medios de comunicación. Asimismo, se reducirán al mínimo imprescindible las declaraciones de las víctimas y se procurará que las realicen siempre ante la misma persona y, si así lo solicita la víctima, esta será de su mismo sexo. Con el mismo objetivo, durante la fase de enjuiciamiento se evitarán, entre otras cosas, el contacto entre las víctimas y sus familiares y los infractores y las preguntas innecesarias relativas a la vida privada de la víctima.

Estas medidas de protección se extremarán para las víctimas especialmente vulnerables, para las que se prevé un régimen asistencial y jurídico que va más allá del régimen general, basado en el trato individualizado. Son aquellas que, por sus circunstancias especiales y por la gravedad y naturaleza del delito del que hayan sido objeto (de naturaleza violenta), requieran tal consideración. Se valorará especialmente la inclusión de menores, personas con discapacidad, víctimas de delitos sexuales, víctimas de trata de seres humanos, terrorismo, violencia sobre la mujer y grandes siniestros con víctimas múltiples.

En el caso de los menores, se establecen unas medidas muy concretas para evitar un mayor sufrimiento. Sus declaraciones, que podrán recibirse por medio de expertos, también podrán ser grabadas para después ser reproducidas durante el juicio. Igualmente, el menor podrá tener un representante legal cuando exista una situación de conflicto de intereses con los progenitores o representantes legales y se tomarán decisiones urgentes sobre la guarda y custodia.

Adaptación a la legislación comunitaria

El anteproyecto de ley aprobado el pasado 25 de octubre por el Consejo de Ministros transponía tres directivas: la 2012/29/UE, relativa a los derechos de las víctimas de los delitos, la 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la 2012/13/UE, de 22 de mayo, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Tras estudiar las recomendaciones realizadas por el Consejo de Estado sobre dicho texto, el Ministerio de Justicia ha decidido seguir su criterio y que la transposición de dichas directivas se realice a través de la aprobación de dos proyectos de ley: el del Estatuto de la Víctima, por un lado, y por otro, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer las directivas relativas al derecho a interpretación y traducción y al derecho a la información en los procesos penales.

Este segundo proyecto de ley supone un importante refuerzo de las garantías del proceso penal, mediante una regulación detallada del derecho a la traducción e interpretación durante el proceso y del derecho del imputado a ser informado sobre el objeto del proceso penal para que pueda ejercer con mayor eficacia su derecho a la defensa.

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