La Policía Nacional desarticula una red especializada en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional

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La Policía Nacional desarticula una red especializada en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional

La Policía Nacional desarticula una red especializada en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional

La Policía Nacional desarticula una red especializada en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional

Las falsificaciones se ofrecían directamente a particulares y galerías de arte o bien a través de subastas online

La Policía Nacional desarticula una red especializada en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional

En la operación han sido arrestadas nueve personas, entre las que figuran autores materiales de las falsificaciones, responsables de la distribución e intermediarios

Los agentes se han incautado de 271 imitaciones de obras pictóricas, esculturas y obra gráfica de reconocidos artistas, como Picasso, Andy Warhol, Miró, Sorolla, Pinazo, Apple, Saura, Chillida o Tapies, entre otros

La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, creada en 1985, investiga las agresiones contra obras de arte, esculturas, pinturas, elementos arquitectónicos, yacimientos arqueológicos terrestres o yacimientos arqueológicos subacuáticos

28-febrero- 2015.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red especializada, presuntamente, en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional. Entre los nueve detenidos se encuentran autores materiales de las falsificaciones e integrantes de la cadena de distribución, como algunos intermediarios encargados de la introducción en el mercado de las obras. Las falsificaciones se ofertaban, bien directamente o bien a través de subastas online, a particulares o a operadores del mercado del arte con establecimiento propio. Se han incautado 271 imitaciones de obras pictóricas, esculturas y obras gráficas de reconocidos artistas, como Picasso, Andy Warhol, Miró, Sorolla, Pinazo, Apple, Saura, Chillida o Tapies, entre otros.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada en la comisaría de Denia (Alicante), en la que un vecino de dicha localidad ponía en conocimiento la sustracción de diversos efectos en su vivienda. Tras realizar una serie de indagaciones, los agentes consiguieron identificar al autor del robo, que resultó ser además integrante de una red dedicada a la falsificación y venta de obras de arte.

Tras conocer este hecho se continuó con las investigaciones hasta que finalmente se pudo identificar y detener a los responsables de las falsificaciones, una pareja y un trío de hermanos. También se comprobó que se dedicaban a esta actividad desde hacía siete años y que plagiaban pinturas y esculturas de multitud de autores como Picasso, Andy Warhol, Miró, Sorolla, Pinazo, Apple, Saura, Chillida, Tapies, Mompó, Equipo Crónica, Rafael Alberti, Teixidor o Riera i Aragó, entre otros.

Obras ofrecidas a particulares y a galerías de arte

Además de detener a los falsificadores, los investigadores consiguieron localizar y arrestar al intermediario que les compraba las obras para venderlas posteriormente a un comercializador -que también ha sido detenido- por un valor que cuadruplicaba el precio de adquisición. Este a su vez las ofrecía a galerías de arte de Valencia y Madrid, así como a particulares vinculados al mundo del arte, en reuniones organizadas en su oficina, o bien a través de subastas online. También ha sido arrestado el coautor del robo con fuerza que dio origen a la investigación.

Tras las detenciones se practicaron siete registros en domicilios y locales de Valencia, se han intervenido 271 obras pictóricas, útiles para pintar, libros de pintura, pruebas y ensayos de firmas de pintores, así como numerosos documentos y facturas de compraventa de cuadros.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada de Patrimonio Histórico de la UCDEV, en colaboración con la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia y agentes de la comisaría de Denia.

Más de 25 años protegiendo el arte

La Brigada del Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, creada en el año 1985, fue galardonada con la Medalla de Oro de Bellas Artes de 2007. Esta medalla distingue a personas y entidades que han destacado por su creación artística y cultural; que hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o, como en el caso de la Brigada tienen un relevante papel en la conservación del patrimonio histórico.

Entre las funciones de la Brigada de Patrimonio Histórico se encuentra la investigación de todas las agresiones contra el patrimonio histórico, artístico y cultural, tanto de titularidad pública como privada, acaecidos en cualquier ámbito geográfico del territorio nacional, (obras de arte, esculturas, pinturas, elementos arquitectónicos, yacimientos arqueológicos terrestres, yacimientos arqueológicos subacuáticos).

Durante 2014, las investigaciones de esta Brigada permitieron, entre otros, la restitución a las autoridades colombianas de 641 piezas precolombinas que habían salido de manera ilegal de Colombia para su comercialización en España a través de una empresa de mudanzas internacional; la recuperación de un cuadro del pintor Carlos De Haes titulado “Paisaje”, robado en el año 1991; la incautación de un falso Miró que se intentaba vender por 600.000 euros; o la restitución a las autoridades peruanas de 22 piezas arqueológicas que habían sido intervenidas en el marco de una operación por expolio y contrabando de arqueología precolombina.
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Eligio Landín López Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

En este Blog podrá acceder a toda la información sobre personal de seguridad privada, incluyendo la normativa básica reguladora relacionada con los vigilantes de seguridad y sus especialidades, guardas particulares del campo y especialidades, infracciones, sanciones y los distintos procedimientos administrativos sobre seguridad privada.

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Eligio Landín López Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

Eligio Landín López

Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó, el pasado día 30 de diciembre, la Ley 10/2011 que, entre otras leyes autonómicas, modificó la Ley 4/2003, de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña. La reforma añadió a esta Ley la Disposición Adicional Séptima, mediante la que otorga el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad privada que preste servicios de vigilancia en infraestructuras y medios de transporte público de Cataluña.

La Disposición, según establece la misma, se aprobó en base a las competencias de coordinación de la seguridad privada con la Policía autonómica que tienen la Comunidad Autónoma en virtud del vigente Estatuto de Autonomía. No voy a entrar a considerar si el Parlamento Autonómico tenía, o no, competencias para regular la materia, pero lo cierto es que un dictamen de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de fecha 14 de noviembre de 2011, niega esa posibilidad de acuerdo con las competencias que Cataluña tiene en materia de seguridad privada, conforme a lo establecido en la Ley 23/92 y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2364/94.

En todo caso, el motivo de este artículo no es analizar las competencias del Estado y las que, con carácter ejecutivo, tiene la Comunidad Autónoma en seguridad privada, análisis que, con todo acierto, ha efectuado la Unidad Central de Seguridad Privada y que ha hecho público a través de uno de sus boletines ( Monográfico 12, de septiembre de 2011).

La decisión de la Generalidad que, por otra parte, no es novedosa, ya que la Ley Ferroviaria de Cataluña,( la Ley 4/2006), a pesar de las discrepancias habidas sobre la interpretación de su art. 38, en mi opinión, ya atribuía el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad que prestaba servicios de vigilancia en las instalaciones de los medios de transporte ferroviarios incluido el metropolitano; me da pie a plantear la cuestión de fondo que encabeza el artículo: ¿ debe el personal de seguridad privada tener la condición de Agente de la Autoridad? Pues bien, ya anticipo que mi respuesta es positiva.

Sin ninguna duda creo, por las razones que expondré a continuación, que es imprescindible que el personal de seguridad, (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Vigilantes de Explosivos y sustancias peligrosas, guardas particulares de campo, incluidas sus especialidades -guardas de caza y guardapescas-, y, por qué no, el resto de las categorías que lo integran: Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad y Detectives Privados), tenga reconocida legalmente la condición de Agente de la Autoridad.

En este punto discrepo del criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior que, a pesar de que el art. 35 de la Orden INT/318/2011, establece textualmente: “ En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes”, sigue manteniendo que, con carácter general, el personal de seguridad no tiene el carácter de Agente de la Autoridad, aunque en determinadas circunstancias tiene la protección legal como tales ( cuando acuden en auxilio o colaboran con la Autoridad o sus Agentes, ampliable a determinados servicios que el personal de seguridad privada preste en colaboración directa con la seguridad pública, como por ej. En un dispositivo conjunto de seguridad). No comparto su interpretación restrictiva, ya que, si bien es cierto que la citada Orden, por su rango legal, no podía otorgar tal condición al personal de Seguridad Privada ( precisamente esa falta de rango legal fue el argumento por el que, finalmente, el Tribunal Supremo negó validez al Decreto 629/1987 que atribuía la condición de Agente de Autoridad a los antiguos Vigilantes Jurados de Seguridad), también lo es el hecho de que si el alcance de la protección del personal de seguridad que recoge el precepto se limita a esos aspectos, la norma resulta innecesaria, ya que esa protección ya está prevista en una norma de superior rango, en este caso de Ley Orgánica, como es el art. 555 del vigente Código Penal ( Ley Orgánica 10/95). (Éste artículo protege con las mismas penas – en un grado inferior- que las establecidas para los atentados contra la autoridad o sus agentes, a los acometan o intimiden a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.)

Yo creo que habría que abordar el asunto con la profundidad que requiere y, si ahora no era el momento, de lege ferenda, debería incluirse, de forma inequívoca, en la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada. Es muy sencillo, bastaría con añadir un artículo con el siguiente texto: “El Personal de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene el carácter de Agente de la Autoridad a todos los efectos legales”.

Pero, antes de otras consideraciones jurídicas, conviene primero saber qué es un Agente de la Autoridad y qué consecuencias legales tiene una atribución de éste tipo a una determinada profesión, para saber si existe algún inconveniente legal que impida o dificulte su reconocimiento respecto al personal de seguridad.

Para definir qué es un Agente de la Autoridad quizá haya que empezar por definir el concepto del que es consecuencia, esto es, del de Autoridad. Curiosamente, como ha reiterado la doctrina del Tribunal Supremo (por todas la STS de 9 de mayo de 1978), para saber quién es una Autoridad tenemos que recurrir al art. 24 del Código Penal y digo curiosamente porque para definir este concepto lo lógico sería recurrir al Derecho Administrativo, y no a la ley penal – es sabido que la razón de ser de ésta no es otra que la de definir quién tiene esa consideración a efectos de subsumir las conductas delictivas en los tipos penales en los que el sujeto activo sea precisamente una Autoridad- . Pero lo cierto es que en este ámbito del Ordenamiento Jurídico no existe una definición de qué se entiende por Autoridad, a efectos legales.

El art. 24. 1º del Código Penal contiene los dos términos que nos permiten concluir si estamos en presencia, o no, de una Autoridad, – con independencia, como es lógico, del propio título o nombramiento para el cargo- que, en todo caso, deben que ser interpretados para que la definición de Autoridad tenga pleno contenido. En concreto, cuando la norma afirma que se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación o tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, es indudable que debemos analizar qué significa “tener mando” o “ejercer jurisdicción propia”, pues con ello podremos avanzar hacia el contenido del concepto Autoridad.

Nuestro Diccionario RAE contiene las siguientes definiciones: Autoridad: poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; Mando, en una de sus acepciones, significa: autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos; y jurisdicción: autoridad, poder o dominio sobre otro. El Tribunal Supremo, en una vieja sentencia de 1963, definía el concepto de mando diciendo que: “La función de autoridad implica una voluntad de mando o imperio, que se concreta en el ejercicio “erga subditus” de un derecho de supremacía, esto es, de un derecho que constituye una manifestación de un poder jurídicamente superior al de los ciudadanos. Y es por esta razón, por la que los ciudadanos vienen obligados a la Autoridad cuando ésta se halla en el ejercicio de su cargo”.

Por su parte, el ejercicio de la autoridad, poder o dominio que implica tener jurisdicción, supone tener atribuida competencia para declarar y hacer cumplir o ejecutar lo declarado, como por ej. tienen constitucionalmente reconocidos los Jueces y Tribunales de Justicia. Esta competencia tiene que estar atribuida específicamente a la persona que decide y no cabe por delegación.

Por tanto, el acto de autoridad implica dos momentos o fases: la toma de la decisión y la ejecución o cumplimiento de la misma. Si la fase decisoria corresponde, por derecho propio, a la Autoridad, la de ejecución puede corresponder a otras personas, aquellas que, actuando en representación de la Autoridad o por delegación, lo hacen como Agentes de la misma.

En consecuencia, una aproximación a la definición de Agente de la Autoridad – el mencionado Diccionario considera que es aquella persona que obra con poder de otra- podría ser entender aquél como una figura intermedia entre la Autoridad y los funcionarios públicos. Los Agentes de la Autoridad, se encargarían de hacer cumplir las órdenes y disposiciones que emanan de la Autoridad – Actuarían siempre por delegación o en nombre de la Autoridad.

Sin embargo, legalmente, no hay una definición de qué se entiende por Agente de la Autoridad, ni siquiera en el ámbito penal ( el Código Penal de 1928, sí incluía en el párrafo 3º del art. 213 un texto del siguiente tenor: Se consideran Agentes de la Autoridad no sólo los funcionarios que con tal carácter dependan del Estado, de la Provincia o del Municipio, sino los de otras entidades que realicen o coadyuven a los fines de aquellos y los que tengan a su cargo alguna misión general o determinada y en disposición reglamentaria o nombramiento expedido por Autoridad competente o delegado de ésta, se expresa el carácter de tal agente”).

Ante la falta de definición legal, ha sido el Tribunal Supremo, una vez más, quién ha venido a establecer qué se entiende por Agente de la Autoridad (STS de 27.05.1978 y 28.01.1982) diciendo que son Agentes de la Autoridad quienes por razón de su cargo están obligados a auxiliar a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones y ejecutar y llevar a efecto sus providencias, acuerdos, órdenes y mandatos.

La atribución del carácter de Agente de la Autoridad tiene un doble origen: O se obtiene por disposición legal – mediante ley formal, es decir, Ley orgánica, ordinaria, Decreto-Ley u otra con dicho rango legal- que atribuya dicha condición a determinado colectivo o profesión, como es el caso, entre otros, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), cuya Ley Orgánica 2/86, en su artículo 7.1, les atribuye a sus miembros dicho carácter. O bien, tiene su origen en un nombramiento específico o nominal realizado por la Autoridad competente. En este caso, la atribución se realiza a título individual, sobre una persona concreta, y no a un colectivo determinado como cuando procede de una norma con valor de Ley.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, para atribuir la condición de Agente de la Autoridad al colectivo profesional de seguridad privada sería necesario que la Ley, en este caso, la Ley de Seguridad Privada, simplemente, lo establezca dentro del estatuto jurídico- profesional de las diferentes categorías profesionales, como se recogen en su art. 1-3º, los principios básicos de actuación como normas deontológicas similares a las que tienen los miembros de las FCS.

Pero ¿qué ocurre con la actual normativa que regula el sector, la Ley 23/92? Pues sencillamente que esta Ley, por razones que no explica en su Exposición de Motivos, no recoge en su texto que el personal de seguridad tenga esa condición, considerando que las diferentes las categorías que lo integran tienen la de “auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Sin embargo, si analizamos la legislación vigente, en concreto el art. 4.2ºde la Ley Orgánica 2/86, de FCS y el art. 1.4º de la Ley 23/92, de Seguridad Privada, vemos que el personal de seguridad tienen la obligación específica de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento les impone la de seguir sus instrucciones en el lugar de servicio, de prevenir la comisión de delitos o infracciones durante el servicio, de detener a los presuntos responsables de infracciones penales para su entrega a la Policía, junto con los efectos e instrumentos del delito, etc.

Es decir, como afirmaba el conocido Informe núm. 3/93 de la Fiscalía General del Estado, de 20 de octubre de 1993, los Vigilantes de Seguridad con su actuación profesional,- con el obligado cumplimiento de sus deberes profesionales, añadiría – (su incumplimiento está tipificado como infracción muy grave en la Ley 23/92, con la correlativa sanción que puede llegar a la pérdida de la habilitación), no están cumpliendo unas funciones estrictamente privadas ( garantizar la seguridad de las personas y bienes en unas concretas instalaciones propiedad del cliente que ha contrato el servicio con la empresa de seguridad) sino una labor de dimensión pública, cumpliendo un mandato legal, de colaboración y auxilio a las FCS y por ello, recogía el citado Informe, deben tener una protección penal similar a la de los Funcionarios públicos pertenecientes a las FCS.

Porque, de eso es de lo se trata, al personal de seguridad se les están imponiendo unas obligaciones profesionales similares a las que tiene un agente de la Policía, aunque en su caso circunscritas al lugar y tiempo de servicio, pero, sin embargo, no tiene la misma protección jurídico penal -las personas que les desobedecen o resisten no cometen un delito o falta de resistencia o desobediencia, y quienes les agreden, simplemente pueden ser acusados de un delito o falta de lesiones, pero no de Atentado a Agente de la Autoridad, entre otras figuras penales que protegen la actuación de la Autoridad y sus Agentes-. 

Y es evidente que la suya, como la de las FCS, constituye una profesión de riesgo – incluso con riesgo de la vida como, lamentablemente, hemos podido comprobar recientemente- y que, en el ejercicio de su actividad, se le exige una permanente colaboración y auxilio a las FCS. Es decir, que están realizando una actividad de interés para la seguridad pública, de relevancia para los ciudadanos y para la comunidad.

Por tanto, la conclusión, ya anticipada, es que es necesario y conveniente reconocer -cuanto antes, por Ley, con carácter general y en todo el territorio español por ser su habilitación válida para ejercer la profesión en toda España-, a todos los profesionales de seguridad privada el carácter de Agentes de la Autoridad cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, no simplemente limitándolo a determinadas actuaciones o servicios, sino siempre que se hallen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o, lo que es lo mismo, siempre que se hallen en acto de servicio, ya que, en todo momento, se les está imponiendo que actúen que realicen funciones o intervenciones profesionales, en el lugar de servicio, para cumplir con su deber de colaboración con las FCS, aunque estas no estén presentes – en este caso la protección, como vimos, ya existe por la vía del vigente Código Penal-.

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad no constituye ningún privilegio, sino la contrapartida legal necesaria para proteger, desde el punto de vista jurídico- penal, una profesión que es de interés público proteger porque está implicada en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, ello contribuirá, sin duda, a que la comunidad perciba con más valor el servicio desempeñado por estos profesionales (por los ciudadanos, en general, y por las Autoridades y funcionarios públicos, en particular, especialmente, las que forman parte de los Juzgados y Tribunales), y supondrá un reconocimiento público de la importancia que tiene su dedicación profesional en el campo de la seguridad.

Y, por último, permitirá, desde luego, exigir a estos profesionales una mayor responsabilidad, profesionalidad y formación, en sus relaciones con los ciudadanos y con las instituciones públicas en general, y no sólo respecto a las empresas de seguridad en las que están encuadrados

FUENTEN ews ADSI Flash nº 325 – 12 de febrero de 2012

Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad?

Eligio Landín López

Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

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Detenidos por la Guardia civil en la lucha por el terrorismo de la organización terrorista DAESH

 


El Juzgado Central de Instrucción, Número 1, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional han dirigido una operación antiterrorista de la Guardia Civil en la que se han detenido hoy a cuatro personas en diferentes lugares de España. Dos en Melilla y las otras dos en las provincias de Barcelona y de Girona.

Los dos detenidos en Melilla son los responsables de la creación y administración de diversas plataformas de Internet mediante las que difundían todo tipo de material propagandístico de grupos terroristas, especialmente del conocido como DAESH. Este material era editado y traducido al español por los detenidos, para llegar a un mayor número de personas. Aprovechando el éxito publicitario de la plataforma virtual, hacían apología de tácticas terroristas, con especial hincapié en el acto de martirio.

Ambos detenidos, que estaban alineados con la estrategia del grupo terrorista DAESH, se dedicaban al reclutamiento de mujeres que, tras el oportuno proceso de adoctrinamiento, acaban integrándose en dicho grupo terrorista.

Además, las actividades de reclutamiento no se limitaban al entorno virtual, sino que los dos detenidos se valían de reuniones privadas en domicilios donde mostraban, a los potenciales musulmanes captados, los vídeos más actuales y mediáticos del DAESH con la finalidad de adoctrinarlos para que, finalmente, se incorporaran al citado grupo terrorista en las zonas de conflicto. Algunos de estos jóvenes ya habrían iniciado los preparativos previos para el desplazamiento a zonas de actuación de grupos terroristas.

La Guardia Civil investiga las conexiones de las dos personas detenidas en Cataluña con los arrestados en Melilla. Las detenciones han sido practicadas en las provincias de Barcelona y Girona. Los dos detenidos desarrollaban una intensa actividad pro-yihadista autónoma y, a su vez, interactuaban en Facebook administrada desde Melilla.

En este caso, el perfil de los dos detenidos es diferente entre sí, ya que uno de ellos correspondería al de un dinamizador que editaba y difundía prolíficamente el material video-gráfico diseñado para el reclutamiento de nuevos yihadistas, y el otro se corresponde con un perfil prototípico de actor solitario, es decir, había pasado de consumir propaganda filoterrorista a realizar un intenso proselitismo de iguales características. Él mismo se había definido en un reportaje de la cadena de televisión CNN sobre radicalización islamista como un simpatizante del “Estado Islámico” residente en una sociedad occidental.

Prisión incondicional sin fianza para los cuatro yihadistas detenidos en la operación antiterrorista de la Guardia Civil

Ministerio del Interior

Madrid, 26/02/2015

Lucha contra el terrorismo

Uno de los detenidos en Melilla era el líder del entramado y actuaba bajo la doctrina de la organización terrorista DAESH. Se encargaba de reclutar mujeres a las que invitaba a grupos privados de WhatsApp para ganar su voluntad

Otro de los arrestados en Barcelona editaba y difundía material diseñado para captar a nuevos miembros para el DAESH. El segundo de los detenidos en Cataluña ensalzaba las acciones de martirio, lo que le situaba en un grado alto de peligrosidad para cometer acciones terroristas

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para los cuatro presuntos terroristas yihadistas detenidos el pasado martes en una operación coordinada por la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado y materializada por las Unidades Antiterroristas de la Guardia Civil, por integración en organización terrorista DAESH.

Según las investigaciones de la Guardia Civil, el primero de los detenidos, nacido en Melilla, sería el líder del entramado, quien actuaba bajo la doctrina de la organización terrorista DAESH y, aunque se dedicaba especialmente al reclutamiento de mujeres, también ejercía dicha labor sobre otros colectivos. Para realizar sus actividades, este presunto terrorista contactaba con jóvenes de distintas zonas de España a través de las redes sociales. Una vez ganada la confianza de las candidatas, las invitaba a participar en grupos privados de WhatsApp para así poder tener una interlocución más directa, fluida e inmediata, y acabar ganando su voluntad.

El segundo detenido en Melilla, hermano del anterior, actuaba en connivencia con él, y realizaba una importante labor de captación de mujeres. Para este objetivo, incluso utilizaba procedimientos de suplantación de identidad para conseguir la captación y radicalización de las jóvenes, alguna de ellas dispuestas a abandonar España para trasladarse al enclave sirio-iraquí.

En el “aparato de propaganda” al que los dos hermanos estaban vinculados, se llegó a promulgar una “fatwa” en castellano, donde se justificaba, desde el punto de vista doctrinal, el acto de martirio, al tiempo que animaba a que se llevaran a cabo en países para causar el mayor impacto posible.

Por lo que se refiere a los dos detenidos en Cataluña, el arrestado de Barcelona, nacido en Marruecos, editaba y difundía material diseñado para reclutar nuevos miembros para el DAESH. Para desarrollar esta labor, utilizaba complejos mecanismos a fin de encubrir su actividad a los investigadores.

El segundo de los detenidos en Cataluña defendía -debido a que había realizado una profunda interiorización de los postulados más radicales del yihadismo- que la aplicación de la “Sharia” justificaba el asesinato de personas contrarias a ella. Además, ensalzaba las acciones de martirio, lo que le situaba en un grado alto de peligrosidad para cometer acciones terroristas de este tipo.

 

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