La Policía Nacional desarticula una red especializada en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional

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La Policía Nacional desarticula una red especializada en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional

La Policía Nacional desarticula una red especializada en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional

La Policía Nacional desarticula una red especializada en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional

Las falsificaciones se ofrecían directamente a particulares y galerías de arte o bien a través de subastas online

La Policía Nacional desarticula una red especializada en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional

En la operación han sido arrestadas nueve personas, entre las que figuran autores materiales de las falsificaciones, responsables de la distribución e intermediarios

Los agentes se han incautado de 271 imitaciones de obras pictóricas, esculturas y obra gráfica de reconocidos artistas, como Picasso, Andy Warhol, Miró, Sorolla, Pinazo, Apple, Saura, Chillida o Tapies, entre otros

La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, creada en 1985, investiga las agresiones contra obras de arte, esculturas, pinturas, elementos arquitectónicos, yacimientos arqueológicos terrestres o yacimientos arqueológicos subacuáticos

28-febrero- 2015.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red especializada, presuntamente, en falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional. Entre los nueve detenidos se encuentran autores materiales de las falsificaciones e integrantes de la cadena de distribución, como algunos intermediarios encargados de la introducción en el mercado de las obras. Las falsificaciones se ofertaban, bien directamente o bien a través de subastas online, a particulares o a operadores del mercado del arte con establecimiento propio. Se han incautado 271 imitaciones de obras pictóricas, esculturas y obras gráficas de reconocidos artistas, como Picasso, Andy Warhol, Miró, Sorolla, Pinazo, Apple, Saura, Chillida o Tapies, entre otros.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada en la comisaría de Denia (Alicante), en la que un vecino de dicha localidad ponía en conocimiento la sustracción de diversos efectos en su vivienda. Tras realizar una serie de indagaciones, los agentes consiguieron identificar al autor del robo, que resultó ser además integrante de una red dedicada a la falsificación y venta de obras de arte.

Tras conocer este hecho se continuó con las investigaciones hasta que finalmente se pudo identificar y detener a los responsables de las falsificaciones, una pareja y un trío de hermanos. También se comprobó que se dedicaban a esta actividad desde hacía siete años y que plagiaban pinturas y esculturas de multitud de autores como Picasso, Andy Warhol, Miró, Sorolla, Pinazo, Apple, Saura, Chillida, Tapies, Mompó, Equipo Crónica, Rafael Alberti, Teixidor o Riera i Aragó, entre otros.

Obras ofrecidas a particulares y a galerías de arte

Además de detener a los falsificadores, los investigadores consiguieron localizar y arrestar al intermediario que les compraba las obras para venderlas posteriormente a un comercializador -que también ha sido detenido- por un valor que cuadruplicaba el precio de adquisición. Este a su vez las ofrecía a galerías de arte de Valencia y Madrid, así como a particulares vinculados al mundo del arte, en reuniones organizadas en su oficina, o bien a través de subastas online. También ha sido arrestado el coautor del robo con fuerza que dio origen a la investigación.

Tras las detenciones se practicaron siete registros en domicilios y locales de Valencia, se han intervenido 271 obras pictóricas, útiles para pintar, libros de pintura, pruebas y ensayos de firmas de pintores, así como numerosos documentos y facturas de compraventa de cuadros.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada de Patrimonio Histórico de la UCDEV, en colaboración con la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia y agentes de la comisaría de Denia.

Más de 25 años protegiendo el arte

La Brigada del Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, creada en el año 1985, fue galardonada con la Medalla de Oro de Bellas Artes de 2007. Esta medalla distingue a personas y entidades que han destacado por su creación artística y cultural; que hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o, como en el caso de la Brigada tienen un relevante papel en la conservación del patrimonio histórico.

Entre las funciones de la Brigada de Patrimonio Histórico se encuentra la investigación de todas las agresiones contra el patrimonio histórico, artístico y cultural, tanto de titularidad pública como privada, acaecidos en cualquier ámbito geográfico del territorio nacional, (obras de arte, esculturas, pinturas, elementos arquitectónicos, yacimientos arqueológicos terrestres, yacimientos arqueológicos subacuáticos).

Durante 2014, las investigaciones de esta Brigada permitieron, entre otros, la restitución a las autoridades colombianas de 641 piezas precolombinas que habían salido de manera ilegal de Colombia para su comercialización en España a través de una empresa de mudanzas internacional; la recuperación de un cuadro del pintor Carlos De Haes titulado “Paisaje”, robado en el año 1991; la incautación de un falso Miró que se intentaba vender por 600.000 euros; o la restitución a las autoridades peruanas de 22 piezas arqueológicas que habían sido intervenidas en el marco de una operación por expolio y contrabando de arqueología precolombina.
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Eligio Landín López Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

En este Blog podrá acceder a toda la información sobre personal de seguridad privada, incluyendo la normativa básica reguladora relacionada con los vigilantes de seguridad y sus especialidades, guardas particulares del campo y especialidades, infracciones, sanciones y los distintos procedimientos administrativos sobre seguridad privada.

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Eligio Landín López Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

Eligio Landín López

Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó, el pasado día 30 de diciembre, la Ley 10/2011 que, entre otras leyes autonómicas, modificó la Ley 4/2003, de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña. La reforma añadió a esta Ley la Disposición Adicional Séptima, mediante la que otorga el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad privada que preste servicios de vigilancia en infraestructuras y medios de transporte público de Cataluña.

La Disposición, según establece la misma, se aprobó en base a las competencias de coordinación de la seguridad privada con la Policía autonómica que tienen la Comunidad Autónoma en virtud del vigente Estatuto de Autonomía. No voy a entrar a considerar si el Parlamento Autonómico tenía, o no, competencias para regular la materia, pero lo cierto es que un dictamen de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de fecha 14 de noviembre de 2011, niega esa posibilidad de acuerdo con las competencias que Cataluña tiene en materia de seguridad privada, conforme a lo establecido en la Ley 23/92 y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2364/94.

En todo caso, el motivo de este artículo no es analizar las competencias del Estado y las que, con carácter ejecutivo, tiene la Comunidad Autónoma en seguridad privada, análisis que, con todo acierto, ha efectuado la Unidad Central de Seguridad Privada y que ha hecho público a través de uno de sus boletines ( Monográfico 12, de septiembre de 2011).

La decisión de la Generalidad que, por otra parte, no es novedosa, ya que la Ley Ferroviaria de Cataluña,( la Ley 4/2006), a pesar de las discrepancias habidas sobre la interpretación de su art. 38, en mi opinión, ya atribuía el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad que prestaba servicios de vigilancia en las instalaciones de los medios de transporte ferroviarios incluido el metropolitano; me da pie a plantear la cuestión de fondo que encabeza el artículo: ¿ debe el personal de seguridad privada tener la condición de Agente de la Autoridad? Pues bien, ya anticipo que mi respuesta es positiva.

Sin ninguna duda creo, por las razones que expondré a continuación, que es imprescindible que el personal de seguridad, (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Vigilantes de Explosivos y sustancias peligrosas, guardas particulares de campo, incluidas sus especialidades -guardas de caza y guardapescas-, y, por qué no, el resto de las categorías que lo integran: Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad y Detectives Privados), tenga reconocida legalmente la condición de Agente de la Autoridad.

En este punto discrepo del criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior que, a pesar de que el art. 35 de la Orden INT/318/2011, establece textualmente: “ En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes”, sigue manteniendo que, con carácter general, el personal de seguridad no tiene el carácter de Agente de la Autoridad, aunque en determinadas circunstancias tiene la protección legal como tales ( cuando acuden en auxilio o colaboran con la Autoridad o sus Agentes, ampliable a determinados servicios que el personal de seguridad privada preste en colaboración directa con la seguridad pública, como por ej. En un dispositivo conjunto de seguridad). No comparto su interpretación restrictiva, ya que, si bien es cierto que la citada Orden, por su rango legal, no podía otorgar tal condición al personal de Seguridad Privada ( precisamente esa falta de rango legal fue el argumento por el que, finalmente, el Tribunal Supremo negó validez al Decreto 629/1987 que atribuía la condición de Agente de Autoridad a los antiguos Vigilantes Jurados de Seguridad), también lo es el hecho de que si el alcance de la protección del personal de seguridad que recoge el precepto se limita a esos aspectos, la norma resulta innecesaria, ya que esa protección ya está prevista en una norma de superior rango, en este caso de Ley Orgánica, como es el art. 555 del vigente Código Penal ( Ley Orgánica 10/95). (Éste artículo protege con las mismas penas – en un grado inferior- que las establecidas para los atentados contra la autoridad o sus agentes, a los acometan o intimiden a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.)

Yo creo que habría que abordar el asunto con la profundidad que requiere y, si ahora no era el momento, de lege ferenda, debería incluirse, de forma inequívoca, en la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada. Es muy sencillo, bastaría con añadir un artículo con el siguiente texto: “El Personal de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene el carácter de Agente de la Autoridad a todos los efectos legales”.

Pero, antes de otras consideraciones jurídicas, conviene primero saber qué es un Agente de la Autoridad y qué consecuencias legales tiene una atribución de éste tipo a una determinada profesión, para saber si existe algún inconveniente legal que impida o dificulte su reconocimiento respecto al personal de seguridad.

Para definir qué es un Agente de la Autoridad quizá haya que empezar por definir el concepto del que es consecuencia, esto es, del de Autoridad. Curiosamente, como ha reiterado la doctrina del Tribunal Supremo (por todas la STS de 9 de mayo de 1978), para saber quién es una Autoridad tenemos que recurrir al art. 24 del Código Penal y digo curiosamente porque para definir este concepto lo lógico sería recurrir al Derecho Administrativo, y no a la ley penal – es sabido que la razón de ser de ésta no es otra que la de definir quién tiene esa consideración a efectos de subsumir las conductas delictivas en los tipos penales en los que el sujeto activo sea precisamente una Autoridad- . Pero lo cierto es que en este ámbito del Ordenamiento Jurídico no existe una definición de qué se entiende por Autoridad, a efectos legales.

El art. 24. 1º del Código Penal contiene los dos términos que nos permiten concluir si estamos en presencia, o no, de una Autoridad, – con independencia, como es lógico, del propio título o nombramiento para el cargo- que, en todo caso, deben que ser interpretados para que la definición de Autoridad tenga pleno contenido. En concreto, cuando la norma afirma que se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación o tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, es indudable que debemos analizar qué significa “tener mando” o “ejercer jurisdicción propia”, pues con ello podremos avanzar hacia el contenido del concepto Autoridad.

Nuestro Diccionario RAE contiene las siguientes definiciones: Autoridad: poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; Mando, en una de sus acepciones, significa: autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos; y jurisdicción: autoridad, poder o dominio sobre otro. El Tribunal Supremo, en una vieja sentencia de 1963, definía el concepto de mando diciendo que: “La función de autoridad implica una voluntad de mando o imperio, que se concreta en el ejercicio “erga subditus” de un derecho de supremacía, esto es, de un derecho que constituye una manifestación de un poder jurídicamente superior al de los ciudadanos. Y es por esta razón, por la que los ciudadanos vienen obligados a la Autoridad cuando ésta se halla en el ejercicio de su cargo”.

Por su parte, el ejercicio de la autoridad, poder o dominio que implica tener jurisdicción, supone tener atribuida competencia para declarar y hacer cumplir o ejecutar lo declarado, como por ej. tienen constitucionalmente reconocidos los Jueces y Tribunales de Justicia. Esta competencia tiene que estar atribuida específicamente a la persona que decide y no cabe por delegación.

Por tanto, el acto de autoridad implica dos momentos o fases: la toma de la decisión y la ejecución o cumplimiento de la misma. Si la fase decisoria corresponde, por derecho propio, a la Autoridad, la de ejecución puede corresponder a otras personas, aquellas que, actuando en representación de la Autoridad o por delegación, lo hacen como Agentes de la misma.

En consecuencia, una aproximación a la definición de Agente de la Autoridad – el mencionado Diccionario considera que es aquella persona que obra con poder de otra- podría ser entender aquél como una figura intermedia entre la Autoridad y los funcionarios públicos. Los Agentes de la Autoridad, se encargarían de hacer cumplir las órdenes y disposiciones que emanan de la Autoridad – Actuarían siempre por delegación o en nombre de la Autoridad.

Sin embargo, legalmente, no hay una definición de qué se entiende por Agente de la Autoridad, ni siquiera en el ámbito penal ( el Código Penal de 1928, sí incluía en el párrafo 3º del art. 213 un texto del siguiente tenor: Se consideran Agentes de la Autoridad no sólo los funcionarios que con tal carácter dependan del Estado, de la Provincia o del Municipio, sino los de otras entidades que realicen o coadyuven a los fines de aquellos y los que tengan a su cargo alguna misión general o determinada y en disposición reglamentaria o nombramiento expedido por Autoridad competente o delegado de ésta, se expresa el carácter de tal agente”).

Ante la falta de definición legal, ha sido el Tribunal Supremo, una vez más, quién ha venido a establecer qué se entiende por Agente de la Autoridad (STS de 27.05.1978 y 28.01.1982) diciendo que son Agentes de la Autoridad quienes por razón de su cargo están obligados a auxiliar a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones y ejecutar y llevar a efecto sus providencias, acuerdos, órdenes y mandatos.

La atribución del carácter de Agente de la Autoridad tiene un doble origen: O se obtiene por disposición legal – mediante ley formal, es decir, Ley orgánica, ordinaria, Decreto-Ley u otra con dicho rango legal- que atribuya dicha condición a determinado colectivo o profesión, como es el caso, entre otros, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), cuya Ley Orgánica 2/86, en su artículo 7.1, les atribuye a sus miembros dicho carácter. O bien, tiene su origen en un nombramiento específico o nominal realizado por la Autoridad competente. En este caso, la atribución se realiza a título individual, sobre una persona concreta, y no a un colectivo determinado como cuando procede de una norma con valor de Ley.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, para atribuir la condición de Agente de la Autoridad al colectivo profesional de seguridad privada sería necesario que la Ley, en este caso, la Ley de Seguridad Privada, simplemente, lo establezca dentro del estatuto jurídico- profesional de las diferentes categorías profesionales, como se recogen en su art. 1-3º, los principios básicos de actuación como normas deontológicas similares a las que tienen los miembros de las FCS.

Pero ¿qué ocurre con la actual normativa que regula el sector, la Ley 23/92? Pues sencillamente que esta Ley, por razones que no explica en su Exposición de Motivos, no recoge en su texto que el personal de seguridad tenga esa condición, considerando que las diferentes las categorías que lo integran tienen la de “auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Sin embargo, si analizamos la legislación vigente, en concreto el art. 4.2ºde la Ley Orgánica 2/86, de FCS y el art. 1.4º de la Ley 23/92, de Seguridad Privada, vemos que el personal de seguridad tienen la obligación específica de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento les impone la de seguir sus instrucciones en el lugar de servicio, de prevenir la comisión de delitos o infracciones durante el servicio, de detener a los presuntos responsables de infracciones penales para su entrega a la Policía, junto con los efectos e instrumentos del delito, etc.

Es decir, como afirmaba el conocido Informe núm. 3/93 de la Fiscalía General del Estado, de 20 de octubre de 1993, los Vigilantes de Seguridad con su actuación profesional,- con el obligado cumplimiento de sus deberes profesionales, añadiría – (su incumplimiento está tipificado como infracción muy grave en la Ley 23/92, con la correlativa sanción que puede llegar a la pérdida de la habilitación), no están cumpliendo unas funciones estrictamente privadas ( garantizar la seguridad de las personas y bienes en unas concretas instalaciones propiedad del cliente que ha contrato el servicio con la empresa de seguridad) sino una labor de dimensión pública, cumpliendo un mandato legal, de colaboración y auxilio a las FCS y por ello, recogía el citado Informe, deben tener una protección penal similar a la de los Funcionarios públicos pertenecientes a las FCS.

Porque, de eso es de lo se trata, al personal de seguridad se les están imponiendo unas obligaciones profesionales similares a las que tiene un agente de la Policía, aunque en su caso circunscritas al lugar y tiempo de servicio, pero, sin embargo, no tiene la misma protección jurídico penal -las personas que les desobedecen o resisten no cometen un delito o falta de resistencia o desobediencia, y quienes les agreden, simplemente pueden ser acusados de un delito o falta de lesiones, pero no de Atentado a Agente de la Autoridad, entre otras figuras penales que protegen la actuación de la Autoridad y sus Agentes-. 

Y es evidente que la suya, como la de las FCS, constituye una profesión de riesgo – incluso con riesgo de la vida como, lamentablemente, hemos podido comprobar recientemente- y que, en el ejercicio de su actividad, se le exige una permanente colaboración y auxilio a las FCS. Es decir, que están realizando una actividad de interés para la seguridad pública, de relevancia para los ciudadanos y para la comunidad.

Por tanto, la conclusión, ya anticipada, es que es necesario y conveniente reconocer -cuanto antes, por Ley, con carácter general y en todo el territorio español por ser su habilitación válida para ejercer la profesión en toda España-, a todos los profesionales de seguridad privada el carácter de Agentes de la Autoridad cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, no simplemente limitándolo a determinadas actuaciones o servicios, sino siempre que se hallen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o, lo que es lo mismo, siempre que se hallen en acto de servicio, ya que, en todo momento, se les está imponiendo que actúen que realicen funciones o intervenciones profesionales, en el lugar de servicio, para cumplir con su deber de colaboración con las FCS, aunque estas no estén presentes – en este caso la protección, como vimos, ya existe por la vía del vigente Código Penal-.

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad no constituye ningún privilegio, sino la contrapartida legal necesaria para proteger, desde el punto de vista jurídico- penal, una profesión que es de interés público proteger porque está implicada en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, ello contribuirá, sin duda, a que la comunidad perciba con más valor el servicio desempeñado por estos profesionales (por los ciudadanos, en general, y por las Autoridades y funcionarios públicos, en particular, especialmente, las que forman parte de los Juzgados y Tribunales), y supondrá un reconocimiento público de la importancia que tiene su dedicación profesional en el campo de la seguridad.

Y, por último, permitirá, desde luego, exigir a estos profesionales una mayor responsabilidad, profesionalidad y formación, en sus relaciones con los ciudadanos y con las instituciones públicas en general, y no sólo respecto a las empresas de seguridad en las que están encuadrados

FUENTEN ews ADSI Flash nº 325 – 12 de febrero de 2012

Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad?

Eligio Landín López

Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

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Detenidos por la Guardia civil en la lucha por el terrorismo de la organización terrorista DAESH

 


El Juzgado Central de Instrucción, Número 1, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional han dirigido una operación antiterrorista de la Guardia Civil en la que se han detenido hoy a cuatro personas en diferentes lugares de España. Dos en Melilla y las otras dos en las provincias de Barcelona y de Girona.

Los dos detenidos en Melilla son los responsables de la creación y administración de diversas plataformas de Internet mediante las que difundían todo tipo de material propagandístico de grupos terroristas, especialmente del conocido como DAESH. Este material era editado y traducido al español por los detenidos, para llegar a un mayor número de personas. Aprovechando el éxito publicitario de la plataforma virtual, hacían apología de tácticas terroristas, con especial hincapié en el acto de martirio.

Ambos detenidos, que estaban alineados con la estrategia del grupo terrorista DAESH, se dedicaban al reclutamiento de mujeres que, tras el oportuno proceso de adoctrinamiento, acaban integrándose en dicho grupo terrorista.

Además, las actividades de reclutamiento no se limitaban al entorno virtual, sino que los dos detenidos se valían de reuniones privadas en domicilios donde mostraban, a los potenciales musulmanes captados, los vídeos más actuales y mediáticos del DAESH con la finalidad de adoctrinarlos para que, finalmente, se incorporaran al citado grupo terrorista en las zonas de conflicto. Algunos de estos jóvenes ya habrían iniciado los preparativos previos para el desplazamiento a zonas de actuación de grupos terroristas.

La Guardia Civil investiga las conexiones de las dos personas detenidas en Cataluña con los arrestados en Melilla. Las detenciones han sido practicadas en las provincias de Barcelona y Girona. Los dos detenidos desarrollaban una intensa actividad pro-yihadista autónoma y, a su vez, interactuaban en Facebook administrada desde Melilla.

En este caso, el perfil de los dos detenidos es diferente entre sí, ya que uno de ellos correspondería al de un dinamizador que editaba y difundía prolíficamente el material video-gráfico diseñado para el reclutamiento de nuevos yihadistas, y el otro se corresponde con un perfil prototípico de actor solitario, es decir, había pasado de consumir propaganda filoterrorista a realizar un intenso proselitismo de iguales características. Él mismo se había definido en un reportaje de la cadena de televisión CNN sobre radicalización islamista como un simpatizante del “Estado Islámico” residente en una sociedad occidental.

Prisión incondicional sin fianza para los cuatro yihadistas detenidos en la operación antiterrorista de la Guardia Civil

Ministerio del Interior

Madrid, 26/02/2015

Lucha contra el terrorismo

Uno de los detenidos en Melilla era el líder del entramado y actuaba bajo la doctrina de la organización terrorista DAESH. Se encargaba de reclutar mujeres a las que invitaba a grupos privados de WhatsApp para ganar su voluntad

Otro de los arrestados en Barcelona editaba y difundía material diseñado para captar a nuevos miembros para el DAESH. El segundo de los detenidos en Cataluña ensalzaba las acciones de martirio, lo que le situaba en un grado alto de peligrosidad para cometer acciones terroristas

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para los cuatro presuntos terroristas yihadistas detenidos el pasado martes en una operación coordinada por la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado y materializada por las Unidades Antiterroristas de la Guardia Civil, por integración en organización terrorista DAESH.

Según las investigaciones de la Guardia Civil, el primero de los detenidos, nacido en Melilla, sería el líder del entramado, quien actuaba bajo la doctrina de la organización terrorista DAESH y, aunque se dedicaba especialmente al reclutamiento de mujeres, también ejercía dicha labor sobre otros colectivos. Para realizar sus actividades, este presunto terrorista contactaba con jóvenes de distintas zonas de España a través de las redes sociales. Una vez ganada la confianza de las candidatas, las invitaba a participar en grupos privados de WhatsApp para así poder tener una interlocución más directa, fluida e inmediata, y acabar ganando su voluntad.

El segundo detenido en Melilla, hermano del anterior, actuaba en connivencia con él, y realizaba una importante labor de captación de mujeres. Para este objetivo, incluso utilizaba procedimientos de suplantación de identidad para conseguir la captación y radicalización de las jóvenes, alguna de ellas dispuestas a abandonar España para trasladarse al enclave sirio-iraquí.

En el “aparato de propaganda” al que los dos hermanos estaban vinculados, se llegó a promulgar una “fatwa” en castellano, donde se justificaba, desde el punto de vista doctrinal, el acto de martirio, al tiempo que animaba a que se llevaran a cabo en países para causar el mayor impacto posible.

Por lo que se refiere a los dos detenidos en Cataluña, el arrestado de Barcelona, nacido en Marruecos, editaba y difundía material diseñado para reclutar nuevos miembros para el DAESH. Para desarrollar esta labor, utilizaba complejos mecanismos a fin de encubrir su actividad a los investigadores.

El segundo de los detenidos en Cataluña defendía -debido a que había realizado una profunda interiorización de los postulados más radicales del yihadismo- que la aplicación de la “Sharia” justificaba el asesinato de personas contrarias a ella. Además, ensalzaba las acciones de martirio, lo que le situaba en un grado alto de peligrosidad para cometer acciones terroristas de este tipo.

 

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La Policía Nacional ha detenido hoy a ocho combatientes españoles que han regresado de Ucrania a España tras participar en el conflicto de la región de Donbass Ucrania

 

Los ocho detenidos son españoles y presuntos autores de diversos delitos cometidos por su integración y actividad en los grupos independentistas prorrusos

– La Policía Nacional ha detenido hoy a ocho combatientes españoles que han regresado de Ucrania a España tras participar en el conflicto de la región de Donbass, informa el Ministerio del Interior.

Los arrestos han tenido lugar a las seis y media de esta mañana y a los detenidos se les imputa la participación en delitos de asesinato, tenencia de armas y explosivos y actos que atentan contra los intereses del Reino de España en el exterior.

Se trata de una operación coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y desarrollada en Asturias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra.

Esta operación culmina diversas investigaciones de la Comisaría General de Información de la Policía dirigidas por la Fiscalía y se desarrolla en virtud de diligencias del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia nacional.

Durante la misma, que seguía abierta pasadas las nueve y media de la mañana, la Policía Nacional ha procedido a la realización de diversos registros.

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria intervino más de tres millones de productos falsificados en 2014

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria intervino más de tres millones de productos falsificados en 2014

La Agencia Tributaria ha destruido hoy siete toneladas de material falsificado, pero esta vez no viene de operaciones de la policía. Todo este material que ven, sobre todo ropa deportiva, ha sido interceptado por la Agencia Tributaria en el aeropuerto de Barajas. Bien porque los viajeros lo traían de otros países, o bien, porque venían en paquetes de compras realizadas por internet. Se calcula que este negocio, el de las falsificaciones, mueve en España más de mil millones de euros al año.

DENUNCIAS ADUANAS-VIGILANCIA ADUANERA
Si conoce cualquier hecho o circunstancia relacionado con un delito o infracción de contrabando, narcotráfico, blanqueo de capitales, fraude fiscal, corrupción o cualquier otro relacionado o que sea competencia del Servicio de Vigilancia Aduanera, puede comunicar su denuncia por cualquier medio de los abajo facilitados:
Teléfono gratuito: 900351378.
Email: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.­es

La Operación Nécora marca un antes y un después de delincuencia, muertes, dinero y poder conquistarón Galicia

Hace 30 años llega a las costas gallegas el primer barco cargado con toneladas de cocaína, detrás de ese envío estaba Sito Miñanco. Sito había sido detenido y trasladado a la cárcel de Carabanchel por un delito de contrabando. Es en prisión cuando toma contacto con los cárteles colombianos y a partir de entonces se convierte en uno de los narcotraficantes más famosos de los clanes gallegos

EL CASO NÉCORA    “LA OPERACIÓN´´
Alarmadas  ya estaban las fuerzas del orden en estas fechas pasadas pues en 1990 las estadísticas de detenciones por narcotráfico se dispararon, superando la cifra de 18.000 personas implicadas. Un año después se incautaba la entonces impensable cantidad de cuatro toneladas de cocaína.( El Bongo)
. El 23 de febrero de 1991, la policía apresaba El Bongo, un barco pirata con 2.000 kilos de coca.
Los tripulantes desnutridos y puestos,9 colombianos y un peruano, , habían zarpado un mes antes de Cartagena de Indias y llevaban 9 días fondeados en medio del Atlántico, tras sufrir una avería en uno de sus motores.
Este cargamento inédito en aquellos tiempos y primera gran evidencia de que los cárteles colombianos estaban desembarcando en Galicia     kilos de droga.
Tres meses más tarde, coincidiendo con la bajamar, fueron apareciendo los fardos de 1.500 kg de cocaína en una playa de Cedeira. Esto resulto inexplicable a ojos de los jueces. Esto se explica añadiendo que 6 años más tarde el aBogado Pablo Bioque resulto implicado en este transporte, debido a su descubrimiento se produjo la muerte de uno de sus colaboradores; miembro de la Cámara de Comercio donde era secretario, a manos de un sicrio colombiano.
Este caso junto con otros fueron unos priemros pasos claves para el comienzo de una operación antidroga que se desarticularia varios años después.
En 1989, Ricardo Portabales un preso, ex traficante casi del montón y  confidente policial dedicó su estancia en la cárcel de Pontevedra a ``cantar´´ todos y cada uno de los nombres y apellidos, lugares de encuentro, fechas claves, modos ...Fue utilizado en su estancia en la cárcel ; supuestamente compensado con seguridad y pensión vitalicia y aveces amenazado por la Guardia Civil ( grabaciones ),y obviamente  por ``ex compañeros´´ quien dicen de el ser un -mentiroso compulsivo a las ordenes del enemigo-, todo relacionado con el narcotráfico que se realizaba en desde Galicia por aquel entonces.
Este personaje, conocido como el primer narco arrepentido de España, fue decisivo y de muy gran ayuda en la operación completa.
El juez Baltasar Garzón y dos fiscales de la Audiencia Nacional dirigieron  desde Villagarcía la Operación Nécora, en la que inicialmente se firmaron 60 ordenes de detención.
La madrugada del 12 de junio de 1990 se  realizó el impresionante despliegue de más de 300 agentes antidroga coordinados de aquellas por la Unidad Central de Estupefacientes que levantó a 60 personas de cama contra las que cargaba una orden de detención por delitos relacionados con eltráfico de drogas aunque no se encontraban todos en sus casas.
Entre detenciones destaca principalmente la gran sorpresa de un helicóptero sobre el inmenso pazo de Baión, cuyos dueños eran Laurenao Oubiña y su esposa Esther Lago ; que se encontraban ya detenidos cuando esto sucedía, 12 agentes especiales entraron el la residencia acompañados de Portabales , su trabajo fue “rememorar´´ y explicar lugares claves del pazo.
También en Madrid se relaizarón detenciones en cadena de varios empresarios conocidos acusados de blanquear narcodinero a traves de sus empresas y de importar droga a Galicia.
“EL JUICIO´´
El juez Garzon, casi estrenado, se encargo junto con otro juez de dirigir desde Villagarcia la impresionante operación, reconoce que las condenas no fueron suficientes ni ejemplares y se arrepiente de sólo poder sentar a 48 imputados en el banquillo y dejar a 15 en libertad, apenas un lustro después del macrojuício realizado iban cayendo poco a poco el resto de los implicados casi en su totalidad aunque no todos sufrieron condena.
En medio de un desconcierto general, llegaban a la comisaría de  Villagarcía los coches policiales con los detenidos entre los abucheos de la gente. Allí les esperaba el juez para tomárles declaración y firmar su detención.
En juez no pudo declarar ni un sólo gramo de droga precisamente de algunos  casos dentro de este  y no fueron aceptadas las grabaciones hechas en algunos teléfonos personales pues se consideró la prueba fuera de derechos. Estas difusas grabaciones acupáron unos casi 60 folios del sumario.
“CONDENADOS´´
-Ricardo Portabales ( narco), delató la red de narcotráfico rondante en Marín, donde èl mismo de dedicaba a vender su droga en peqeás cantidades.Actualmente se encuentra en Sudamérica escribiendo un libro suyo en el que piensa contar “toda la verdad del caso Nécora´´ según su versión.
-Manuel Fernandez Padín ( desde Arousa, narcocontacto ,encargado de transportes para el entonces reciente Clan Charlín ) Actualmente ( 2012), a sus 52 años se ecuentra en España vivendo con su mujer y su pequeño hijo apartado del negocio.
.Considerados los arrepentidos y “cantaautores ´´de la trama, fueron indemnizados  en su momento con una paga vitalicia de 1000 euros y nuevas indentidades pero ahora la jsutícia le ha dado la espalda por
considerar prescindible esto pues no corren peligro aparente.
Ricardo Portabales amenaza a las autoridades con desenmascarar toda la historia oculta y más bien ilícita que se oculto con respecto a las fuerzas de orden en esta operación.
-Celso Barreiro(empresario)
-Carlos Goyanes(empresario)
Detenidos en Madrid en 1990 acusados por Ricardo Portabales , de blanquear dinero negro a través de sus empresas y de facilitar el encargo y transporte de droga a Galicia.
Fueron ambos puestos en liebertad pero no indemnes del cargo mediático que se forjó sobre sus nombres.
-Sito Miñaco ( José Ramón Prado Bugallo) ,acusado en el caso escapó a Panamá y fue capturado 7 meses más tarde en Madrid junto a algunos de sus colaboradores. Cumple actual condena por delitos reincidentes y hasta 2017 no se preve su puesta en libertad.
-Manuel Abal Feijoó ( narco) murió poco antes de su reingreso en prisión.
-Javier Martienz San Millán
-Alfredo Cordero
-Francisco …
-Laureano Oubiña ( supuesto cabeza de alguna de las tramas en al operación Necora)
-Manuel Charlín ( narco perteneciente a este clan familiar, es el único de los imputados a punto de abandonar la prisión).

Paralelamente una generación entera de jóvenes gallegos cae en la droga. Delincuencia, muertes, dinero y poder conquistan Galicia (noroeste de España), que queda dividida, pero que es entonces cuando se inicia una lucha incesante contra el narcotráfico.

El Pazo de Bayón, que había sido propiedad del narcotraficante Laureano Oubiña, se convierte en el símbolo de madres en contra de la droga. Fue durante la Operación Nécora cuando las madres lo asaltaron para denunciar públicamente a los narcotraficantes gallegos.

La Operación Nécora marca un antes y un después. Es a partir de entonces cuando se fija en el pueblo gallego una conciencia social sólida que desemboca en una especialización de la lucha contra el narcotráfico.

Fuente ¡Suscríbete a HispanTV!

https://www.youtube.com/user/hispantv…

 

El Grupo de Delitos Telemáticos GDT de la Guardia civil contra el Cibercrimen

Entrevista realizada al Capitan Cesar Lorenzana sobre la naturaleza del cibercrimen, las nuevas amenazas, y como el Grupo de Delitos Telemáticos lucha contra ellas.

At present time, and from August, 2007, is the Head of the Investigative Section within the High Tech Crime Group, of the Central operational Unit of Criminal Police, carrying out with investigations relating to E-Bank Frauds; Telecommunication Fraud; E-commerce fraud; Intellectual Property Right Crimes; Child pornography on the Internet; and, to sum up, all crimes which need advanced technological systems. In July 2009 was promoted to Captain and remains in the same assignment.

Today, he also represents Guardia Civil in diverse fora and permanent working parties in INTERPOL, EUROPOL, COUNCEIL OF EUROPE, G-8, ETC.

Especialidades:e – commerce, english, french, languages, legal, listening, meeting facilitation, networking, police, public speaking, read, seminars, spanish, strategic, telecommunications,

Experiencia  Captain Guardia Civil

agosto de 2007 – actualidad (7 años 7 meses)

2nd Head of the Cybercrime Unit.
He carries out diverse activities of investigation in the following fields: frauds in electronic bank; frauds in the telecommunications; frauds in electronic commerce; crimes against intellectual and industrial property rights committed through the Network; crimes related to child pornography; and, basically, those crimes in whose commission it becomes indispensable the use of advanced technological systems. He also represents the Guardia Civil in diverse fora and permanent work groups in INTERPOL, with quarterly periodic meetings in Lyon, France, EUROPOL and CONSEIL OF EUROPE. He is the permanent contact Agent of the Guardia Civil for 24 /7 emergencies happened in the G-8 scope relative to Cybercrime. He is, finally, national contact point for the deployment of the tool “CETS” (Child Exploitation Tracking System) developed between the Ministry of Interior and Microsoft Corporation.

Lieutenant Guardia Civil

agosto de 2007 – julio de 2009 (2 años)

Lieutenant Head of Investigative Section within the High Tech Crime Group of the Central Operational Unit

Lieutenant

Guardia Civil

agosto de 2005 – agosto de 2007 (2 años 1 mes)

Lieutenant Head of Intelligence & Operational Group within the Intelligence Service of Guardia Civil
He served as a counter-terrorism intelligence officer in Guipuzcoa (Spain), focused on the fight against E.T.A. as field agent. He participated in many and notorious arrests of relevant members of E.T.A.

Consecuencias del Ciberacoso – Consejos para evitarlo de GDT de la Guardia Civil y de la Policia nacional

Consecuencias del Ciberacoso – GDT (Guardia Civil)

Reportaje elaborado por los servicios Informativos de TVE sobre el ciberacoso y las consecuencias del mismo. En él se hace referencia a diversos casos detectados por el GDT, y como reaccionar ante los mismos.

Los agentes de la Policía Nacional dedicados a la prevención y buen uso de la tecnología, Internet y redes sociales señalan que el inicio del curso escolar es una gran oportunidad para que los padres de los menores establezcan con sus hijos las pautas de uso de móvil de Internet para evitar problemas de seguridad. Además, aconseja que expliquen a los menores los riesgos o amenazas que pueden encontrarse y cómo afrontarlos.

Información sobre el personal de Seguridad privada

Información sobre el personal de Seguridad privada

En esta página podrá acceder a toda la información sobre personal de seguridad privada, incluyendo la normativa básica reguladora relacionada con los vigilantes de seguridad y sus especialidades, escoltas privados, guardas particulares del campo, jefes de seguridad, directores de seguridad, detectives privados, instructores de tiro, centros de formación, infracciones, sanciones, compulsas y los distintos procedimientos administrativos sobre seguridad privada.

Normativa básica reguladora

  • Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE núm. 46, de 22 de febrero), modificada por la Sentencia 341/1993, de 18 de noviembre, del Tribunal Constitucional; por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto –disposición adicional cuarta-; por laLey 10/1999, de 21 de abril; por la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre y por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio.
  • Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE núm. 83, de 5 de abril).
  • Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado –disposición adicional cuarta(BOE núm. 90, de 15 de abril), modificada por la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre.
  • Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social –artículo 44(BOE núm. 315, de 31 de diciembre).
  • Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado –artículos 8 y 19(BOE núm. 280, de 20 de noviembre).
  • Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada (BOE núm. 289, de 3 de diciembre).
  • Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 8, de 10 de enero de 1995. Corrección de erratas en BOE núm. 20, de 24 de enero de 1995), modificado por el Real Decreto 938/1997, de 20 de junio; por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre; por el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo; por la Sentencia de 30 de enero de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero; por la Sentencia de 15 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; por el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre y por el Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero.
  • Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (BOE núm. 255, de 22 de octubre. Corrección de errores en BOE núm. 273, de 12 de noviembre).
  • Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (BOE núm. 42, de 18 de febrero. Corrección de errores en BOE núm. 61, de 12 de marzo), modificada por la Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre.
  • Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada (BOE núm. 42, de 18 de febrero. Corrección de errores en BOE núm. 61, de 12 de marzo).
  • Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero (BOE núm. 264, de 2 de noviembre).
  • Orden de 14 de enero de 1999 por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada (BOE núm. 20, de 23 de enero).
  • Orden de 15 de febrero de 1997 por la que se determinan las armas de fuego a utilizar por los Guardas particulares del Campo para desempeñar funciones de vigilancia y guardería (BOE núm. 48, de 25 de febrero), modificada por la Orden de 30 de abril de 1998.
  • Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada (BOE núm. 296, de 10 de diciembre).
  • Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la de 18 de enero de 1999, en lo relavito a la formación previa y uniformidad de los Guardas particulares del Campo, en sus distintas especialidades (BOE núm 212, de 3 de septiembre)
  • Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección General de la Policía, por la que se constituye la comisión de valoración del profesorado de los centros de formación y se regulan aspectos relativos a la autorización e inspección de los mismos (BOE núm. 173, de 20 de julio).
  • Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se designa la unidad administrativa que desarrollará determinadas competencias en materia de seguridad privada, y se reestructura la comisión de valoración del profesorado de los centros de formación y actualización para guardas particulares del campo y sus especialidades(BOE núm. 284, de 27 de noviembre).
  • Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban los modelos oficiales de los Libros-Registro que se establecen en el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 295, de 10 de diciembre).
  • Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se delegan competencias en materia de armas, explosivos y seguridad privada (BOE núm. 99, de 25 de abril. Corrección de errores en BOE núm. 129, de 30 de mayo), modificada por la Resolución de 23 de marzo de 1998 (BOE núm. 78, de 1 de abril).
  • Resolución de 13 de enero de 1997, de la Dirección General de la Policía, por la que se delegan determinadas competencias en materia de seguridad privada en el Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de este centro directivo (BOE núm. 36, de 11 de febrero).
  • Resolución de 28 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada (BOE núm. 57, de 6 de marzo).
  • Vigilantes de seguridad
  • Formación

    Antes de presentarse a las pruebas de selección que convoque la Secretaría de Estado de Seguridad y cuya superación habilitará para el ejercicio de la correspondiente profesión, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional, los aspirantes a vigilantes de seguridad y a su especialidad de vigilantes de explosivos habrán de superar, en los centros de formación autorizados, en ciclos de al menos ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, los módulos profesionales de formación que se determinan en la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad. Además, en el caso de los aspirantes a la especialidad de  vigilantes de explosivos deberán superar los módulos complementarios y específicos, de treinta horas lectivas, establecidos en la mencionada Resolución.

    Los ciclos formativos, en su delimitación horaria, podrán comprender un porcentaje máximo del cincuenta por ciento de la formación no presencial o a distancia, debiendo impartirseobligatoriamente con carácter presencial las enseñanzas de naturaleza técnico-profesional, instrumental, de contenido técnico operativo y las prácticas de tiro y laboratorio.

    A quienes hayan superado los módulos de formación y las pruebas físicas, los centros de formación autorizados les expedirán el correspondiente diploma o certificado acreditativo.

    Se impartirán cursos de formación específica en los siguientes tipos de servicios:

    Servicio de transporte de seguridad, servicio de respuesta ante alarmas, servicio de vigilancia en buques, servicio de vigilancia en puertos, servicio de vigilancia en aeropuertos, servicio de vigilancia con perros, servicio de vigilancia con rayos X, servicio de vigilancia en centros comerciales, servicio de vigilancia en centros hospitalarios, servicio de vigilancia en urbanizaciones, polígonos, transportes y espacios públicos, servicio de vigilancia en eventos deportivos y espectáculos públicos, servicio de vigilancia en instalaciones nucleares y otras catalogadas como infraestructuras críticas, servicio de vigilancia en centros de internamiento y dependencias de seguridad y servicio de vigilancia del patrimonio histórico y artístico.

    Estos cursos de formación específica serán impartidos en centros de formación autorizados y tendrán una duración mínima de diez horas de formación presencial.

  • Escoltas privados
  • Guardas rurales
  • Jefes de seguridad
  • Directores de seguridad
  • Detectives privados
  • Instructores de tiro
  • Centros de formación
  • Infracciones
  • Sanciones
  • Modelos de solicitud
  • Compulsas
  • Tasas
  • Procedimientos administrativos

Segurpricat: La Empresa

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Segurpricat Consulting Consultoria de Seguridad Nacional e Internacional le asesoramos en el de su empresa: Consideramos como parte fundamental del servicio de .

La Policía Nacional operación “Mosto” se incauta de 620 kilos de hachís ocultos en una furgoneta “caleteada”

Como Consultoría de Servicios Integrales de Seguridad http://siseguridad.es SISEGURIDAD from Julian Flores @juliansafety on Vimeo.

 

En el marco de la operación “Mosto”

La Policía Nacional se incauta de 620 kilos de hachís ocultos en una furgoneta “caleteada”

Se ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, responsables de transportar el estupefaciente desde Marruecos a Almería

La droga se halló en dobles fondos habilitados en el interior de la caja y de la cabina del vehículo, distribuida en pequeños paquetes

26-febrero-2015.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Motril a dos personas, un hombre de 44 años y una mujer de 33, y se han incautado de 620 kilos de hachís ocultos en una furgoneta “caleteada”. Los arrestados transportaban el estupefaciente desde Marruecos hasta Almería cuando fueron interceptados. La droga se halló en el interior de dobles fondos habilitados en la caja y la cabina del vehículo, distribuida en pequeños paquetes diseñados al efecto.

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes recibieron información sobre un posible trasporte de hachís que tendría su origen en Marruecos y cuyo destino final estaría en la provincia de Almería. Las primeras pesquisas confirmaron que la droga procedía del norte de África y permitieron averiguar que los responsables de suministrar el estupefaciente y de financiar su distribución eran personas de origen marroquí.

También se averiguó que la primera parte del transporte del estupefaciente se realizaba vía marítima, a bordo del ferry que une Melilla con Almería, y que una vez en la península la mercancía se trasladaba hasta un lugar “seguro” en la provincia de Granada, donde otros miembros de la organización se encargarían de extraer el hachís de los habitáculos preparados en el vehículo para su ocultación y trasporte.

Interceptados transportando la droga

Finalmente, después de realizar numerosas indagaciones, los agentes averiguaron cuándo iban a realizar el transporte y lograron interceptar el vehículo empleado a tal efecto, deteniendo al conductor del mismo, un hombre de 44 años de edad, vecino de Salobreña. Tras una minuciosa inspección, los policías hallaron ocultos en el interior de la caja de la furgoneta y en la cabina, un total de 620 kilogramos de hachís distribuidos en placas independientes y en pequeños paquetes diseñados al efecto. Días más tarde se detuvo a la mujer que colaboraba con él, de 33 años y natural de Barcelona.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDYCO de la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena junto con el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Melilla y el Grupo I de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Almería.