Habilitación y Funciones del Director de seguridad

Habilitación y  Funciones del Director de seguridad

Los que hayan sido declarados aptos en las pruebas para directores de seguridad, para obtener su habilitación deberán aportar:

  • Documentación de carácter general:
    • Instancia del interesado.
    • Certificado médico de poseer aptitud física y capacidad psíquica necesarias para prestar servicios de Seguridad Privada, excepto para el personal en activo que ejerza funciones de seguridad pública o privada.
    • Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados para los españoles y extranjeros residentes en España, y documento original y equivalente que surta los mismos efectos para los solicitantes extranjeros no residentes.
      Estarán exentos de presentar este certificado los españoles y extranjeros residentes en España que en su instancia hayan autorizado expresamente a la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, su petición de oficio al Registro Central de Penados.
    • Declaración jurada a que se refieren los apartados e), f), y según los casos de los apartados g) y h) del artículo 53 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.
    • Fotocopia compulsada del Título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores. En caso de títulos equivalentes, deberá acreditarse mediante certificado expedido por la Dirección General de Ordenación del Sistema Educativo, dependiente del Ministerio de Educación.
    • Currículum vitae.
    • Dos fotografías tamaño carné.
    • Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso de la tasa por habilitación de Directores de Seguridad con arreglo al modelo 790 a favor del Tesoro Público, en las Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros colaboradoras; cuenta restringida de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El citado modelo 790 será facilitado en las Comisarías de Policía y deberá ser cumplimentado con los datos correspondientes, señalando como tarifa aplicable la sexta.
  • Documentación de carácter específico:
    • Estar en posesión de la titulación de seguridad reconocida, a estos efectos, por el Ministerio del Interior o
    • Acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o de seguridad privada y superar las correspondientes pruebas a que se refiere el artículo 12 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.
    • Funciones

      En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

      1. La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.
      2. La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.
      3. La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.
      4. El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
      5. La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.
      6. La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.
      7. La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
      8. La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo de riesgos.
      9. Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.
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      Tenemos como objetivos Segurpricat: La consultoria, planificación y asesoramiento en materias de actividades de Seguridad privada a la medida de sus necesidades.

      Planes de Seguridad y Autoprotección de Emergencia y Evacuación

      Referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos personales: elaboramos estudiós e informes de seguridad de forma personalizada como planes de Seguridad y autoprotección,  formacion en seguridad privada simulacros de evacuación y otras medidas de reacción ante emergèncias a la vez que colaboramos con planes de prevención de riesgos laborales para asegurar la adecuación a las normativas vigentes y garantizar la seguridad de los trabajadores, y riesgos materiales para industrias, museos, hospitales, aeropuertos, eventos, , retail y transporte de mercancias.

      www.youtube.com/watch?v=FBXhE-KlQFU
      26 de sept. de 2014 – Subido por Julian Flores Garcia

      Segurpricat http://segurpricat.com.es http://youtube.com/user/segurpricat La consultoria de seguridad

Las funciones de la Administración, Unidades Territoriales de Seguridad Privada y otras Unidades Policiales:

 

Las funciones que desempeña la Unidad Central se ejecutan a través de la Brigada Central de Inspección e Investigación y la Brigada Central de Empresas y Personal, que la integran y consisten en:

  • Autorizaciones y habilitaciones:
    • Autorización, Inscripción y Registro de nuevas empresas de Seguridad
    • Autorización y registro de Centros de Formación para personal de seguridad, y acreditación de profesores.
    • Participación en tribunales y supervisión de las pruebas de selección de aspirantes a vigilantes de seguridad y sus especialidades
    • Preparación y realización de exámenes de Jefes y Directores de seguridad
    • Acreditación y registro de personal de seguridad en sus distintas especialidades, incluyendo Detectives Privados.
  • Seguimiento, control e inspección:
    • De los servicios o actuaciones realizadas por las empresas de seguridad habilitadas en sus distintas actividades.
    • Control e inspección de establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad.
    • Control e inspección de centros de formación para vigilantes de seguridad y sus especialidades.
    • Control e inspección de despachos de detectives
  • Detección de intrusismo:
    • Investigación y detección de empresas que prestan servicios de seguridad careciendo de autorización.
    • Investigación y detección de personal que presta servicios de seguridad careciendo de habilitación.
  • Captación de información relevante: :
    • Captación de información sobre hechos delictivos que afecten a la seguridad ciudadana.
  • Procedimientos sancionadores:
    • Propuesta de resolución de expedientes sancionadores por faltas graves y muy graves incoados en todo el territorio nacional.
    • Propuesta de resolución de Recursos de Reposición, Alzada y Revisión.
  • Estudios normativos:
    • Elaboración de informes para la interpretación y desarrollo de la normativa de seguridad privada.

Actividades derivadas de las funciones:

  • Con empresas, establecimientos y usuarios:
    • Convocatoria de reuniones periódicas por sectores.
    • Atención y asesoramiento directo a cada uno de los problemas, que planteen como prestatarios o usuarios, de servicios de seguridad privada.
    • Facilitar medios de comunicación y contacto para favorecer el desarrollo de su labor.
    • Elaboración de encuestas que permitan conocer la problemática del sector.
    • Seguimiento de la Sala de Coordinación Operativa de Seguridad Privada, centro de atención permanente al personal de seguridad privada.
    • Preparación de seminarios, a nivel nacional y europeo, que permitan conocer y comparar el funcionamiento de la seguridad privada y su normativa.
    • Preparación de los contenidos y convocatoria de la Comisión Mixta Central de Coordinación de Seguridad Privada.
    • Asistencia a reuniones convocadas por distintos organismos relacionados con el sector.
  • Con la Administración, Unidades Territoriales de Seguridad Privada y otras Unidades Policiales:
    • Convocatorias de reuniones periódicas con las Unidades Territoriales de Seguridad Privada, así como con otros órganos policiales relacionados con la actividad de seguridad privada.
    • Asistencia a reuniones con la Secretaría de Estado de Seguridad y la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
    • Elaboración de estadísticas sobre el funcionamiento de los grupos de seguridad privada.
    • Preparación de las posibles modificaciones de la normativa.
    • Participación en los tribunales de exámenes para vigilantes de seguridad y sus especialidades.
    • Preparación, convocatoria y ejecución de exámenes para Jefes y Directores de Seguridad.

ase de Datos APC (Archivo de Productos Certificados)

¿Qué es?

La aplicación contiene una base de datos elaborada por la Unidad Central de Seguridad Privada, en la que se relacionan productos de seguridad electrónica y de seguridad física destinados a la protección de personas y bienes que, facilitados de forma voluntaria por sus fabricantes y distribuidores, cumplen las distintas características recogidas en las normas españolas UNE y europeas EN, adoptadas por España, y son de cumplimiento obligatorio para todos aquellos sistemas de seguridad que pretendan conectarse con una central de alarmas o un centro de control.

Su exclusiva finalidad es facilitar información sobre cada uno de los productos, y está orientada a su utilización por las diferentes Unidades Territoriales de seguridad privada del Cuerpo Nacional de Policía, así como por las empresas instaladoras de sistemas seguridad, los usuarios de estos sistemas, los fabricantes de productos y cualquier otra persona que desee consultarla.

El contenido de la Base APC está conformado por una serie de campos que recogen la información básica necesaria para conseguir su objetivo, que no es otro que facilitar el cumplimiento de la normativa vigente en esa materia, permitiendo la búsqueda por cualquiera de ellos.

Cada producto va acompañado de un Certificado de Producción, facilitado voluntariamente por los propios fabricantes y expedido por alguno de los organismos europeos autorizados al efecto, tal como recoge la normativa vigente de Seguridad Privada.

Dada la exclusiva finalidad informativa de la Base APC, la voluntariedad del aporte de datos y consiguiente registro de los productos por parte de las empresas fabricantes interesada, así como su naturaleza no oficial, la no aparición de un producto en la misma no presupone su falta de certificación y conformidad con las exigencias normativas en dicha materia.


Cualquier consulta sobre este tema puede dirigirse a: ucsp.certificaciones@policia.es

Comisaría General de Seguridad Ciudadana

Sector

La Policía Nacional descubre en Madrid tres talleres de fabricación de monedas de dos euros falsas

Tres personas han sido arrestadas en la operación

La Policía Nacional descubre en Madrid tres talleres de fabricación de monedas de dos euros falsas

Los detenidos creaban las imitaciones de monedas en sus propios domicilios con utensilios como bombonas de cámping gas, tornos de precisión, plomos o radiales

De esta forma artesanal habrían tenido capacidad para producir 12.000 monedas falsas al mes durante cinco años

30-diciembre-2014.- Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Madrid tres talleres artesanales en los que se fabricaban monedas de dos euros falsas. Asimismo han sido arrestados los tres responsables de los talleres, quienes creaban las imitaciones de monedas en sus propios domicilios con utensilios como bombonas de cámping gas, tornos de precisión, plomos o radiales. De esta forma artesanal habrían tenido capacidad para producir 12.000 monedas falsas al mes durante cinco años.

Uno de los destinos de las monedas falsas consistía en ser usadas en máquinas expendedoras de títulos de transporte en Madrid. Las falsificaciones reunían las características técnicas suficientes para no ser detectadas por estas máquinas, que expenden billetes de forma automática.

Antecedentes por falsificar monedas de 500 pesetas

Los investigadores identificaron a los tres sospechosos, quienes realizaron operaciones fraudulentas con las monedas falsas en diferentes máquinas expendedoras y también en diversos horarios. Todos los identificados cuentan con antecedentes policiales por diversos hechos delictivos, entre los que se encuentra la falsificación de monedas de 500 pesetas.

Las pesquisas condujeron a los agentes hasta los domicilios de los sospechosos, quienes, además de ser presuntamente los distribuidores de las monedas falsas, podrían ser también los fabricantes de las imitaciones.

Posible fraude de 1.000.000 de euros

En el registro simultáneo de las viviendas, los investigadores se han incautado de 8.000 monedas falsas, aproximadamente otras 400 en proceso de fabricación, moldes empleados en la elaboración de las falsificaciones, diversa maquinaria y útiles como un torno de precisión, radiales, bombonas de cámping-gas, cuchillas, destornilladores, presas y plomo. Los tres talleres alcanzaban conjuntamente una capacidad de producción de 12.000 monedas de dos euros falsas al mes.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Móvil-Policía del Transporte de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y de la Brigada de Investigación del Banco de España de la Comisaría General de Policía Judicial.

Requisitos generales y especificos del Director de Seguridad

Segurpricat http://segurpricat.com.es La Consultoria de Seguridad Pau Claris 97 Barcelona Julian Flores Director y Jefe de seguridad habilitado por el Ministerio de Interior Socio y fundador de Segurpricat Consulting la Consultoria de seguridad nacional e Internacional http://www.segurpricat.com de Seguridad Latinoamerica: Colombia y Venezuela.Tecnico acreditado para la realización de planes de autoprotección

Requisitos generales del Director de seguridad

Los directores de seguridad deberán reunir los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
  3. Estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
  4. Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas.
  5. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
  6. No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal o familiar y a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
  7. No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
  8. No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.
  9. No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
  10. Superar las pruebas que acrediten los conocimientos y la capacitación necesarios para el ejercicio de las respectivas funciones.

En el caso de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de funciones de seguridad privada en el mismo, podrán prestar servicios en España, siempre que, previa comprobación por el Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

  1. Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.
  2. Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones de seguridad privada, para lo cual deberán estar en posesión de los siguientes documentos:
  1. En los casos en que el Estado de origen regule las diferentes profesiones de seguridad privada, el certificado de competencia o título de formación que las acredite como tal. Dicho certificado o título deberá reunir los siguientes requisitos:
  • Haber sido expedido por una autoridad competente de un Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado.
  • Acreditar un nivel de cualificación profesional equivalente, como mínimo, al nivel inmediatamente anterior al exigido en España, mediante el certificado previsto en elartículo 19.2 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, para todas las profesiones de seguridad privada, excepto detectives privados.
  • Acreditar la preparación del titular para el ejercicio de la profesión correspondiente.
  1. En los casos en que el Estado de origen no regule las diferentes profesiones de seguridad privada, el documento expedido por la autoridad competente, acreditativo de haber ejercido la profesión de que se trate en ese o en otro Estado de la Unión Europea, durante al menos dos años a tiempo completo, en el curso de los diez años inmediatamente anteriores al momento de la presentación de la solicitud, siempre que esté en posesión de uno o varios certificados de competencia o de uno o varios títulos de formación.
    En todo caso, los dos años de experiencia aludidos no podrán exigirse cuando la persona solicitante acredite una cualificación profesional adquirida a través de la superación de una formación regulada de las definidas en el artículo 8 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, y que corresponda a los niveles de cualificación señalados anteriormente.
  1. Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.
  2. Los previstos en las letras a), e), f), g), h) e i) del primer apartado.

La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de las actividades de seguridad privada en España de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas compensatorias previstas en el artículo 5 de la Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del interesado.
La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias. Las pruebas podrán consistir en las siguientes modalidades:
  1. Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio del Interior a tal efecto.
  2. Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia.
  3. Requisitos específicos

    La habilitación de los directores de seguridad requerirá que los solicitantes cumplan uno de los siguientes requisitos:

    1. Acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o privada, y superar las correspondientes pruebas sobre las materias a que se refiere el artículo 12 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.
    2. Estar en posesiónde un título universitario oficial de grado en el ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien del título del curso de dirección de seguridad, reconocido por el Ministerio del Interior.

    Los cursos de dirección de seguridad estarán programados e impartidos por centros universitarios, públicos o privados, reconocidos oficialmente, y las materias que los compongan deberán alcanzar un mínimo de cuatrocientas horas. En el supuesto de que el curso de dirección de seguridad forme parte de un programa de estudios de superior nivel académico, su contenido didáctico y horas lectivas deberán estar claramente diferenciados de éste y expedirse, en todo caso, un título específico con el nombre del curso reconocido en la autorización.

    Puede consultar los cursos reconocidos de dirección de seguridad en la página web de la Dirección General de la Policía

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha rescatado a un total de 1.392 personas en las 879 intervenciones este año 2014

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha rescatado a un total de 1.392 personas en las 879 intervenciones que ha llevado a cabo en lo que va de año. Los incidentes en montaña que han provocado estas intervenciones se han saldado con un total de 96 fallecidos, 528 heridos y 768 rescatados ilesos.
El senderismo, con un 38%, y la progresión por terreno abrupto, con un 18%, son las actividades en las que se han producido más rescates principalmente por tropiezos (caídas al mismo nivel), el extravío y los problemas físicos de los montañeros.
La zona montañosa del Pirineo Aragonés ha sido la que más incidencias ha registrado a nivel nacional, con un 34,24% de los rescates.
Por la procedencia de las víctimas, los extranjeros representan un 16% de los accidentados y dentro del ámbito nacional suelen ser residentes en Barcelona y Madrid.
El perfil de la persona auxiliada suele ser el de un varón con edad comprendida entre 30 y 50 años, no federado, que no utiliza los servicios profesionales de guías y que realiza la actividad con otra persona.
Consejos para mejorar la seguridad en las actividades de montaña
Generales:
• Procura conocer con antelación el medio en el que te vas a mover.
• No vayas solo a la montaña. El grupo mínimo aconsejable es de tres componentes.
• Deja dicho a dónde vas.
• Asegúrate de que llevas el equipo adecuado a la actividad y cuídalo.
• No sobrestimes tus posibilidades. Elige una actividad acorde con tu nivel físico y técnico.
En caso de accidente:
• Dar aviso al Grupo de Rescate, a través del teléfono 062 ó 112, con los siguientes datos:
– ¿Qué ha ocurrido?
– ¿Cuándo ha ocurrido?
– ¿Dónde ha ocurrido?
– Estado en que se encuentra la víctima
– Localización lo más exacta posible del lugar
– Meteorología de la zona
– Personal disponible para ayudar al Grupo de Rescate
– Material del que se dispone
– Facilita todos los teléfonos del personal que se encuentra con la víctima para contactar
• Resguardar a la víctima y proporcionarle los primeros auxilios.
• Si se va a hacer uso del helicóptero limpia la zona de objetos que puedan salir volando y engancharse al rotor.
• Debemos llevar un chaleco reflectante siempre en nuestra mochila para hacernos ver en caso de necesitar ayuda.

Servicio de Montaña de la Guardia Civil

El Servicio de Montaña tiene como misión específica el ejercicio de todas aquellas funciones encomendadas a la Guardia Civil en las zonas de montaña o aquellas otras que por su dificultad orográfica o climatológica, requieran una especial preparación física y técnica, así como el empleo de determinados medios técnicos.
El Servicio está compuesto por una Jefatura que se encuentra en Jaca (Huesca); un Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña en Candanchú (Huesca) y una organización periférica compuesta por 26 Unidades.
Los especialistas de la Guardia Civil están desplegados a pie de los macizos montañosos más importantes de la geografía nacional, organizados en Secciones, Grupos o Equipos de Rescate e Intervención en Montaña (SEREIM’s, GREIM’s y EREIM’s), según el número de efectivos con que cuenten.
Asimismo, el Servicio cuenta en todas sus intervenciones, siempre que sea necesario, con el apoyo de las Unidades de Helicópteros de la Guardia Civil.

Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo

 

 

El Ministerio del Interior ha destinado casi 11 millones de euros a indemnizar a 204 víctimas del terrorismo que nunca hasta ahora habían percibido ayuda económica

Ministerio del Interior

Madrid, 29/12/2014

Entre los nuevos reconocimientos realizados por la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, se encuentran 22 casos por fallecimientos, 28 por secuelas incapacitantes y el resto por diferentes grados de lesiones

El Ministerio del Interior ha llevado a cabo a lo largo de esta Legislatura un amplio desarrollo legislativo para que no haya ni una víctima del terrorismo sin recibir la indemnización a la que tiene derecho

Desde 2012 el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ha destinado 96.696.473 euros a indemnizar a víctimas de la sinrazón terrorista

El Ministerio del Interior, que tiene en la atención a las víctimas del terrorismo una de sus prioridades, ha llevado a la práctica a lo largo de esta Legislatura, a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, una serie de iniciativas encaminadas a mejorar la protección de las personas que han sufrido directamente las dolorosas consecuencias de la actividad terrorista. Una de estas medidas ha conducido a que un total de 204 víctimas hayan visto reconocido por primera vez su derecho a ser indemnizadas. Entre estos nuevos reconocimientos se encuentran 22 casos por fallecimientos, 28 personas con secuelas incapacitantes y el resto son víctimas que presentan diferentes grados de lesiones. La cantidad destinada a estas primeras indemnizaciones asciende a 10.795.858 euros.

Estos reconocimientos han sido posibles gracias al Reglamento que, aprobado en septiembre de 2013 por el Consejo de Ministros, desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Este nuevo texto recoge una ambiciosa regulación que permite aplicar sus efectos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 1960 (el anterior se retrotraía a 1968), abarcando, así, a víctimas de los primeros atentados cometidos por ETA.

Entre los nuevos reconocimientos se encuentran también militares que participaron en las misiones de paz de Bosnia-Herzegovina, Irak y Afganistán, así como víctimas de los atentados de Omagh –ocurrido en agosto de 1998- o Bombay –cometido en noviembre de 2008-. Estas víctimas podrán ser indemnizadas porque la nueva legislación así lo recoge, a diferencia de la anterior que solo hacía merecedoras de las ayudas a las víctimas de atentados cometidos en el extranjero dirigidos contra intereses españoles como, por ejemplo, embajadas.

Los nuevos reconocimientos también incluyen a víctimas que, aunque en primer momento no presentaron secuelas físicas o síquicas, las padecen ahora como consecuencia de paso del tiempo. Igualmente se encuentran personas que han fallecido a raíz de las lesiones iniciales causadas por un atentado terrorista.

467 nuevas solicitudes

Además de las 204 víctimas del terrorismo que nunca hasta ahora habían percibido ayuda económica, existen 467 nuevas solicitudes que se encuentran en la actualidad en fase de tramitación y que corresponden a víctimas que habían solicitado la indemnización fuera de los plazos habilitados. Para este fin, el Ministerio del Interior activó durante los pasados meses de julio, agosto y septiembre una campaña en la que informó de la finalización, el pasado 19 de septiembre, del plazo abierto para que las víctimas que nunca habían sido indemnizadas pudieran solicitar esta ayuda. Esta medida también abarcó a las personas que habían percibido en concepto de indemnización cantidades inferiores a las establecidas actualmente.

En cuanto a las indemnizaciones pagadas, el Ministerio del Interior destinó en 2012 un total 16.421.063 euros; en 2013 la cifra ascendió a los 17.452.918 euros y hasta el 30 de noviembre de 2014 se sitúa en los 62.822.490. Por tanto, en lo que llevamos de legislatura, el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ha destinado 96.696.473 euros a indemnizar a víctimas del terrorismo.

Además, desde que el Ministerio del Interior asumió en 2013 la competencia para otorgar las condecoraciones derivadas de la real orden del reconocimiento Civil a las Víctimas del terrorismo se han reconocido 1.373 condecoraciones, de las que 44 son grandes cruces, 1.141 encomiendas y 188 insignias.

El Ministerio del Interior ha desarrollado a lo largo de esta Legislatura un plan de acción que ha llevado a que España lidere a nivel europeo y mundial un sistema de atención integral a víctimas de atentados terroristas. Dentro de este programa de actuación se encuentra una serie de medidas para incentivar la integración en el mercado laboral de las víctimas del terrorismo y amenazados, así como otras destinadas a facilitar a las víctimas el acceso al Plan de Vivienda 2013-2016.

Este sistema de protección integral a las víctimas del terrorismo, reconocido por Naciones Unidas, ha conducido también a que España lleve el liderazgo dentro de la Unión Europea sobre la redacción y contenidos de la futura Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo. Gracias al impulso del Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la UE contará con la primera Carta Europea de los Derechos de las Víctimas del Terrorismo, ya que en la actualidad está vigente una directiva, aprobada en 2012, que establece derechos para las víctimas de delitos violentos, sin especificar a las de la sinrazón terrorista.

El jefe de la UCSP , Gándara enumeró tres problemas “jurídico-técnicos” que se han encontrado los responsables de elaborar el reglamento de seguridad desveló que “ya existe un esquema normativo” para el nuevo reglamento y explicó su composición.

La Administración coincide con el sector en un 90 por ciento de sus propuestas para el Reglamento

Tras las propuestas del sector para el futuro Reglamento de Seguridad Privada, llegó el turno de conocer las consideraciones de la Administración sobre esas demandas, así como los avances que se están produciendo en la elaboración del documento de desarrollo de la ley.

El plato fuerte del III Congreso Nacional de Seguridad Privada consistía en desvelar las opiniones de la Administración en torno a las propuestas del sector para el nuevo reglamento y conocer un avance del contenido de esa norma. Para ello estuvieron presentes en la parte final del evento el vicesecretario general técnico del Ministerio del Interior, Antonio Cerrolaza; el comisario Esteban Gándara, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía; y el coronel César Álvarez, jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil.

El primero en intervenir en la mesa, moderada por Ángel Córdba, presidente del Congreso, y Antonio Pérez Turró, presidente de AES, fue Cerrolaza para explicar en qué consiste el proceso de tramitación del reglamento, es decir, las etapas que tendrá que superar hasta su aprobación. Según subrayó, el primer paso después de que haya un borrador es elaborar una memoria “especialmente compleja” que incluya un análisis del coste económico y el coste presupuestario del reglamento. “El económico se refiere al coste que la norma pudiera tener para el sector privado y el presupuestario es el coste que la norma pudiera tener para el sector público”, aclaró.

A continuación, se llevará a cabo un análisis jurídico-técnico del borrador por parte de la Secretaría General Técnica que, de aprobarse, daría lugar a la tramitación de la norma. “En ese informe se analizarán cuestiones de legalidad, el ajuste del Reglamento a la Ley de Seguridad Privada, en qué situación quedan las Órdenes Ministeriales de 2011, la redacción, aspectos formales, etcétera”, indicó Cerrolaza.

A este análisis le sigue un periodo de audiencia pública para conocer “tanto lo que opina el sector como la postura de los establecimientos obligados a tener medidas de seguridad”. En ese sentido, apuntó que, dado el calado de la norma, el Ministerio del Interior podría prolongar el periodo de propuestas más allá de los 15 días de plazo que se conceden en otras disposiciones.

El vicesecretario general técnico añadió que el proceso de valoración del borrador también incluye a un buen número de ministerios y algunos organismos del Estado. En total, el documento pasará por seis ministerios y varios órganos consultivos.

Así, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá que dar el visto bueno en cuanto a los procedimientos administrativos que implique el reglamento, así como analizar los posibles costes presupuestarios, las cargas administrativas o las competencias de las comunidades autónomas.

Igualmente intervendrán el Ministerio de Educación, en cuanto a las titulaciones del personal de seguridad privada; el de Empleo y Seguridad Social, para comprobar las formas de acceso a la profesión y las cualificaciones; el de Economía y Competitividad, para evitar más exigencias de acceso a las profesiones y mejorar la empleabilidad; el de Agricultura, dado que la ley contempla la figura de los guardas rurales; y el de Fomento e Industria, ya que existen muchas infraestructuras susceptibles de aplicar medidas de seguridad.

Además de estos ministerios, órganos como el Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) realizarán informes relacionados con sus competencias. La AEPD porque el reglamento contendrá referencias a la videovigilancia o los datos personales, mientras que la CNMC por las repercusiones que pueda tener en la competencia y los mercados. Sería necesario también el dictamen del Consejo de Estado, que analizará todos los informes recibidos y ofrecerá su conclusión.

“Cuando tengamos todo esto, nos reuniremos y le daremos forma definitiva. Esa tarea dependerá de lo bien que lo hayamos hecho antes.  Si lo hemos hecho bien, es previsible que la Comisión de Subsecretarios del Consejo de Ministros le de el visto bueno”, finalizó Cerrolaza.

Avances actuales

Una de las cuestiones que mantiene en vilo al sector es la fecha en la que estará aprobado el nuevo reglamento. El comisario Esteban Gándara comenzó su exposición pidiendo calma en ese sentido puesto que se trata de un documento que “no es fácil” por su trascendencia y la complejidad de tramitación.

Gándara expresó, no obstante, la “voluntad inquebrantable” de la Administración por sacar adelante “un buen reglamento” y aseguró que tendrá “la misma impronta” que la nueva Ley de Seguridad Privada, por lo que aconsejó leer su preámbulo “porque ese será el espíritu” del futuro documento de desarrollo.

El comisario jefe de la UCSP expresó su intención de elaborar “el mejor reglamento posible”, para lo que contará con la participación de todos los actores a los que afecta la norma. Sin embargo, aclaró, “no todas las aportaciones tienen por qué prosperar, y eso incluye tanto las procedentes de la Administración como las de la Seguridad Privada”.

El jefe de la UCSP desveló que “ya existe un esquema normativo” para el nuevo reglamento y explicó su composición. La norma incluirá cuestiones generales y, a continuación, los aspectos relacionados con la colaboración y coordinación, las empresas, la investigación privada y los despachos de detectives, el personal, las funciones, los servicios y medidas, sujetos obligados, el control administrativo, el régimen sancionado y cuestiones complementarias. Esto último, que “no hay que confundir con cuestiones compatibles”, dijo, estará ubicado al final del documento para “tratar de perfeccionar todo lo anterior”.

Seguidamente, Gándara enumeró tres problemas “jurídico-técnicos” que se han encontrado los responsables de elaborar el reglamento. Uno de ellos está relacionado con las infraestructuras críticas, ya que la nueva ley regula cuestiones que se encuentran al margen de la seguridad privada. “Las infraestructuras críticas son el talismán que nos permite tomar decisiones so pretexto de su relevancia y, en consecuencias, el legislador quiere asegurarse de que cuando se trate de la seguridad en estas infraestructuras el prestador de servicios es fiable, de calidad”, apuntó el comisario.

Otra cuestión que presenta dificultades son los aspectos relacionados con la seguridad informática. “No tenemos experiencia normativa sobre la que caminar y tendremos que aplicar un método que se haga camino al andar”, afirmó.

Igualmente, se refirió a las dificultades que plantea la regulación de sujetos y medidas ya que el Reglamento es una norma jurídica que no regula cuestiones técnicas.

Tras explicar el estado actual de la futura norma, Gándara se refirió al documento de propuestas realizado por las asociaciones organizadoras del III Congreso Nacional de Seguridad Privada y Seguritecnia del que, aseguró, existe “un altísimo grado de coincidencia con el trabajo realizado”. “Si tuviese que tasarlo, diría que el consenso sería del 88,70 por ciento del trabajo realizado”, afirmó el responsable policial, quien opina que “para poder constatar ese grado de coincidencia” es importante que Administración y sector privado hayan trabajado por separado y expresado “criterios propios”.

Al final de su exposición, el jefe de la UCSP enumeró las cuestiones que aún faltan para conseguir el Reglamento definitivo: revisar el trabajo, unificar las propuestas sectoriales, integrar las aportaciones corporativas, elaborar la memoria que espera la Secretaría General Técnica, elevar el borrador, iniciar las consultas, redactar el Real Decreto y completar de esa manera la tramitación legal.

Valoración de propuestas

Junto con la Secretaría General Técnica y el Cuerpo Nacional de Policía también participa en la elaboración del reglamento la Guardia Civil a través del SEPROSE, en concreto de su jefe, el coronel César Álvarez. Durante su intervención, Álvarez expresó su valoración sobre cada uno de los bloques de propuestas de los organizadores del Congreso. Se detuvo especialmente en los aspectos relacionados con las empresas, la cooperación entre seguridad pública y privada y el personal.

Sobre las empresas, coincidió con el sector respecto a los ejercicios de tiro: “no debe realizar ejercicios de tiro más que aquel personal que haga servicios con arma y un porcentaje que cada empresa considere necesario para mantener la operativa y la capacidad para realizar nuevos servicios”, apuntó. También se mostró convencido de “flexibilizar la situación” en torno a los armeros y aligerar los trámites en la medida de lo posible. “Se incluirá la necesidad de certificación de los armeros, que ahora no había”.

Otra cuestión en el capítulo de empresas es el relativo a las actividades de seguridad informática. “Digamos cuáles son las actividades de seguridad informática, sin las que no podemos empezar a entendernos; establezcamos requisitos para esas empresas en función de los usuarios a los que presten servicio, y definamos qué es un incidente a reportar”, invitó a los presentes. En esa línea, consideró que la comunicación de los incidentes de este tipo han de dirigirse “a la Oficina de Coordinación Cibernética de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es la que se ocupa en este momento de la respuesta a incidentes de seguridad informática, junto con el CERT de Incibe”.

También apuntó que “existe un error de concepto” sobre el artículo 19.4 puesto que se refiere a sectores estratégicos y no a infraestructuras críticas. “La cuestión debe afectar a los operadores estratégicos, el concepto de infraestructuras críticas tendemos a manejarlo mal y deberíamos ser capaces de construir un bloque de protección sobre aquellas infraestructuras estratégicas que dan soporte a nuestros servicios esenciales; es decir, las infraestructuras críticas tienen su propia regulación, pero el resto de las estratégicas deben tener una protección que no debe ir en diferente dirección”, concretó Álvarez, que sugirió pedir a entidades certificadoras que acrediten que los operadores cumplen las exigencias legales.

En cuanto a la coordinación y colaboración, el jefe del SEPROSE se mostró de acuerdo con la propuesta de que exista una “ventanilla única” que ejerza de interlocutora entre esos dos ámbitos, “sin perjuicio de la ejecución descentralizada de los planes” de cada Cuerpo policial. Desde su punto de vista, el Registro Nacional es también un instrumento de apoyo a la colaboración “fantástico” y consideró positivo que esté centralizado en un órgano que permita a las Fuerzas de Seguridad acceder a él de forma sencilla y refleje “un mapa de servicios que permita saber cuáles se pueden utilizar”.

Sostuvo que en el esquema general de colaboración “tiene que haber un órgano en la Secretaría de Estado de Seguridad que asuma las funciones de ordenación y dirección del sector; los órganos de control, inspección, habilitación y demás serían las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil en nuestro respectivos ámbitos de competencia; y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno intervendrán en determinados procedimientos y autorizaciones”.

El jefe del SEPROSE indicó también que la Comisión Nacional es un órgano con un “tremendo poder de intervención en el sector”, pero “no se le presta la importancia que merece”.  “[La Comisión Nacional] no puede ser un órgano de coordinación, pero sí de interpretación de las normas y de ayuda a los órganos inspectores para interpretar aquello que tendrán que denunciar”, sentenció.

En cuanto al personal, se detuvo en la protección jurídica de agente de la autoridad, que se aplicará “por supuesto cuando actúe conjuntamente con la Seguridad Pública; pero incluso cuando no haya miembros de las Fuerzas Cuerpos de Seguridad presentes, tendrá la misma protección siempre que se encuentre desarrollando planes de actuación contra determinados ámbitos de la delincuencia”.

Sobre los guardas rurales, indicó que “se ha hecho un esfuerzo por darles más protagonismo” en la nueva ley y añadió qué deben considerarse una figura diferente a la del vigilante de seguridad. “Hay que buscar un régimen de compatibilidades de sus funciones con otras no directamente relacionadas con la seguridad, pero que deben permitirse”, aseveró.

Al término de su ponencia advirtió de la necesidad de abordar los aspectos relacionados con la formación en seguridad privada con “un tremendo rigor”. “Asistimos a un momento en el que aparecen servicios nuevos, nuevas necesidades de formación y, en definitiva, vamos a tener que habilitar a personas para hacer determinadas cosas. Corremos el riesgo de que por prisas, dejadez o falta de rigor relajar los niveles y dar lugar a la aparición de cuestiones que no debemos permitir bajo ningún concepto. No podemos permitirnos relajar los conocimientos del personal”, finalizó Álvarez.

III Congreso Nacional de Seguridad Privada

  • El III Congreso Nacional de Seguridad Privada se saldó con un éxito rotundo, como lo demuestra la asistencia de más de 600 profesionales al evento, organizado por Seguritecnia junto a las principales asociaciones del sector. El evento estuvo marcado por el desarrollo del texto reglamentario que armonizará la nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada en abril.

    Sin duda, se esperaba con expectación la celebración del III Congreso Nacional de Seguridad Privada –el anterior se celebró en 2011–, puesto que el mismo sería escenario de la puesta en escena de numerosas propuestas encaminadas a la elaboración del futuro reglamento que armonizará el articulado de la nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada en abril.

    El evento, organizado por Seguritecnia junto a las principales asociaciones del sector (ACAES, ADSI, AEDS, AES, APDPE, APROSER, ASES, ASIS, CECA, FES, EFITEC, Guarderío, Protecturi, OSICH, SEDS y CEPREVEN), con la colaboración del Ministerio del Interior y SICUR, el 18 de noviembre en Madrid, fue todo un éxito, ya que congregó a más de 600 personas. Así, en el abarrotado Auditorio Sur de Ifema se dieron cita profesionales tanto del sector privado y representantes tanto de las administraciones central y autonómica, como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

    Callada labor

    El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Ángel Córdoba en calidad de presidente del III Congreso Nacional de Seguridad Privada. De manera especial, agradeció la presencia del titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, al que felicitó por el trabajo realizado desde su ministerio para impulsar la nueva Ley de Seguridad Privada. Una labor que personificó en los equipos liderados por Juan Antonio Puigserver –secretario general técnico de Interior–, Esteban Gándara –comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía– y el coronel César Álvarez –coronel jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil–, sin olvidar “a todos los interlocutores sectoriales que han participado de forma activa para que esta norma haya nacido con el mayor consenso posible”.

    Al referirse a la Administración, el presidente del Congreso Nacional recordó que ésta debe mantener “la vocación de inspirar y supervisar la actividad y calidad del servicio prestado” por parte de las empresas, asegurando, además, que se adapte en cada momento “a las nuevas y cambiantes necesidades que demanda un país como el nuestro, donde la seguridad es uno de sus principales atractivos”.

    414ministro del interior

    Y ello es así, ensalzó Córdoba, gracias, en buena parte, “a la callada labor que durante los últimos 40 años ha venido realizando la seguridad privada; sus actividades conducentes a la prevención del delito siguen siendo necesarias y complementarias, y, por lo tanto, nunca alternativas a las realizadas por la seguridad pública”. Respecto a la relación con esta última, resaltó que “es susceptible de poder optimizarse”, si bien, para ello, “deben establecerse con claridad los criterios de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad en el desarrollo de nuestras actividades comunes”.

    Sobre el futuro reglamento, concretó que la seguridad privada espera y desea un texto “que dinamice la actividad económica, empresarial y laboral del sector”, al tiempo que garantice un adecuado marco jurídico, una decidida lucha contra el intrusismo y la competencia desleal o la máxima exigencia a aquellas empresas destinadas a prestar servicios en infraestructuras críticas, cuestiones abordadas y detalladas por otros ponentes durante la jornada.

    En la recta final de su alocución, Ángel Córdoba demandó calidad a las empresas, ya que “sólo así se harán respetar por las autoridades, sus propios profesionales y usuarios”, al tiempo que instó a la Administración “a dar ejemplo en sus políticas de contratación”.

    El presidente del III Congreso Nacional de Seguridad Privada mostró su convencimiento de que el nuevo reglamento “llegará con vocación de quedarse un largo periodo de tiempo” y que en él “se establecerán unas nuevas reglas de juego”. “Esperamos que las mismas, tal y como ha sucedido con la propia ley, cuenten con el máximo consenso posible, respaldando y reforzando nuestro compromiso con el futuro del sector”, concluyó.

    España, un país seguro

    A continuación tomó la palabra Jorge Fernández Díaz, quien, a modo de introducción, puso de manifiesto que la principal razón de ser del ministerio del que es titular no es otra que la de “contribuir a conseguir que España sea percibido, objetiva y subjetivamente, como un país cada vez más seguro. Y, afortunadamente, estamos logrando dicho fin”. Partiendo de que la seguridad absoluta no existe, advirtió, la consecución de tal objetivo es posible “gracias a la labor de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de las distintas fuerzas y cuerpos que operan en el territorio nacional”. “Y también”, recordó, “a los integrantes de la seguridad privada”.

    Para avalar su afirmación, expuso que esa percepción de país seguro tiene mucha importancia en el progreso económico y social. Como ejemplo, el ministro aludió ante los presentes –entre los que se encontraban cargos directivos de Ifema, donde, anualmente, tiene lugar la Feria Internacional de Turismo– a los 60,6 millones de turistas extranjeros que visitaron España en 2013. “Las encuestas del sector turístico revelan que uno de los atractivos que tiene nuestro país para que nos visite tanta gente es la seguridad”, comentó con satisfacción.

    La misma que mostró al referirse a los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas. “Sólo el 2,9 por ciento de los españoles considera que la seguridad ciudadana representa uno de sus tres principales problemas. Objetivamente, ese dato constata que España es un país seguro y que sus habitantes así lo perciben. Y ello es posible gracias al trabajo de muchos, entre ellos, los profesionales del sector de la seguridad privada”, enfatizó.

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El CUGC ha sido acreditado por la Comisión Europea como Institución de Educación Superior

 

El CUGC ha sido acreditado por la Comisión Europea como Institución de Educación Superior en el ambito de la Unión Europea, con la capacidad de gestionar fondos europeos para el intercambio de profesores, alumnos y personal de administración con otras Universidades, Centros e Instituciones de la Unión Europea y terceros paises

 

https://www.cugc.es/images/CARTA_ERASMUS_CUGC_2014-2020.pdf

Cátedra en Alta Dirección de la Seguridad” con un Seminario Internacional sobre “Estándares Europeos en Seguridad”

catedra alta seguridad

En el ámbito de su actividad de extensión universitaria el Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC), da inicio a su Cátedra en Alta Dirección de la Seguridad” con un Seminario Internacional sobre “Estándares Europeos en Seguridad” a celebrar en la Sala Europa de la Representación de la Comisión Europea en España. (Paseo de la Castellana 46, Madrid) los días 20-21 de noviembre de 2014.

 AFORO COMPLETO

Programa del Seminario en pdf. Actualización 14/11/2014