El Grupo de Acción Rápida GAR de la Guardia Civil depende de la Unidad de Acción Rural (UAR)

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  • En esta sección podrá obtener información sobre los guardias civiles que están especialmente capacitados para la detención de elementos terroristas y la ejecución de operaciones que entreñen gran riesgo. En concreto sobre la creación y antecedentes, la misión y los cometidos fundamentales, la organización y estructura, así como el despliegue territorial del Grupo de Acción Rápida (GAR).

    Grupo de Acción Rápida (GAR)

    Creación e Historia

    Los antecedentes de la Unidad hay que situarlos en abril de 1978 con la creación de la Unidad Antiterrorista Rural (UAR) instruida en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca –con alrededor de 40 componentes-. En base a esta Unidad se crearía el Grupo Antiterrorista Rural (GAR) con una entidad superior a los 500 especialistas, pasándose a denominar, tras diversas denominaciones, a la actual de Grupo de Acción Rápida (GAR).

    El GAR se despliega en el País Vasco y Navarra en febrero de 1980 para combatir el aumento de actividad terrorista, superando así las carencias que tenía la Guardia Civil en la lucha contra organizaciones terroristas en el medio rural.

    Misión general

    Misión específica:
    • La lucha contra elementos terroristas.
    • La ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta rápida.
    Misión prioritaria:
    • La lucha contra el terrorismo de ETA en apoyo de las Unidades Territoriales del País Vasco y Navarra, así como de  la Jefatura del Servicio de Información.
    • La ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta rápida en apoyo de las Unidades Territoriales.
    • Constituye una reserva especializada a disposición del Director General para la actuación, dentro de su misión específica, dentro y fuera del territorio nacional.
    • Unidad de apoyo en materia NRBQ.

    En el desarrollo de estas misiones el GAR ha participado en BOSNIA I HERZEGOVINA, KOSOVO, AFGANISTÁN, JERUSALÉN, HAITÍ, LÍBANO, etc.

    Los cometidos más peculiares del GAR son los siguientes:
    • Dispositivos operativos reactivos
    • Reconocimientos de zona
    • Protección y Seguridad
    • Apostaderos
    • Observatorios
    • Cercos
    • Intervención en lugares habitados

    Organización y estructura

    El GAR depende de la Unidad de Acción Rural (UAR) y se relaciona funcionalmente con las Unidades en donde presta servicio, particularmente, con las Unidades Territoriales del País Vasco y Navarra.

    Se estructura en Jefatura y cuatro Compañías. En la Jefatura se encuentran los órganos de mando y apoyo; dentro de estos últimos se ubica el Negociado de Formación que es el encargado de mantener la instrucción permanente de todos los componentes de la Unidad y elaborar su doctrina de empleo.

    Las Compañías desarrollan permanentemente su actividad en el País Vasco y Navarra, alternando con periodos de instrucción y descanso.

    La Fracción de Acción Rápida (FAR) es la Unidad que se constituye de forma específica para la realización de los servicios extraordinarios fuera y dentro del territorio nacional, entendiéndose como servicios ordinarios los que realizan el Grupo en la lucha contra el terrorismo en el País Vasco y Navarra.

    Despliegue Territorial

    El GAR tiene su base en Logroño, las Compañías se encuentran concentradas habitualmente en las tres provincias vascas y Navarra, donde prestan apoyo en otras misiones solicitadas por los Jefes de las Unidades Territoriales, actualmente en misisones de apoyo al contignete de apoyo

    desplegado en República Centroafricana.

    • Entrega del Guión por parte del teniente coronel Jefe de la unidad saliente.Entrega del Guión por parte del teniente coronel Jefe de la unidad saliente.
    • Fuerza de Operaciones Especiales durante la Transferencia de AutoridadFuerza de Operaciones Especiales durante la Transferencia de Autoridad
    • Unidad de la Guardia Civil durante la Transferencia de Autoridad.Unidad de la Guardia Civil durante la Transferencia de Autoridad.

    El contingente español EUFOR RCA II despliega en República Centroafricana.

    Unidades del Ejército de Tierra y Guardia Civil despliegan en la ciudad de Bangui para relevar al primer contingente en el marco de la misión de la Unión Europea en República Centroafricana.

    En virtud de la Resolución 2181 aprobada por el Consejo de Seguridad de la Unión Europea el 21 de octubre de 2014, por la que se autoriza prorrogar la operación de la Unión Europea en República Centroafricana hasta el 15 de marzo de 2015, España decidió proyectar un segundo contingente para relevar a las fuerzas ya desplegadas en el país desde el pasado mes de mayo.

    Dicho contingente, constituido sobre la base del Grupo de Operaciones Especiales “Tercio del Ampurdán” IV, cuenta con el apoyo de otros elementos procedentes del Mando de Operaciones Especiales, así como del Regimiento de Guerra Electrónica 31, el Regimiento de Inteligencia 1, el Estado Mayor de la Defensa y el Grupo de Acción Rural de la Guardia Civil.

    En total, una fuerza constituida por 73 miembros de las Fuerzas Armadas y 24 de la Guardia Civil, que se suman a los 6 militares españoles que forman parte del FHQ de la operación en Bangui.

    La Fuerza de la Unión Europea para República Centroafricana (EUFOR RCA) tiene como misión apoyar de forma temporal a las fuerzas locales e internacionales para alcanzar un entorno seguro en la ciudad de Bangui que permita a los desplazados regresar a sus hogares y a las Organizaciones Internacionales desarrollar su labor con cierta normalidad. El principal objetivo es proteger a la población.

    A finales de noviembre se formalizó la Transferencia de Autoridad del contingente EUFOR RCA I al contingente EUFOR RCA II, con un sencillo acto militar presidido por el General Thierry Lion, Jefe de la Fuerza de la Unión Europea en República Centroafricana, en las instalaciones de UCATEX, antigua fábrica de textiles sobre la que se encuentra la base militar.
    En dicha parada militar hubo representación de los 13 países que actualmente participan en la misión europea.

    El general francés agradeció la labor realizada por el personal español durante los últimos meses destacando su profesionalidad y empeño para lograr un entorno más seguro en la ciudad de Bangui. Así mismo, exhortó al nuevo contingente para continuar con ese mismo entusiasmo en el cumplimiento de la misión.

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    Enlaces

    G.A.R.: Guardia Civil: Grupo de Acción Rápida – Ministerio …

    http://www.interior.gob.es/…/GAR…(Guardia+Civil)%20(NIPO…/3d981c56-6a…

    Como Unidad de ta Guardia Civil para la proteccion de Altas Perso- nalidades … Grupo de Accion Rapida {GAR} que depende. junto con el Centro de Adiestra-.

    El contingente español EUFOR RCA II despliega en República Centroafricana.Entrega del Guión por parte del general Thierry Lion al teniente coronel Jefe de la unidad entrante.Entrega del Guión por parte del general Thierry Lion al teniente coronel Jefe de la unidad entrante.

  • Entrenamiento Guardia Civil-GAR – YouTube

    El GAR (Grupo de Acción Rápida) es una fuerza de operaciones especiales comandada dentro de los …

  • GAR – Grupo Antiterrorista Rural de la Guardia Civil – Parte …

    Reportaje de Informe semanal sobre el G.A.R. Grupo Antiterrorista Rural de la Guardia Civil en España…

    La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado a favorecer la inmigración de ciudadanos pakistaníes a los que posteriormente explotaba

    Los individuos investigados en España formarían parte de una organización criminal con ramificaciones en varios países de Europa y Pakistán

    La operación se está desarrollado en las provincias de Navarra, La Rioja, País Vasco y Aragón, se ha procedido a la detención 5 personas y se han llevado diferentes registros.

     Durante la mañana de hoy se mantiene abierto  un operativo desplegado por la Guardia Civil que ha permitido desarticular un grupo criminal implicado en delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecimiento de la inmigración clandestina), trata de seres humanos, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.

    Las actuaciones están siendo coordinadas por el Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tudela (Navarra).
    Los detenidos conformarían un grupo criminal asentado en España desde al menos el año 2007, que tendría por finalidad facilitar la salida de Pakistán a inmigrantes hacia Europa de modo fraudulento mediante pago  de importantes cantidades de dinero.
    Una vez consiguen entrar en Europa, el grupo criminal les aloja en viviendas controladas por sus miembros, pasando en la mayor parte de los casos, a ser explotados laboralmente en los distintos negocios de la trama en condiciones infrahumanas, hasta que finalmente, una vez saldada la deuda y pasados al menos tres años, consiguen su residencia regular en España alegando “arraigo social”.
    Varios de los integrantes cuentan con fluidas relaciones dentro de la comunidad pakistaní, donde dispondrían de “facilitadores” que les proporcionarían el acceso a aquellas documentaciones que precisaran para obtener la regularización de los inmigrantes trasladados desde Pakistán de modo ilícito.
    Si alguno de los inmigrantes se negaba a pagar la deuda se le amenazaba, tanto a él como a sus familiares residentes en Pakistán, circunstancia que ha permitido que no se interpusiesen denuncias por parte de dichos individuos durante estos años.
    En este momento se están realizando las oportunas diligencias de Entrada y Registro de las viviendas y locales destinados a la comisión de los citados delitos.

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La Guardia Civil escenifica en Arousa la presión de España al terrorismo yihadista

 

Guardias civiles critican la indefensión de los agentes ante la amenaza yihadista

Intervención de la Guardia Civil en un locutorio y una carnicería de Alicante en 2005. Intervención de la Guardia Civil en un locutorio y una carnicería de Alicante en 2005. / F. G.
La AUGC de Alicante insta a cambiar la uniformidad para que el personal pueda adoptar medidas de autoprotección adicionales como portar más cargadores y grilletes
LUIS CANDELA | ALICANTE @l_candela

Con el recuerdo todavía fresco de los atentados terroristas de París y de los intentos abortados en Bruselas, agentes de la Guardia Civil han mostrado su preocupación por los medios con los que los criminales actuaron. Chalecos antibalas, ametralladoras de guerra y armas cortas son elementos que han quedado a la vista cuando los asaltantes de la revista ‘Charlie Hebdo’ sembraron el caos por la capital francesa. Todo un arsenal. Como contrapunto, aquí en España el uniforme de la Benemérita no tiene posibilidad de más defensa que la guerrera y el tricornio, si se permite la expresión.

Las acciones armadas reivindicadas por Al Qaida y el Estado Islámico han obligado a las autoridades españolas a elevar el nivel de alerta ante posibles atentados por el conocido como efecto llamada, que ha pasado de bajo a alto. De hecho, en días pasados era habitual la reproducción de vídeos en los que líderes yihadistas llamaban a imitar a los terroristas abatidos.

Por ello, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Alicante ha remitido una carta tanto el subdelegado del gobierno en la provincia, Alberto Martínez, como al coronel jefe de la Comandancia de la capital alicantina, Antonio Roberto Lázaro Gabaldón, en la que la agrupación llama a que se adopten «las medidas precisas» que garanticen la seguridad de los trabajadores.

Con la elevación de la alerta de Interior se han de intensificar los operativos de vigilancia
Según la misiva enviada por la AUGC de Alicante, se insta a los máximos responsables de la seguridad de los funcionarios a llevar a cabo un cambio de la uniformidad que permita al agente adoptar medidas de autoprotección. Con la actual vestimenta, se antoja harto complicada la colocación de unos grilletes, unos guantes o un segundo cargador oficial de la pistola, entre otros elementos. Difícil resulta poder desbaratar los planes de un pistolero fanático, lamentan.

La decisión del Ministerio del Interior de elevar de bajo a alto el nivel de alerta terrorista implica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de andar más vigilantes en escenarios como aeropuertos o infraestructuras que podrían suponer objetivos potenciales de estos criminales. La provincia de Alicante no es ajena a este hecho, sobre todo sabiendo que Interior investiga el viaje de una alicantina a Siria para formarse en los campos de entrenamiento de los fundamentalistas y engrosar la lista de europeos radicalizados.

Las patrullas que velan por la seguridad en instalaciones como el aeropuerto de Alicante-Elche o en las estaciones de tren y de autobuses han de vigilar con lupa ante la amenaza yihadista. Sin embargo, según denuncia la agrupación de la Benemérita, no pueden acorazarse ante imprevistos, de ahí que recuerde en el documento que la propia administración establece la obligación de controlar y verificar el cumplimento de las normas de prevención de riesgos laborales.

Por ello en la carta se resalta el artículo 318 del Código Penal, pues según indican, «resulta inequívoco al incluir como sujeto activo del delito a los encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello».

La Guardia Civil escenifica en Arousa la presión de España al terrorismo yihadista

Decenas de efectivos de la Guardia Civil protagonizaron ayer en la comarca de O Salnés un buen número de controles de carretera quese enmarca en la lucha antiterrorista internacional y se caracterizaron por la espectacularidad del dispositivo y la presencia de hombres fuertemente armados. Leer más.

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¿Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad? Eligio Landín López Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

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Pau Claris 97- 4º1º
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Eligio Landín López

Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

 

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó, el pasado día 30 de diciembre, la Ley 10/2011 que, entre otras leyes autonómicas, modificó la Ley 4/2003, de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña. La reforma añadió a esta Ley la Disposición Adicional Séptima, mediante la que otorga el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad privada que preste servicios de vigilancia en infraestructuras y medios de transporte público de Cataluña.

La Disposición, según establece la misma, se aprobó en base a las competencias de coordinación de la seguridad privada con la Policía autonómica que tienen la Comunidad Autónoma en virtud del vigente Estatuto de Autonomía. No voy a entrar a considerar si el Parlamento Autonómico tenía, o no, competencias para regular la materia, pero lo cierto es que un dictamen de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de fecha 14 de noviembre de 2011, niega esa posibilidad de acuerdo con las competencias que Cataluña tiene en materia de seguridad privada, conforme a lo establecido en la Ley 23/92 y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2364/94.

 

En todo caso, el motivo de este artículo no es analizar las competencias del Estado y las que, con carácter ejecutivo, tiene la Comunidad Autónoma en seguridad privada, análisis que, con todo acierto, ha efectuado la Unidad Central de Seguridad Privada y que ha hecho público a través de uno de sus boletines ( Monográfico 12, de septiembre de 2011).

La decisión de la Generalidad que, por otra parte, no es novedosa, ya que la Ley Ferroviaria de Cataluña,( la Ley 4/2006), a pesar de las discrepancias habidas sobre la interpretación de su art. 38, en mi opinión, ya atribuía el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad que prestaba servicios de vigilancia en las instalaciones de los medios de transporte ferroviarios incluido el metropolitano; me da pie a plantear la cuestión de fondo que encabeza el artículo: ¿ debe el personal de seguridad privada tener la condición de Agente de la Autoridad? Pues bien, ya anticipo que mi respuesta es positiva.

 

Sin ninguna duda creo, por las razones que expondré a continuación, que es imprescindible que el personal de seguridad, (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Vigilantes de Explosivos y sustancias peligrosas, guardas particulares de campo, incluidas sus especialidades -guardas de caza y guardapescas-, y, por qué no, el resto de las categorías que lo integran: Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad y Detectives Privados), tenga reconocida legalmente la condición de Agente de la Autoridad.

En este punto discrepo del criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior que, a pesar de que el art. 35 de la Orden INT/318/2011, establece textualmente: “ En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes”, sigue manteniendo que, con carácter general, el personal de seguridad no tiene el carácter de Agente de la Autoridad, aunque en determinadas circunstancias tiene la protección legal como tales ( cuando acuden en auxilio o colaboran con la Autoridad o sus Agentes, ampliable a determinados servicios que el personal de seguridad privada preste en colaboración directa con la seguridad pública, como por ej. En un dispositivo conjunto de seguridad). No comparto su interpretación restrictiva, ya que, si bien es cierto que la citada Orden, por su rango legal, no podía otorgar tal condición al personal de Seguridad Privada ( precisamente esa falta de rango legal fue el argumento por el que, finalmente, el Tribunal Supremo negó validez al Decreto 629/1987 que atribuía la condición de Agente de Autoridad a los antiguos Vigilantes Jurados de Seguridad), también lo es el hecho de que si el alcance de la protección del personal de seguridad que recoge el precepto se limita a esos aspectos, la norma resulta innecesaria, ya que esa protección ya está prevista en una norma de superior rango, en este caso de Ley Orgánica, como es el art. 555 del vigente Código Penal ( Ley Orgánica 10/95). (Éste artículo protege con las mismas penas – en un grado inferior- que las establecidas para los atentados contra la autoridad o sus agentes, a los acometan o intimiden a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.)

 

Yo creo que habría que abordar el asunto con la profundidad que requiere y, si ahora no era el momento, de lege ferenda, debería incluirse, de forma inequívoca, en la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada. Es muy sencillo, bastaría con añadir un artículo con el siguiente texto: “El Personal de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene el carácter de Agente de la Autoridad a todos los efectos legales”.

Pero, antes de otras consideraciones jurídicas, conviene primero saber qué es un Agente de la Autoridad y qué consecuencias legales tiene una atribución de éste tipo a una determinada profesión, para saber si existe algún inconveniente legal que impida o dificulte su reconocimiento respecto al personal de seguridad.

Para definir qué es un Agente de la Autoridad quizá haya que empezar por definir el concepto del que es consecuencia, esto es, del de Autoridad. Curiosamente, como ha reiterado la doctrina del Tribunal Supremo (por todas la STS de 9 de mayo de 1978), para saber quién es una Autoridad tenemos que recurrir al art. 24 del Código Penal y digo curiosamente porque para definir este concepto lo lógico sería recurrir al Derecho Administrativo, y no a la ley penal – es sabido que la razón de ser de ésta no es otra que la de definir quién tiene esa consideración a efectos de subsumir las conductas delictivas en los tipos penales en los que el sujeto activo sea precisamente una Autoridad- . Pero lo cierto es que en este ámbito del Ordenamiento Jurídico no existe una definición de qué se entiende por Autoridad, a efectos legales.

 

El art. 24. 1º del Código Penal contiene los dos términos que nos permiten concluir si estamos en presencia, o no, de una Autoridad, – con independencia, como es lógico, del propio título o nombramiento para el cargo- que, en todo caso, deben que ser interpretados para que la definición de Autoridad tenga pleno contenido. En concreto, cuando la norma afirma que se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación o tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, es indudable que debemos analizar qué significa “tener mando” o “ejercer jurisdicción propia”, pues con ello podremos avanzar hacia el contenido del concepto Autoridad.

Nuestro Diccionario RAE contiene las siguientes definiciones: Autoridad: poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; Mando, en una de sus acepciones, significa: autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos; y jurisdicción: autoridad, poder o dominio sobre otro. El Tribunal Supremo, en una vieja sentencia de 1963, definía el concepto de mando diciendo que: “La función de autoridad implica una voluntad de mando o imperio, que se concreta en el ejercicio “erga subditus” de un derecho de supremacía, esto es, de un derecho que constituye una manifestación de un poder jurídicamente superior al de los ciudadanos. Y es por esta razón, por la que los ciudadanos vienen obligados a la Autoridad cuando ésta se halla en el ejercicio de su cargo”.

 

Por su parte, el ejercicio de la autoridad, poder o dominio que implica tener jurisdicción, supone tener atribuida competencia para declarar y hacer cumplir o ejecutar lo declarado, como por ej. tienen constitucionalmente reconocidos los Jueces y Tribunales de Justicia. Esta competencia tiene que estar atribuida específicamente a la persona que decide y no cabe por delegación.

Por tanto, el acto de autoridad implica dos momentos o fases: la toma de la decisión y la ejecución o cumplimiento de la misma. Si la fase decisoria corresponde, por derecho propio, a la Autoridad, la de ejecución puede corresponder a otras personas, aquellas que, actuando en representación de la Autoridad o por delegación, lo hacen como Agentes de la misma.

En consecuencia, una aproximación a la definición de Agente de la Autoridad – el mencionado Diccionario considera que es aquella persona que obra con poder de otra- podría ser entender aquél como una figura intermedia entre la Autoridad y los funcionarios públicos. Los Agentes de la Autoridad, se encargarían de hacer cumplir las órdenes y disposiciones que emanan de la Autoridad – Actuarían siempre por delegación o en nombre de la Autoridad.

Sin embargo, legalmente, no hay una definición de qué se entiende por Agente de la Autoridad, ni siquiera en el ámbito penal ( el Código Penal de 1928, sí incluía en el párrafo 3º del art. 213 un texto del siguiente tenor: Se consideran Agentes de la Autoridad no sólo los funcionarios que con tal carácter dependan del Estado, de la Provincia o del Municipio, sino los de otras entidades que realicen o coadyuven a los fines de aquellos y los que tengan a su cargo alguna misión general o determinada y en disposición reglamentaria o nombramiento expedido por Autoridad competente o delegado de ésta, se expresa el carácter de tal agente”).

 

Ante la falta de definición legal, ha sido el Tribunal Supremo, una vez más, quién ha venido a establecer qué se entiende por Agente de la Autoridad (STS de 27.05.1978 y 28.01.1982) diciendo que son Agentes de la Autoridad quienes por razón de su cargo están obligados a auxiliar a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones y ejecutar y llevar a efecto sus providencias, acuerdos, órdenes y mandatos.

 

La atribución del carácter de Agente de la Autoridad tiene un doble origen: O se obtiene por disposición legal – mediante ley formal, es decir, Ley orgánica, ordinaria, Decreto-Ley u otra con dicho rango legal- que atribuya dicha condición a determinado colectivo o profesión, como es el caso, entre otros, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), cuya Ley Orgánica 2/86, en su artículo 7.1, les atribuye a sus miembros dicho carácter. O bien, tiene su origen en un nombramiento específico o nominal realizado por la Autoridad competente. En este caso, la atribución se realiza a título individual, sobre una persona concreta, y no a un colectivo determinado como cuando procede de una norma con valor de Ley.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, para atribuir la condición de Agente de la Autoridad al colectivo profesional de seguridad privada sería necesario que la Ley, en este caso, la Ley de Seguridad Privada, simplemente, lo establezca dentro del estatuto jurídico- profesional de las diferentes categorías profesionales, como se recogen en su art. 1-3º, los principios básicos de actuación como normas deontológicas similares a las que tienen los miembros de las FCS.

Pero ¿qué ocurre con la actual normativa que regula el sector, la Ley 23/92? Pues sencillamente que esta Ley, por razones que no explica en su Exposición de Motivos, no recoge en su texto que el personal de seguridad tenga esa condición, considerando que las diferentes las categorías que lo integran tienen la de “auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Sin embargo, si analizamos la legislación vigente, en concreto el art. 4.2ºde la Ley Orgánica 2/86, de FCS y el art. 1.4º de la Ley 23/92, de Seguridad Privada, vemos que el personal de seguridad tienen la obligación específica de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento les impone la de seguir sus instrucciones en el lugar de servicio, de prevenir la comisión de delitos o infracciones durante el servicio, de detener a los presuntos responsables de infracciones penales para su entrega a la Policía, junto con los efectos e instrumentos del delito, etc.

 

Es decir, como afirmaba el conocido Informe núm. 3/93 de la Fiscalía General del Estado, de 20 de octubre de 1993, los Vigilantes de Seguridad con su actuación profesional,- con el obligado cumplimiento de sus deberes profesionales, añadiría – (su incumplimiento está tipificado como infracción muy grave en la Ley 23/92, con la correlativa sanción que puede llegar a la pérdida de la habilitación), no están cumpliendo unas funciones estrictamente privadas ( garantizar la seguridad de las personas y bienes en unas concretas instalaciones propiedad del cliente que ha contrato el servicio con la empresa de seguridad) sino una labor de dimensión pública, cumpliendo un mandato legal, de colaboración y auxilio a las FCS y por ello, recogía el citado Informe, deben tener una protección penal similar a la de los Funcionarios públicos pertenecientes a las FCS.

Porque, de eso es de lo se trata, al personal de seguridad se les están imponiendo unas obligaciones profesionales similares a las que tiene un agente de la Policía, aunque en su caso circunscritas al lugar y tiempo de servicio, pero, sin embargo, no tiene la misma protección jurídico penal -las personas que les desobedecen o resisten no cometen un delito o falta de resistencia o desobediencia, y quienes les agreden, simplemente pueden ser acusados de un delito o falta de lesiones, pero no de Atentado a Agente de la Autoridad, entre otras figuras penales que protegen la actuación de la Autoridad y sus Agentes-. 

 

Y es evidente que la suya, como la de las FCS, constituye una profesión de riesgo – incluso con riesgo de la vida como, lamentablemente, hemos podido comprobar recientemente- y que, en el ejercicio de su actividad, se le exige una permanente colaboración y auxilio a las FCS. Es decir, que están realizando una actividad de interés para la seguridad pública, de relevancia para los ciudadanos y para la comunidad.

Por tanto, la conclusión, ya anticipada, es que es necesario y conveniente reconocer -cuanto antes, por Ley, con carácter general y en todo el territorio español por ser su habilitación válida para ejercer la profesión en toda España-, a todos los profesionales de seguridad privada el carácter de Agentes de la Autoridad cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, no simplemente limitándolo a determinadas actuaciones o servicios, sino siempre que se hallen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o, lo que es lo mismo, siempre que se hallen en acto de servicio, ya que, en todo momento, se les está imponiendo que actúen que realicen funciones o intervenciones profesionales, en el lugar de servicio, para cumplir con su deber de colaboración con las FCS, aunque estas no estén presentes – en este caso la protección, como vimos, ya existe por la vía del vigente Código Penal-.

 

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad no constituye ningún privilegio, sino la contrapartida legal necesaria para proteger, desde el punto de vista jurídico- penal, una profesión que es de interés público proteger porque está implicada en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, ello contribuirá, sin duda, a que la comunidad perciba con más valor el servicio desempeñado por estos profesionales (por los ciudadanos, en general, y por las Autoridades y funcionarios públicos, en particular, especialmente, las que forman parte de los Juzgados y Tribunales), y supondrá un reconocimiento público de la importancia que tiene su dedicación profesional en el campo de la seguridad.

 

Y, por último, permitirá, desde luego, exigir a estos profesionales una mayor responsabilidad, profesionalidad y formación, en sus relaciones con los ciudadanos y con las instituciones públicas en general, y no sólo respecto a las empresas de seguridad en las que están encuadrados

 

FUENTEN ews ADSI Flash nº 325 – 12 de febrero de 2012

Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad?

 

Eligio Landín López

Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

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Proyecto Seahorse Mediterráneo un nuevo marco de colaboración entre países del Mediterráneo para luchar contra la inmigración irregular

Nuevo marco de colaboración entre países del Mediterráneo para luchar contra la inmigración irregular

El Ministerio del Interior ha abierto una licitación para contratar el suministro y la instalación de un Centro de Contacto Nacional (NCP) en la Guardia Civil para el acceso a la red Seahorse Mediterráneo, así como diversas aplicaciones para el uso y la monitorización de la red.

El contrato tiene un valor estimado de 647.350 euros y será tramitado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil por procedimiento negociado con publicidad. La empresa adjudicataria deberá realizar el suministro y la instalación del Centro antes del 30 de noviembre de 2015.

El plazo para la presentación de solicitudes de participación está abierto hasta el próximo 15 de enero a las 11 de la mañana.

Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Suministro e instalación de un Centro de Contacto
Nacional (NCP) en Guardia Civil para acceso a la red Seahorse
Mediterráneo, y de diversas aplicaciones para el uso y monitorización
de la red. Expediente: T/0052/P/14/6


 Guardia Civil. Objeto: Suministro e instalación de un Centro de Contacto. Nacional (NCP) en Guardia Civil para acceso a la red Seahorse

El Director General de la Guardia Civil ha presentado el Proyecto Seahorse Mediterráneo

La cooperación existente entre países africanos de la zona del Océano Atlántico se extiende ahora a los países del Mar Mediterráneo con el fin de contribuir a la lucha contra la inmigración irregular en esta zona

Los países actualmente asociados al proyecto son España, Francia, Italia, Malta, Portugal, Chipre, Grecia y Libia

Durante la jornada se han tratado temas como la adaptación de esta iniciativa a otras de la misma índole que son financiadas por la Unión Europea y la próxima incorporación a este proyecto de Argelia, Túnez y Egipto

Nuevo marco de colaboración entre países del Mediterráneo para luchar contra la inmigración irregular

El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha presentado en la mañana de hoy en la Dirección General de la Guardia Civil el proyecto Seahorse Mediterráneo, con el que se pretende establecer un marco de colaboración para fomentar la lucha contra la inmigración irregular entre los países mediterráneos. Hasta el momento esta cooperación  se centraba en la zona del Océano Atlántico.

El Director General ha indicado que “la Guardia Civil ha venido desarrollando una serie de iniciativas que la han situado como referencia en la proyección de la seguridad pública en nuestros puertos, aeropuertos y en la mar, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra la inmigración irregular y al control de las fronteras”.

Como ejemplo de estas iniciativas Fernández de Mesa ha mencionado el proyecto SIVE, CLOSEYE o el nuevo Centro de Coordinación y Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR), cuyas nuevas dependencias están previstas inaugurar próximamente.

Asimismo ha manifestado que “el proyecto Seahorse Mediterráneo es una continuación del camino emprendido en 2006 en la vertiente atlántica africana que ha contribuido en gran medida a disminuir la presión migratoria por vía marítima, la cual ha pasado de más de 31.000 inmigrantes interceptados en el año 2006 a los pocos centenares (332) que fueron interceptados en el año 2012”.

El Director General ha presentado el Proyecto Seahorse …

 – Penjat per Guardia Civil

Nuevo marco de colaboración entre países del Mediterráneo para luchar contra la inmigración irregular El Director …

Según sus palabras “la Guardia Civil va a liderar durante los próximos años este proyecto que supondrá una gran oportunidad para la Institución y para España para seguir manteniendo la iniciativa para la protección de las fronteras”.

Tras el acto de apertura se ha celebrado una mesa redonda donde se ha expuesto diferentes aspectos del Proyecto Seahorse Mediterráneo como la migración irregular, el tráfico ilícito y la gestión de fronteras.  Además, se han presentado los componentes principales de la Guardia Civil que van a participar en este proyecto así como los retos y resultados que se esperan conseguir en el mismo.

Por otro lado, durante la jornada se han tratado temas como la adaptación del proyecto con otros de la misma índole que son financiados por la Unión Europea y la próxima incorporación en el Proyecto de Argelia, Túnez y Egipto.

Proyecto Seahorse Mediterráneo

El Proyecto Seahorse Mediterráneo ha sido aprobado por la Comisión Europea y se implantará durante los próximos tres años.Participarán, además de España, Francia, Italia, Malta, Portugal, Chipre, Grecia y Libia. Además, se ha establecido que para diciembre de 2014 se incorporen Argelia, Túnez y Egipto.

Con este proyecto se pretende establecer la “Red Sehorse Mediterráneo” en países del norte de Africa, la formación de los operadores africanos del sistema Seahorse, así como la realización de cursos sobre vigilancia marítima para los Guardacostas de Libia, o sobre vigilancia de costas y fronteras terrestres en Libia, aunque se incluirán los países norteafricanos que se adhieran al proyecto.

La Guardia Civil, con la idea de combatir de manera más eficaz la lucha contra la inmigración irregular con la cooperación entre diferentes Estados, persigue desde hace tiempo la idea de establecer en el arco mediterráneo una red de comunicaciones por satélite entre los países que voluntariamente quieran adherirse a la misma.

Función de la Guardia Civil

Por lo que respecta a España, nuestro país participa en el proyecto a través de la Guardia Civil, dentro de la cual la Jefatura Fiscal y de Fronteras ha asumido la dirección de la ejecución del mismo, y para lo cual cuenta con el apoyo de Servicios, Unidades o Centros que resultan afectados por el mismo (CECORVIGMAR como beneficiario final o el Servicio de Telecomunicaciones como órgano técnico).

Fases del Proyecto Seahorse

Entre 2006 y 2008 se desarrolló el Proyecto “SEAHORSE” en el que se realizaron acciones de cooperación con Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde (visitas, cursos de formación marítima e inmigración, patrullas mixtas, Oficiales de Enlace, Conferencia Policial Europa-África).

Posteriormente se estableció el Proyecto “SEAHORSE NETWORK” donde se presentó una red segura de comunicación por satélite para el intercambio de información entre España, Portugal, Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde.

Asimismo, durante 2009 y 2010 se implantó el Proyecto “SEAHORSE COOPERATION CENTRES”. En dicho proyecto se realizaron actividades de cooperación con los países africanos de la red Seahorse. Se ampliaron las comunicaciones a Marruecos, Gambia y Guinea Bissau.

Para más información pueden ponerse en contacto con la Oficina de Prensa de la Guardia Civil, teléfono 915 146 010.

Enlace al vídeo de la actividad. (Pulse aquí para enlazar)

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La Policía Nacional traslada desde Francia al miembro de ETA José Lorenzo Ayestarán Legorburu

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Reclamado por los delitos de terrorismo, asesinato, tenencia ilícita de explosivos y armas, robo con violencia y colaboración con organización terrorista

17-febrero-2015.- Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la División de Cooperación Internacional, han trasladado hoy desde Paris (Francia) al miembro de ETA José Lorenzo Ayestarán Legorburu. La entrega ha sido concedida a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción números dos, cuatro y seis de la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, asesinato, tenencia ilícita de explosivos y armas, robo con violencia y colaboración con organización terrorista.

José Lorenzo Ayestarán Legorburu, nació en junio de 1957 en Lezo (Guipúzcoa) y se le relaciona con una veintena de atentados cometidos entre 1978 y 1983, cuando estuvo integrado en los comandos “Axular”, “Araba” y “Vizcaya”. En 2010 Ayestarán Legorburu fue arrestado por última vez en la localidad francesa de Cahan junto a Ibon Gogeaskoetxea y Beinat Aguinagalde

Julian Flores @juliansafety

Check out ‘Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad’ on @careonsafety http:// vimeo.com/113150154  #Vimeo #siseguridad #segurpricat

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“Tenemos como objetivos Segurpricat la Consultoria, planificación y asesoramiento en materia de seguridad privada , que consistirà en la elaboración de estudiòs e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la protección a todo tipo de riesgos, asi como la auditoria sobre la prestación de servicios de seguridad a la medida wp.me/P2n0XE-3Sv twitter.com/@juliansafety

 

La Policía Nacional ha solicita la colaboración ciudadana para localizar a un conocido narcotraficante de Huelva José Manuel Canela Vázquez, apodado como Ferramache,

 

La Policía Nacional busca a diez criminales que podrían encontrarse en nuestro país

09 / 02 / 2014 MADRID

El Grupo de Localización de Fugitivos ha detenido a 317 personas autoras de homicidios, narcotráfico, agresiones sexuales o estafas durante 2013

Del total de arrestados el pasado año, 270 estaban reclamados por otros países, principalmente Rumanía, Reino Unido, Italia y Francia

En este primer mes de 2014, se ha detenido a 30 fugitivos, 26 de ellos reclamados por las autoridades judiciales de otros países y 4 buscados por la Justicia española

 

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09 / 02 / 2014 MADRID

El Grupo de Localización de Fugitivos ha detenido a 317 personas autoras de homicidios, narcotráfico, agresiones sexuales o estafas durante 2013

Del total de arrestados el pasado año, 270 estaban reclamados por otros países, principalmente Rumanía, Reino Unido, Italia y Francia

En este primer mes de 2014, se ha detenido a 30 fugitivos, 26 de ellos reclamados por las autoridades judiciales de otros países y 4 buscados por la Justicia española

Las informaciones aportadas a través de las redes sociales han permitido la detención de criminales como el asesino de un taxista en Salamanca en menos de 24 horas o uno de los capos de la prostitución más buscados por Policías de todo el mundo, Ioan Clamparu

El correo fugitivos@policia.es o el teléfono 91 582 25 10 están habilitados para recibir cualquier información que pueda conducir a su detención

La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para localizar a diez criminales que podrían encontrarse en nuestro país y que son autores de delitos de asesinatos, homicidios, lesiones, tráfico de drogas o robos con violencia. La Policía dispone de una cuenta específica para recibir cualquier información que pueda ser relevante para su detención, fugitivos@policia.es, el teléfono  91 582 25 10 o el 091. Las informaciones aportadas a través de las redes sociales y los canales habilitados por la Policía Nacional han permitido la detención de criminales como García Barata, el asesino de un taxista en salamanca en 2010, que fue arrestado en Ponferrada pocas horas después de solicitar la colaboración ciudadana a través de la cuenta @policia, o la detención de uno de los capos de la prostitución más buscado por Policías de todo el mundo, Ioan Clamparu.

Los diez criminales que podrían estar en nuestro país para los que la Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana son:

Oscar Santacruz Juan está reclamado por asesinato y que podría encontrarse en Madrid. Santacruz es español, de 40 años, una altura aproximada de 1,87 cm, pelo castaño, complexión fuerte, ojos verdes y un lunar en el lado izquierdo de la cara.

Omar Tebar Tomas está reclamado por homicidio, lesiones, amenazas y quebrantamiento de condena y podría ubicarse en Alicante o Marruecos. Tebar es español y tiene 28 años, además lleva un tatuaje de un demonio en ambas caras del antebrazo izquierdo.

Antonio Jesús Barge Valdés está buscado por lesiones y quebrantamiento de condena por la Justicia española y podría encontrarse en Madrid. Nacido en España y de 47 años, lleva dos tatuajes tribales en el brazo derecho y en la espalda.

Dietmar Linke está buscado por Alemania por provocar una fuerte explosión y el robo de cajas fuertes. Linke tiene 47 años y es natural de Alemania. Podría encontrarse en la provincia de Alicante.

Dritan Rexhepi está reclamado por Italia y Bélgica por tráfico de drogas, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y quebrantamiento de condena. Rexhepi es natural de Albania y tiene 33 años.

Yolanda Payan Castellanos, colombiana de 50 años, está buscada por Colombia, Austria e Italia por un homicidio, robos con violencia e intimidación y pertenencia a grupo organizado. Yolanda utiliza numerosas identidades falsas. Esta mujer tiene una estatura aproximada de 1,60 cm y es de constitución gruesa.

Kevin Thomas Parle, de 33 años y nacido en el Reino Unido, está reclamado por su país por un homicidio doloso. Parle tiene una altura aproximada de 1,95 cm, una cicatriz de un centímetro en la parte izquierda de la cabeza y ojos azules. Podría encontrarse en Alicante.

Julio González Rubio, español de 44 años, está buscado por homicidio y podría estar en la provincia de Valladolid. Es de complexión atlética, 1,75 cm de altura y ojos verdes.

José Manuel Canela Vázquez, español de 40 años, reclamado por un delito de tráfico de estupefacientes. Canela, conocido también como Ferramache, mide 1,79 cm y tiene alopecia. Se cree que pudiera encontrarse en Andalucía.

Christopher Guest More, de 36 años y natural del Reino Unido, está buscado por la justicia británica por un delito de homicidio. More mide aproximadamente 1,84, una cicatriz en el entrecejo, pelo rapado y de complexión delgada.

317 fugitivos detenidos en 2013

Durante 2013, el Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, integrado por 20 agentes, ha detenido a 317 personas, 270 de las cuales estaban reclamadas por las autoridades judiciales de otros países y 4 estaban buscadas por la Justicia española. Del total de arrestados, 70 de ellos estaban vinculados a delitos de tráfico de drogas; 61 estaban buscados por delitos de estafas; 55 por delitos contra la propiedad; 24 autores de homicidios o lesiones; 16 relacionados con agresiones sexuales y 44 por otras modalidades delictivas.

La mayoría de los fugitivos internacionales arrestados durante el pasado año eran procedentes de Rumanía (45), Reino Unido (35), Italia (27), Francia (22) o Alemania (21), entre otras nacionalidades.

Entre los detenidos el pasado año destaca Andrew Terence Moran, un peligroso fugitivo de nacionalidad británica y 32 años, que escapó durante un juicio en Reino Unido tras atacar a la custodia policial, y que fue finalmente arrestado en Calpe. Esta persona figuraba entre los criminales británicos más buscados que podrían encontrarse huidos en nuestro país. En noviembre de 2012 ya fue localizado por los agentes pero logró huir al embestir a los policías con un todoterreno pero el pasado mes de mayo fue arrestado en su vivienda de Calpe tras el asalto de los GOES.

Otros de los arrestados en 2013 fue un peligroso fugitivo que intentó ocultarse en una habitación del pánico para evitar el arresto. Mark Alan Lilley natural de Reino Unido y 41 años de edad, fue localizado en un chalé de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, donde residía con identidad falsa. La vivienda contaba con una estancia anti asalto, a la que se accedía desde una puerta de seguridad camuflada en el vestidor de su dormitorio, donde se ocultó cuando entraron los agentes. El detenido fue condenado en el año 2000 a 24 años de prisión por narcotráfico y figuraba entre los delincuentes más buscados por las autoridades británicas. En el momento de su detención había cambiado su aspecto físico de forma considerable y se había convertido en un experto en una modalidad de combate de originaria de Brasil denominada “vale tudo”, donde los luchadores pueden utilizar cualquier tipo de arte marcial o deporte de contacto.
En este primer mes de 2014, se ha detenido ya a 30 fugitivos, 26 de ellos reclamados por las autoridades judiciales de otros países y 4 buscados por la Justicia española. Entre ellos un fugitivo que figuraba entre los más buscados del United States Secret Service por un fraude de más de 250 millones de dólares y que fue localizado en Palma de Mallorca. El arrestado, Juegers Veloz, de nacionalidad dominicana y 37 años de edad, formaba parte de un entramado que presuntamente robaba información de cuentas de teléfonos móviles y las utilizaban para realizar llamadas internacionales fraudulentas. Un discreto operativo policial desplegado por policías del Grupo de Delincuencia Internacional de la Jefatura Superior de Policía de Illes Balears culminó con la detención del buscado en un locutorio.

Rápida respuesta ciudadana

La colaboración ciudadana a través de las redes sociales está aportando excelentes resultado a nivel operativo en la lucha contra el narcotráfico, la pornografía infantil o la localización de fugitivo. El pasado 14 de enero la cuenta @policia difundió mensajes solicitando la colaboración ciudadana para localizar José Manuel García Barata, sobre quien pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión como autor de delitos de asesinato consumado, asesinato en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas de fuego y falsedad en documento oficial.

Los mensajes lanzados a través de las redes sociales tuvieron inmediatamente una fuerte repercusión. Según los datos aportados por SocialBro, los tuits emitidos desde @policia tuvieron más de 4.500.000 impactos potenciales, con unos 5.400 retuiteos, 350 favoritos y 175 respuestas. En Facebook, 5.112 personas compartieron en sus muros el cartel de búsqueda lanzado por la Policía Nacional, con un alcance cercano a los 200.000 usuarios. Y en Tuenti, la información fue compartida por 75.000 usuarios. Además, los investigadores recibieron tres correos electrónicos y 17 llamadas que fueron claves para detener, en menos de 12 horas, al asesino del taxista salmantino.

La Policía Nacional busca a diez criminales que podrían encontrarse en nuestro país. ARCHIVOLa Policía Nacional busca a diez criminales que podrían encontrarse en nuestro país. ARCHIVO Descarregar



MINISTERIO DEL INTERIOREl correo fugitivos@policia.es o el teléfono 91 582 25 10 están habilitados para recibir cualquier información que pueda conducir a su detención

La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para localizar a diez criminales que podrían encontrarse en nuestro país y que son autores de delitos de asesinatos, homicidios, lesiones, tráfico de drogas o robos con violencia. La Policía dispone de una cuenta específica para recibir cualquier información que pueda ser relevante para su detención, fugitivos@policia.es, el teléfono  91 582 25 10 o el 091. Las informaciones aportadas a través de las redes sociales y los canales habilitados por la Policía Nacional han permitido la detención de criminales como García Barata, el asesino de un taxista en salamanca en 2010, que fue arrestado en Ponferrada pocas horas después de solicitar la colaboración ciudadana a través de la cuenta @policia, o la detención de uno de los capos de la prostitución más buscado por Policías de todo el mundo, Ioan Clamparu.

Los diez criminales que podrían estar en nuestro país para los que la Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana son:

Oscar Santacruz Juan está reclamado por asesinato y que podría encontrarse en Madrid. Santacruz es español, de 40 años, una altura aproximada de 1,87 cm, pelo castaño, complexión fuerte, ojos verdes y un lunar en el lado izquierdo de la cara.

Omar Tebar Tomas está reclamado por homicidio, lesiones, amenazas y quebrantamiento de condena y podría ubicarse en Alicante o Marruecos. Tebar es español y tiene 28 años, además lleva un tatuaje de un demonio en ambas caras del antebrazo izquierdo.

Antonio Jesús Barge Valdés está buscado por lesiones y quebrantamiento de condena por la Justicia española y podría encontrarse en Madrid. Nacido en España y de 47 años, lleva dos tatuajes tribales en el brazo derecho y en la espalda.

Dietmar Linke está buscado por Alemania por provocar una fuerte explosión y el robo de cajas fuertes. Linke tiene 47 años y es natural de Alemania. Podría encontrarse en la provincia de Alicante.

Dritan Rexhepi está reclamado por Italia y Bélgica por tráfico de drogas, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y quebrantamiento de condena. Rexhepi es natural de Albania y tiene 33 años.

Yolanda Payan Castellanos, colombiana de 50 años, está buscada por Colombia, Austria e Italia por un homicidio, robos con violencia e intimidación y pertenencia a grupo organizado. Yolanda utiliza numerosas identidades falsas. Esta mujer tiene una estatura aproximada de 1,60 cm y es de constitución gruesa.

Kevin Thomas Parle, de 33 años y nacido en el Reino Unido, está reclamado por su país por un homicidio doloso. Parle tiene una altura aproximada de 1,95 cm, una cicatriz de un centímetro en la parte izquierda de la cabeza y ojos azules. Podría encontrarse en Alicante.

Julio González Rubio, español de 44 años, está buscado por homicidio y podría estar en la provincia de Valladolid. Es de complexión atlética, 1,75 cm de altura y ojos verdes.

José Manuel Canela Vázquez, español de 40 años, reclamado por un delito de tráfico de estupefacientes. Canela, conocido también como Ferramache, mide 1,79 cm y tiene alopecia. Se cree que pudiera encontrarse en Andalucía.

Christopher Guest More, de 36 años y natural del Reino Unido, está buscado por la justicia británica por un delito de homicidio. More mide aproximadamente 1,84, una cicatriz en el entrecejo, pelo rapado y de complexión delgada.

317 fugitivos detenidos en 2013

Durante 2013, el Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, integrado por 20 agentes, ha detenido a 317 personas, 270 de las cuales estaban reclamadas por las autoridades judiciales de otros países y 4 estaban buscadas por la Justicia española. Del total de arrestados, 70 de ellos estaban vinculados a delitos de tráfico de drogas; 61 estaban buscados por delitos de estafas; 55 por delitos contra la propiedad; 24 autores de homicidios o lesiones; 16 relacionados con agresiones sexuales y 44 por otras modalidades delictivas.

La mayoría de los fugitivos internacionales arrestados durante el pasado año eran procedentes de Rumanía (45), Reino Unido (35), Italia (27), Francia (22) o Alemania (21), entre otras nacionalidades.

Entre los detenidos el pasado año destaca Andrew Terence Moran, un peligroso fugitivo de nacionalidad británica y 32 años, que escapó durante un juicio en Reino Unido tras atacar a la custodia policial, y que fue finalmente arrestado en Calpe. Esta persona figuraba entre los criminales británicos más buscados que podrían encontrarse huidos en nuestro país. En noviembre de 2012 ya fue localizado por los agentes pero logró huir al embestir a los policías con un todoterreno pero el pasado mes de mayo fue arrestado en su vivienda de Calpe tras el asalto de los GOES.

Otros de los arrestados en 2013 fue un peligroso fugitivo que intentó ocultarse en una habitación del pánico para evitar el arresto. Mark Alan Lilley natural de Reino Unido y 41 años de edad, fue localizado en un chalé de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, donde residía con identidad falsa. La vivienda contaba con una estancia anti asalto, a la que se accedía desde una puerta de seguridad camuflada en el vestidor de su dormitorio, donde se ocultó cuando entraron los agentes. El detenido fue condenado en el año 2000 a 24 años de prisión por narcotráfico y figuraba entre los delincuentes más buscados por las autoridades británicas. En el momento de su detención había cambiado su aspecto físico de forma considerable y se había convertido en un experto en una modalidad de combate de originaria de Brasil denominada “vale tudo”, donde los luchadores pueden utilizar cualquier tipo de arte marcial o deporte de contacto.
En este primer mes de 2014, se ha detenido ya a 30 fugitivos, 26 de ellos reclamados por las autoridades judiciales de otros países y 4 buscados por la Justicia española. Entre ellos un fugitivo que figuraba entre los más buscados del United States Secret Service por un fraude de más de 250 millones de dólares y que fue localizado en Palma de Mallorca. El arrestado, Juegers Veloz, de nacionalidad dominicana y 37 años de edad, formaba parte de un entramado que presuntamente robaba información de cuentas de teléfonos móviles y las utilizaban para realizar llamadas internacionales fraudulentas. Un discreto operativo policial desplegado por policías del Grupo de Delincuencia Internacional de la Jefatura Superior de Policía de Illes Balears culminó con la detención del buscado en un locutorio.

Rápida respuesta ciudadana

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Se dio a la fuga el pasado verano, cuando tenía que ingresar en prisión para cumplir una condena de 12,7 años

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