Acerca de Segurpricat Consulting Consultoria de seguridad nacional e internacional.

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Segurpricat : Informaciones falsas que se están difundiendo por WhatsApp y algunas redes sociales sobre la comisión de un posible atentado en España

Comunicado del Ministerio del Interior sobre las informaciones falsas que se están difundiendo por WhatsApp y algunas redes sociales sobre la comisión de un posible atentado en España

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La Policía Nacional detiene a cuatro jóvenes en Estepona por difundir falsas amenazas terroristas

Los arrestados alteraron la portada de un periódico de tirada nacional en su edición digital para anunciar un próximo atentado en la localidad malagueña y la difundieron por WhatsApp, Se les atribuye la comisión de un delito de desórdenes públicos

La Policía Nacional pide a los ciudadanos que no difundan ni reenvíen bulos a través de mensajería instantánea, redes sociales o correo electrónico, y atender sólo a informaciones directas de fuentes oficiales

19-noviembre-2015.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro jóvenes en Estepona (Málaga) como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos. Los arrestados habían creado y difundido una falsa noticia en la que se alertaba de un próximo atentado terrorista en la localidad. Para ello habían modificado la portada digital de un periódico de tirada nacional y posteriormente la habían divulgado el bulo a través de WhatsApp. Esta inventada amenaza terrorista ha circulado rápidamente a través de los teléfonos móviles y redes sociales de los jóvenes de Estepona, generando alarma social en el municipio. Los cuatro jóvenes, tres de origen magrebí y el cuarto de nacionalidad rusa, tienen edades comprendidas entre los 19 y 20 años.

La Policía Nacional pide que no se difundan ni se reenvíen bulos

La Policía Nacional solicita a los ciudadanos que no difundan ni reenvíen bulos a través de mensajería instantánea, redes sociales o correo electrónico, y atender sólo a informaciones directas de fuentes oficiales. La difusión de falsas alertas de esta naturaleza además de ser una práctica delictiva, contribuye a generar un clima de inseguridad.

 

Ante las informaciones infundadas que se están propagando a través de diversas redes sociales y otros canales de comunicación (WhatsApp), el Ministerio del Interior aclara que:

  • Las informaciones que se están difundiendo a través de algunas redes sociales y otros canales de comunicación como WhatsApp sobre la comisión de un posible atentado en España, carecen de toda credibilidad y solo pretenden provocar estados de temor a la población y de alarma ciudadana u otros fines malintencionados que son totalmente ajenos a la seguridad.
  • Además, el Ministerio del Interior no ha modificado el Nivel de Alerta Antiterrorista – NAA (Nivel 4 – Riesgo Alto) que estableció el pasado 26 de junio tras los atentados terroristas de Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.
  • Cualquier modificación del Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), arresto de terroristas o comisión de un atentado siempre se transmite a los medios de comunicación y se hace público a través de los canales habituales y oficiales del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil).

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¿Que Hacemos?

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Como Consultoría de Servicios Integrales de Seguridad,SISEGURIDAD , a través de su página web, desea ofrecer dichos servicios centrados en aportar soluciones organizativas que requiera su empresa para la constitución de un Departamento de Seguridad en aquellas empresas obligadas a ello por la normativa legal y aquellas que lo consideren de forma facultativa, colaboramos con la Dirección de la Empresa: Gerentes, Directores de Recursos Humanos RRHH aportando nuestra experiencia y formación en seguridad privada.

Colaboramos si esta constituido el Departamento de Seguridad con su Director de Seguridad ofreciendole nuestro asesoramiento puntual con medidas que tiendan al desarrollo del mismo:

-Elaborando medidas organizativas y de gestión del Departamento de Seguridad Nacional y Internacional.
-Formación complementaria y añadida a la formación obligatoria anual del personal de seguridad privada bajo su dirección: Vigilantes de Seguridad y especialidades, guardas particulares del campo y especialidades.
-Conocimiento actualizado de todas aquellas novedades legislativas y normativas que pudieran afectar al Departamento de Seguridad.

SISEGURIDAD ofrece sus servicios a traves de dos areas:

Area de Formación operativa impartiendo diversos cursos y seminarios de reciclaje del personal de seguridad de su empresa:Vigilantes de Seguridad y especialidades: Escolta y Vigilantes de Explosivos, Guarda Particular del Campo y especialidades, Jefes de Seguidad sobre las leyes y normativa actualizadas de seguridad privada que afecta a las empresas de seguridad y su personal tambien a empresas privadas adaptandonos a las especificaciones y necesidades del cliente.

Area de Consultoria Técnica y Asesoramiento a traves de los siguientes apartados

-Creación, organización y legalización del Departamento de Seguridad

-Elaboración de Planes de Seguridad Integral y Análisis de Riesgos de Instalaciones.

-Gestión y seguimiento del cumplimiento de los contratos de seguridad a traves de Auditorias de Seguridad y inspecciones de servicios.

-Asesoramiento en la contratación de servicios de seguridad incluyendo la confección de planes de implantación, de planes de prueba y simulacros, como la respuesta a todas aquellas consultas para la optimización de costes de seguridad.

Segurpricat : Misiones de las Fuerzas Armadas Españolas en el exterior

Segurpricat : El Gobierno de España desmiente …

segurpricat.org/…/segurpricat-el-gobierno-de-espana-desmiente-rotunda…
20 nov. 2015 – De este modo, prácticamente uno de cada tres militares españoles desplegados en misiones en el exterior estará en el continente negro.siseguridad_1410525524_13

Las amenazas en el flanco sur de España provoca que El …

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20 nov. 2015 – Malí Más de 100 militares españoles están desplegados en … Director de seguridad,Segurpricat Siseguridad … uno de cada tres militares españoles desplegados en misiones en el exterior estará en el continente negro.<a href="http://linkedin.com/in/julianfloresgarcia">"Màs información en Linkedin"</a>

Segurpricat : Misiones de las Fuerzas Armadas Españolas …

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7 oct. 2015 – Además de las que se llevan a cabo en el exterior, hay que incluir las que, de … Segurpricat : En #Kabul #Afganistán quedarán 20 militares …

Militares españoles reforzarán la protección de la base de …

segurpricat.eu/…/militaresespanoles-reforzaran-la-proteccion-de-la-base-de…

19 sept. 2014 – Noticias Militares españoles reforzarán la protección de la base de … vigilancia exterior, control de accesos, control de servicios y jefatura de la …

El despliegue español en operaciones internacionales asciende a 2.211 militares

Las Fuerzas Armadas españolas participan en la actualidad en 15 operaciones en el exterior.

Hay  más de 2.200  hombres y mujeres desplegados en diez países de tres continentes (Senegal, Líbano, Bosnia-Herzegovina, Somalia, Yibuti, Malí, República Centroafricana, Gabón, Irak y Afganistán) y en tres zonas marítimas (mar del Norte, Mediterráneo e Índico),

Además, efectivos del Ejército de Tierra y de la Armada participan, como cada año desde 1988, en la Campaña Antártica.

Los contingentes españoles llevan a cabo sus misiones en el marco de Naciones Unidas, Unión Europea, OTAN y en coalición o bilaterales.

Estas misiones contribuyen a la seguridad internacional e interna de los países en los que se despliega, y a la mejora de capacidades de sus Fuerzas Armadas.

Esto se consigue, mediante actividades de adiestramiento y asesoramiento, presencia e interposición, o lucha contra el terrorismo, tráficos ilegales y piratería marítima.

#OACNUDH OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA
 
El 10 de enero de 2005, el Gobierno de Guatemala y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron un acuerdo para establecer formalmente una Oficina en el país.

El acuerdo fue aprobado por el Congreso de la República el 31 de mayo de 2005 y la Oficina inició labores formalmente el 20 de septiembre del mismo año.

El establecimiento de la Oficina tiene la finalidad de contribuir a la protección y la promoción de los derechos humanos de la población.

En septiembre de 2008 el Gobierno y la Alta Comisionada prorrogaron este acuerdo por un período de tres años.

El financiamiento de la Oficina proviene de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU. Las actividades de la Oficina no representan obligaciones financieras para Guatemala.

 

Mandato
De conformidad con su mandato, OACNUDH tiene las siguientes funciones:

a) Observar la situación de los derechos humanos, a fin de asesorar a las autoridades en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos en Guatemala.

b) Asesorar al Estado guatemalteco y, en las esferas de su competencia, a representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y particulares.

c) Promover la observancia de los derechos humanos y la aplicación de las  recomendaciones formuladas por órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos.

d) Informar acerca de las actividades de la Oficina y la situación general de los  derechos humanos en el país, no solamente a través del informe anual de la Alta Comisionada, sino también mediante comunicados de prensa, pronunciamientos públicos, etc.

Consulte el mandato de la Oficina en versión pdf. (link)

 

Prioridades temáticas

El trabajo de la Oficina en Guatemala se enfoca en cuatro prioridades temáticas:

Justicia y Estado de Derecho
Fortalecer las capacidades institucionales para combatir la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho, con especial atención en los mecanismos de rendición de cuentas, la independencia de jueces y fiscales, los sistemas de justicia de transición y el acceso al a justicia, particularmente para las mujeres y los pueblos indígenas.

Pobreza/ Derechos económicos, sociales y culturales
Promover los derechos económicos, sociales y culturales en un esfuerzo por combatir las desigualdades y la pobreza, con énfasis en un enfoque de  derechos humanos en las políticas y programas en relación con la seguridad alimentaria, la salud y la educación, y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Seguridad
Promover medidas para proteger los derechos humanos en situaciones de violencia e inseguridad, con un enfoque especial sobre las medidas para combatir la delincuencia organizada, la violencia contra las mujeres, las ejecuciones extrajudiciales y las muertes bajo custodia.

Discriminación
Fortalecer las capacidades nacionales para combatir la discriminación, con especial atención a los pueblos indígenas, las mujeres y las personas con discapacidad.

 

Principios

El trabajo de la Oficina se guía por los siguientes principios:

• Imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, tal como lo establecen los principios de las Naciones Unidas.

• Discreción en sus actuaciones y en la relación con todos los sectores involucrados en las esferas de su competencia.

• Confidencialidad sobre la información recibida y sobre las fuentes de dicha información.

• Comunicación constante con las autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil.

•  Respeto a las leyes y a las autoridades nacionales.

 

El equipo de trabajo

La Oficina está conformada por personal internacional y nacional. Los funcionarios extranjeros provienen de países diversos como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, España, México, Grecia, Italia, Suecia y Uruguay.

Los funcionarios de la Oficina tienen la facultad de:

• Contactar a las autoridades centrales y locales de todos los sectores del Gobierno, incluidas las fuerzas de policía y de seguridad.

• Realizar contactos directos con particulares, representantes de sectores no gubernamentales, instituciones privadas, hospitales, así como medios de información.
• Acceder a documentos y materiales oficiales necesarios para el debido desempeño de las actividades de la Oficina, exceptuando a los que contengan información privilegiada y estén estipulados en la Constitución de la República.

• Acceder a todas las cárceles, centros de detención y lugares de interrogatorio.

Los funcionarios de la Oficina han establecido relaciones de trabajo positivas con todos los sectores, incluido el Gobierno, las instituciones del Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, el Equipo de País de las Naciones Unidas y la comunidad internacional.

OACNUDH respalda a defensoras y defensores ante intimidaciones

Alberto Brunori expresó su respaldo a defensoras y defensores de derechos humanos, quienes esta mañana denunciaron en conferencia de prensa las agresiones e intimidaciones de las que han sido víctimas.

Brunori manifestó su preocupación por la situación , en particular por los ataques contra Fundación Sobrevivientes, CALAS, UDEFEGUA y Fundación Myrna Mack, así como los ataques y contra Iván Velásquez de la CICIG, quien en su función de Comisionado también es un defensor de DDHH.

“Esto crea un clima de intolerancia cuando realmente las y los defensores han hecho un trabajo muy importante”, recalcó. Para el Representante de OACNUDH es fundamental que las autoridades garanticen la protección de las y los defensores, para que puedan ejercer su labor y expresar sus opiniones sin represalias ni ataques.

“Desde el Sistema de Naciones Unidas tenemos la esperanza de que las nuevas autoridades de Gobierno puedan pronunciarse a favor de la defensa de los derechos humanos con un mensaje fuerte y claro, y que consideren a las y los defensores como sus mejores aliados. Lo que ha logrado Guatemala en la lucha contra la impunidad es también gracias al trabajo las y los defensores de derechos humanos, así como de las y los periodistas”, puntualizó.

En este contexto, Brunori reiteró la importancia de poner en marcha el mecanismo de protección a periodistas antes de fin de año.

“Además de dar seguimiento a estos casos por mandato del Alto Comisionado, la Oficina acompañará a las y los defensores y llamará a las autoridades para que pongan en marcha todos los mecanismos de protección posibles”, finalizó.

Documentos relacionados: Comunicado de la Convergencia por los Derechos Humanos Ver comunicado

Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas saluda la decisión de ligar a proceso a 11 militares por desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad

Ginebra, 19 de enero 2016

La decisión de ligar a proceso a los acusados, sigue la acusación presentada por el Ministerio Público tras las investigaciones realizadas en relación a las graves violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en un destacamento militar conocido actualmente como CREOMPAZ en Cobán, Departamento de Alta Verapaz. Las fosas comunes encontradas ahí contienen osamentas de al menos 500 personas que habían sido vendadas, amordazadas y atadas, incluyendo mujeres y menores de edad. Entre las personas acusadas se incluye a Manuel Benedicto Lucas García, el ex jefe militar y el hermano del entonces Presidente de Guatemala. Otros tres oficiales militares detenidos en relación con el mismo caso han sido puestos bajo arresto domiciliario en espera de nuevos elementos de investigación por parte del Ministerio Público.

Es la primera vez que en investigaciones sobre crímenes del pasado, se identifica una cadena completa de mando involucrada en desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad, desde presuntos autores materiales hasta los presuntos autores intelectuales.

Algunos de los restos encontrados eran de personas que murieron durante las masacres de Pambach de 1982, de Río Negro en 1980 y 1982, las cuales afectaron principalmente a los pueblos indígenas Maya que protestaban contra la construcción de una hidroeléctrica. Asimismo se encontraron los restos de dos hermanos desaparecidos, Lázaro y Edmundo Salvador Morán.

Otros cuatro ex militares, incluyendo Manuel Antonio Callejas Callejas, ex Director de Inteligencia del Ejército, fueron detenidos el 6 de enero y acusados por su participación en la desaparición forzada de Marco Molina Theissen, de 15 años de edad.

 

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Segurpricat :Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala #CICIG

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“La lucha contra la corrupción no es posible si no hay un interés decidido de las autoridades y de la sociedad guatemalteca en el fortalecimiento del sistema de justicia, el cual sólo será posible si se cuenta con los recursos necesarios”, enfatizó el Comisionado en la firma del convenio de cooperación por parte del Reino Unido de Gran Bretaña Acuerdo de Creación del #CICIG  PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA #CICIG Por una cultura de legalidad en Guatemala

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COMUNICADO DE PRENSA 005
Guatemala, enero 21 de 2016.
COMUNICADO DE PRENSA 004
Guatemala, enero 18 de 2016.
COMUNICADO DE PRENSA 003
Guatemala, enero 16 de 2016.
COMUNICADO DE PRENSA 002
Guatemala, enero 13 de 2016.
COMUNICADO DE PRENSA 001
Guatemala, enero 08 de 2016.

 

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Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en Mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 01 de Agosto de 2007. Fue así como se dio la creación de la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. Ello, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.

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El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo, está compuesto de tres objetivos principales:

  • Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.
  • Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;
  • Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.

Para cumplir tales funciones, según lo previsto en el Acuerdo, la CICIG está facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Publico. Asimismo, la CICIG está facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Comisión también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios. La CICIG está además facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución “La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo” (A/63/L.18) Expresó su agradecimiento a los países que han apoyado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, instándolos a que continuasen apoyándola. Asimismo, la Asamblea General agradeció al Secretario General de las Naciones Unidas por haber proporcionado ayuda efectiva y eficiente a la Comisión, pidiéndole que continuase prestándole apoyo “de manera que la comisión pueda cumplir su mandato y hacer frente a los desafíos que se le presenten”.

Primera prórroga
El 24 de marzo de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó, por medio de una carta personal dirigida al Secretario General, la prórroga del mandato de la CICIG por otros dos años. La prórroga fue confirmada el 15 de abril de 2009 cuando el Secretario General Ban Ki-moon envió una respuesta personal al Ministro de Relaciones Exteriores, expresando el deseo de Naciones Unidas de que la Comisión continuara su importante labor de apoyo a las instituciones nacionales durante otros dos años. Por lo tanto, la CICIG seguirá trabajando hasta el 4 de septiembre de 2011 para ayudar al Estado en su rol de desmantelar las organizaciones criminales y combatir la impunidad en Guatemala.

Segunda prórroga
Siguiendo el procedimiento estipulado en el artículo 14 del Acuerdo sobre el establecimiento de la CICIG, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala escribió al Secretario General el 23 de diciembre de 2010 proponiendo formalmente la extensión del mandato. Por medio de una carta firmada el 13 de enero de 2011, el Secretario General de las Naciones Unidas confirmó que la carta del Ministro, así como su respuesta, constituían un acuerdo para la prórroga del mandato por un periodo adicional de dos años, a contar a partir del 4 de septiembre de 2011.

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Infracciones y sanciones para el personal de seguridad habilitado y usuarios de seguridad privada por incumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada

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En resumen el incumplimento de la Ley 5/2014 de seguridad privada para los usuarios de seguridad que contraten personas carentes de habilitación para funciones de seguridad una sanción entre 20.001 a 100.000.-euros, el Director de seguridad habilitado que no esta integrado en la empresa que le contrata, una sanción como màximo de 6.000 euros y para la empresa donde realiza su trabajo de 20.000 euros.
Infracciones

El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros, técnicos, operadores de seguridad y profesores acreditados, podrán incurrir en las siguientes infracciones:noimage1

Muy graves
Graves
Leves

MUY GRAVES

El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación o acreditación necesaria.
El incumplimiento de las previsiones contenidas en la ley sobre tenencia de armas de fuego fuera del servicio y sobre su utilización.
La falta de reserva debida sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones o la utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones cuando no constituyan delito.
La negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos; en el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
La negativa a identificarse profesionalmente, en el ejercicio de sus respectivas funciones, ante la Autoridad o sus agentes, cuando fueren requeridos para ello.
La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus funciones.
La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos y laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad estén encargados, en el caso de que no sean constitutivas de delito; salvo que sean constitutivas infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.
La realización, orden o tolerancia, en el ejercicio de su actuación profesional, de prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, incluido el acoso, que entrañen violencia física o moral, cuando no constituyan delito.
El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.
La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, sin disponer de la acreditación correspondiente expedida por el Ministerio del Interior.
La no realización del informe de investigación que preceptivamente deben elaborar los detectives privados o su no entrega al contratante del servicio, o la elaboración de informes paralelos.
El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte del personal a que se refiere el artículo 28.3 y 4 de la Ley de Seguridad Privada.
La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el período de dos años, habiendo sido sancionado por las anteriores.

GRAVES

La realización de funciones de seguridad privada que excedan de la habilitación obtenida.
El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en empresas de seguridad privada, o en la plantilla de la empresa, cuando resulte preceptivo o al margen de los despachos de detectives.
La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
El ejercicio del derecho a la huelga al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente.
La no identificación profesional, en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando fueren requeridos para ello por los ciudadanos.
La retención de la documentación personal en contra de lo previsto en el artículo 32.1.b) de la Ley de Seguridad Privada.
La falta de diligencia en el cumplimiento de las respectivas funciones por parte del personal habilitado o acreditado.
La identificación profesional haciendo uso de documentos o distintivos diferentes a los dispuestos legalmente para ello o acompañando éstos con emblemas o distintivos de apariencia semejante a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
La negativa a realizar los cursos de formación permanente a los que vienen obligados.
La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, no ajustados a las normas técnicas reglamentariamente establecidas.
La omisión, total o parcial, de los datos que obligatoriamente debe contener el informe de investigación que deben elaborar los detectives privados.
El ejercicio de funciones de seguridad privada incompatibles entre sí, por parte de personal habilitado para ellas.
La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores.
La validación provisional de sistemas o medidas de seguridad que no se adecuen a la normativa de seguridad privada.

LEVES

La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, o sin portar los distintivos o la documentación profesional, así como la correspondiente al arma de fuego utilizada en la prestación del servicio encomendado.
El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.
La no cumplimentación, total o parcial, por parte de los técnicos acreditados, del documento justificativo de las revisiones obligatorias de los sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.
En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

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Infracciones y sanciones para el personal de seguridad habilitado y usuarios de seguridad privada por incumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada …

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Infracciones y sanciones para el personal de seguridad habilitado y usuarios de seguridad privada por incumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada

Articulo 38.5 .Los directores de seguridad de las empresas de Seguridad privada y de las entidades obligadas a disponerde esta figura, conforme a lo dispuesto en el articulo 36 de la Ley de Seguridad 5/2014 , desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas de dichas empresas donde prestan sus servicios.

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KK / KCK (Partido de los trabajadores del Kurdistán / Confederación de los pueblos del Kurdistán)

 

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Los detenidos formaban parte de una estructura en España con ramificaciones en países europeos y en Turquía cuya finalidad era colaborar y facilitar la integración de individuos en la estructura armada de la organización terrorista PKK-KCK

Ministerio del Interior

Madrid, Valencia, Bilbao, 27/01/2016

Lucha contra el terrorismo

Operación realizada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en Madrid, Valencia y Bilbao

Hay 8 detenidos españoles y uno de nacionalidad turca cuyo cometido se vincula con funciones de enlace directo con la organización terrorista PKK-KCK

KK / KCK (Partido de los trabajadores del Kurdistán / Confederación de los pueblos del Kurdistán) Fuente https://www.egm.gov.tr/es

Historia

Los turcos, habiendo establecido varios estados durante la historia, han mantenido el orden público y la seguridad junto con la defensa nacional. Mantener el orden público y la seguridad ha sido siempre el deber principal de los dirigentes de estos estados. En el sentido moderno, la primera organización policial fue creada durante el Imperio Otomano el 10 de abril de 1845.

Era de la Fuerza Policial (1846-1879)

Este periodo comenzó con la fundación de la Policía Legítima para unir las fuerzas de seguridad del país. Más tarde, los regimientos policiales se organizaron primero en Estambul y después en las zonas rurales.

Era del Ministerio de la Policía (1879-1909)

Originariamente, el Ministerio de la Policía se creó para proporcionar seguridad en Estambul, pero se extendió a la seguridad de todo el país en 1885. Además, se crearon la policía secreta, los inspectores de policía y las tropas de policía montada en 1898, y la Policía de Marina comenzó a trabajar en 1899. El Ministerio de la Policía fue abolido después de que se declarara la II Constitución.

Era Republicana y posterior

La Dirección General de Seguridad se creó 2 meses después de que se fundara la Gran Asamblea Nacional turca en 1920. La Ley Discrecional de Fuerzas Policiales (Ley n.º 2559) fue aprobada en 1934. La Ley de Asuntos de Seguridad (Ley n.º 3201) fue adoptada en 1937. Después de 1980, la Dirección de Asuntos de Seguridad tuvo un periodo de cambio y crecimiento planificado. Se crearon varios departamentos nuevos para satisfacer diferentes necesidades de seguridad durante este periodo. Junto con la organización central, los departamentos de policía han alcanzado nuevos niveles de calidad. Los Departamentos Provinciales de Policía han sido reorganizados según el crecimiento de la población, los cambios socioeconómicos y los cambiantes patrones de los crímenes.

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En los registros practicados se ha intervenido diverso material informático y documental que se encuentra pendiente de ser analizado así como otros efectos

Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han llevado a cabo esta madrugada en Madrid, Valencia y Bilbao una operación policial denominada “Operación Valle” contra una estructura en España con ramificaciones en países europeos y en Turquía, cuya finalidad era colaborar y facilitar la integración de individuos en la estructura armada de la organización terrorista PKK-KCK, que opera básicamente en Turquía y Siria. La operación ha sido dirigida y coordinada por el Juzgado Central de Instrucción, Número 6, y la Fiscalía, de la Audiencia Nacional.

Durante esta operación, la Policía Nacional ha detenido a 9 personas (5 en Madrid, 3 en Valencia y 1 en Bilbao) a los que se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal y de colaboración con organización terrorista. De ellos, 8 son españoles y uno de nacionalidad turca cuyo cometido se vincula con funciones de enlace directo con la organización terrorista PKK-KCK.

Además, se han realizado once registros domiciliarios en las ciudades de Madrid, Valencia y Bilbao. Uno de los registros corresponde con la “sede” de un grupo autodenominado “Reconstrucción Comunista” del que, presuntamente, forman parte la mayoría de los detenidos.

Los detenidos, en colaboración con otros individuos residentes en varios países europeos, proporcionaron la infraestructura necesaria para que los desplazados viajasen al extranjero y se integrasen finalmente en las filas de las Unidades de Protección Popular (YPG) o brazo armado de la organización, de quien recibían adiestramiento en el uso de armas y explosivos en campos de entrenamiento, para posteriormente integrarse en células de combate.

En los registros practicados se ha intervenido diverso material informático y documental que se encuentra pendiente de ser analizado así como otros efectos.

La investigación fue iniciada por la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional dentro del seguimiento de las actividades de apoyo y colaboración con esta organización terrorista.

El PKK-KCK es una organización terrorista reconocida actualmente como tal en la Unión  Europea según Decisión 2011/430/PESC del Consejo de 18 de Julio de 2011, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se refieren los preceptos de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas para la lucha contra el terrorismo. Además, es considerada organización terrorista por Estados Unidos, según la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de EE.UU.