Aumento de nuevos expatriados como técnicos o mandos intermedios por la implantación de plantas industriales en el merado exterior y la expansión internacional de empresas españolas

Se busca personal para sitios de riesgo

La empresa española, forzada a salir al exterior, genera un nuevo tipo de expatriado como tecnicos y mandos intermedios cuando hace una decada eras altos directivos con lo que conlleva el deber de protección a los mismos de las empresas sea màs amplio con la necesaria creación de un Departamento de seguridad

Segurpricat Consulting como consultoria de seguridad realiza para la empresa que quiere ofrecer la maxima protección y seguridad para su personal expatriado

 

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Los expatriados son una tribu reciente en el mundo empresarial español. Hace 15 años pocos eran los altos ejecutivos desplazados al exterior. Pero ahora que las compañías del Ibex obtienen el 65% de su facturación fuera de España y que las medianas se han lanzado a los mercados externos, han hecho del expatriado una especie cada vez más numerosa. En 2013 los expatriados españoles aumentaron un 6,6%, y crecerán más en el futuro.

Pero los expatriados no solo están creciendo al ritmo de la presencia empresarial en el exterior. Van más deprisa debido a que el grupo, “antes limitado a los altos ejecutivos”, explica María José Sanagustin, directora de salud de AON —que da servicio a 6.400 expatriados en todo el mundo—, “ahora incluye a técnicos o mandos intermedios”: lo que se debe a fenómenos como la implantación de plantas industriales en el exterior y la expansión internacional de empresas que trabajan contractualmente y necesitan enviar legiones de profesionales: constructoras con obras en el mundo (Sacyr en el canal de Panamá), empresas de servicios y tecnologías ferroviarias (el AVE de La Meca), ingenierías, empresas de equipos eólicos (Gamesa) o instaladoras de redes.

Además, las empresas españolas tienen que trabajar en entornos más difíciles. Si hace años lo normal era Latinoamérica o Europa, ahora las oportunidades están en las zonas emergentes de Asia o África, en países a veces con riesgos políticos, regulatorios, sanitarios y de seguridad. Las dos terceras partes del continente africano, por ejemplo, son de alto riesgo según el mapa de riesgo político de 2014 de Marsh. Algo similar pasa en parte de Asia, incluidas China, India, Indochina, Irán o Pakistán. O en Latinoamérica con Venezuela, México, Colombia, Ecuador y Bolivia. Todo ello, advierte Rodrigo Quintero, consejero delegado de SSC Consulting, firma especializada en servicios estratégicos, “obliga a las empresas a prepararse para situaciones que pueden dar al traste con toda la operación y hacer que se pierdan los activos e inversiones”.

Evacuaciones, rescates y repatriaciones

Cuando las cosas se ponen mal de verdad, a veces no cabe siquiera la posibilidad de volver a casa en un avión de línea comercial. Y ahí es donde entran en acción las empresas aéreas especializadas en evacuaciones forzosas. Es el caso de Jetair, dirigida en España y Sudamérica por Tatiana Karkmaloff, una compañía especializada en vuelos de negocios, ambulancias aéreas, jets corporativos y también en repatriar personal cuando se dan situaciones tales como hambrunas, enfermedades y pandemias, conflictos políticos, disturbios civiles, actos terroristas o guerras, o también terremotos o inundaciones. En estas situaciones, la empresa se compromete a dar respuesta en un máximo de 24 horas para evacuar al personal en riesgo y sus familias. Quizá su operación más mediática fue la evacuación en 2013 de unos 600 trabajadores de la planta de gas de In Amenas en Argelia (BP y Statoil), asaltada por un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda. El personal tuvo que ser trasladado a varios países de Europa casi a la vez zonas peligosas como Hassi-Messaoud tambien en Argelia

No extraña que las empresas sean más cuidadosas ahora ante el envío de expatriados a estas zonas. En buena parte de África, la inseguridad real y potencial es tan elevada que Quintero considera que “ni siquiera hay que valorar la posibilidad de entrar en ellos”. Es el caso de Guinea Ecuatorial, donde la corrupción está muy extendida. El año pasado, un empresario gallego contratado para construir dos campos de fútbol se vio envuelto en una situación muy similar al secuestro. “Lo extorsionaron y, ante sus denuncias, amenazaron con arrestarle y quitarle el pasaporte”, apunta Quintero. Cada vez más conscientes de estas circunstancias, las empresas españolas afinan su política de expatriación para reducir incidencias. La gestión deficiente del traslado y la estancia en el destino no solo ponen en riesgo las operaciones, sino que desmotivan al resto de la plantilla para que acepten misiones del mismo tipo.

La salud es uno de los temas que más preocupan ahora a los expatriados y a sus empresas. Hacer un seguro médico local, más barato, valía cuando se mandaba a un ejecutivo a São Paulo o Yakarta, pero ya no sirve si se trata de ingenieros y obreros especializados que tienen que vivir meses en la selva o el desierto, a centenares de kilómetros de una ciudad. Estas circunstancias han popularizado los seguros médicos internacionales, con mayores coberturas que los locales, y que incluyen la asistencia en viaje y los gastos de evacuación y repatriación.

Estas aseguradoras internacionales proporcionan también, explica Sanagustin, de AON, “líneas de asistencia 365 días al año y 24 horas al día (los desplazados están en todo el mundo) en varios idiomas”. Pese a eso, estas aseguradoras, prosigue, “están buscando formatos más ágiles, a medida de las necesidades de una empresa”. El que estos seguros sean de reembolso puede ser un problema en lugares donde no hay centros sanitarios adecuados, lo que está obligando a estas compañías a facilitar algún tipo de servicios en la zona de trabajo.

Las empresas están afinando también la selección de los desplazados. No todos funcionan de modo efectivo, por razones psicológicas o familiares. En BRS Relocation Services, que proporciona servicios para ayudar a los expatriados (alojamiento, traslado y mudanza, colegios, trámites burocráticos…), opinan que no acertar en la elección de los profesionales puede dar al traste con el proyecto. “Este es un riesgo”, dice Beatriz Carro de Prada, fundadora y socia de BRS, “ya que los que se desplazan suelen ser piezas clave en sus empresas”. La consultora considera que para que la expatriación tenga éxito, la empresa debe “seleccionar el candidato adecuado, integrar a la familia en el proyecto, preparar al candidato para lo que le espera y formarlo”.

Carro de Prada apunta que hay que seleccionar candidatos que estén en condiciones de funcionar en el destino, gente “que reúna características como cierta tolerancia ante la incertidumbre, flexibilidad mental, alta autoestima, estabilidad emocional, capacidad de adaptación cultural, experiencia internacional y sentido del humor”. No conviene insistir cuando el profesional rechaza el traslado porque los resultados no serán buenos. “Hay que tener en cuenta el entorno familiar e involucrar al cónyuge u otros familiares durante el proceso previo al viaje”, dice la ejecutiva. Y saber si el candidato tiene hijos con minusvalías o está viviendo una situación difícil, como un divorcio.

Crear expectativas irreales es malo. El expatriado quiere saber cómo va a tributar, cuánto va a gastar y ahorrar, cuánto va a durar su desplazamiento y qué pasará en la empresa cuando vuelva. Aun cuando en el 30% de los casos, dicen en BRS, “los expatriados consiguen una promoción a la vuelta, hay un alto porcentaje que abandona la empresa”.

Fuente Fernado Barciela

El Ministerio del Interior ha decidido extender a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones.

 

Responsables del Ministerio del Interior han asegurado hoy en el Congreso que ni un solo guardia civil ha tenido que dejar su trabajo en la vigilancia de las prisiones después de que el Gobierno decidiera reforzar la seguridad del perímetro exterior de las cárceles con agentes privados.

Tanto el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, como el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de mesa, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, han insistido en este argumento tras las críticas de la oposición por introducir la seguridad privada en las prisiones.

El diputado socialista Antonio Trevín ha ido más allá y ha reprochado que se haya adjudicado uno de estos contratos a la empresa de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, a quien el gobierno a través de las leyes “le han puesto en bandeja su área de negocio”.

Trevín ha recordado algunas de las declaraciones de Oriol, como en las que aseguraba que no quería contratar a mujeres de entre 25 a 45 años por si se quedaban embarazadas, algo que sería un problema.

Martínez ha eludido entrar en la polémica sobre esta empresa en concreto, pero sí ha invitado a Trevín a que le dijera el nombre de un solo guardia civil que hubiera tenido que abandonar su trabajo en la seguridad de una cárcel al haber sido sustituido por un trabajador de la seguridad privada.

Un sector, ha defendido el número dos de Interior, que presta un servicio “relevante” y que no pretende en ningún caso reemplazar el trabajo de las fuerzas de seguridad, sino de colaborar y “reforzar” la vigilancia de los centros al servicio y con la preeminencia de la Guardia Civil y la Policía.

Para esta iniciativa se han cerrado contratos con más de una decena de empresas por importe de 33 millones de euros en dos anualidades de gasto.

Mientras, el máximo responsable de la Guardia Civil se ha mostrado “encantado” de tener el apoyo de los exescoltas del País Vasco que se han incorporado a este nuevo servicio.

En esta reestructuración “no se pretende sustituir a nadie, y menos a los únicos que son depositarios de las armas”, ha enfatizado Fernández de Mesa antes de aseverar que “ningún guardia civil ha perdido su puesto de trabajo”.

Por su parte, Ángel Yuste ha recordado que la seguridad perimetral ha sido “excelente”, como acredita que desde 2011 no haya habido fugas de presos en los centros de régimen cerrado.

De todos modos, ha valorado el refuerzo de la seguridad privada porque “todo lo que mejora lo que existe, es digno de aplauso”.

Ministerio de Interior contratará empresas privadas  de seguridad para vigilar el perímetro de todas las cárceles sustituyendo a los Guardias Civiles que se ocuparán de la seguridad pública.

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El Ministerio del Interior ha decidido extender a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones. Hasta ahora, el departamento de Jorge Fernández Díaz sólo había implantado este modelo en 21 de los 68 centros administrados por Instituciones Penitenciarias en el marco de un programa piloto iniciado en mayo de 2013. Pero el Ejecutivo acaba de adelantar que en breve ejecutará una segunda fase de ese plan para que guardias privados comiencen a asumir de forma generalizada la labor de vigilancia exterior de las cárceles, un trabajo que hasta ahora sólo podían desarrollar los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad.

El propio Gobierno ha anunciado esta medida en una respuesta parlamentaria. “En una primera fase, el Plan se ha desarrollado como modelo en 21 centros penitenciarios. En la segunda fase se incorporarán los restantes centros penitenciarios, no siendo posible en estos momentos cuantificar el coste que supondrán los servicios de seguridad privada”, explica el Ejecutivo en su contestación, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 24 de abril.

Esa afirmación implica un cambio relevante en el modelo de gestión de los centros penitenciarios. Hasta ahora, Interior había mantenido que la contratación de personal privado estaba únicamente en fase de pruebas y que su aplicación se limitaba a un limitado porcentaje de cárceles. Pero el Gobierno reconoce ahora por primera vez que la medida se extenderá a las 68 prisiones que dependen de la Administración del Estado –los centros catalanes son competencia de la Generalitat– y que, además, ese modelo tiene vocación de permanencia.

Vallados, cámaras y accesos

Según especifica Moncloa, el objetivo de la contratación de personal privado es “optimizar los recursos humanos de los centros penitenciarios”. “Se pretende que determinadas funciones auxiliares sean asumidas por vigilantes de seguridad privada, siempre bajo la dirección y supervisión de la Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tenga encomendada la responsabilidad de la seguridad del centro penitenciario afectado, contribuyendo con todo ello a la recuperación de efectivos policiales para asumir funciones de seguridad ciudadana”, afirma el Gobierno.

Un agente de la Policía a las puertas de la cárcel de Segovia. (EFE)Un agente de la Policía a las puertas de la cárcel de Segovia. (EFE)
En concreto, la vigilancia del perímetro de las cárceles implica el control de los vallados y muros exteriores, la supervisión de las cámaras de seguridad y la comprobación de los accesos reservados a familiares, entre otras funciones. Hasta mayo de 2013, esa vigilancia era desempeñada en exclusiva por la Guardia Civil o la Policía Nacional (dependiendo de sus competencias en la zona de la prisión), y por las policías autonómicas en los territorios con las competencias de seguridad transferidas.

El aval de la Ley de Seguridad Privada

El Ministerio del Interior extenderá este modelo con la cobertura de la nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada definitivamente por el Congreso el pasado mes de marzo y publicada en el BOE el 4 de abril. En su artículo 41.3, la norma habilita expresamente a los vigilantes de seguridad privada para prestar ese servicio, y en el artículo 40.1 les concede la posibilidad ejercer esa labor portando armas de fuego “cuando lo requieran las circunstancias”. No obstante, la Ley de Seguridad Privada obliga a que ese trabajo se realice bajo la “dirección” de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una condición que subraya Interior para recordar que el Estado seguirá siendo el máximo responsable de ese control.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)
Interior no ofrece datos sobre el coste que tendrá la entrega de ese servicio al sector privado. La primera fase de este programa fue adjudicada a una unión temporal de empresas compuesta por ocho compañías del sector de la seguridad. En total, ha supuesto la contratación de 254 vigilantes de seguridad. Lo que sí asegura en otra respuesta parlamentaria es que los informes internos que ha realizado Instituciones Penitenciarias para evaluar el resultado del programa piloto han concluido que “los servicios prestados” por las empresas de seguridad privada “han cumplido en su totalidad con las condiciones establecidas en el contrato y Pliego de Prescripciones Técnicas”.

Reorganización de las plantillas

Desde la cartera de Fernández Díaz aseguran que el único objetivo de este plan es liberar para otras funciones a las plantillas de las Fuerzas de Seguridad que hasta ahora realizaban en exclusiva la vigilancia perimetral de las cárceles. Para esta labor, cada centro penitenciario cuenta con una dotación media de entre 40 y 50 agentes públicos. Interior quiere que esa cifra se reduzca drásticamente con la llegada de personal privado.

La medida cuenta con la oposición frontal de los principales sindicatos de prisiones, que consideran que en realidad se trata de una estrategia premeditada para que el personal privado desplace progresivamente a los funcionarios en todos sus cometidos. A su juicio, la contratación de guardias privados para la vigilancia perimetral sólo es la primera parte de ese plan. Los representantes de los funcionarios de prisiones aseguran que la nueva Ley de Seguridad Privada que ha sacado adelante el Gobierno permite incluso al sector privado ofrecer sus servicios dentro de las cárceles, no sólo en la vigilancia exterior. En su opinión, sólo es cuestión de tiempo que el personal contratado empiece a trabajar también en el interior, una posibilidad que desmienten desde el Ministerio.

Servicios Marítimos Provinciales y de las patrullas de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil

 

La Guardia Civil, en el marco de la campaña de control e inspección de embarcaciones deportivas y de recreo, que se puso en marcha el pasado mes de junio en las provincias costeras españolas, ha inspeccionado 4.427 embarcaciones acuáticas durante los meses de julio y agosto.

Asimismo, se han efectuado 1.004 propuestas de sanción a usuarios de este tipo de actividades acuáticas principalmente por la póliza del seguro, el certificado de navegabilidad y los títulos de los pilotos, que no cumplían la normativa establecida.

Las provincias de Alicante, Pontevedra y Cádiz han sido donde más inspecciones se han realizado de embarcaciones deportivas y de recreo. Por lo que respecta a motos acuáticas, Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz y Málaga han sido las provincias donde se han registrados más controles.

Con esta campaña se pretende mejorar la seguridad de los usuarios de este tipo de embarcaciones, así como la de los bañistas y personas que visitan nuestras costas en el periodo estival.

Se lleva a cabo por parte de los Servicios Marítimos Provinciales y de las patrullas de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, en un total de 29 provincias costeras de nuestro país.

Entre las acciones que se realizan se encuentra el control de los certificados de navegabilidad, el justificante de pago de la prima del seguro en vigor y la titulación de piloto requerida según las características de la embarcación.

Asimismo, los agentes verifican que este tipo de embarcaciones y motos acuáticas desarrollan su actividad en los espacios habilitados para ello.

Por otro lado, se han inspeccionado establecimientos y negocios dedicados a esta actividad con el fin de concienciar tanto a los profesionales como a los usuarios esporádicos de este tipo de actividades en el correcto desarrollo de las mismas.

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La Policía Nacional detiene a tres personas de edad por sustraer carteras en diferentes líneas de autobús de Madrid

Julián Flores Garcia  Màs información Google+

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Vestían de forma elegante para evitar la desconfianza de posibles víctimas y de los conductores

La Policía Nacional detiene a tres personas de edad por sustraer carteras en diferentes líneas de autobús de Madrid

Actuaban sobre todo en rutas que circulan próximas a hospitales para aprovechar la afluencia de personas mayores

Además de dedicarse a hurtar, enseñaban el “oficio” a personas más jóvenes a las que utilizaban como ayudantes para cometer los ilícitos

07-octubre-2014.- Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de tres hombres, de edades comprendidas entre los 60 y 73 años, como presuntos autores de al menos siete hurtos cometidos en diferentes líneas autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Los arrestados se apoderaban al descuido de las carteras de sus víctimas aprovechando cualquier distracción que ellos mismos provocaban. Actuaban en aquellas rutas que circulan próximas a hospitales para aprovechar la afluencia de personas mayores, sus víctimas más habituales.

La investigación comenzó a mediados del mes de mayo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de varios hurtos en diferentes líneas de autobuses urbanos de Madrid. Con las primeras pesquisas se comprobó que la mayoría de estas rutas pasaban por algún centro hospitalario para aprovechar la afluencia de personas de avanzada edad, que eran sus víctimas preferidas. Los afectados interpusieron diferentes denuncias en las que manifestaban que las sustracciones se habían producido cuando iban a salir del autobús, creyendo que varias personas les habían rodeado con el objeto de sustraer sus pertenencias.

Con la información aportada por las víctimas y con los datos obtenidos por los investigadores se logró la identificación, localización y detención de tres sujetos que, presuntamente, habían cometido al menos siete sustracciones al descuido a diferentes usuarios de líneas madrileñas de autobús.

Los tres detenidos hacían de esta actividad su forma de vida, existía entre ellos una marcada estructura jerárquica, una perfecta distribución de funciones y vestían de forma elegante para no ser detectados ni por sus víctimas ni por los conductores de los autobuses. Las investigaciones también destaparon que además de dedicarse a hurtar, enseñaban el “oficio” a personas más jóvenes a las que utilizaban como ayudantes para cometer los ilícitos. Todos los arrestados contaban con antecedentes policiales sumando entre los tres decenas de detenciones. Además, dos de ellos se encontraban en situación irregular del territorio nacional en el momento de su detención.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La investigación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Primeros datos apuntan a que el peluquero fue asesinado de una brutal paliza

Ceuta, 7 oct (EFE).- Los primeros datos recogidos por la Policía Nacional en la peluquería donde se ha encontrado esta noche el cuerpo sin vida del propietario de la misma indican que murió como consecuencia de una brutal paliza.

Según han dicho a EFE fuentes próximas a la investigación, el interior de la peluquería estaba todo revuelto y la víctima dentro de una bañera y con signos de haber sufrido múltiples golpes.

El hallazgo se produjo cerca de las 22,00 horas del lunes después de que la hija del peluquero alertara a un amigo de que su padre llevaba desde el sábado por la noche sin aparecer por el domicilio.

La policía investiga si se trata de un asesinato premeditado o bien de un robo, teniendo en cuenta que el local estaba todo revuelto, por lo que no se descarta ninguna hipótesis.

Las mismas fuentes han precisado que la víctima, Juan P., de unos 50 años, había sido visto por última vez el sábado por la noche en compañía de dos individuos, cuyos rasgos físicos han sido puestos en conocimiento de la policía por su posible implicación en el asesinato.

La peluquería, de nombre Yuventu, situada en la calle Marques de Santa Cruz, se encontraba cerrada desde el pasado sábado y este lunes era festivo en Ceuta debido a la fiesta del sacrificio de la comunidad musulmana.

El levantamiento del cadáver se ha realizado cerca de la medianoche de este lunes y el cuerpo ha sido trasladado al Tanatorio Municipal para la práctica de la autopsia que revelará las causas de la muerte y el tiempo que llevaba sin vida. EFE