La Guardia Civil de Oviedo ha detenido a un hombre e imputado a otro por ser los supuestos autores de un delito de estafa en hasta 70 ocasiones.

 

La Guardia Civil de Oviedo ha detenido a un hombre e imputado a otro por ser los supuestos autores de un delito de estafa en hasta 70 ocasiones. Los estafadores colocaban dispositivos fraudulentos en cajeros automáticos de entidades bancarias y de este modo lograron apoderarse de unos 25.000 euros.

El método consistía en eliminar la pletina del cajero que sube automáticamente cuando va a entregar el dinero al cliente y colocar una pletina de plástico de las mismas dimensiones y características externas que las originales de los cajeros, pero en esta pletina iba adosado en su interior un adhesivo al cual se quedaban adheridos sin salir al exterior los billetes que los clientes intentaban extraer del cajero, según ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Las incidencias de este tipo se vienen registrando desde el pasado mes de marzo en varios cajeros automáticos de entidades bancarias ubicadas en sucursales de las localidades del centro del Principado.

Bajo el nombre de operación ‘Bola de nieve’, los policías comenzaron la investigación en marzo, con gestiones en las distintas entidades bancarias afectadas visionando en un principio las cámaras de seguridad de estas instalaciones. Al mismo tiempo, un gran número de cajeros automáticos fueron sometidos a una “intensa y continua” vigilancia por parte de los agentes de investigación.

El joven detenido, de 27 años, se trasladaba desde la Comunidad Valenciana donde residía hasta Asturias donde instalaba los cepos en los cajeros de las entidades bancarias del centro asturiano (Trubia, Teverga, Lugones, Gijón y Oviedo) y en Galicia.

Notas de prensa
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08/08/14

Tanto los guardias civiles que prestan servicio en África como los que lo hacen en aeropuertos y fronteras relacionadas con la inmigración procedente del continente africano continúan desempeñando su misión aplicando los protocolos de actuación establecidos

La Guardia Civil imputa por intrusismo profesional a una empresa tras rescatar a un cliente en una vía ferrata
08/08/14

La empresa que se anunciaba en Internet, carecía de autorización para realizar dicha actividad y el guía de la titulación necesaria

La Guardia Civil recupera una tonelada de cable de cobre proveniente de robos perpetrados por una organización
08/08/14

En la operación han sido detenidas 9 personas integrantes de una organización dedicada al robo y receptación de cable de cobre y se ha realizado un registro en una nave industrial

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07/08/14

Los detenidos estaban especializados en el tráfico de bellotas de hachís desde Marruecos, para posteriormente venderlas al menudeo en las zonas de ocio de la provincia

Desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de ciudadanos albaneses

 

Cobraban entre 500 y 4.000 euros por los documentos falsos necesarios para el viaje

Desarticulada una organización dedicada al tráfico ilegal de ciudadanos albaneses con destino a Reino Unido

La Policía ha identificado a casi 180 víctimas de la organización, entre ellos catorce menores, aunque se sospecha que puede haber muchas más

En total han sido setenta y dos las personas detenidas y las investigaciones continúan abiertas tanto en España, como en Reino Unido, Italia y Grecia

Algunas de las mujeres traficadas eran, además, explotadas sexualmente

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11-agosto-2014.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de ciudadanos albaneses. La mayoría de ellos eran introducidos en Reino Unido con documentos de viaje falsos, por los que pagaban entre 500 y 4.000 euros. Se ha logrado identificar a casi ciento ochenta víctimas de la organización, catorce de las cuales eran menores que viajaban igualmente con documentos falsos, acompañados de mayores en similares circunstancias. Los agentes sospechan que el número total de víctimas podría ser mucho mayor. La operación se ha saldado con la detención de setenta y dos personas, entre ellas los miembros del entramado encargados de dar apoyo en España a los responsables del entramado asentados en Albania, Italia y Grecia.

Las investigaciones comenzaron hace un año, cuando la Policía tuvo conocimiento de la existencia de un entramado criminal que, al parecer, se estaría dedicando a la introducción ilegal de ciudadanos albaneses en Reino Unido, utilizando para ello documentación falsificada.

Tras la pista de estos primeros datos, los agentes detectaron un notable incremento de ciudadanos albaneses que llegaban al Aeropuerto del Prat de Llobregat procedentes de Italia o Grecia, pretendiendo viajar desde allí a Reino Unido o Irlanda. Para viajar utilizaban documentaciones italianas o griegas falsificadas, muchas de las cuales figuraban como robadas o extraviadas en bases de datos policiales.

Documentos falsos de todo tipo

Las declaraciones tomadas por los investigadores a estos ciudadanos resultaron especialmente difíciles, debido a su hermetismo posiblemente provocado porque los miembros de la organización los habrían aleccionado al respecto, así como amenazado para que no dijeran nada en caso de detención.

No obstante, los agentes pudieron averiguar que los inmigrantes viajaban hasta Italia o Grecia utilizando para ello su propia documentación. Una vez en estos países, la organización los proporcionaba un “pack” compuesto por diversos documentos falsos (pasaportes, cartas de identidad, permisos de residencia, carnés de conducir, tarjetas sanitarias, carnés de estudiante, etc) con los que podrían llegar con éxito hasta el país de destino, Reino Unido principalmente. Algunos manifestaron a la Policía que habían comprado los documentos falsos en Italia o Grecia, pagando por ellos cantidades que oscilaban entre 500 y 4.000 euros.

Los billetes de avión eran adquiridos por la organización a través de páginas web de compañías de bajo coste o en las propias compañías, a través de algún miembro de la organización.

Algunas mujeres traficadas eran además explotadas sexualmente

La organización se quedaba en muchas ocasiones con la documentación original de los inmigrantes. Las investigaciones han llevado a pensar a la Policía que esto tenía dos finalidades principalmente: en unos casos, asegurarse el cobro de un segundo plazo por el viaje de los inmigrantes, que sería abonado una vez éstos hubieran llegado a Reino Unido. En otras ocasiones, la privación de documentación era aprovechada por la organización para la posterior explotación sexual de las inmigrantes en dicho país, como demuestra el elevado número de mujeres de entre 20 y 25 años de edad detectadas entre el total de inmigrantes que pretendía introducir en Reino Unido dicha organización.

“Facilitadores” en Barcelona

La organización criminal estaba asentada principalmente en Albania, Italia y Grecia, aunque también contaba con miembros en España y en Reino Unido. Los miembros españoles, “facilitadores”, afincados principalmente en Barcelona, se ocupaban de retener las documentaciones originales de los inmigrantes de buscar alojamiento para ellos en la Ciudad Condal, obtener los billetes de avión o trasladarlos al aeropuerto para que, desde allí, pudieran llegar a su destino. Por su parte, los miembros de la organización en Reino Unido, que también actuaban como “facilitadores” y como “pasadores”, se encargaban también de adquirir los billetes de avión y de acompañar a los inmigrantes durante los viajes, así como de aleccionarles para que no tuvieran problemas en los controles policiales y/o de las compañías aéreas.

Durante la operación se ha detenido 72 personas (64 de ellas por falsedad documental y el resto por favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a grupo criminal y delitos relativos a la prostitución). Además se han practicado tres registros en dos domicilios y en un prostíbulo ubicados en Barcelona, durante los cuales se intervinieron ocho mil trescientos sesenta y cinco (8.365) euros, trescientos (300) dólares USA y cuatrocientas (400) libras esterlinas en efectivo, una pistola real y una simulada, tres relojes de alta gama, numerosos dispositivos informáticos, varios resguardos de envíos de dinero al extranjero y otros documentos pendientes de análisis.

También se han intervenido más de cien documentos falsificados a los ciudadanos albaneses detenidos en el Aeropuerto del Prat de Llobregat: cartas de identidad (23 griegas, 34 italianas, 3 rumanas y 2 búlgaras), pasaportes (1 griego, 4 italianos y 1 búlgaro), permisos de conducir (12 griegos, 2 italianos, 1 rumano y 2 búlgaros), numerosas tarjetas de crédito, permisos de residencia y canés de estudiante de los mencionados países, que serán analizados por expertos policiales.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo IV de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Barcelona y el Grupo de Policía Judicial del Puesto Fronterizo Aéreo del Prat de Llobregat, con la colaboración de los Oficiales de Enlace británicos.

Pruebas para los aspirantes a Guardas Rurales y especialidades que realiza la Guardia Civil

Desde esta página, a través del menú de navegación izquierdo, podrá consultar la información sobre las competencias atribuidas a la Guardia Civil en el Sector de la Seguridad Privada.

“FORMACIÓN PREVIA DE VIGILANTES DE SEGURIDAD Y GUARDAS RURALES Y ESPECIALDIADES”

Para conocer más sobre nuestra tarea, haga clic en el enlace de su interés.

Resumen y estracto de la Orden Ministerial -O.M.-INT/318/2011 de 1 de Febrero, sobre personal de seguridad Privada BOE.Núm. 42 de fecha 18 de Febrero de 2011.Disposiciones Generales Ministerio de Interior.

Articulo 4.Vigilantes de seguridad y guardas rurales yespecialidades.

1.-Los aspirantes a vigilantes de seguridad habran de superar, en ciclos, al menos, de ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, y los aspirantes a guardas particulares del campo , en ciclos de sesenta horas y dos semanas lectivas, en los centros de formación autorizados, los mòdulos profesionales de formación que se determine en la Secretaria de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Policia y de la Guardia civil, en sus correspondientes ambitos…2.-Los aspirantes a las especiaidades de escolta privado y de vigilante de explosivos, ademas de los modulos generales a que se refiere el modulo anterior, deberan superar modulos especificos para la especialidad correspondiente …. para escolta privado consistentes en ciclos de sesenta horas lectivas para vigilante de esplosivos de treinta horas lectivas, respectivamente.3.-Los aspirantes a las especialidades de guarda de caza y de guardapesca maritimo deberan superar modulos especificos…. para caza consistentes de sesenta horas y para guarda pesca maritimo de treinta horas.

4.-En los cursos en su delimitación horaria podran comprender un porcentaje máximo del cincuenta por ciento de la formación no presencial o a distancia, debiendo impartirse obligatoriamente con caracter presencial las enseñanzas de naturaleza técnico.profesional, instrumental, de contenido técnico operativo y las prácticas de tiro y laboratorio.

Para más Información:

D.Julian Flores Garcia

http://www.siseguridad.es

info@segurpricat.com.es

Pruebas para Guardas Rurales y especialidades

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10/02/14

Guardas de Campo

Denominación del procedimiento: 110640 – Pruebas de selección para Guardas Rurales y sus Especialidades.

Desde esta página usted podrá consultar toda la información sobre las pruebas de selección para Guardas Rurales y sus especialidades.

Descripción del procedimiento
Descripción de las pruebas
Convocatoria en trámite.
Requisitos
Instancia de solicitud y documentación.
Preguntas frecuentes.

 

Si posee firma digital puede realizar el trámite de solicitud parte tomar parte en las pruebas de acceso a Guardas Rurales y sus especialidades vía telemática, pulse aquí para acceder a la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

 

 Descripción del procedimiento


Dos veces al año, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado, se convocan las pruebas de selección para Guardas Rurales y sus especialidades.

Podrán participar en las pruebas de selección:

  • Los aspirantes a Guardas Rurales y a sus especialidades (Guardas de Caza y Guardapescas Marítimos) que acrediten haber superado, en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad, los módulos de formación correspondientes a la modalidad para la que concurran.
  •  Los aspirantes a las especialidades de Guarda de Caza o Guardapesca Marítimo que ya sean Guardas Rurales y que acrediten haber superado, en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad, los módulos de formación correspondientes a la modalidad para la que concurran.

Las pruebas selectivas se regirán, además de por la normativa sobre la materia, por el calendario y las bases de la convocatoria de publicación específica.

Las pruebas convocadas serán gestionadas a través del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil.

La superación de las pruebas habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la Tarjeta de Identidad Profesional.

El examen para la obtención de la habilitación constará de dos pruebas:

  • Prueba de conocimientos teóricos-prácticos.
  • Prueba de aptitud física.

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 Descripción de las pruebas


Guardas Rurales

Quienes hayan sido convocados a examen para obtener la habilitación como Guardas Rurales realizarán dos pruebas o ejercicios de carácter eliminatorio:

Primera prueba (de conocimientos teórico-prácticos)

Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario de sesenta preguntas ajustadas al programa que se acompaña en las bases de la convocatoria específica. Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para aprobar.

Segunda prueba (de aptitud física)

Consistirá en la realización de los ejercicios físicos descritos en el anexo de la convocatoria, debiéndose superar las marcas y tiempos establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que la no superación de alguna o alguno de ellos supone su eliminación. La calificación de esta prueba será de «apto» o «no apto».

Está exento de realizar esta prueba quien ya se encuentre habilitado como Guarda Rural y desee obtener cualquiera de sus especialidades (Guarda de Caza y/o Guardapesca Marítimo). Así como el aspirante a Guarda Rural que se encuentre habilitado como Vigilante de Seguridad. Tal circunstancia deberá ser reflejada en el apartado correspondiente de la instancia.

Guardas de Caza

Los aspirantes a Guardas Rurales en la especialidad de Guardas de Caza deberán contestar por escrito a un cuestionario de veinte preguntas ajustadas al programa específico que se acompaña en la convocatoria específica. Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para aprobar.

Guardapescas Marítimos

Los aspirantes a Guardas Rurales en la especialidad de Guardapescas Marítimos deberán contestar por escrito a un cuestionario deveinte preguntas ajustadas al programa específico de la convocatoria. Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para aprobar.

A su vez, quienes concurran a esta especialidad deberán superar una prueba de aptitud física específica que consistirá en una prueba de natación (50 metros), con arreglo a las marcas exigidas. A diferencia de las pruebas físicas relativas  a la modalidad de Guarda Rural, ésta deberá ser realizada por todos los aspirantes a Guardapesca Marítimo en su totalidad, sin excepción alguna.

Los que se presenten en la misma convocatoria a las pruebas para Guardas Rurales y a las de alguna o algunas de sus especialidades, realizarán todas para las que hayan solicitado y hayan sido convocados, debiendo superar las de Guarda Rural para que le sean calificadas las de las especialidades.
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Convocatoria en trámite


Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba para el año 2014, el calendario y bases de las convocatorias de las pruebas de selección para Guardas Rurales y sus especialidades, pulse aquí para descargarla en PDF.

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 Requisitos


Para poder concurrir a las citadas convocatorias los solicitantes deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
  • Estar en posesión de título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
  • Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de Guarda Rural sin padecer enfermedad que lo impida y reunir los requisitos necesarios para prestar servicios de seguridad privada, a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas, y para prestar servicios de seguridad privada.
  • Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
  • No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
  • No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores a la solicitud por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad.
  • No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores
  • No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
  • Poseer el diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso correspondiente en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad y que cuenten con profesores habilitados por la Comisión de valoración del profesorado constituida en el ámbito de la Guardia Civil.

Tales requisitos deberán ser acreditados por los solicitantes que deseen tomar parte en las pruebas que se convocan.

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 Instancia de solicitud y documentación


El modelo oficial de solicitud para tomar parte en las pruebas se reproducirá  en la resolución por la que se convocan las pruebas. Este modelo de solicitud se podrá obtener por reproducción, fotocopia u otros medios.

Remisión o presentación de la instancia de solicitud

La instancia de solicitud, pulse aquí para descargarla,  para tomar parte en las pruebas podrá:

  • Enviarse directamente, por cualquier medio que acredite su envío, a la siguiente dirección:

Dirección General de la Guardia Civil
Servicio de Protección y Seguridad
C/ Guzmán el Bueno, 110 – 28003 Madrid.

  • Presentarse para su posterior curso en las Intervenciones de Armas, cuarteles de la Guardia Civil, dependencias policiales, oficinas de correos o cualquier otra dependencia referida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La remisión de la documentación que se exija en la convocatoria se deberá cursar junto a su solicitud para tomar parte en las pruebas.

 

Documentación exigida

Con la solicitud, los aspirantes remitirán la siguiente documentación:

  • Certificado original de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados y Rebeldes, para los españoles y extranjeros residentes en España, y documento original y equivalente que surta los mismos efectos para los solicitantes extranjeros no residentes. Estarán exentos de presentar este certificado los españoles y extranjeros residentes en España que en su instancia hayan autorizado expresamente su petición de oficio al Registro Central de Penados y Rebeldes.
  • Justificante de haber ingresado la correspondiente tasa de prestación de servicios y actividades de seguridad privada prevista en el art. 44.5 de la Ley 13/1993, de 30 de diciembre de “Medidas fiscales, administrativas y de orden social”, mediante el impreso modelo 790, código 015 “Prestación de Servicios y actividades de seguridad privada”.

Cuando les sea exigido por el Tribunal, deberán de presentar la siguiente documentación:

  • Certificado del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.

Aquellos aspirantes que hubieran cursado sus estudios en un sistema educativo distinto al sistema educativo general español, deberán acreditar los mismos mediante certificación u homologación, en su caso, expedida por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, o por el Organismo competente de la Comunidad Autónoma correspondiente cuando tengan competencia para ello.

  • Informe original de aptitud psicofísica necesaria para prestar servicios de seguridad privada, que habrá de obtenerse en la forma prevista en el Real Decreto 2487/1998, y Orden de 14 de enero de 1999 del Ministerio del Interior.
  • Certificado, diploma o copia compulsada del mismo, acreditativo de haber superado el curso correspondiente a los módulos profesionales de formación de Guarda Rural, expedido por un centro de formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad y que cuente con profesores habilitados por la Comisión de valoración del profesorado constituida en el ámbito de la Guardia Civil.

Quienes concurran a la especialidad de Guarda de Caza o a la de Guardapesca Marítimo, deberán acreditar asimismo, que han superado los módulos específicos para las correspondientes especialidades, mediante constancia en el correspondiente certificado o diploma, o copia compulsada del mismo, que habrá de ser expedido por el correspondiente centro de formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad y que cuente con profesores habilitados por la por la Comisión de valoración del profesorado constituida en el ámbito de la Guardia Civil.

  • Declaración jurada o promesa de cumplir los requisitos establecidos en los apartados f), g), h) e i) de la base 1.2 de la presente convocatoria. La referida declaración deberá ajustarse al modelo que figura en el apéndice II de este anexo, que podrá obtenerse mediante la reproducción, por fotocopia u otros sistemas, del modelo citado, pulse aquí para descargarla en PDF.
  • Los aspirantes extranjeros no residentes en España  deberán aportar fotocopia compulsada de su Pasaporte o Tarjeta su identidad en vigor.

Traducción y compulsa de la documentación

Los documentos acreditativos de los requisitos exigidos, tanto originales como, en su caso, las copias de los mismos, deberán ser acompañados de la traducción autenticada al castellano, si estuvieran redactados en otros idiomas.
En todo caso, cuando los documentos presentados sean fotocopia del original, deberán ser debidamente autorizados o compulsados.

La compulsa deberá afectar, en su caso, a la totalidad de las páginas del documento y, cuando proceda, a las dos caras de las mismas, no considerándose válida cuando carezca de identificación personal y firma del funcionario que la extienda. A estos efectos, no se aceptarán los documentos transmitidos por telefax u otros sistemas análogos.

Cuando se aleguen equivalencias u homologaciones de títulos obtenidos o estudios cursados, dicha circunstancia deberá, asimismo, acreditarse por el interesado. En otro caso no será tenida en cuenta.

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Preguntas frecuentes


A lo largo de cada proceso de selección para Guardas Rurales y sus especialidades son varios los aspirantes que requieren información durante transcurso del mismo.

Si bien las bases que rigen cada convocatoria regulan las distintas cuestiones a tener en cuenta en este tipo de procesos, en varias ocasiones se originan dudas entre los participantes que conllevan errores o situaciones que pueden llegar a suponer la exclusión del proceso selectivo.

Desgraciadamente, en las últimas convocatorias el Servicio de Protección y Seguridad ha sido testigo de cómo un elevado número de aspirantes, a pesar de haber superado las pruebas que conforman el proceso selectivo, fueron declarados “no aptos” al no haber acreditado los requisitos exigidos en las bases, situación que podría haberse evitado en caso de que hubieran contado previamente con información adecuada.

Esta experiencia ha permitido detectar los aspectos más problemáticos, haciendo posible la elaboración de una guía que recoge información precisa de cara a resolver las dudas más habituales que pueden surgir entre quienes deseen tomar parte en el proceso de selección para Guardas Rurales y sus especialidades.
Documento de preguntas frecuentes en el proceso de selección para Guardas Rurales y sus especialidades, pulse aquí para descargar en formato PDF.

 

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Trámites relacionados
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Procedimientos relativos a la gestión de los Guardas Rurales y sus especialidades

  • Pruebas de acceso a Guardas Rurales y sus especialidades.
  • Autorización de los Centros de Formación de los Guardas Rurales y sus especialidades.
  • Acreditación de los profesores de los Centros de Formación de los Guardas Rurales y sus especialidades.

Las competencias citadas se llevan a cabo por el Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil.

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Competencias de la Guardia Civil en Seguridad Privada

En relación a la Seguridad Privada, la Guardia Civil, en virtud de lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (B.O.E. núm. 83, de 5 de abril de 2014), y normativa de desarrollo, tiene encomendadas las siguientes competencias:

  • Armas de las empresas de seguridad y su personal:
    • Control de las armas.
    • Concesión de las licencias tipo C.
    • Armeros para la custodia de las armas.
    • Ejercicios de tiro.
    • Instructores de Tiro.
  • Guardas Rurales y sus especialidades:
    • Control administrativo.
    • Centros de Formación.
    • Profesores de los Centros de Formación de los Guardas Rurales y sus especialidades.
  • La comunicación operativa con las empresas de seguridad privada y su personal, en el ámbito de responsabilidad de la Guardia Civil, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 

Las competencias atribuidas a la Guardia Civil se llevan a cabo por:

  • La Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE), en todo lo concerniente a armas y explosivos.
  • El Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE), en las cuestiones que la Ley de Seguridad Privada asigna a la Guardia Civil.

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada y la Asociación de Guardas de Caza han advertido hoy de que interpondrán acciones legales por vía penal como administrativa si el Gobierno regional adopta las medidas de corrección oportunas en el nuevo borrador del Reglamento de Caza.

Según han señalado ambos colectivos en un comunicado, de aprobarse el texto ocasionaría graves perjuicios que podría ocasionar a los profesionales de la seguridad privada habilitados y que desempeñan sus funciones en los diferentes cotos de caza.

En concreto, los vigilantes de seguridad cuestionan la creación de la figura del denominado guía de caza a la que se otorga la facultad de acompañamiento en las cacerías de caza mayor, un labor que se podrá desarrollar a través del jefe de la cuadrilla o por personal ajeno contratado para esta función.

Asimismo, contempla la posibilidad de que el guía pide la documentación a los participantes en la cacería, una medida que, aseguran, vulnera la normativa que especifica que esta función sólo puede ser prestadas por personal de seguridad privada con la correspondiente habilitación expedida por el Ministerio del Interior”.

Según ambos colectivos, sólo puede ejercer estas funciones el personal de seguridad privada, integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados.

Participación española en APOYO A LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA Entrevista al comandante Martínez Nacarino, de EUFOR RCA

 

La misión de los 99 militares españoles desplegados en la República Centroafricana. Entrevista al comandante Martínez Nacarino, de EUFOR RCA
Viernes 04/07/2014

   Militares españoles están desplegados en la Republica Centroafricana -dentro de la misión EUFOR RCA de la Unión Europea- para crear un entorno seguro que permita el reparto de ayuda humanitaria y el cese de los enfrentamientos. El comandante Alejandro Martínez Nacarino, jefe de operaciones de la fuerza de operaciones especiales desplegada en Bangui, ha asegurado en “La Garita” que la situación es “muy volátil”, con “picos de violencia interétnica”. Escucha aquí la entrevista completa

   El comandante Martínez Nacarino ha contado que en Bangui tienen lugar “escaramuzas esporádicas” de grupos incontrolados que cesan cuando intervienen las fuerzas multinacionales. Los militares españoles no son objetivo de los ataques porque, según el comandante, “nuestra capacidad de medios combate hace que los contendientes desistan de cualquier enfrentamiento con EUFOR”. Relata un incidente en el que las tropas españolas se tuvieron que desplegar y dar protección; realizaron disparos de advertencia después de recibir fuego hostil, y consiguieron que los “elementos hostiles” salieran a la fuga.

Las reglas de enfrentamiento de los militares españoles en la RCA son “muy rígidas”, basadas en la “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.

De los 99 desplegados sobre el terreno en la República Centroafricana, 25 son guardias civiles

MISIÓN

APOYO A REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Antecedentes

El 5 de diciembre de 2013 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó con el voto afirmativo de todos sus miembros la Resolución 2127 (2013) en la que se adoptaban diversas acciones en relación con la grave situación de seguridad que se vivía en la República Centroafricana, caracterizada por el colapso total del orden público, la ausencia del estado de derecho y las tensiones sectarias.

Esta situación podía derivar en una desestabilización general en la región de África Central.

Las violaciones múltiples y cada vez más numerosas del derecho internacional humanitario cometidas por antiguos miembros de Seleka y otras milicias, en particular las conocidas como “antibalaka”, han llevado a la comunidad internacional a intervenir.

Esta intervención está encaminada a poner fin a los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos y detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual contra mujeres y niños, violación, reclutamiento y utilización de niños y ataques en general contra la población civil .

En dicha resolución se toman, en virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, diversas decisiones, entre las que destacan:

  • Proceso político basado en diversos acuerdos y declaraciones de los actores implicados, resaltando la importancia de continuar con los procesos políticos abiertos para establecer un gobierno legítimo y plural que guie al país. Asigna las principales responsabilidades en esta materia a las actuales autoridades de transición, siendo apoyadas por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en República Centroafricana (BINUCA).
  • Despliegue militar. Autoriza el despliegue por doce meses, de la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA).
  • Apoyo internacional. Agradece el apoyo de los países limítrofes destacando la participación de los países africanos que aportan contingentes a MISCA.
  • Transformación en operación de mantenimiento de la paz Deja abierta la posibilidad de que MISCA, en función de la situación se transforme en una operación de mantenimiento de la paz con liderazgo africano.
  • Fuerzas francesas. Autoriza a las fuerzas francesas a adoptar, dentro de los límites de su capacidad y sus zonas de despliegue, y por un tiempo, todas las medidas necesarias para apoyar a la MISCA en el cumplimiento de su mandato..

Participación española

En consonancia con el último punto mencionado y, previa solicitud de las autoridades francesas, el Consejo de Ministros del 13 de diciembre de 2013 aprobó contribuir con un avión T-10 ‘Hércules’ y un contingente de apoyo hasta un máximo de 60 efectivos, para facilitar el despliegue y sostenimiento de las fuerzas francesas desplazadas, inicialmente mediante el apoyo aéreo desde España y, en caso necesario, desde bases francesas en Gabón o Chad.

El despliegue del destacamento ‘Mamba’ en Libreville (Gabón) comenzó el 21 marzo de 2014

 

 

Respuestas de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Interior -Cuerpo Nacional de Policia.-

Respuestas de la Secretaría General Técnica

  • Espectáculos
  • Juego
  • Procedimiento Administrativo
  • Seguridad Ciudadana
  • Seguridad Privada
  • Toros
  • Tráfico

Enlaces

 

 

Informe sobre vigencia de la Orden de 11 de junio de 1975, sobre venta y expedición de esposas y grilletes

(Revista de Documentación 11, enero-abril de 1996, apartado a), de 19 de diciembre de 1995)

Por parte de algunos Gobiernos Civiles (extintos en la actualidad, por lo que habrán de tenerse presentes las disposiciones adicionales cuarta y quinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), se ha formulado una consulta relativa a la vigencia del régimen sancionador del comercio y tenencia de grilletes y esposas, contenido en la Orden citada, así como la autoridad ante la cual han de denunciarse las infracciones a la misma y en base a qué normativa.

Respecto a dicha cuestión esta Secretaría General Técnica estima aplicables los siguientes criterios:

1.- ORDEN DE 11 DE JUNIO DE 1975

La Orden de 11 de junio de 1975 prohibía la venta o expedición de esposas, grilletes o lazos de seguridad, en forma distinta a lo establecido en la misma, así como su uso y tenencia por quienes no estuviesen autorizados parar ello.

En interpretación actual del contenido de la Orden citada, atendiendo fundamentalmente al criterio de la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada -artículo 3.1 del Código Civil-, podemos destacar las siguientes reglas:

a) La adquisición de estos objetos únicamente se permitía a los servicios correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a cualquier organismo o entidad que tuviera a su servicio personas -en interpretación actual- que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referida a personas y bienes o servicios de titularidad pública o privada -en el sentido definido por el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad-, previa solicitud presentada en dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

b) Los comerciantes resultaban obligados a llevar un libro registro -de entradas y salidas- de estos objetos, diligenciado a tal fin en las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

c) Era ilegal -en términos administrativos- la posesión de estos objetos por los particulares.

El problema que suscita la aplicación de las reglas anteriores, es -como acertadamente se expone en la consulta- que el artículo 6 de la Orden, establecía que las infracciones a lo dispuesto en la misma serían sancionadas de conformidad con lo establecido en la derogada Ley de Orden Público, con multas cuya cuantía no excediese los límites señalados en el artículo 19.2 de dicha Ley.

2.- FUNDAMENTO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN ESTA MATERIA

Cabe destacar inicialmente la incardinación de la Orden que utilizamos en materia de protección de consumidores y usuarios, considerando que a los efectos de dicha protección -artículo 1.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios- son consumidores o usuarios las personas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales bienes, productos, servicios o actividades; lo que significa que dicha legislación está orientada a la protección de tales destinatarios y no de terceros que puedan ser sujetos pasivos del uso indebido o ilegal de productos.

Por la materia regulada, ha de considerarse inmersa en el ámbito de la “seguridad ciudadana”, por cuanto contiene la regulación de tenencia y comercio de objetos destinados -de manera prácticamente única- a privar de libertad de movimiento a las personas, y en consecuencia, susceptibles de incidir en el ejercicio de la libertad personal artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (en adelante LOSC)-.

La remisión expresa, en cuanto a las sanciones a imponer, a las cuantías que aparecían en el art. 19.2 de la Ley de Orden Público, conduce a estimar que la potestad sancionadora se fundamentaba -en el momento en que fue dictada- en las cláusulas genéricas que contenía el artículo 2 de la Ley de Orden Público.

3.- POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional -ahora recogida en el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- que el principio de legalidad del artículo 25.1 CE implica que la regulación de las infracciones y sanciones administrativas ha de efectuarse -con suficiente grado de certeza- por ley formal -SSTC 8/81, 159/86, 2/87, 42/87, 133/87, 3/88, 101/88, 29/89, 150/89, 219/89, 61/90, 83/90, 207/90 y 93/92, entre otras muchas-.

Con independencia de las peculiaridades respecto a las denominadas “relaciones especiales de sujeción”, la regla general antes expuesta ha sido -también por el Tribunal Constitucional- doblemente matizada en el sentido de que esta reserva de Ley: a) No incide en disposiciones anteriores a la CE -STC 42/87-, o posteriores que se limitan a “reproducir” el contenido de otras preconstitucionales -STC 83/84-; b) No excluye la posibilidad de que las Leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley -STC 82/85-.

Desde esta perspectiva, y si bien es cierto que -con anterioridad a la LOSC- podría efectuarse alguna consideración en orden a la invalidez de la potestad sancionadora regulada por la Orden de 11 de junio de 1975 -aún siendo preconstitucional-, dado que con el contenido de la misma no se permitía predecir con el suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de sanción susceptible de ser impuesta; no es menos cierto que atendiendo a su cobertura en la Ley de Orden Público, y a la derogación de ésta por la LOSC, en la actualidad ha de buscarse la cobertura de dicha potestad sancionadora en la LOSC.

De no existir tal cobertura, la derogación de la norma “habilitante” -Ley de Orden Público- implicaría necesariamente la cesación de la vigencia de la norma que desarrollando la anterior o bajo su amparo, establecía la potestad sancionadora -en la materia que venimos analizando-.

4.- LEY ORGÁNICA SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

La LOSC, como sabemos, ha derogado expresamente la Ley de Orden Público, estableciendo, de acuerdo con los parámetros constitucionales -artículos 9.3 y 25-, la tipificación de infracciones y sanciones en materia de “seguridad ciudadana”.

En primer lugar, ha de descartarse -a los efectos previstos por los artículos 6 y 7 LOSC- la consideración de las esposas, grilletes y lazos de seguridad como “armas”, por cuanto, aún tratándose de objetos peligrosos para la integridad física -que en sentido amplio incluiría la libertad de movimientos- de las personas -nota característica que también poseen las armas- no son instrumentos agresivos en el sentido de ser susceptibles de producir daños físicos o de ser destinados para “la defensa personal activa” -en interpretación del artículo 3 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero-. Por este motivo, el Reglamento de Armas no incluye tales objetos en su ámbito de aplicación.

En segundo lugar, la potestad sancionadora contenida en la repetida Orden de 11 de junio de 1975, podía estimarse aplicable con la cobertura de la tipificación residual contenida en el inciso final del artículo 26.j) LOSC, pero su declaración de inconstitucionalidad por STC 341/1993, de 18 de noviembre, por no respetar las exigencias dimanantes del artículo 25.1 de la Constitución, hace necesario que debamos buscar su incardinación, en su caso, en otros tipos contenidos en los artículos 23 a 26 LOSC.

Dicha incardinación existe -aunque de forma únicamente parcial- desde una doble perspectiva:

A) ACTIVIDAD RELEVANTE PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

El artículo 12.1 LOSC establece la posibilidad de someter a actuaciones de registro documental e información -previstas en la normativa vigente- a las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana. Dicho artículo contiene una ejemplificación de tales actividades -” … como las de hospedaje …”-, por lo que la lista incluida no es cerrada.

En este sentido, la obligatoriedad de llevanza de un libro de registro en la actividad de “comercio de esposas, grilletes y lazos de seguridad”, contenida en el artículo 4 de la Orden analizada, cuenta -en la actualidad- con la cobertura del artículo 12.1 LOSC, al tratarse -según nuestro criterio- de una actividad ciertamente relevante para la seguridad ciudadana, atendiendo a la finalidad de uso de tales objetos.

Por tanto, resultan aplicables los tipos definidos en los artículos 23. k) y 26.f) LOSC, en relación con el contenido del artículo 4 de la Orden de 11 de junio de 1975.

Por otra parte, del citado artículo 4 de la Orden se deduce la disponibilidad en cualquier momento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los correspondientes libros-registro, por lo que la obstaculización de tal disponibilidad podría considerarse tipificada en el artículo 23.l) LOSC.

B) MEDIDAS DE CONTROL

La necesidad de que los adquirentes soliciten y obtengan autorización de adquisición-ante las Jefaturas Superiores, y Comisarías Provinciales o Locales del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su defecto, en el Puesto de la Guardia Civil-, contenida en el artículo 3 de la Orden, lleva implícita -aunque evidente- la consecuencia de la imposibilidad de que los comerciantes procedan a la venta de estos objetos sin comprobar la existencia de la mentada autorización.

Esta necesidad supone una forma de control de los establecimientos que se dediquen a la venta de esposas, grilletes y lazos de seguridad, incardinable -de una forma genérica- en el artículo 14 LOSC, por cuanto se trata, obviamente de una medida para asegurar la consecución de una de las finalidades previstas en el artículo 1, y en consecuencia su incumplimiento puede entenderse inmerso -aunque ciertamente con una interpretación amplia- en la infracción tipificada por el artículo 23.n) LOSC, teniendo en cuenta que el desarrollo del funcionamiento del establecimiento de venta no se ajustaría a lo dispuesto en la Orden que venimos analizando.

Naturalmente, resultarían responsables de esta infracción los titulares de los establecimientos en que se procediese a la venta sin resultar acreditada la preceptiva autorización.

5.- CONCLUSIÓN

El contenido de la Orden de 11 de junio de 1975, ha de ponerse en relación con las disposiciones de la LOSC, y en consecuencia, sin perjuicio de la aplicación del inciso final del artículo 19.1 LOSC -como medida preventiva-, cuando se estime -en supuestos concretos- que los objetos analizados son susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, puede concluirse su parcial aplicación en los dos aspectos siguientes:

a) Los comerciantes que se dediquen a la venta de esposas, grilletes y lazos de seguridad han de llevar un libro registro de estos objetos -artículo 4 de la repetida Orden-. Su carencia o la existencia de irregularidades en el mismo, está tipificada por los artículos 23.k) ó 26.f) LOSC. Y la negativa de acceso a las informaciones correspondientes puede considerarse inmersa en el tipo incluido en el artículo 23.l) LOSC.

b) También puede estimarse, en una interpretación amplia, que resulta aplicable el artículo 23.n) en relación con el artículo 3 de la citada Orden, en cuanto a la necesidad de obtención de permisos, para la adquisición de los objetos que venimos analizando.

La competencia sancionadora en los supuestos analizados es la general contemplada en la LOSC, en los términos de sus artículos 29, 31.3 y 35 LOSC, si bien, puesto que se trata de una “autorización” estatal, parece razonable estimar una cierta preferencia de los Gobernadores Civiles -cuando resulte ser una infracción grave o leve- para la incoación y definitiva resolución del procedimiento sancionador.

Bastará que los agentes consideren que “se trata de una actuación ‘ilegal’

El Ministerio del Interior deja claro que la Policía podrá incautar cámaras en las manifestaciones

El Departamento de Fernández Díaz asegura que “no se ha impartido directriz o instrucción alguna”, pero reitera que está en la Ley de Seguridad Ciudadana

Europa Press, 11 de agosto de 2014 a las 07:09

En aquellos casos en los que se procediera a la intervención de este tipo de material, se informará a la autoridad judicial

El Ministerio del Interior advierte de que la Policía puede incautar cámaras de video, de fotos o cualquier otro objeto si los agentes consideran que pueden emplearse para cometer algún acto ilegal.

En una pregunta escrita en la que IU cuestionaba al Gobierno por las directrices “para que la Policía se incaute de cámaras pertenecientes a ciudadanos y borre las imágenes fotografiadas o filmadas por ellos”, el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz asegura que “no se ha impartido directriz o instrucción alguna” a este respecto, pero advierte de que “con carácter general” y “de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana”, los agentes policiales “podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales”.

Precisa Interior que “en aquellos casos en los que se procediera a la intervención de este tipo de material, se informará a la autoridad judicial y se pondrán a su disposición los efectos concernidos”.

Incidente en un desalojo en Oviedo

El diputado de IU Gaspar Llamazares se hacía eco de un incidente ocurrido el pasado 21 de mayo de 2014. Según dice, “varios agentes de la Policía entraron en el Centro Social La Madreña (Oviedo) para entregar el requerimiento judicial previo al desalojo del centro social ocupado”.

Añade su pregunta que “durante la visita policial se produjo un incidente cuando los agentes exigieron las cámaras de algunos de los miembros de La Madreña, con las que habían sido fotografiados, y borraron las imágenes y vídeos”.

En ese sentido, se interesaba acerca de “cuáles son el criterio y las directrices del Ministerio del Interior para que la Policía se incaute de cámaras pertenecientes a ciudadanos y borre las imágenes fotografiadas o filmadas por ellos”.