Coleccionismo de armas de la guerra civil:todas aquellas armas de guerra que se pretendan tener como coleccionista deben estar previamente inutilizadas e inscritas en un libro registro de coleccionista que autoriza la Dirección General de la Guardia Civil.

La Guardia Civil detiene a dos personas por posesión de cinco ametralladoras y un mortero

Se trata de armas procedentes de la guerra civil que presumiblemente iban a ser destinadas al coleccionismo de forma ilegal

Las detenciones se produjeron tras un registro en el interior de un almacén de labranza

La Guardia Civil detiene a dos personas por posesión de cinco ametralladoras y un mortero

La Guardia Civil ha procedido a la detención, en la localidad de La Seu d’Urgell (Lleida), de dos personas que estaban en posesión de varias armas de guerra procedentes de la guerra civil, numerosas piezas y cargadores, que presumiblemente iban a ser destinadas al coleccionismo de forma ilegal. Entre las armas incautadas se encuentran cinco ametralladoras y un mortero, por lo que se está comprobando si son aptas para ser disparadas. A los detenidos se les imputa un supuesto delito de tenencia y depósito de armas de guerra.

Las investigaciones se iniciaron a finales del mes de junio, cuando se sospechó de la posible existencia de un almacén en la comarca del Alt Urgell, donde se podía estar escondiendo o almacenando diversas armas antiguas.

Tras realizar un registro en un almacén de labranza, se localizaron armas y material de guerra, entre ellas, las cinco ametralladoras completas, tres de ellas modelo ZB.37 y dos modelo Alfa 7,92, así como varios cañones de repuesto de las mismas, un mortero del calibre 60, y otros utensilios y piezas relacionados con las mismas.

Los detenidos son dos hombres, residentes en la comarca del Alt Urgell, J.M.L de 45 años edad, y S.C.M de 68 años, que eran los responsables del almacenamiento de las armas.

De lo investigado hasta ahora se ignora el origen de las armas, si bien se sospecha que el destino de las mismas pudiera ser algún coleccionista, dada la antigüedad de las mismas, existiendo la posibilidad de que alguna de ellas no sea apta para su uso por haber sido manipulada, aunque hasta el momento no se ha encontrado ninguna documentación que acredite el origen y su lícita tenencia, ni que demuestre que estén legalmente inutilizadas.

Por la Guardia Civil, se continúan las investigaciones para aclarar el origen de dichas armas y si las mismas son susceptibles de funcionamiento.

Coleccionismo de armas de la guerra civil

La ametralladora ZB37 es un arma de fabricación checoslovaca, fabricada a finales de los años 30, y la ametralladora ALFA es de fabricación española y fue utilizada en la guerra civil.

La Guardia Civil es la competente en materia de Armas y Explosivos, por lo que todas aquellas armas de guerra que se pretendan tener como coleccionista deben estar previamente inutilizadas e inscritas en un libro registro de coleccionista que autoriza la Dirección General de la Guardia Civil.

Por estos hechos se han instruido diligencias que son entregadas en el Juzgado de Instrucción de La Seu d’Urgell en funciones de Guardia, quedando el material incautado en depósito, a disposición judicial, en las dependencias de la Guardia Civil de Lleida, para su posterior remisión al Departamento de Criminalística de la Guardia Civil para el estudio correspondiente.

Para más información contactar con OPC de la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida, teléfono 973.24.90.08, ext 233.

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La Guardia Civil detiene a dos personas por posesión de cinco ametralladoras y un mortero
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Un comentario nuevo en mi  vídeo Julian Flores Garcia Consultor Internacional de Seguridad

Julian flores garcia

 

 

Aut. armas y explosivos

Descripción del procedimiento: 1000023 – Autorizaciones a coleccionistas.

Desde esta página podrá consultar la información necesaria para solicitar el libro de coleccionista para armas de fuego antiguas, históricas o artísticas.Arcabuz

 

 

Si posee firma digital puede realizar el trámite de solicitud de la autorización de coleccionista de armas vía telemática en la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

Información general


Las armas de fuego antiguas, históricas o artísticas sus reproducciones y asimiladas, susceptibles o no de hacer fuego, y de las armas sistema “Flobert” (utilizan como propulsor del proyectil sólo la carga de fulminante de un pistón y por ello con menor potencia que otros tipos de armas de fuego) no precisarán licencia de armas cuando se encuentren inscritas en los libros de registro y se conserven en museos o en armeros de los coleccionistas u organismos con finalidad cultural, histórica o artística que hayan sido reconocidos como tales en materia de armas, si bien está prohibido su uso.

Estos reconocimientos se efectuarán a solicitud de los interesados (personas físicas o jurídicas) por la Dirección General de la Guardia Civil, con objeto de determinar la adecuación y eficacia de las medidas de seguridad de los inmuebles y armeros donde se custodian las armas.

 

El Libro-Registro ampara las armas de las categorías 6ª y 7ª.4, sin límite en cuanto al número de armas.

El Libro-Registro (L) estará diligenciado por la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente al domicilio del titular y se anotarán en él las altas y bajas de armas anteriores.

Para la circulación y transporte será necesaria una guía especial de circulación que será expedida por la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente al domicilio del titular del libro.

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Concesión y vigencia 


El Libro-Registro (L) será concedido por el Director General de la Guardia Civil y tiene una validez indefinida.

La vigencia de las autorizaciones estará condicionada al mantenimiento de los requisitos exigibles para su otorgamiento. Los órganos competentes para su expedición pueden comprobar en cualquier momento tal mantenimiento y, en caso contrario, procederán a revocarlas.

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Solicitudes y documentación


Las solicitudes del libro de coleccionista se presentarán en las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civilcorrespondientes al domicilio del interesado.

La solicitud de concesión de libro de coleccionista se ajustará al modelo establecido para este trámite pulse aquí para descargarla

Con la solicitud el interesado aportará los siguientes documentos:

  • Certificado de aptitudes psicofísicas.
  • Certificado de antecedentes penales o, en su caso, autorización del interesado para la consulta de sus datos en los archivos de la Administración (Registro Central de Penados y Rebeldes).
  • Certificado de antecedentes sobre violencia de género o, en su caso, autorización del interesado para la consulta de sus datos en los archivos de la Administración (Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género)
  • Fotocopia del DNI o en su caso, autorización del interesado para la consulta de sus datos en los archivos de la Administración (Sistema de Verificación de Datos y Residencia)
  • Justificante de haber pagado la tasa correspondiente, modelo 790, pulse aquí para descargarlo.

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Uso armas de avancarga y antiguas o históricas no inscritas en los libros de registro de coleccionista


Las armas largas y cortas de avancarga y las demás armas de fuego antiguas o históricas, sus reproducciones y asimiladas, susceptibles de hacer fuego, y las de sistema “Flobert”, que no estén inscritas en los libros de coleccionista, se podrán utilizar exclusivamente en campos, galerías o polígonos de tiro de concurso y terrenos cinegéticos controlados, para prácticas y competiciones.

Las armas largas y cortas de avancarga y las demás armas de fuego antiguas o históricas, sus reproducciones y asimiladas, susceptibles de hacer fuego, precisarán estar en posesión de un certificado por cada arma de un banco oficial de pruebas y la obtención de una autorización especial de coleccionista (AE), que podrá amparar un número ilimitado de estas armas.

Por otro lado, las armas de sistemas “Flobert” podrán ser utilizadas:

  • En la explotación de puestos del tiro al blanco, especialmente autorizados para estas armas.
  • En festejos tradicionales, en lugares públicos únicamente con pólvora, previa autorización del Subdelegado del Gobierno en la provincia.

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Otras autorizaciones


Se considera autorizada la posesión en el propio domicilio de:

  • Un arma de fuego corta o larga de las no prohibidas a particulares, con acreditación de su especial valor histórico o artístico.
  • Dos armas de avancarga, documentadas con las correspondientes guías de pertenencia, previa aportación del informe de aptitudes psicofísica.

En ambos casos se deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para su custodia y no pueden utilizarse o  enajenarse, salvo que se cumplan los preceptos específicos del Reglamento de Armas.
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Trámites relacionados

La ley de seguridad privada 5/2014 en vigor desde el pasado mes de Junio reafirma la seguridad juridica para todos los actores que intervienen en la seguridad privada

ENTREVISTA

César Álvarez Fernández, Coronel jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil. Fuente Seguritecnia

“Ha nacido un nuevo modelo de seguridad en España que requiere el esfuerzo de todos para afianzarse”

27/05/2014

Su impulso reformista, amplitud de miras y absoluta lealtad al fin superior que constituye la seguridad en España han motivado que sea uno de los artífices del nuevo modelo de seguridad privada en nuestro país. César Álvarez Fernández, coronel jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, que ha sido uno de los forjadores del proceso de reforma de la nueva ley, explica a Seguritecnia los principales cambios legales que se han producido, entre ellos los relacionados con los guardas rurales.

– Como una de las personas que ha hecho posible que el sector tenga esta ley, ¿de qué manera ha vivido usted el proceso de elaboración de la norma?

Cuando el Ministro del Interior comparece en el Congreso para exponer las que serán las líneas generales de su departamento, hace referencia, como una de ellas, a la necesidad de conseguir la racionalización de medios y al empleo eficiente de los recursos, anunciando su intención de modificar la Ley de Seguridad Privada para mejorar la calidad de sus servicios. En este punto, el director general de la Guardia Civil solicita formalmente al ministerio la integración del Cuerpo en el grupo de trabajo que lleve a cabo los estudios correspondientes, partiendo de la premisa de que cualquier cambio normativo que afecte al modelo de seguridad en España debe contar con la participación de la Guardia Civil.

En ese momento, el SEPROSE disponía ya de un documento en el que se recogían las líneas estratégicas que, a nuestro juicio, debían seguir en la reforma. Ese documento era fruto de nuestra experiencia, adquirida a través del Plan General de Colaboración con el sector de la seguridad privada y, especialmente, del Programa Coopera; pero también contenía las recomendaciones que nos habían hecho llegar expertos de diferentes ámbitos del sector, todos ellos de reconocido prestigio y que compartíamos plenamente.

Con ese presupuesto nos incorporamos al grupo de trabajo que la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior había formado con el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), en el momento que se valoraba un borrador de texto articulado que había presentado este  Cuerpo. A partir de ese momento, la cuestión consistía en intentar incorporar nuestras líneas estratégicas a ese texto.

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Debo reconocer el gran trabajo desarrollado por el CNP, especialmente por el comisario Gándara, porque no es fácil elaborar una norma que dé respuesta al conjunto de problemas con que se enfrenta en el día a día de su actividad de control de la seguridad privada. Por nuestra parte, teníamos la facilidad de poder elevarnos por encima de ese día a día y aportar soluciones novedosas, a veces más prácticas desde el punto de vista del interés general. Pero, por encima de todo debo destacar la extraordinaria labor de dirección que llevó a cabo en todo momento el secretario general técnico del Ministerio, Juan Antonio Puigserver, eficazmente secundado por el vicesecretario, Antonio Cerrolaza. Puedo asegurar que sin su participación, el resultado habría sido muy diferente, por desgracia para todos.

– ¿Cuál cree que es la principal aportación de la nueva norma al sector?

En mi opinión, sin duda alguna, la incorporación plena de la seguridad privada al sistema público de seguridad, aunque lo haga, lógicamente, como un recurso externo. Esta decisión tiene tal cantidad de implicaciones, en todos los sentidos, que es la causa de que podamos afirmar que asistimos al nacimiento de un nuevo modelo de seguridad en España.A partir de ahora, ese modelo debe afianzarse con un esfuerzo constante de todos para conseguir la máxima fiabilidad de los servicios privados y el uso más eficiente de todos los recursos, públicos y privados.

– ¿Cuáles son los avances más importantes que supone la Ley 5/2014 para la Seguridad Privada en España?

En primer lugar, seguridad jurídica para todos. La ley crea un modelo en el que se regulan de forma flexible las posibilidades de actuación, que ya no dependerán de interpretaciones más o menos voluntariosas de la Administración.

En segundo lugar, para los proveedores de servicios se diseña un marco de requisitos que deben conducir a la mejora de su calidad, impidiendo, al mismo tiempo, la competencia desleal y el intrusismo. Sobre esta base, se amplía su ámbito de actuación.

En tercer lugar, aparece el usuario como organizador de su propia seguridad con amplias capacidades para el control de su calidad, todo ello a través de una figura clave: el director de seguridad.Por último, se mejora la capacidad de actuación del personal ampliando su formación, variable en función del tipo de servicio, y reforzando su autoridad con una protección jurídica adecuada a su función.

– ¿Hasta qué punto avanza esta ley en lo que a la colaboración entre la Seguridad Privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se refiere?

El tiempo de hablar de colaboración ha pasado. Ese concepto se imponía en la Ley de 1992 marcando la subordinación de los servicios privados respecto de los públicos. En los últimos años, coincidiendo con la mayor madurez del sector privado y la toma de conciencia de esta circunstancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), se produjeron notables avances en la búsqueda de fórmulas para conseguir una colaboración bidireccional. Hoy, con la incorporación de la seguridad privada al sistema público, cabe hablar de coordinación, la gran asignatura pendiente; pero la colaboración está ya incorporada a la responsabilidad de quienes tenemos en nuestras manos la seguridad de todos. En el preámbulo de la ley puede leerse que “es preciso transitar desde la concepción de control y sanción, que inspira la Ley 23/1992 y que tuvo su razón de ser en aquel momento, hasta una norma que permita aprovechar las enormes potencialidades que presenta la seguridad privada desde la perspectiva del interés público”. En este sentido, todos, seguridad privada y FCS, debemos sentirnos parte de un sistema llamado a garantizar la seguridad de los ciudadanos y nadie puede creerse propietario de los servicios de los demás; si algo nos corresponde en propiedad a cada uno de nosotros es la obligación de servir al interés general.

Así pues, con la mutua lealtad como guía de nuestra actuación, debemos buscar los mecanismos más eficaces para asegurar esa coordinación. Por otra parte, es interesante recordar aquí que la propia Ley impone al Ministerio del Interior la obligación de adoptar las medidas organizativas que la garanticen, como no podía ser de otra forma dada la complejidad y multiplicidad de actores que intervenimos y la trascendencia de la cuestión.

– Esta ley otorga al director de Seguridad un gran papel dentro del sector, especialmente si se compara con la anterior, en la que ni se incluyó esta figura profesional cuando se promulgó. ¿Cuál es el papel que desempeña hoy en día este profesional para que se haya producido ese cambio de visión desde la Administración?

Efectivamente, la Ley de 1992 nació con un objetivo claro: el control de empresas y vigilantes; el usuario no entraba en los planes de la Administración. Pero gracias a esa ley se ha producido un desarrollo armónico del sector, capaz de dar respuesta a las necesidades de seguridad surgidas de la globalización. Hoy, más allá del ámbito estricto de la seguridad privada, las organizaciones protegen sus activos frente a amenazas de cualquier naturaleza desarrollando estructuras de seguridad corporativa para la gestión de los riesgos derivados de su actividad y mejorar su resiliencia. El propio Estado, consciente de la necesidad de interactuar con el sector privado en beneficio de la seguridad nacional, exige a las organizaciones interlocutores válidos para cada una de las áreas de riesgo abordadas desde normativas específicas: infraestructuras críticas, seguridad de la información, blanquéo de capitales, protección civil.

En consecuencia esta ley, poniendo el foco en el usuario más que en el proveedor de servicios, trata de unificar esas figuras confiriendo al director de Seguridad un carácter integral y dotándole de amplias capacidades en el desempeño de su función. El salto cualitativo es enorme. De no existir o tener una existencia oscura, el director de Seguridad pasa a convertirse en la piedra angular para la coordinación de los servicios privados con la seguridad pública.

– Ya están trabajando sobre el Reglamento de Seguridad Privada que desarrollará la nueva ley. Una de las dudas más extendidas en el sector es qué requisitos se exigirán a los profesionales que trabajen en las infraestructuras críticas. ¿Qué especificaciones podría introducir el documento en ese sentido?

Efectivamente estoy seguro de que todos, Administración y sector, estamos perfilando nuestras propuestas para que el futuro Reglamento ayude a conseguir el mejor modelo posible para el desarrollo de los servicios privados de seguridad en España.En particular, una de las mayores carencias del modelo anterior era no tener en cuenta las diferencias entre servicios a la hora de imponer requisitos a usuarios, proveedores y personal.

La cuestión resultaba especialmente llamativa en la protección de las infraestructuras críticas, ya que es un ámbito especialmente necesitado de servicios de calidad y no se exigía ningún requisito específico a las empresas de seguridad que asumían su protección ni al personal encargado de materializarla. Sólo recientemente se ha contemplado la necesidad de que, en determinados supuestos, este personal recibiera formación específica y se implantaron unos módulos con un mínimo de diez horas de aprendizaje de ciertas materias.

En mi opinión, esto resulta absolutamente insuficiente. Las infraestructuras críticas lo son porque su funcionamiento es esencial para la sociedad, y su destrucción o perturbación puede producir un importante número de víctimas o un impacto brutal en la economía o el medio ambiente; en consecuencia, requieren un modelo de protección con suficientes garantías que sólo puede surgir de la colaboración público-privada, con un reparto de misiones entre los servicios privados y las FCS acorde con sus respectivas capacidades. En todo caso, las empresas y el personal de seguridad privada que asuman estos servicios deberían tener un alto grado de fiabilidad, fruto de una rigurosa selección y una instrucción adecuada.

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– ¿Le parece adecuado el tratamiento que la nueva ley da a la figura del guarda rural?

La diferenciación entre el ámbito rural y el urbano es hoy muy difícil de establecer en muchas ocasiones. Como ejemplo, observamos con frecuencia que las fincas rústicas son explotaciones agrícolas o ganaderas convertidas en auténticas instalaciones industriales. Sin embargo, la figura del guarda rural no ha seguido, al menos en su tratamiento legal, la misma evolución.

Quizá por desconocimiento, tampoco fue objeto de la atención del legislador en 1992 que la relegó a su función ancestral de proteger la caza, la pesca y las fincas rústicas en su más arcaica concepción. Por si fuera poco, en el ejercicio de las competencias transferidas en materia de medio ambiente, las comunidades autónomas han regulado la caza en su espacio y algunas, haciendo gala de un notable sentido de la ineficiencia, han creado sus propias figuras para el control de esta actividad que vienen a invadir el ámbito natural de actuación del guarda rural, cuya habilitación no llegan a reconocer. Y así, mientras los guardas languidecen, hay servicios que las empresas de seguridad no pueden asumir por la dificultad de desplazar vigilantes a determinadas zonas. Tal situación ocurre con los servicios de acuda o verificación personal de alarmas que en demarcación territorial de la Guardia Civil resultan extremadamente escasos, obligando a nuestros propios servicios a un sobre esfuerzo que merma su potencial para otras necesidades.

Por otra parte, no es razonable que se niegue a esta figura la posibilidad de actuar en el ámbito de la protección de instalaciones en su entorno o de participar en servicios encomendados a la seguridad pública cumpliendo estrictamente las instrucciones de las FCS. Tengo el convencimiento de que estas limitaciones derivan de su condición de autónomos, no integrados en empresas de seguridad, que actúan muchas veces en solitario y reacios casi siempre al asociacionismo. Es necesario hacer un esfuerzo de comprensión hacia esta figura. No se trata de un vigilante de seguridad privada al uso, sino de un elemento del sistema que desarrolla un trabajo muy específico en un entorno especial, lejos generalmente del apoyo de las Fuerzas de Seguridad, por lo que debe hacer gala de una autoridad y fuerza moral que le sitúan más próximo a la condición de agente de la seguridad pública. Esta es su peculiaridad y hemos intentado reconocerla en la ley ampliando su capacidad de actuación en nuevos espacios, aunque exigiendo, para esos nuevos servicios, su integración en empresas de seguridad como garantía para los usuarios contratantes de su calidad y responsabilidad. Creo que la nueva ley corrige el injusto tratamiento que les daba la anterior. Incluso el nuevo nombre se ajusta mejor a su función y rompe la sensación de vinculación exclusiva al campo.

– ¿Desea añadir algo más?

Quiero dar las gracias a Seguritecnia por darme la oportunidad de intervenir en este monográfico y agradecerle la colaboración que nos ha brindado en todo momento para mejorar nuestro conocimiento del sector y sus necesidades. Esto es también especialmente aplicable a la Fundación Borredá  y a todos los expertos que, en aras del interés general, han contribuido con sus aportaciones a que podamos asistir al nacimiento de una nueva era en la seguridad privada de España.


El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Seguridad Privada que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992. Además, la nueva Ley combatirá el intrusismo que conllevará graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación.

Tramites en el Departament d Interior de la Generalitat de Catalunya para Planes de autoprotección

Tramites en el Departament d Interior de la Generalitat de Catalunya para Planes de autoprotección

  • Planes de autoprotección

Acreditación de centros de formación de personal técnico competente para elaborar planes de autoprotección (PAU)

Deben solicitar la acreditación, ante el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC, los centros de formación que quieran impartir:

  • Cursos de formación básica para elaborar planes de autoprotección (PAU) de actividades y centros de interés para la protección civil local.
  • Cursos de formación superior para elaborar planes de autoprotección (PAU) de actividades y centros de interés para la protección civil de Cataluña.

¿A quién va dirigido?

A los organismos y entidades siguientes:

  • Universidades de Cataluña
  • Centros adscritos a las universidades de Cataluña
  • Colegios profesionales
  • Centros de formación acreditados u homologados por el departamento competente en materia de trabajo
  • Centros de formación profesional de las organizaciones empresariales

Acreditación de personal técnico competente para elaborar planes de autoprotección (PAU)

Determinadas actividades y centros están obligados legalmente a disponer de planes de autoprotección (PAU), con el fin de prevenir y controlar posibles situaciones de riesgo por causas internas o externas. Las personas competentes para elaborar y firmar estos planes de autoprotección han de obtener previamente una acreditación de la Generalidad de Catalunya.

¿A quién va dirigido?

A las personas físicas que quieran desarrollar o desarrollen su actividad como personal técnico competente para elaborar planes de autoprotección (PAU).

Planes de autoprotección: 1. Comunicar la afectación y entregar el plan de autoprotección

El Registro electrónico de planes de autoprotección tiene como finalidades:

  • La inscripción de los planes de autoprotección que se han de elaborar de conformidad con el Decreto 82/2010, de 29 de junio.
  • El cumplimiento de todas aquellas comunicaciones y actuaciones que prevé este Decreto para el procedimiento de gestión de estos planes de autoprotección.

Se ha llamado Hermes al sistema de información que da apoyo a la tramitación telemática vinculada al Decreto 82/2010 y que aloja el Registro electrónico de planes de autoprotección.

¿A quién va dirigido?

A las empresas y, en general, a las entidades y los organismos que realizan actividades que pueden generar situaciones de grave riesgo colectivo, de catástrofe o de calamidad pública, y también a los centros y las instalaciones y sus dependencias, públicos y privados, que pueden resultar afectados de manera especialmente grave por situaciones de este carácter.
Estas empresas, entidades y organismos, según el Decreto 82/2010, están obligados a adoptar medidas de autoprotección, entre las cuales destaca la obligación de elaborar e implantar un plan de autoprotección (PAU).

La inscripción en el Registro electrónico de planes de autoprotección y el resto de trámites que derivan del Decreto 82/2010 se efectuan únicamente por medios electrónicos.

Este trámite se puede encontrar en:

Planes de autoprotección: 2. Comunicar y entregar simulacros

Las instalaciones, centros o emplazamientos objeto de un PAU están obligados a hacer simulacros con una periodicidad mínima anual. Las personas titulares de estas instalaciones, previamente a la realización de los simulacros, deberán informar a la autoridad competente en materia de protección civil y facilitar, como mínimo, los datos que figuran en el anexo V del Decreto 82/2010, de 29 de junio. Posteriormente a la realización del simulacro, la persona titular, el responsable técnico o el jefe de la emergencia de la instalación, centro o emplazamiento remitirá a la autoridad competente en materia de protección civil, un informe de evaluación del simulacro elaborado por el jefe de la emergencia y firmado por esta persona y por el titular de la actividad o el responsable técnico.

¿A quién va dirigido?

las instalaciones, centros o emplazamientos objeto de un plan de autoprotección están obligados a hacer simulacros y entregar un informe 

posterior de evaluación de este simulacro.

Segun el Decreto 82/2010 los trámites que se derivan de los planes de autoprotección solo se efectuan por medios electrónicos.

Planes de autoprotección: 3. Entregar el informe cuatrienal y actualizar el plan de autoprotección

Las empresas, las entidades y los organismos afectados por el Decreto 82/2010, de 29 de junio, tienen que entregar un informe de las actuaciones realizadas al final de la vigencia del Plan de autoprotección.
Por otra parte, el Plan de autoprotección se puede actualizar siempre que los cambios que motivan la actualización respondan a una modificación no sustancial de la instalación, centro o emplazamiento de que se trate, de acuerdo con la definición que para los conceptos de modificación no sustancial establece el artículo 3 del Decreto 82/2010, de 29 de junio.

¿A quién va dirigido?

A las empresas y, en general, a las entidades y los organismos afectados por el Decreto 82/2010, de 29 de junio, con un plan de autoprotección homologado y vigente.

Según el Decreto 82/2010, de 29 de junio, los trámites que se derivan de los planes de autoprotección (PAU) sólo se efectúan por medios electrónicos.

Planes de autoprotección: 4. Designar responsable técnico, jefe de la emergencia y nuevo titular

Para poder actuar con el sistema de tramitación electrónica Hermes, el responsable técnico y el jefe de la emergencia tienen que ser previamente identificados y autorizados por el titular de la actividad, centro o emplazamiento.
Asimismo, si cambia la persona titular, será necesario que se identifique y autorice a la persona que la sustituya a los efectos de lo que establece para esta figura el Decreto 82/2010, de 29 de junio.
Para todos los casos el sistema Hermes prevé las funciones para realizar la designación y también para dejar sin efecto, si procede, la autorización y/o el nombramiento.

¿A quién va dirigido?

A los titulares, responsables técnicos y jefes de emergencia de una instalación, centro o emplazamiento, según el trámite.

Según el Decreto 82/2010, de 29 de junio, los trámites que se derivan de los planes de autoprotección (PAU) se efectúan sólo por medios electrónicos.

Este trámite se puede encontrar en:

Registro electrónico de planes de autoprotección – HERMES

Tramites del Departament d’Interior de la Generalitat de Cataluña para temas de Seguridad privada

Oficina Virtual de Trámites | Ciutadanía | Trámites
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Apertura y puesta en marcha de centros de formación del personal de seguridad privada

Los centros de formación del personal de seguridad privada que desarrollen su actividad en Cataluña, deberán presentar previamente una declaración responsable en la que se haga constar que cumplen los requisitos que exige la normativa. También han de comunicar la realización de cada curso antes de su inicio.

¿A quién va dirigido?

A las personas físicas o jurídicas que quieran desarrollar su actividad como centro de formación del personal de seguridad privada en Cataluña.

Apertura y puesta en marcha de empresas de seguridad privada dedicadas, exclusivamente, a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad

Las empresas que dentro de las actividades de seguridad privada se dediquen, exclusivamente, a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales de alarma o a centros de control o de videovigilancia han de comunicar el inicio de esta activitat, mediante la presentación de una declaración responsable acompañada de diversa documentación, a la Dirección General de Administración de Seguridad.

¿A quién va dirigido?

A cualquier persona física o jurídica con sede social y ámbito de actuación limitado a Cataluña.
Hay que tener en cuenta que las empresas de seguridad privada, con excepción de la empresa se dedique exclusivamente a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, deben obtener previamente una autorización administrativa y que se inscriba la empresa en el registro correspondiente del Departamento de Interior (ver, en la columna de la derecha, el recuadro Trámites relacionados).

Autorización de empresas de seguridad privada

Las empresas de seguridad, con domicilio social en Cataluña y ámbito de actuación limitado a este territorio, que quieran llevar a cabo la prestación de los servicios correspondientes a las actividades de seguridad privada incluidas en el artículo 5.1 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, excepto la de investigación privada, tienen que obtener previamente una autorización administrativa y ser inscrita en el registro correspondiente del Departamento de Interior.

¿A quién va dirigido?

A cualquier persona física o jurídica que se quiera constituir como empresa de seguridad privada, con sede social y ámbito de actuación limitado a Cataluña.
Hay que tener en cuenta que si se trata de una empresa que, con respecto a las actividades de seguridad privada mencionadas, se quiere dedicar exclusivamente a la de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales de alarma o a centros de control o de videovigilància, no tendrá que solicitar ninguna autorización, sino que presentar una declaración responsable (ver, en la columna de la derecha, el recuadro Trámites relacionados).

Autorización de un servicio de escolta privado

Las personas o entidades que quieran contratar un servicio de protección personal mediante escolta privado han de obtener una autorización específica, expresa e individualizada.

¿A quién va dirigido?

A personas físicas o jurídicas que quieran contratar un servicio de protección de personas mediante escoltas privados.
Únicamente pueden llevar a cabo este servicio de protección de personas escoltas privados integrados en empresas de seguridad inscritas y autorizadas para el ejercicio de esta actividad.

Toda la información necesaria para los aspirantes a Escoltas : Formación, Funciones y forma de prestar el servicio,

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Escoltas privados

Formación

Antes de presentarse a las pruebas de selección que convoque la Secretaría de Estado de Seguridad y cuya superación habilitará para el ejercicio de la correspondiente profesión, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional, los aspirantes a escoltas privados, habrán de superar, en los centros de formación autorizados, los módulos profesionales de formación para vigilantes de seguridad, en ciclos de al menos ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, así como los módulos complementarios y específicos para escoltas privados, de sesenta horas lectivas, que se determinan en la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad (BOE núm. 296, de 10 de diciembre).

Los ciclos formativos, en su delimitación horaria, podrán comprender un porcentaje máximo del cincuenta por ciento de la formación no presencial o a distancia, debiendo impartirse obligatoriamente con carácter presencial las enseñanzas de naturaleza técnico-profesional, instrumental, de contenido técnico operativo y las prácticas de tiro y laboratorio.

A quienes hayan superado los módulos de formación y las pruebas físicas, los centros de formación autorizados les expedirán el correspondiente diploma o certificado acreditativo.

Funciones y forma de prestar el servicio

Son funciones de los escoltas privados el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.

La defensa y protección a prestar ha de estar referida únicamente a la vida e integridad física y a la libertad de las personas objeto de protección.

En el desempeño de sus funciones, los escoltas no podrán realizar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la libre circulación, salvo que resultare imprescindible como consecuencia de una agresión o de un intento manifiesto de agresión a la persona o personas protegidas o a los propios escoltas, debiendo, en tal caso, poner inmediatamente al detenido o detenidos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin proceder a ninguna suerte de interrogatorio.

Uniformidad, armamento y tiro

Para poder prestar servicios con armas, los escoltas privados habrán de obtener licencia C en la forma prevenida en el Reglamento de Armas.

Dicha licencia tendrá validez exclusivamente para la prestación del servicio de seguridad en los supuestos determinados en dicho Reglamento. La licencia carecerá de validez cuando su titular no se encuentre realizando servicios; podrá ser suspendida temporalmente por falta de realización o por resultado negativo de los ejercicios de tiro regulados en el Reglamento de Seguridad Privada; y quedará sin efecto al cesar aquél en el desempeño del puesto en razón del cual le hubiera sido concedida, cualquiera que fuere la causa del cese.

El arma reglamentaria de los escoltas privados será la pistola semiautomática del calibre 9 milímetros Parabellum.

La Dirección General de la Policía, a petición de la empresa de seguridad, podrá autorizar la utilización de otros elementos defensivos, siempre que se garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas.

Portarán el arma con discreción y sin hacer ostentación de ella, pudiendo usarla solamente en caso de agresión a la vida, integridad física o libertad, y atendiendo a criterios de proporcionalidad con el medio utilizado para el ataque.

Los escoltas privados podrán portar su arma solamente cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones, debiendo depositarla, a la finalización de cada servicio, en el armero de la empresa a la que pertenezcan, o en el lugar de trabajo o residencia de la persona protegida.

Cuando por razones de trabajo se hallasen, al finalizar el servicio, en localidad distinta de aquélla en la que radique la sede de su empresa, el arma se depositará en el armero de la delegación de la empresa, si la hubiese. En caso contrario el arma quedará bajo la custodia del escolta, con la autorización del jefe de seguridad de la empresa.

Los escoltas privados vestirán de paisano y deberán realizar ejercicios obligatorios de tiro, una vez cada trimestre.

 

Habilitación

Los que hayan sido declarados aptos en las indicadas pruebas, para obtener la habilitación deberán solicitar la expedición de la tarjeta de identidad profesional correspondiente, que deberán solicitar antes de los tres meses, transcurridos los cuales deberán acreditar nuevamente los requisitos b) y d) del apartado “Acreditación de requisitos“, y en todo caso, transcurridos dos años sin solicitar la tarjeta de identidad profesional deberán superar nuevas pruebas, en el expediente que se instruya a instancia de los interesados o, en su caso, la habilitación múltiple a que se refiere el artículo 62 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.

A tal efecto deberán cumplimentar el modelo de solicitud, acompañado de:

  • Dos fotografías, formato carné.
  • Autorización de verificación de datos del DNI o NIE
  • Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso de la tasa por habilitación de escolta privado, con arreglo al modelo oficial, a favor del Tesoro Público, en las entidades bancarias o Cajas de Ahorro colaboradoras, cuenta restringida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El citado impreso será facilitado en las Comisarías de Policía y deberá ser cumplimentado con los datos correspondientes, señalando como tarifa aplicable la séptima.

Acreditación de requisitos

En el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del Acuerdo del Tribunal por el que se haga pública la relación de participantes que han superado las pruebas de aptitud, éstos deberán presentar directamente o remitir a la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía (Avenida de Pío XII núm. 50, 28071-Madrid), o cursar a dicha División a través de Dependencias Policiales o de las referidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos:

  1. Los aspirantes extranjeros, fotocopia compulsada de la Tarjeta o Autorización de residencia o de Identidad en vigor o, en su defecto, la del Pasaporte.
  2. Certificado original de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados para los españoles y extranjeros residentes en España, y documento original y equivalente que surta los mismos efectos para los solicitantes extranjeros no residentes.
    Estarán exentos de presentar este certificado los españoles y extranjeros residentes en España que en su instancia hayan autorizado expresamente a la División de Formación y Perfeccionamiento dela Dirección General de la Policía,  su petición de oficio al Registro Central de Penados.
  3. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
    Aquellos aspirantes que hubieran cursado sus estudios en un sistema educativo distinto al sistema educativo general español, deberán acreditar los mismos mediante certificación u homologación, en su caso, expedida por el Ministerio de Educación, en aplicación de la normativa sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros y reconocimiento de cualificaciones profesionales.
  4. Informe original de aptitud psicofísica necesaria para prestar servicios de seguridad privada, que habrá de obtenerse en la forma prevenida en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, y la Orden de 14 de enero de 1999 del Ministerio del Interior.
  5. Certificado o diploma acreditativo de haber superado el curso correspondiente a los módulos profesionales de formación de vigilante de seguridad, expedido por un centro de formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
  6. Declaración jurada o promesa de cumplir los requisitos establecidos en los apartados f), g), h) e i) del epígrafe “Requisitos“.
  7. Certificado o diploma que acredite la superación de los módulos profesionales complementarios y específicos de formación de escoltas privados, en el curso impartido en un Centro de Formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
  8. Certificado médico oficial que acredite la estatura física del aspirante.

Los que superen las pruebas de escolta privado que estén acreditados como vigilante de seguridad con anterioridad, deberán aportar además fotocopia de la Tarjeta de Identidad Profesional de Vigilante de Seguridad.

Los documentos acreditativos de los requisitos, tanto originales como copias de los mismos, deberán ser acompañados de la traducción autenticada al castellano, si estuvieran redactados en otros idiomas.

En todo caso, cuando los documentos presentados sean fotocopia del original deberán ser debidamente autorizados o compulsados. La compulsa deberá afectar, en su caso, a la totalidad de las páginas del documento y, cuando proceda, a las dos caras de las mismas, no considerándose válida cuando carezca de la identificación personal y firma del funcionario que la extienda. A estos efectos no se aceptarán los documentos transmitidos por telefax u otros sistemas análogos.

Cuando se aleguen equivalencias u homologaciones de títulos obtenidos o estudios cursados, dicha circunstancia deberá asimismo, acreditarse por el interesado. En otro caso, no será tenida en cuenta.

Quienes dentro del plazo concedido, y salvo los casos de fuerza mayor, no presenten la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no obtendrán la habilitación correspondiente, aún habiendo superado las pruebas, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud inicial.

 

EXENCIONES DE ACREDITACIÓN DE REQUISITOS:

  1. El requisito de no haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad no se exigirá a los aspirantes a la especialidad de escoltas privados que se encuentren ya habilitados como vigilantes de seguridad por haber superado pruebas de selección anteriores o por haber canjeado sus anteriores títulos-nombramientos, licencias, tarjetas de identidad o acreditaciones por la Tarjeta de Identidad Profesional de vigilante de seguridad, regulada en la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.
  2. El personal de seguridad privada, debidamente autorizado, que haya permanecido inactivo más de dos años y deba superar nuevas pruebas y el que no haya canjeado sus anteriores títulos-nombramientos de Vigilantes Jurados, no necesitarán acreditar la obtención del diploma o certificación en los Centros de Formación,  ni se les exigirá el requisito de no haber cumplido cincuenta y cinco años, estando eximidos de acreditar estar en posesión de la titulación exigida. Sin embargo, sí será necesario que presente certificación de su nombramiento anterior, expedida por la Unidad Central de Seguridad Privada o por la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente.

Temario

Contenidos mínimos de los módulos profesionales de formación previa

Contenidos mínimos de los módulos profesionales de formación previa exclusivos para Escoltas Privados

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN PREVIA EXCLUSIVOS PARA ESCOLTAS PRIVADOS

MÓDULO JURÍDICO

Tema 1. Derecho Administrativo especial. El escolta privado: Naturaleza. Requisitos para la obtención de la habilitación.

Tema 2. Funciones a desempeñar por el escolta privado.

Tema 3. Porte y depósito del arma de fuego.

MÓDULO TÉCNICO

Tema 1. La protección. Fuentes y fundamentos de peligro. La protección integral.

Tema 2. Protección dinámica (I). Teoría esférica de la protección. Teoría de los círculos concéntricos. Escalones y niveles de seguridad. Evaluación de dispositivos. Coordinación con el Departamento de Seguridad.

Tema 3. Protección dinámica (II). Técnicas de protección en movimiento. Interior de edificios. Escaleras y ascensores. Líneas de recibimiento y control. Evacuaciones.

Tema 4. Protección estática. En el domicilio. En el lugar de trabajo. Coordinación de servicios.

Tema 5. Técnicas de seguridad en vehículos. Características del vehículo y de los conductores. Cápsulas de seguridad sobre vehículos. Conducción evasiva: Defensiva y ofensiva. Contramedidas electrónicas: Inhibidores de frecuencias, y perturbadores.

Tema 6. Caravanas e itinerarios. Clasificación de las caravanas. Itinerarios: Principal, alternativo, de evacuación, y de fuga. Funciones y competencias atribuidas a los escoltas privados en los apartados anteriores. Dispositivos de localización y seguimiento vía satélite. Sistemas de posicionamiento global (GPS).

Tema 7. Técnicas de información y observación. La información como elemento imprescindible en la protección. La observación como fuente de información y técnica disuasoria.

Tema 8. Los procedimientos del agresor. Métodos de actuación. El atentado. El secuestro. La amenaza. La extorsión.

Tema 9. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por escoltas privados. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza.

Tema 10. Teoría del tiro. Balística interna. Balística externa. Balística de efectos.

Tema 11. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y específicas.

Tema 12. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real y/o de fogueo o en simulador homologado, con las armas reglamentarias.

Pruebas de aptitud

 

INTRODUCCIÓN

Los aspirantes deberán superar las pruebas de aptitud o ejercicios de conocimientos teórico-prácticos que se fijen en la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se convoquen las pruebas de selección para vigilantes de seguridad y escoltas privados.

Los que se presenten en la misma convocatoria a las pruebas para vigilantes de seguridad y escoltas privados, realizarán todas para las que hayan solicitado y hayan sido convocados, debiendo superar las de vigilante de seguridad para que les sean calificadas las de escolta privado.

Finalizadas las pruebas de aptitud, el Tribunal, a través de la Dirección General de la Policía, elevará propuesta al Secretario de Estado de Seguridad, con la relación de participantes que las hayan superado y declarados aptos, para su publicación en el “Boletín Oficial del Estado“.

La superación de las pruebas de selección habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional de vigilante de seguridad en el expediente que se instruya a instancia de los propios interesados o, en su caso, la habilitación múltiple regulada en el Reglamento de Seguridad Privada.

Las tarjetas de identidad profesional, una vez superadas las pruebas, serán expedidas por el Comisario General de Seguridad Ciudadana.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anteriormente citada; disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Los aspirantes a Vigilantes de Seguridad realizarán dos pruebas o ejercicios de carácter eliminatorio:

PRIMER EJERCICIO: APTITUD FÍSICA

Consistirá en la realización por los aspirantes de todos los ejercicios de aptitud física que se describen a continuación, debiéndose, al menos, igualar las marcas y tiempos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que la no superación de alguno de ellos supone su eliminación. La calificación de esta prueba será de apto o no apto.

Para la realización de esta prueba los participantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo, y entregar al Tribunal un certificado médico oficial, expedido dentro del periodo de tiempo comprendido entre la fecha del comienzo del plazo de presentación de instancias de la correspondiente convocatoria y el día de realización de las citadas pruebas de aptitud física, en el que se haga constar expresamente que: «EL ASPIRANTE REÚNE LAS CONDICIONES FÍSICAS PRECISAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS FÍSICAS PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD». La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión del aspirante del proceso selectivo.

La ejecución de esta prueba será pública y no se permitirá su grabación por medio audiovisual alguno que pudiera afectar a la seguridad, al derecho a la intimidad personal y a la propia imagen de los intervinientes en la misma.

Las pruebas físicas serán las siguientes:

1. Potencia tren superior.

1.1 Flexión de brazos en suspensión pura (hombres).

Lugar: Gimnasio o campo de deportes.

Material: Barra fija.

Explicación del ejercicio:

  1. Posición de partida: Suspensión pura con palmas al frente y total extensión de brazos.
  2. Flexión de brazos, evitando el balanceo del cuerpo y/o ayudarse con movimientos de piernas. Se considera una flexión cuando la barbilla asome por encima de la barra, partiendo siempre de la posición de suspensión pura.
  3. Se contará el número de flexiones completas.
  4. Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero, considerándose como tal cualquier incidencia en su ejecución (resbalón, caída, etc…) a valorar por el miembro del Tribunal o colaborador.

1.2 Lanzamiento de balón medicinal (mujeres de todas las edades y hombres desde 40 años).

Lugar: Campo de deportes.

Material: Balón medicinal de 3 kilogramos.

Explicación del ejercicio:

  1. Posición de partida detrás de una línea marcada en el suelo, pies separados y simétricos, balón sostenido con ambas manos por encima y por detrás de la cabeza.
  2. Ejecución: Lanzar el balón medicinal sujeto con ambas manos y por encima de la cabeza tan lejos como se pueda.

Reglas:

1.ª El lanzamiento se hace con los pies simétricamente colocados, impulsando el balón con las dos manos a la vez por encima de la cabeza.

2.ª No se pueden levantar los pies del suelo. Se permite elevar los talones y plantas, siempre que las puntas de los pies estén en contacto con el suelo.

3.ª Ninguna parte del cuerpo puede tocar o rebasar la línea marcada en el suelo.

4.ª El lanzamiento se mide desde la línea marcada hasta el punto de caída del balón más próximo a la citada línea.

5.ª El intento que no cumpla alguna de las reglas se considerará nulo.

6.ª Se permiten dos intentos sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

2. Potencia tren inferior.

2.1 Salto vertical (hombres y mujeres).

Lugar: Gimnasio, frontón o lugar similar de suelo horizontal con una pared vertical y lisa.

Explicación del ejercicio:

  1. Posición de partida: En pie, de costado junto a una pared vertical, con un brazo totalmente extendido hacia arriba y sin levantar los talones del suelo, el candidato marca con los dedos a la altura que alcanza en esta posición.
  2. Ejecución: El candidato se separa un mínimo de 20 centímetros de la pared o aparato, salta tan alto como pueda y marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
  3. Se acredita la distancia entre la marca hecha desde la posición de partida y la conseguida en el salto.

Reglas:

1.ª Se pueden mover los brazos y flexionar el tronco y las rodillas, pero no se puede separar del suelo parte alguna de los pies antes de saltar.

2.ª Hay que realizar el salto con los dos pies a la vez.

3.ª Se permiten dos intentos, sólo a los aspirantes que hagan nulo el primero.

3. Carrera (hombres y mujeres).

Lugar: Pista de atletismo o lugar llano y de suelo compacto y liso.

Explicación de la prueba de 400 metros lisos:

  1. Posición de salida: En pie.
  2. Ejercicio: Correr  la distancia de 400 metros en los tiempos exigidos.
  3. Tomar el tiempo invertido.
  4. Sólo se permite un intento.

 

Tablas de función

Edad Sexo Flexiones Balón
medicinal
Salto
vertical
Carrera
(400 metros)
De 18 a 25 años Hombres 4 44 cm 1’16”
Mujeres 4,75 m 36 cm 1’35”
De 26 a 32 años Hombres 3 42 cm 1’22”
Mujeres 4,25 m 34 cm 1’44”
De 33 a 39 años Hombres 2 40 cm 1’30”
Mujeres 4,00 m 32 cm 1’55”
De 40 a 50 años Hombres 7,00 m 36 cm 1’42”
Mujeres 3,75 m 28 cm 2’06”
≥ 51 años Hombres 6,50 m 34 cm 1’57”
Mujeres 3,50 m 25 cm 2’18”

 

SEGUNDO EJERCICIO (CONOCIMIENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS)

Consistirá en la contestación por escrito, en cincuenta minutos, a un cuestionario de ochenta preguntas, ajustadas al temario de la convocatoria. Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar.

Además, los aspirantes a Escoltas Privados deberán contestar en quince minutos a un cuestionario de veinte preguntas, ajustado a su programa específico. Este ejercicio escrito será calificado de cero a diez puntos, debiéndose alcanzar cinco puntos como mínimo para aprobar.

 

Presentación de instancias

Quienes deseen tomar parte en las pruebas de selección para cada una de las convocatorias cursarán su solicitud cumplimentando el modelo oficial por alguno de los siguientes procedimientos:

  1. A través de la página web www.policia.es, rellenando el formulario que se indica en la misma, que permite la cumplimentación automática del modelo oficial de solicitud y del impreso modelo 790, Código de Tasa 015.

Una vez cumplimentados los datos de dicho formulario, se imprimen la solicitud y el impreso 790, éste por triplicado ejemplar («ejemplar para la Administración», «ejemplar para el interesado», y «ejemplar para la entidad colaboradora»).

Los originales cumplimentados de los tres ejemplares del modelo 790 (no son válidas las fotocopias), se presentarán en cualquier entidad de depósito colaboradora (Bancos, Cajas de ahorro, etc.), ingresando en efectivo el pago de la tasa dentro de los respectivos plazos de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta que en el importe (casilla inferior derecha del impreso) se deberá expresar el total resultante, señalando con «X» la casilla correspondiente a la tarifa satisfecha.

Una vez efectuado el pago de la tasa, y siempre dentro del plazo de presentación de solicitudes, el «ejemplar para la Administración», del modelo 790, con la validación del pago de la tasa por la entidad colaboradora, deberá presentarse junto con la solicitud y firmados ambos documentos, directamente en la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía (Avenida de Pío XII núm. 50, 28071 -Madrid), o en cualquier Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, o en la forma prevista en artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  1. A través de la Sede electrónica de la Dirección General de la Policía, mediante un procedimiento íntegramente electrónico, que implica los siguientes pasos:
  • Cumplimentar el formulario electrónico que aparece en la misma.
  • Realizar el pago electrónico de la tasa mediante la opción incluida al efecto.
  • Firmar, electrónicamente, la solicitud y, en su caso, la autorización para solicitar de oficio el certificado de antecedentes penales.
  • Enviar la solicitud al Registro Electrónico, mediante la opción incluida al efecto, e imprimir el justificante devuelto por dicho Registro.

Requisitos para el pago telemático:

  • Disponer de número de Identificación Fiscal (NIF) o de un código de identificación fiscal (CIF), según corresponda.
  • Disponer de documento nacional de identidad electrónico o de firma electrónica avanzada basada en un certificado de usuario admitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como medio de identificación y autenticación en sus relaciones telemáticas con los contribuyentes.
  • Tener una cuenta abierta en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria que se haya adherido al sistema previsto, y que aparezca en la relación de entidades que se muestre en la opción de pago de la «oficina virtual» de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Pago de las tasas por vía telemática:

  • El modelo de autoliquidación se ajustará al modelo 790, que se encuentra a disposición de los interesados en la página web de la Dirección General de la Policía (www.policia.es).
  • El pago telemático de estas tasas tendrá siempre carácter voluntario y alternativo, en su caso, al procedimiento ordinario de pago, que seguirá realizándose mediante ingreso en efectivo en cualquier entidad de depósito (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.), que preste servicios de colaboración en la recaudación de las tasas que constituyen recursos del presupuesto del Estado.
  • Para realizar el pago telemático de estas tasas autoliquidables, el obligado al pago o sujeto pasivo deberá entrar en la página web de la Dirección General de la Policía, cumplimentar el formulario correspondiente, y realizar el pago conforme a lo establecido en el apartado cuarto de la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo.
  • Los servicios telemáticos de la Dirección General de la Policía, conectarán al interesado a través de su pasarela de pagos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para que lleve a cabo todos los pasos necesarios para completar el pago.
  • Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora generará el Número de Referencia Completo (NRC) que será enviado a la Dirección General de la Policía, que generará, para que el interesado lo pueda imprimir, el modelo de autoliquidación cumplimentado y pagado, en el que figurará el Número de Referencia Completo (NRC) y que le servirá como justificante del pago de la tasa.
  1. Únicamente cuando sea imposible la conexión con la página web www.policia.es, la solicitud se formalizará en el modelo oficial, que podrá obtenerse por reproducción en fotocopia u otros medios.

En este caso el impreso 790, Código de Tasa 015, podrá obtenerse en cualquiera de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía mencionadas anteriormente.

Ambos impresos, firmados por el interesado, el de solicitud y el «ejemplar para la Administración» del 790, cumplimentados a máquina o a mano con letras mayúsculas, y ya efectuado el pago de la tasa en la forma descrita en el apartado a), se presentarán juntos dentro del respectivo plazo en cualquiera de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía antes citadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La solicitud sólo producirá efectos una vez presentado en plazo el «ejemplar para la Administración» del modelo 790 con la tasa pagada.


Enlaces Externos

Requisitos

Para poder participar en las pruebas de selección que convoque la Secretaría de Estado de Seguridad, para la obtención de la habilitación profesional, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad y no haber cumplido los cincuenta y cinco años.
  2. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
  3. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
  4. Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las funciones de vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos y reunir los requisitos necesarios para prestar servicios de seguridad privada, a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.
  5. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
  6. No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
  7. No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
  8. No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.
  9. No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
  10. Poseer el diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad, así como el diploma que acredite la superación de los módulos profesionales complementarios y específicos de formación de escoltas privados, en el curso impartido en un centro autorizado por la  Secretaría de Estado de Seguridad..
  11. Tener una estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 metros, en el caso de las mujeres.

El personal con las denominaciones de Guarda de Seguridad, Controlador u otras de análoga significación que haya desempeñado funciones de vigilancia y de control en el interior de inmuebles con anterioridad al día 31 de enero de 1996, deberá reunir los requisitos anteriormente especificados salvo el de haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad.

Al personal que ya se encuentra habilitado como vigilante de seguridad no le será aplicable el requisito de no haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad.

Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de funciones de seguridad privada en el mismo, podrán prestar servicios en España, siempre que, previa comprobación por el Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

  1. Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.
  2. Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones de seguridad privada, para lo cual deberán estar en posesión de los siguientes documentos:
  1. En los casos en que el Estado de origen regule las diferentes profesiones de seguridad privada, el certificado de competencia o título de formación que las acredite como tal. Dicho certificado o título deberá reunir los siguientes requisitos:
  • Haber sido expedido por una autoridad competente de un Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado.
  • Acreditar un nivel de cualificación profesional equivalente, como mínimo, al nivel inmediatamente anterior al exigido en España, mediante el certificado previsto en el artículo 19.2 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, para todas las profesiones de seguridad privada, excepto detectives privados.
  • Acreditar la preparación del titular para el ejercicio de la profesión correspondiente.
  1. En los casos en que el Estado de origen no regule las diferentes profesiones de seguridad privada, el documento expedido por la autoridad competente, acreditativo de haber ejercido la profesión de que se trate en ese o en otro Estado de la Unión Europea, durante al menos dos años a tiempo completo, en el curso de los diez años inmediatamente anteriores al momento de la presentación de la solicitud, siempre que esté en posesión de uno o varios certificados de competencia o de uno o varios títulos de formación.
    En todo caso, los dos años de experiencia aludidos no podrán exigirse cuando la persona solicitante acredite una cualificación profesional adquirida a través de la superación de una formación regulada de las definidas en el artículo 8 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, y que corresponda a los niveles de cualificación señalados anteriormente.
  1. Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.
  2. Los previstos en las letras a), e), f), g), h) e i) del primer apartado.
La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de las funciones de seguridad privada en España de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas compensatorias previstas en el artículo 5 de la Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del interesado.
La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias. Las pruebas podrán consistir en las siguientes modalidades:
  1. Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio del Interior a tal efecto.
  2. Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia.




 

La Necesidad de planes de seguridad y autoprotección privada en Latinoamérica para las Empresas transnacionales españolas.Julian Flores Director en Segurpricat Consulting

ESTADOS UNIDEOS ALERTA SOBRE SECUESTROS EN MÉXICO

SECUE

La Necesidad de planes de seguridad y autoprotección privada en Latinoamérica para las Empresas transnacionales españolas

El Crimen organizado aumenta los planes de seguridad y autoprotección privada en Latinoamérica para las Empresas transnacionales españolas es imprescindible disponer de prestadores de servicios de seguridad privada como Segurpricat Consulting en especial aquellos que sean directivos expatriados o cargos de responsabilidad por su mayor vulnerabilidad

Las múltiples actividades del crimen organizado en Latino américa  una de las regiones más violentas del mundo, ha incrementado la contratación de la seguridad privada, sobre todo en el llamado triángulo norte, donde la fuerza pública se ha visto desbordada. Según cifras recientes de la Federación Panamericana de Seguridad Privada, en Latino américa en especial Centroamérica hay más de 200.000 personas dedicadas a este negocio, la mayoría en condiciones de informalidad. En el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), la concentración de este tipo de servicios es mayor debido a la incidencia del crimen organizado y de las “maras” o pandillas.

“El triángulo norte es una zona que tiene grandes problemas de seguridad y obviamente tiene el mayor número de agentes privados”, 

Según datos del sector, el crecimiento de las empresas de seguridad ronda el 8% anual en Centroamérica, una región que posee las tasas de homicidio más altas del planeta, de acuerdo a estudios de la ONU. Honduras, con una tasa de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes es el país sin guerra más peligroso del mundo. Le siguen El Salvador con una tasa de 69 y Guatemala con 39. Según la ONU, la guerra desatada por México contra los cárteles del narcotráfico, ha obligado a estas organizaciones a desplazarse hacia los países del istmo, donde han encontrado un campo abonado por la pobreza, el desempleo juvenil y la corrupción gubernamental.

En Costa Rica, con índices más bajos de criminalidad, los guardias privados también duplican en número a los 13.000 efectivos estatales. Secuestros, extorsiones y asaltos a contenedores que transportan mercancías en las carreteras son algunas de las actividades criminales que más preocupan a los empresarios centroamericanos, los grandes usuarios de los servicios de seguridad privada. “Hay más clientes porque hay más movimiento de mercadería y las poblaciones y los riesgos aumentan. Así como se habla de globalización económica, también existe la globalización delictiva y toca a todos los estratos”, 

Según dijo, semanalmente se pierden 14 contenedores en Honduras; 10 en Guatemala y ocho en El Salvador. Sin embargo, la mayoría de guardias privados están mal pagados y carecen de preparación adecuada para enfrentar la delincuencia, lo que en ocasiones lleva a que terminen delinquiendo o sirviendo al narcotráfico. “Si el narcotráfico ha sido capaz de comprar jefes de policía, por qué no va a poder comprar a personas que no tienen ese poder”

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Julián Flores Garcia | URL: http://wp.me/p2mVX7-Gb

30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

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Julian Flores Garcia

Telfo. 93 116 22 88 y Mov.657283266

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CORTESÍA ELUNIVERSAL.COM.MX
México, D.F.- El gobierno de Estados Unidos renovó su advertencia sobre el peligro de viajar a ciertas regiones de México, con énfasis en el incremento del número de secuestros, sobre todo en los estados de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos.

El Departamento de Estado estadounidense advierte que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en 2013 los plagios a nivel nacional aumentaron 20 por ciento.

“Tanto nacionales como extranjeros han sido victimizados. Cerca de 70 secuestros de ciudadanos estadounidenses han sido reportados a nuestras embajadas y consulados en México, entre enero y junio de 2014”, establece la alerta emitida.

También previene de ciertas ciudades en Aguascalientes, Coahuila. Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, en las que se aconseja no viajar a menos de ser estrictamente necesario.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México aseguró, en un comunicado, que la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto ha logrado resultados contundentes en materia de seguridad pública, que incluye la reducción del secuestro en 22 por ciento en lo que va del año, en comparación con el 2013.

Actualmente México es el destino internacional más visitado por ciudadanos estadounidenses, según indica la propia alerta.

La Cancillería mexicana reiteró su posición de que las advertencias de viaje deben ser específicas, con información precisa y contextualizada, a fin de que sean útiles y evitar generalizaciones.