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Análisis de Riesgo:Análisis de Vulnerabilidad de su Empresa , Negocio , Hogar , Familia ..le ofrecemos algunas ideas para como disminuir el riesgo

 

Formación en Planes de seguridad y continuidad de Negocio :Planes de Seguridad para empresas y ante una eventualidad la continuidad de la actividad de su empresa en España y el extranjero.

Auditoria y control de empresas de seguridad que Ud.tiene contratadas: Mejore, Audite y Controle a su empresa de Seguridad Privada porque como usuario de seguridad Ud.es reponsable si cumple la empresa con la noramtiva con la nueva ley 5/2014 en vigor .

Planes de Seguridad de La Información TIC,s: Controle que nadie le espie la Comunicación y Información de su Empresa o Negocio

 

 

La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos nacionales e internacionales y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los servicios de seguridad.

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PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL

Este servicio de seguridad integral pasa por la constitución de un Departamento de seguridad sirve para establecer las pautas para conseguir y mantener una organización de seguridad eficaz, definiendo con precisión funciones, actividades, tareas, atribuciones y responsabilidades de los diferentes niveles del componente humano de la seguridad privada establecida, de la mano de la prevención de riesgos laborales

Además, el plan de Seguridad Integral indica los elementos técnicos y de centralización necesarios, y los estructurales y organizativos precisos, para la oportuna información y toma de decisiones por parte de la Dirección de Seguridad de la empresa ante situaciones de contingencia o crisis como el Plan Seguridad de la Información TIC,s dirigido a la empresa gestionando las amenazas para los sistemas de información de la misma.Los sistemas de información se han convertido en algo fundamental para las empresas , y no nos podemos imaginar una empresa que no utilice en absoluto por su actividad

 

Otro de los objetivos principales, es elaborar normas generales y sus procedimientos de aplicación de modo que los cambios que se produzcan en los medios humanos de la organización no afecten a la eficacia del sistema.

El Plan de Seguridad Integral engloba los siguientes contenidos:

Establecimiento de Criterios y Política de Seguridad de la Organización.

Estudio de la Organización: Actividades/ Departamentos/ Organigrama/ Instalaciones.

Auditoria de Seguridad: evaluación y análisis de Riesgos como Vulnerabilidades

Planes Específicos de Seguridad:

– Control de Accesos / Intrusión.

– Vigilancia / Protección de personas.

– Protección de la Información / Comunicaciones.

 

Manuales de Procedimientos Operativos

Plan de actuación ante emergencias.

Plan de Contingencias. Gestión de Crisis.

Mantenimiento del plan.

 

 

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Disponer de un documento que integre los distintos planes específicos de seguridad.

Disponer de una visión global de la seguridad de su organización. Dirección y Gestión de Recursos.

APLICACIONES:

Grandes clientes, con estructura propia de seguridad y con desarrollos muy amplios en la protección de determinadas áreas de actividad, pero que necesitan una visión integradora y global de la misma.

Clientes, que comienzan a desarrollar áreas nuevas de negocio (bien por actividad, área geográfica o contratos especiales (UTES)), que necesitan que les acompañemos en el diseño de su seguridad desde el principio y usando el PSI como herramienta de desarrollo y planificación.

 

PLANES DE AUTOPROTECCION

Un Plan de Autoprotección establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público de Protección Civil.

El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.

Un Plan de Autoprotección se estructura de la siguiente forma:

Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.

Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla.

Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.

Programa de mantenimiento de instalaciones.

Plan de actuación ante emergencias.

Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.

Implantación del Plan de Autoprotección .

Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.

Anexo. I. Directorio de comunicación.

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias.

Anexo III. Planos.

MEDIOS TÉCNICOS

 

  VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Cumplimiento de la normativa legal y garantía de una intervención eficaz e inmediata por parte del personal y las ayudas exteriores, en el caso de una emergencia.

APLICACIONES:

Cualquier instalación susceptible de sufrir un siniestro o emergencia ,  satisfacemos con este servicio cualquier tipo de demanda del cliente y logra la excelencia al establecer estrictos controles para alcanzar los objetivos de calidad deseados.

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD

Una Auditoria de Seguridad permite comprobar la adecuación del sistema a los riesgos y del cumplimiento de la normativa legal. Supone optimizar el sistema en sus aspectos organizativos, técnicos y económicos permitiendo la organización del personal de Seguridad.

Además, establece un análisis de manera general del grado de eficiencia de las medidas de seguridad de un cliente.

DESCRIPCIÓN:

Organización del personal de seguridad.

Revisión de Planes y Procedimientos.

Sistemas Técnicos de Seguridad y Protección.

Mantenimiento de Instalaciones de Seguridad.

Adecuación a la Normativa.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Permite conocer y analizar de manera general el grado de eficiencia de las medidas de seguridad de un cliente.

APLICACIONES:

Clientes que necesitan conocer la adecuación de sus sistemas, servicios y procedimientos de seguridad a la normativa vigente.

FORMACION DE SEGURIDAD : Formación en el cliente

Segurpricat Consulting diseña, implementa y desarrolla distintas acciones formativas en función de las necesidades de la organización y las características de los participantes. Estas iniciativas permiten una exhaustiva gestión del conocimiento, formación y autoprotección personal, dirigida principalmente a directivos y una formación en materias específicas atendiendo a las particularidades de cada cliente.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Gestión del conocimiento y necesidades de formación adaptada a las necesidades del cliente.

APLICACIONES:

Clientes con necesidades de formación en Seguridad privada para sus empleados.

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Sergi Pla, jefe de la Región Policial Central de los Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya ante la posibilidad de que casi todos los agentes del Cuerpo decidieran no presentarse a los actos oficiales del Día de las Escuadras el pasado 3 de abril, emitió una orden obligando a los mossos a asistir.

 

ESTE SÁBADO, LA CENA DE GALA DEL DÍA DE LAS ESCUADRAS

El comisario más duro de los Mossos obliga a sus subordinados a ir a los actos oficiales

No hay lugar en los Mossos d’Esquadra para el escaqueo. El cuerpo en pleno celebra este sábado la cena de gala del Día de las Escuadras, el día de la Policía Autonómica Catalana. El lunes, el presidente catalán, Artur Mas, presidirá el acto central de las celebraciones que, por otro lado, se llevan convocando en las distintas regiones policiales catalanas durante todo el mes de abril.

Este año, sin embargo, hubo polémica con una sorprendente circular interna firmada por el comisario Sergi Pla, jefe de la Región Policial Central. Pla, ante la posibilidad de que casi todos los agentes del Cuerpo decidieran no presentarse a los actos oficiales del Día de las Escuadras el pasado 3 de abril, emitió una orden obligando a los mossos a asistir.

Pla es un policía duro, proveniente del Cuerpo Nacional de Policía. Defensor a ultranza de las cargas en las manifestaciones y del uso de la fuerza, alcanzó una cierta notoriedad cuando en el programa Salvados, contestaba a una pregunta de Jordi Évole defendiendo el uso de la fuerza para disolver manifestaciones y diciendo que si Mahatma Ghandi hubiese estado en la plaza de Cataluña de Barcelona el 27 de mayo del 2012 (cuando se produjo el desalojo del 15M con un uso inusitado de la fuerza) hubiese recibido también porrazos por parte de la Policía. Y es que desde 2009 hasta diciembre de 2012 fue el comisario jefe de la temida Brigada Móvil, la que engloba a los antidisturbios.

Sergi Pla en el programa 'Salvados'. (Youtube)Sergi Pla en el programa ‘Salvados’. (Youtube)Una frase resume su filosofía: “La Policía ejerce la violencia legal. Y esto es así. Porque si lo que hacemos es acercarnos y darles una flor [a los manifestantes], pues no se irán. Y el objetivo, en ese momento, es sacarlos de allí, aunque estén pacíficamente sentados. En el momento en que nosotros les decimos que tienen que abandonar el lugar, ya no están pacíficamente sentados. Están haciendo resistencia a la Policía. Resistirse no es pacífico. Lo pacífico es que te levantes y te vayas cuando te lo dicen”.

“Una felicitación pública es un reconocimiento que la organización policial otorga a determinados funcionarios por actos extraordinarios ejecutados en el desarrollo de su función”, dice la circular. Y añade que “la asistencia al acto de los funcionarios felicitados no es discrecional, sino obligatoria. Y es preferente a cualquier otro servicio policial. Por ello, es intrascendente que los convocados hayan o no confirmado su asistencia”.

A los convocados que no tuvieran servicio ese día, además, se les cambiaría la planificación de la jornada de festivo a laboral “con las compensaciones pertinentes que establece la normativa vigente”.

“Es una orden directa”

La orden afectaba también a “todos los jefes y subjefes de área y jefes de unidades de todas las áreas de la Región a la asistencia a los actos de las Escuadras”. La circular sentó a cuerno quemado en la institución policial. Algunos agentes que la habían recibido ni pensaban asistir a la fiesta ni habían sido condecorados, por lo que se dirigieron a sus superiores para avisarles de ese “pequeño detalle”. Pero una orden es una orden, por lo que éstos se desentendieron del asunto.

Miembros antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. (Efe)Miembros antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. (Efe)Los sindicatos policiales también recibieron multitud de consultas sobre el particular. “Eso es una orden directa del comisario. Y, como orden directa, cualquier agente está dispuesto a cumplirla. Una orden directa no se desobedece. Por tanto, es mejor hacerle caso, sin perjuicio de que luego se judicialice el tema”, fue la respuesta que recibieron todos los que se interesaron por el asunto.

Fuentes sindicales indicaron a El Confidencial que “lo que se pretendía con esa orden era no deslucir el Día de las Escuadras en esa región policial. En otras palabras, que todos los que tenían algún reconocimiento o cualquier responsabilidad, incluso de unidad, fuesen a ejercer de figurantes en un acto para lucimiento de los mandos. Es inaudito y la primera vez que ocurre”. Y en algunos círculos policiales suenan tambores de guerra interna y se comienza a oír hablar de cese.

Ocultó informes

Porque no es la primera polémica que protagoniza Pla. Fue él quien informó al entonces consejero de Interior, Felip Puig, de que en la huelga general del 14 de noviembre del 2012, en la que perdió un ojo Esther Quintana, no había habido disparos de pelotas de goma. Tanto testigos como grabaciones posteriores demostraron que era falsa la información que había dado el comisario jefe, que también había ocultado un informe sobre los hechos. Lo malo es que esa información fue trasladada al conseller, que la plasmó tal cual en el Parlamento durante sus comparecencias y en las múltiples ruedas de prensa.

Felip Puig. (Efe)Felip Puig. (Efe)Tras aclararse todas las cuestiones, la figura de Sergi Pla quedó en entredicho. Un mes después de los sucesos, se veía obligado a dimitir y poco después, el nuevo conseller, Ramon Espadaler, lo envió lejos de la capital, a las comarcas barcelonesas ya cercanas al Pirineo. Lo que no pudieron hacer los responsables políticos de la consejería fue privarle de su cargo, puesto que tiene nivel de comisario y nadie se lo puede discutir.

El comisario al que nadie conocía

Fuentes internas de los Mossos cuentan multitud de anécdotas de Pla a lo largo de su carrera. Dos de estas fuentes recuerdan, por ejemplo, un incidente ocurrido en la localidad de Badalona, lindante con Barcelona. En una gasolinera, un joven se coló con un ciclomotor, lo que provocó un duro altercado con Sergi Pla, que esperaba en la cola a poner combustible. Entonces, era el intendente jefe de la comisaría badalonesa. Y el altercado fue tan grande que hasta la gasolinera se desplazaron nada menos que siete unidades policiales y se levantó atestado de la trifulca.

En otra ocasión, de visita en un cuartel de la Guardia Civil, dos agentes de los Mossos que habían ido a realizar una gestión al mismo rozaron con el coche patrulla el coche particular de Pla, que acababa de ser ascendido a comisario. Éste se dirigió a las dos agentes y les recriminó a gritos la rascadura en su vehículo. “No se preocupe. Damos parte y el Cuerpo se hará cargo. Ya hablaremos con nuestro jefe”, se excusaron las agentes. “¿Pero saben ustedes quién soy yo? Yo soy vuestro jefe”. “Perdón, comisario, a sus órdenes”… Película de García Berlanga, vaya.

Mientras, el jefe de la Guardia Civil, tal vez inocentemente, azuzó el cabreo. “Hombre, a mí me conoce todo el mundo, pero ya veo que en los Mossos los agentes no conocen a sus superiores…”. Pero ahora sí. Ahora, a Sergi Pla, ya lo conocen. Y mucho.

Fuente: el confidencial.

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La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada sustituye a la vieja Ley 23/1992, de 30 de junio

MAS OPINIONES SOBRE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA Y DERECHO DE HUELGA Se aclara que LA FUENTE DEL POST CORRESPONDE AL blog lo hace el amanuensis cathedrae del profesor Baylos en la ciudad de Parapanda. Otrosí: los artículos que aparezcan sin firma siempre serán de don Antonio Baylos y Grau. Los señalados con rúbrica no necesariamente son responsabilidad del acervo de esta bitácora. Que cada palo aguante su vela. http://baylos.blogspot.com.es/2014/04/seguridad-privada-y-derecho-de-huelga.html

El incansable titular del blog iuslaboralista hermano, el profesor Rojo Torrecilla, sugirió en un “post” colocado en Facebook el análisis, desde la perspectiva constitucional, de la regulación que efectúa la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que apareció en el BOE el sábado 5 de abril, del derecho de huelga del personal que presta sus servicios en estas actividades privadas de seguridad. Como todas sus indicaciones, ésta tenía la virtud de incidir en un punto decisivo en orden a la configuración del nuestro sistema de libertades, pero que aparece velado o disimulado en el cuerpo de una ley que no aborda – ni puede hacerlo – la regulación de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de los servicios de seguridad. El comentario que sigue responde por tanto a la estimulante apreciación del profesor Rojo Torrecilla.

Se está hablando mucho, y con razón, del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley Mordaza. No es necesario insistir en el carácter esencialmente antidemocrático de este texto, criticado no sólo desde la vertiente política y social, sino también desde las instituciones especializadas, como las asociaciones judiciales, los colegios de abogados o el propio CGPJ. La anticipación de las líneas represivas generales contenidas en dicho proyecto de ley se está produciendo ya en nuestro país, y forma parte de nuestra experiencia la progresiva criminalización de la protesta social. Amnistía Internacional lo ha señalado recientemente de forma crítica.

Se ha hablado sin embargo mucho menos de un texto legal ya promulgado, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que sustituye a la vieja Ley 23/1992, de 30 de junio. Se trata de una norma que debe leerse en paralelo al proyecto de ley de seguridad ciudadana. En efecto, mientras que en ésta la violencia de la coerción pública se ejercita sobre la práctica totalidad de las manifestaciones del conflicto social y de las movilizaciones que lo sostienen, en la recién promulgada ley de seguridad privada se reconduce al ámbito de lo privado una buena parte del espacio de la seguridad. Es decir, en un texto normativo la “seguridad pública” se configura como un espacio de represión de la movilización social y en otro la seguridad ciudadana se privatiza y mercantiliza. Un círculo vicioso de consecuencias lesivas para la democracia.

 

El cambio de sentido de la regulación respecto de la Ley 23/1992 que sustituye, es muy claro. Se trata de pasar de una visión de control público de las actividades de seguridad privada, a la “integración” de la seguridad privada en el aparato público de policía, delegando y complementando sus funciones. “Es preciso transitar – dice la Exposición de Motivos – hasta una norma que permita aprovechar las enormes potencialidades que presenta la seguridad privada desde la perspectiva del interés público”.Para la ley 5/2014, en efecto, la seguridad ciudadana es un espacio abierto a la iniciativa privada, mercantilizado, que permite el desplazamiento de las funciones de control y de policía al ámbito privado. “Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos”.

La ley insiste en esta visión con una retórica triunfalista basada en afirmaciones dogmáticas. La seguridad privada se ha convertido en un “verdadero actor” de las políticas globales y nacionales de seguridad, de manera que el Estado reconoce “la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad”. El poder público descubre así “las enormes potencialidades” de la seguridad privada, lo que permite dotar al personal de seguridad privada del “respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones legales”, mediante la “colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública”.

La relación entre ambas esferas se sitúa en el ámbito de los principios. La ley establece un “principio de complementariedad” junto con un “principio de cooperación o de corresponsabilidad”, en una “relación especial” con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que reconoce el “papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada”. Naturalmente, esta colaboración “al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía”, debe realizarse “de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las entidades privadas de seguridad”.

 

Hay algunas consecuencias preocupantes de esta “relación especial” que despublifica el espacio de la seguridad, entre ellas y de forma más significativa, el reconocimiento de “protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, o la regulación de los servicios de video vigilancia y de investigación privada convergente con la que establece la normativa sobre el empleo de video cámaras por la Policía en lugares públicos, entre otras amenazas al sistema de libertades. Todo ello requeriría un análisis más exhaustivo, como la intercomunicación tantas veces mencionada en la ley entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y la creación de empresas de seguridad o los puestos de jefes de seguridad o de directores de seguridad en las mismas y el significado que reviste esta “complementariedad”.

Pero el tema que se quiere abordar en este comentario no hace referencia a este planteamiento general ni a su repercusión en una noción de la seguridad como espacio cerrado y apropiable privadamente, lo que en la ley se denomina “las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios de la seguridad privada”, la “contribución” a garantizar la seguridad pública y “complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado”, como un “recurso externo” de la seguridad pública. Se trata de examinar la reglamentación que se efectúa de uno de los derechos fundamentales de los trabajadores más relevantes en la dimensión colectiva de las relaciones laborales, junto con el derecho de libre sindicación: el derecho de huelga.

La ley 5/2014 no regula el estatuto de personal de las personas que trabajan en este ámbito, ni por tanto disciplina los derechos individuales o colectivos del mismo. No tiene por qué hacerlo, puesto que está configurando el marco legal de los servicios de seguridad, y los derechos de los trabajadores del mismo están reconocidos y desarrollados en la legislación laboral. Sin embargo, la Ley decide abordar un aspecto concreto del conjunto de los derechos laborales, el derecho de huelga. El tema es muy significativo y a continuación se efectúan algunas observaciones sobre el mismo.

En efecto, señala el art. 8.6 de la Ley, entre sus “principios rectores”:

“Cuando el personal de seguridad privada desempeñe sus funciones en entidades públicas o privadas en las que se presten servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio del derecho de huelga, a lo que respecto de dichas entidades disponga la legislación vigente”.

Una primera observación tiene que ver con el propósito de este texto, que parece querer declarar la esencialidad del servicio de seguridad privada por conexión con el soporte material de actividad a la que coopera o auxilia el servicio de seguridad. Es muy dudoso desde el punto de vista formal que una ley ordinaria pueda regular la esencialidad de un servicio a efectos de huelga. Pero además la técnica que sigue el legislador ignora cuál es el sistema de límites al ejercicio del derecho de huelga en los servicios esenciales que ha ido estableciendo, en una larga serie de decisiones, el Tribunal Constitucional.

En efecto, aunque el texto es farragoso y no se entiende bien, la ley parece decir que el servicio de seguridad privada es esencial a efectos de huelga si es esencial la actividad a la que éstos auxilian o cooperan en materia de seguridad. Establece una presunción legal que permite restringir el ejercicio del derecho de huelga del personal de seguridad privada en el momento en que el servicio por ellos desempeñado se desarrolle en un “servicio esencial” de entidades públicas o privadas. La norma no es compatible con el sistema legal de delimitación de la cláusula general de esencialidad a efectos de huelga, que no se realiza en abstracto sobre los servicios que desempeñan las organizaciones o las empresas, sino sobre las circunstancias concretas de la huelga en relación con la lesión potencial activa que ésta puede generar sobre otros derechos fundamentales y libertades públicas en función de un juicio de composición basado en la proporcionalidad y la funcionalidad de los derechos en conflicto. Por tanto, la premisa de la que parte no se corresponde con la regulación constitucional del derecho. El enfoque correcto es el contrario, si declarada una huelga por los sujetos representativos del personal de seguridad, el cese de su actividad implica vulneración de derechos fundamentales de forma tal que se pueda declarar el servicio esencial a efectos de huelga en atención a las circunstancias concretas de ésta y no, por tanto, en función de la consideración “permanente” de esencialidad del servicio en el que se integra la actividad de seguridad.

 

Lo que parece por otra parte indicar la norma indirectamente es el núcleo de las actividades que deberían integrar el servicio mínimo a efectos de huelga de este personal, y que consistirían en las actividades descritas en el art. 5.1 de la Ley, mientras que las otras actividades “compatibles” de carácter complementario o accesorio que enumera el art. 6.2 de la citada norma – información y control en accesos a instalaciones, tareas de recepción o comprobación de visitantes, o del estado y funcionamiento de las instalaciones de la empresa – no se considerarían indispensables para ser mantenidas durante la huelga. De esta forma la decisión de la autoridad gubernativa preservaría únicamente las primeras, sin que el servicio mínimo pudiera englobar a las segundas, que no se consideran realmente actividades de seguridad en el sentido técnico del término. Aquí de nuevo la técnica legislativa se compadece mal con la regulación establecida en materia de huelga y servicios esenciales, en la medida en que a la hora de determinar si el servicio en concreto es esencial a efectos de huelga hay que analizar la realidad material de la actividad en relación con el tipo de huelga convocada para a continuación delimitar el mínimo de actividad a mantener en razón de la concreta composición de derechos que se haga en el supuesto concreto.

Es por tanto un precepto legal que ignora la regulación constitucional del derecho de huelga, no se acomoda a las garantías formales requeridas para el desarrollo legislativo de ese derecho, y se desvía claramente del estado de la cuestión sobre las restricciones que la huelga puede sufrir desde el juicio de proporcionalidad y los sacrificios mutuos de derechos fundamentales afectados.

A su vez esta conclusión de ignorancia del régimen constitucional del derecho de huelga en el texto de la ley se refuerza con la prescripción de las sanciones por el incumplimiento de este precepto. En el art. 58 de la ley, al establecer las infracciones del personal que desempeñe funciones de seguridad privada – “así como los ingenieros, técnicos, operadores de seguridad y profesores acreditados” – la norma establece como infracción grave “el ejercicio del derecho a la huelga al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, en los supuestos a que se refiere el artículo 8.6.”, y establece como sanción a esta infracción grave dos posibilidades: a) Multa de 1.001 a 6.000 euros, o b) Suspensión temporal de la habilitación por un plazo de entre seis meses y un año. Estas sanciones pueden aplicarse de forma alternativa o cumulativa (art. 65.1 de la Ley) por el Director General de la Policía, que es quien ostenta la competencia sancionatoria (art. 66.1.c) de la Ley). Las sanciones son inmediatamente ejecutivas y respecto de las multas, cabe establecerse el fraccionamiento del pago.

La Ley establece por tanto una sanción administrativa grave por participación de los trabajadores en huelga que es independiente de las posibles sanciones disciplinarias derivadas de la actuación de los huelguistas y que valora de forma autónoma la autoridad gubernativa. La participación en huelga ilegal nunca había dado origen en nuestro ordenamiento democrático a una sanción administrativa. Es extremadamente dudosa que una ley pueda imponer este tipo de ilícitos administrativos que implican una fuerte multa o/y la imposibilidad de trabajar entre seis meses y un año. La imposición de un ilícito administrativo que habilita a la administración pública a imponer una sanción a los trabajadores por el ejercicio irregular del derecho fundamental de huelga exigiría ley orgánica, y el tipo de sanción es claramente desproporcionada. El procedimiento que señala la norma abre espacios muy amplios a la arbitrariedad y a la retorsión por el ejercicio del derecho de huelga, dificultando además procesalmente la garantía judicial del derecho. Bastará con que la empresa señale un servicio de seguridad obligatorio, o se comunique a la autoridad que la actividad de seguridad está conectada con un servicio esencial, para que, al margen de los procedimientos disciplinarios, la Dirección General de Policía abra expediente sancionatorio a los participantes en la huelga para imponer multas a los mismos y suspenda la habilitación para trabajar con un mínimo de seis meses, previsiblemente a los dirigentes de la huelga.

 

En definitiva, se trata de una regulación que choca frontalmente contra la Constitución. Al haberse procedido a la misma desde una norma legal, sólo cabe su impugnación formal a partir del recurso de inconstitucionalidad. Aguardar a que se plantee el problema en la realidad litigiosa judicial y plantear una cuestión de inconstitucionalidad, es siempre dudoso. Por tanto, y como en tantas otras ocasiones, recurrir a la norma con rango de ley es la mejor manera de conseguir un cierto blindaje frente a la agresión anticonstitucional que se perpetra. La “responsabilidad política” que el Tribunal Constitucional exige a la “autoridad de gobierno” en las operaciones de restricción del derecho de huelga en los servicios esenciales, demuestra aquí sus límites fundamentales y su carácter retórico. Ni impide que el derecho de huelga sea regulado de forma incompatible con su contenido y función, ni posibilita que los trabajadores y sus organizaciones representativas, como titulares del derecho, puedan reaccionar en el tiempo debido frente a esta agresión a su derecho fundamental. La ley comentada persigue, simultáneamente, la privatización de la seguridad ciudadana y la expulsión del conflicto laboral que está en la base del “legítimo interés que persiguen las empresas privadas de seguridad”. Todo un programa de gobierno que explicita un proyecto de sociedad basado en reglas de desigualdad y de violencia que son incompatibles con la Constitución vigente.

 Fuente del Blog enlace http://www.baylos.blogspot.com.es/2014/04/seguridad-privada-y-derecho-de-huelga.html

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El partido “Podemos” presenta la ‘directiva Villarejo’ para limitar mandatos y recortar sueldos de altos cargos El Candidato Sr. Carlos Jiménez Villarejo actualmente Ex-fiscal anticorrupción de Barcelona, miembro de Federalistes d’Esquerres y candidato de Podemos a las elecciones europeas. comenta en su blog” Toda la estrategia de enfrentamiento de CiU con el Gobierno es compatible con estrechar lazos con el PP para reforzar su común política represiva”.

 

Podemos presenta la ‘directiva Villarejo’ para limitar mandatos y recortar sueldos de altos cargos

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Podemos ha presentado hoy la “directiva Villarejo”, que defenderá ante el Parlamento Europeo y que plantea medidas como limitar los mandatos de altos cargos a ocho años, recortar sus sueldos y prohibir los créditos de los bancos a los partidos para “barrer” la corrupción del panorama político.

La directiva, redactada por el número tres de la candidatura de Podemos a las próximas elecciones europeas -el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo- propone además incorporar al Código Penal el delito de “enriquecimiento ilícito” y prohibir que los imputados puedan formar parte de listas electorales.

Eliminar “privilegios decimonónicos” como el aforamiento o que se permita a los testigos no declarar personalmente ante los tribunales, son otras de las medidas que se recogen en esta directiva que han presentado hoy en rueda de prensa el cabeza de lista de Podemos, Pablo Iglesias, y el propio Jiménez Villarejo.

La lucha contra la corrupción es uno de los objetivos prioritarios del programa electoral de este partido, que ha conseguido reunir más de 30.000 avales para concurrir a los comicios del 25 de mayo.

Jiménez Villarejo ha defendido la necesidad de reforzar el sistema democrático estableciendo una limitación de mandatos en las instituciones europeas para evitar la profesionalización de la actividad política, que debe ser percibida -ha dicho- no como una profesión sino como “un servicio”.

En la política se está “de paso”, ha dicho Villarejo tras calificar de inaceptable que hoy en el Congreso haya muchos diputados que “entraron en el año 78” y “todavía siguen” en su escaño.

Por ello, defienden la necesitad de limitar el mandato de los cargos públicos a ocho años -como ocurre con el presidente de Estados Unidos- y de establecer techos salariales, correspondientes al “sueldo medio de un país”.

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El exfiscal anticorrupción Jiménez Villarejo, a las primarias de Podemos

Se presentará avalado por el Círculo de Juristas. Asegura que esta iniciativa “es una forma de estimular la participación ciudadana directa, sin mediación de los partidos”

LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL Madrid 17/03/2014 09:46 Actualizado: 17/03/2014 15:56

 

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha anunciado su intención de presentarse a las primarias abiertas de Podemos para integrar la lista con la que esta iniciativa ciudadana concurrirá a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo. Se postula con el aval del Círculo de Juristas, siguiendo el procedimiento establecido por Podemos para concurrir a las primarias que se celebrarán del 27 de marzo al 2 de abril, en las que puede presentarse y votar cualquier ciudadano.

“Me parece una iniciativa muy importante, porque tiene su origen en el movimietno ciudadano y en el 15-M”, asegura Villarejo en declaraciones a Público. En este sentido, ve que Podemos es “una forma de estimular la participación ciudadana y la democracia directa, sin mediación de los partidos”. El reconocido jurista muestra así “su respaldo a la apuesta por el protagonismo ciudadano y popular que propone el proyecto que encabeza el profesor y presentador Pablo Iglesias, en un claro compromiso con la lucha contra la corrupción y la transparencia democrática”, según destaca la iniciativa en una nota de prensa.

Sin embargo, Jiménez Villarejo no se ve en Bruselas. Pero considera que su presencia en las listas puede ayudar a Podemos. “No pretendo competir por el primer puesto con nadie, quiero mostrar mi apoyo la iniciativa y esta es aforma de hacerlo”, añade el exfiscal. Iglesias le ha agradecido su disposición y el próximo 4 de abril participarán juntos en un acto en el Ateneo de Madrid.

En las próximas semanas se celebrarán las primarias abiertas de las que saldrá la lista ciudadana con la que la iniciativa pretende construir “una herramienta política que lleve el anhelo social por el cambio democrático y contra los recortes a las instituciones democráticas”.

Carlos Jiménez Villarejo nació en Málaga el 3 de junio de 1935 y ocupó la jefatura de la Fiscalía especial anticorrupción hasta el año 2003, cuando fue cesado por el Partido Popular. En su actividad profesional y pública ha defendido numerosas causas relacionadas con la participación ciudadana en la política y contra los escándalos de corrupción de las élites políticas y económicas, causas que le han reportado honores como la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

CiU y PP, aliados en el negocio de la seguridad privada según el post delEx fiscal anticorrupción de Barcelona, miembro de Federalistes d’Esquerres y candidato de Podemos a las elecciones europeas

 

El 6 de junio próximo entrará en vigor la Ley 5/2014 , de Seguridad Privada, aprobada por el PP con el entusiasta apoyo del Grupo Parlamentario de CiU. Es la primera del paquete de leyes represivas que está poniendo en marcha el actual Gobierno. En este caso, CiU muestra una vez más cómo es capaz de conciliar su independentismo conservador y su alianza con el derechismo mas rancio del partido gobernante en España. La ley fue publicada en el BOE el 5 de abril y tres días mas tarde, el 8, escenificaba en el Congreso de los Diputados su enfrentamiento con el Gobierno por la convocatoria de la consulta convocada para el 9 de noviembre. Consulta que, por otra parte, presenta un cariz abiertamente antidemocrático.

Toda la estrategia de enfrentamiento de CiU con el Gobierno es compatible con estrechar lazos con el PP para reforzar su común política represiva

Pero toda la estrategia de CiU es compatible con estrechar lazos con el PP para reforzar su común política represiva. El preámbulo de la ley ya lo expresa claramente. Se pretende “hacer frente a los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad” mediante “alianzas público-privadas”. Para ello, se da un paso muy peligroso para la concepción democrática de la seguridad pública, admitir que “la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas […] a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos” y, por tanto, “parte integrante de la seguridad pública”, por más que luego se refiera a su “complementariedad” respecto a los servicios públicos de seguridad. Punto de partida falso, ya que España tiene una de las tasas mas bajas de criminalidad de Europa y no hay una demanda social que justifique la ampliación de las competencias de los servicios de seguridad privada.

Es un proyecto que lo que hace es emprender la vía hacia la privatización de la seguridad pública, es decir, que tendrá más seguridad “quien pueda pagársela”, consecuencia incompatible con el principio constitucional de que corresponde exclusivamente a los cuerpos de policía del Estado y de las CCAA la competencia para velar por la seguridad pública que consiste fundamentalmente en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Gracias al PP y a CiU, los consejos de administración de las “empresas de seguridad” -lo que se define como “acción empresarial”- participarán ya en la definición de las políticas públicas en una materia tan sensible para los ciudadanos y la propia democracia.

Es completamente rechazable que se equipare el personal de seguridad privada a los agentes policiales cuando en el artículo 31 de la ley de seguridad privada

se determina que “se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad” las que se cometan contra dicho personal, cuando es obvio que no pueden merecer el mismo nivel ni de tratamiento ni de protección. La sentencia del Tribunal Supremo de 25/10/91 ya les denegó a dicho personal la condición de agentes de la autoridad.

Por otra parte, la extensión a dicho personal de la condición de agente de la autoridad crea grandes problemas de contradicción con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la “Policía Judicial” (artículo 282) o al regular la detención (artículo 489 y siguientes). Pero el núcleo más grave de dicha reforma se encuentra en la facultad que se le reconoce en el artículo 32 de la ley, en el que se dispone que dicho personal puede “detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades”. Sin duda, se trata de un precepto radicalmente incompatible con los artículos 17 y 25.2 de la Constitución en cuanto extiende a particulares -en definitiva, el personal de seguridad privada son empleados de empresas privadas- una facultad que es privativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que extiende hasta límites incompatibles con el régimen constitucional vigente una facultad tan relevante como es privar de libertad a los ciudadanos.

La nueva ley de seguridad privada va a permitir al personal de seguridad privada participar en el control de las reuniones y manifestaciones públicas.

Asimismo, es rechazable que, cuando la regla general en la prestación de los servicios por dicho personal es que entre “los medios de defensa reglamentarios, no incluirán armas de fuego”, luego se les autorice para ciertos servicios como los de “vigilancia y protección perimetral” de diversos centros de reclusión. Entre ellos se incluyen, injustificadamente, los de “internamiento de extranjeros”, los CIES, que, con independencia de otras consideraciones críticas, se les confiere, objetivamente, la catalogación de un centro peligroso cuando solo están ingresados en los mismos personas inmigrantes pendientes de su regularización administrativa y ajenas a cualquier infracción penal.

Es igualmente inaceptable la previsión del artículo 41.2 que les otorga la facultad, pese a que requieran la aprobación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para ejercer funciones de vigilancia “en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común”, facultad que va a permitirles, sin duda alguna, participar en el control de las reuniones y manifestaciones públicas aunque lo hagan complementando y bajo el difuso control de la acción estrictamente policial.

Ley de seguridad privada  que constituye un grave retroceso democrático impulsado por el PP y, objetivamente, respaldado por sus aliados soberanistas.

El Candidato Sr. Carlos Jiménez Villarejo actualmente Ex-fiscal anticorrupción de Barcelona, en un post de su Blog escribe su opinión contraria al acuerdo de CIU y PP con la Nueva ley de seguridad privada que entrarà en vigor el 05 de Junio, s presenta a las elecciones europeas … http://wp.me/p2n0XE-2zd vía http://twitter.com@juliansafety

 

Fuente del Blog de : Carlos Jiménez Villarejo
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Normativa de Seguridad privada 

 

Lista de admitidos y excluidos de aspirante a la convocatoria 1/2014, de las pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades, la ùltima las proximàs convocatorias al cambiar a Guardas rurales.

http://segurpricat.com.es2813c-escudo_ministerio

Admitidos y excluidos a la convocatoria 1/2014 para Guardas rurales y especialidades

Lista de admitidos y excluidos a la convocatoria 1/2014, de las pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades, convocadas mediante Resolución de 02 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad (BOE, núm 304, de 20 de diciembre), al que se unen anexos I y II, los cuales contienen respectivamente las listas de admitidos y excluidos, así como Apéndice I, en el que se concretan las sedes, fechas y horarios en las que tendrán lugar las distintas pruebas. Publicada por Acuerdo de  14 de abril de 2014, del Tribunal calificador.Pulse aquí para descargar en .PDF.

 

Calendario 2014 y bases de las convocatorias

Aprobación del calendario para el año 2014 y bases de las convocatorias de las pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades según Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad (B.O.E. Núm. 304, de 20 de diciembre).

Pulse aquí para descargar en PDF

Pruebas selectivas competencia de la Guardia Civil

A través de esta página podrá consultar la información de las pruebas selectivas competencia de la Guardia Civil (convocatorias activas, aspirantes convocados a los exámenes, aspirantes excluidos,  aspirantes declarados aptos, fechas de los exámenes, etc. ), referente a los siguientes procesos:

  • Incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.
  • Acceso a Guarda Particular del Campo y sus Especialidades.
  • Obtención de la habilitación de Instructores de Tiro del personal de Seguridad Privada.
  • Habilitación de Profesorado de Guardas Particulares del Campo.

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Licitaciones

De igual forma el submenú de navegación izquierdo dispone de un enlace externo a la página Web del Ministerio de Economía y Hacienda, Sección de la Plataforma de Contratación del Estado, donde se puede consultar la información sobre las licitaciones publicadas dentro del ámbito de la Guardia Civil.

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Subastas de armas

Se ofrece también en esta sección, a través del apartado “Subastas”, la información actualizada sobre las subastas de armas organizadas por las Intervenciones de Armas de la Guardia Civil que se encuentran pendientes de celebración.

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Cursos y Seminarios

En el submenú de esta página “Cursos y Seminarios” encontrará la información sobre cursos y seminarios organizados por la Guardia Civil sobre diferentes temáticas.