El reciclaje, un negocio con futuro en Argelia “En Argelia, la producción de residuos domésticos se estima actualmente en 14 millones de toneladas al año, de los cuales, el 60% es probable que sean reciclables”, ha señalado Abdelkader Touzi, responsable de Estudios en la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (ANVREDET) del país magrebí

Julian Flores - Necesidad de planes de seguridad y autoprotección privada en Latinoamérica para las Empresas transnacionales españolas

 

 

El reciclaje, un negocio con futuro en Argelia

“En Argelia, la producción de residuos domésticos se estima actualmente en 14 millones de toneladas al año, de los cuales, el 60% es probable que sean reciclables”, ha señalado Abdelkader Touzi, responsable de Estudios en la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (ANVREDET) del país magrebí.

 

En su alocución en el ‘Foro de las Tecnologías del Reciclaje y la Valorización de los Residuos’, Touzi ha subrayado que “el valor de los mismos alcanza los 300 millones de euros”. En su opinión, “el Estado puede ahorrar cientos de millones a través del reciclaje (…), una actividad –la recogida y clasificación de residuos domésticos- rentable poco explotada en el país magrebí, ya que se encuentra en una fase inicial”.

 

En el marco de dicha Jornada, los expertos han debatido en torno a la necesidad de poner en marcha una política de recogida y tratamiento de residuos –“una actividad donde la inversión todavía es mínima”-, iniciativa que debe contar con la asociación entre el sector público y la esfera privada para asegurar la viabilidad del proyecto.

 

La Agencia Nacional de Residuos cuenta con un ambicioso programa para el reciclaje del 70% de los desechos antes de 2020 y la reutilización de las aguas residuales tratadas.
Fuente: El Moudjahid


 

Competencia funcional y territorial de la Guardia Civil


Desde este Blog Segurpricat, a través del menú de navegación izquierdo, podrá consultar la información sobre las competencias atribuidas a la Guardia Civil en el Sector de la Seguridad Privada.

 


Desde este Blog de Segurpricat podras consultar la información para realizar los trámites necesarios para ejercer el derecho de consulta y cancelación de antecedentes policiales en el fichero de interés policial de la Guardia Civil.


Tramites para el permiso para salida de menores al extranjero:Con objeto de justificar la salida del territorio nacional de los menores las personas que ejerzan la patria potestad pueden presentarse en un Puesto de la Guardia Civil para formalizar por escrito la correspondiente autorización.

Segurpricat

Tramites para denunciar la Violencia de género y abuso a menores en La Guardia Civil, tiene a su disposición una red de alerta y respuesta inmediata ante los incidentes que pudieran afectar a cualquier víctima de violencia de género, la cual está formada por:

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Varias empresas del sector de la seguridad privada llevan años cometiendo irregularidades ante la pasividad de los responsables políticos- Noticia del 06 de Febrero de 2012-

 

El gran fraude de la seguridad privada en Canarias Imprimir Correo electrónico
CANARIASINVESTIGA.ORG
Lunes 06 de Febrero de 2012 01:42

seguiradadVarias empresas del sector llevan años cometiendo irregularidades ante la pasividad de los responsables políticos.

El pasado verano la Policía realizó en el sur de Tenerife la primera operación en España contra el intrusismo en seguridad privada. Hubo varios imputados y un detenido que quedó en libertad tras declarar ante el juez. En enero se volvió a detener al mismo hombre, acusado de ejecutar el mayor fraude a la Seguridad Social en Canarias, de más de un millón de euros, a través de la misma trama empresarial. Es el ejemplo más reciente -y como se verá, no el único- de irregularidades en un sector donde se reparten jugosos contratos de vigilancia a través de distintas administraciones públicas, y que a menudo arroja más sombras que luces sobre las prácticas de las empresas contratadas.

Canarias Investiga ha trabajado durante meses en un reportaje que se irá desgranando en los próximos días, y que pretende poner de manifiesto que esta situación ocurre con el conocimiento de unos responsables políticos que, durante muchos años, han preferido mirar para otro lado.

Ya en 2005 los cuatro principales sindicatos de seguridad privada en Canarias (FTSP-USO, Intersindical, CCOO y UGT) hicieron pública una carta en la que denunciaron que la empresa que se estaba quedando con la mayor parte del pastel, Seguridad Integral Canaria, inclumplía sistemáticamente sus obligaciones laborales y tributarias, además de la Ley de Seguridad Privada. Esa firma, propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, como ESABE, de ámbito nacional y con presencia en las dos provincias canarias, han sido habitualmente objeto de la ira de los sindicatos, especialmente de FTSP-USO e Intersindical, los más activos en este terreno.

Durante estos años, varias empresas de seguridad privada -normalmente las que están fuera de la patronal Aproser– han sido sancionadas reiteradamente por diferentes incumplimientos. Intentos continuados de fraude que se han consumado en buena parte con el dinero público de los contratos de vigilancia. Baste decir que algunas de estas empresas han trabajado para las delegaciones de Hacienda y Seguridad Social, mientras recibían sanciones de los mismos organismos por diferentes impagos. Pero ahora retrocedamos una década.

Año 2000 y siguientes: fraude a la Seguridad Social. A mediados de la década pasada la Inspección de Trabajo en Las Palmas lleva algún tiempo interesándose por determinadas firmas de seguridad privada. En un escrito de 2006 se comunica a la parte denunciante que una empresa en concreto mantiene impagos a la Seguridad Social desde seis años atrás. Tras el requerimiento de deuda, la empresa implicada se pone al día. Pero no de manera voluntaria, sino porque la Inspección detecta el… ¿error? Se trata de horas extras ingresadas en la nómina de los vigilantes como “dietas”, para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social. La intencionalidad del fraude es clara. Este juego del gato y el ratón ha continuado hasta hoy hasta el punto de convertirse en rutina, ante el hartazgo expresado por trabajadores de la citada Inspección de Trabajo.

Este fraude, que por sus dimensiones merecerá un capítulo aparte, no es el único. También se ha podido comprobar el pago de horas extras fuera de nómina por parte de ESABE Seguridad, eludiendo el pago correspondiente a la Seguridad Social. Así lo asegura una sentencia del pasado año del juzgado de lo Social nº5 de Santa Cruz de Tenerife. El juez no solo da la razón al vigilante de un centro asistencial en Arona (Tenerife), que denuncia a la empresa por despido nulo. También destaca que ESABE utilizaba una entidad ubicada en Barcelona y vinculada a la misma firma de seguridad para realizar los pagos fuera de nómina. Sin contar los indicios de falsedad documental sobre los partes de las horas de servicio. Los pagos bajo cuerda han sido puestos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, que el pasado año impuso un expediente sancionador a ESABE por la negativa a aportar los documentos que le requerían.

2005. Valle Tabares, centro de operaciones ilícitas. La Fiscalía de Menores es informada ese año de actuaciones de la Policía contra vigilantes sin titulación, en el centro de menores de Valle Tabares, en Tenerife. Meses más tarde la Dirección General del Menor suspende a 24 vigilantes -22 en este centro, 2 más en Gran Canaria- por tener antecedentes penales como violencia de género, tráfico de drogas y robos con violencia. Uno de ellos estaba además en busca y captura.

A los responsables políticos no les parecieron suficientes las denuncias por malos tratos, palizas, violaciones, motines, incendios y tres muertes dadas a conocer por el Diputado del Común. Tuvo que darse la casualidad de que un antiguo director de la prisión Tenerife II reconociera a uno de estos vigilantes como ex recluso de la cárcel, y lo pusiera en conocimiento de la Fiscalía.

En verano de 2010 se destapa además la operación Bachiller, donde se detiene a 15 personas por falsificar títulos de Bachiller y FP a través de una academia de seguridad privada compinchada, certificados necesarios para acceder a los puestos de director o jefe de seguridad. En una ramificación de las investigaciones, nueve vigilantes de Valle Tabares son detenidos por falsificar su título. Pertenecían a Dialse, otra empresa muy conflictiva que acabó desapareciendo.

2009. Contabilidad creativa en el aeropuerto Tenerife Sur. El 3 de marzo de ese año la Guardia Civil detiene al jefe de seguridad de AENA en el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife. Se comprobó que entre enero de 2007 y febrero de 2009 contabilizó más horas de las reales a los vigilantes de seguridad privada, defraudando a AENA 186.800 euros. De nuevo aparece el nombre de Seguridad Integral Canaria. El responsable de contabilidad de esta empresa resulta imputado, aunque el juez instructor -la causa sigue abierta- no logra probar la complicidad entre ambos. Miguel Ángel Ramírez resulta igualmente imputado por delitos de estafa y apropiación indebida.

El auto del juez es muy esclarecedor de las circunstancias en las que se produjeron los hechos: “Como él mismo [Miguel Ángel Ramírez] manifestó en su declaración judicial, ‘en condiciones normales, el cumplimiento escrupuloso de las condiciones fijadas en el pliego de contratación suponía un resultado deficitario para el patrimonio de la empresa'”. El juez no tiene dudas de que esta afirmación es un indicio de la intención defraudatoria, además de que la empresa adaptaba su contabilidad para hacerla coincidir con las horas de servicio inventadas.

(En ese mismo periodo 2007-2009 se produce en el Cabildo de Gran Canaria una trama de cobro de comisiones ilegales, con horas de servicio ficticias, en el servicio de seguridad privada a cargo de Seguridad Integral Canaria. Mismo método, misma empresa, aunque en este caso la compañía se desentendió expulsando a los imputados).

Por sorpresa y contra todo pronóstico, en octubre pasado se supo que AENA está conforme con el servicio prestado durante el tiempo en que se produjo el fraude del aeropuerto, y que no tiene intención de sumarse a la demanda tras haber anunciado lo contrario en 2009. Tal es el sinsentido que caracteriza este sector en Canarias.

2010. Jefes se seguridad sin titulación. Desde finales de 2009, se empiezan a detectar en el Hospital Universitario de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, varios miembros del servicio de seguridad privada, proporcionado por ESABE, sin la titulación requerida. Tras varias denuncias a la Subdelegación del Gobierno -el intrusismo en seguridad privada está vigilado por la Policía-, se detecta en 2010 que un director de seguridad, dos jefes de seguridad y un vigilante están incurriendo en infracciones graves, extremo que es confirmado por el subdelegado del Gobierno en ese momento. Dichas infracciones suponen multas de 300 a 30.050 euros y suspensiones de hasta un año para ejercer.

2011. La Policía actúa. El pasado año ha sido uno de los más movidos en el sector en Canarias. Huelgas, una historia con tintes novelescos en la universidad, dos actuaciones policiales y un robo ha sido lo más destacado.

Uno de los hechos más controvertidos fue el culebrón que se produjo en la ULPGC con motivo de la renovación del servicio de vigilancia. Este medio adelantó que la universidad hizo oídos sordos a la auditoría de su jefe de seguridad, que recomendaba no renovar el contrato de más de tres millones de euros a Seguridad Integral Canaria por diferentes incumplimientos, y hacer un nuevo concurso público. Pero el propio servicio jurídico de la ULPGC desautorizó esa auditoría, recomendando lo contrario, renovar el contrato. Reuniones inéditas en la cúpula universitaria, un presunto ataque informático, filtraciones, informaciones confusas, una supuesta visita de una empresa rival y un conflicto laboral terminaron de enredar la cuestión, que se solventó con la renovación del servicio a la misma empresa.

En agosto se llevó a cabo en el sur de Tenerife la operación Rayo, primera en España contra el intrusismo en seguridad privada. El Grupo Operativo de Seguridad Privada (GOSP) de la Policía Nacional detuvo a un hombre acusado de un delito de intrusismo. El detenido y el resto de imputados ofertaban servicios de seguridad establecimientos del sur de Tenerife, empleando trabajadores sin titulación oficial. A pesar de las continuas sanciones, el sistema utilizado era tal que cuando la empresa del acusado era obligada a abonar la sanción, esta era descapitalizada y dada de baja en el registro mercantil, con lo que la actuación inspectora era inútil.

El 4 de noviembre pasado unos desconocidos se hicieron pasar por vigilantes de seguridad y robaron medio millón de euros del supermercado La Hucha, en La Laguna (Tenerife) a punta de pistola. La manera en que ejecutaron el robo y el hecho de que portasen uniformes de Seguridad Integral Canaria -la empresa que custodiaba el recinto- demostró que el golpe había sido planificado minuciosamente. La Policía sospechó enseguida de miembros de la red desarticulada en la operación Bachiller, que también habían pertenecido a Seguridad Integral hasta que fueron despedidos tras ser acusados en verano de 2010 de falsificar títulos.

Hace dos meses, este medio adelantó que la Policía preparaba una segunda operación el el sur de Tenerife, que se llevó a cabo semanas después con la detención de principal acusado en la operación Rayo, por estafar 1’2 millones a la Seguridad Social, la mayor cifra defraudada en Canarias hasta ahora.

Las huelgas han estado debidas principalmente a las reducciones de plantilla, debido en buena parte a impagos por parte de las administraciones públicas. Por tanto las más afectadas han sido las que más dependen de servicios contratados por estas. Según datos de la patronal Aproser, la cuarta parte de las contrataciones en España depende de las administraciones. Pero algunas empresas superan con mucho esta proporción, llegando al 70-80%, y han resultado por tanto más afectadas que las que dependen en mayor cuantía del sector privado.

Este año promete nuevas informaciones. Inspección de Trabajo, jueces, policías y los propios vigilantes están tomando conciencia del cáncer que supone para la sociedad y para ellos mismos tolerar estos comportamientos propios de empresarios que se ven como seres omnipotentes. Solo la clase política, de momento, parece vivir ajena a una realidad que también a ellos les quiere comer por dentro, en una versión más del Ensayo sobre la ceguera de José Saramago.

PROPUESTAS PARA UNA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA  DE TRES ASOCIACIONES DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PRIVADA Conocedores del interés en … http://wp.me/p2mEY0-Cl http://www.blogsiseguridad.com http://twitter.com/@juliansafety

Detallare a continuación en el siguiente post la diferencia de la nueva ley de seguridad privada… vía

 

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El presunto fraude del empresario Ismael Franco de la Empresa” Seguridad Integral Canaria” y actual presidente de la U.D.Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a la hacienda pública podría rondar los 40 millones de euros entre 2008 y 2013, según ha estimado el sindicato FSP-USO y su abogado, Ismael Franco, tras las más de cuatro horas de declaración de Ramírez en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

El presunto fraude del empresario de Seguridad Integral Canaria a la hacienda pública podría rondar 40 millones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) –

El presunto fraude del empresario de Seguridad Integral Canaria y actual presidente de la U.D.Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a la hacienda pública podría rondar los 40 millones de euros entre 2008 y 2013, según ha estimado el sindicato FSP-USO y su abogado, Ismael Franco, tras las más de cuatro horas de declaración de Ramírez en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

El empresario ha estado declarando como imputado por un presunto fraude a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, después de que el sindicato FTSP-USO denunciara supuestas defraudaciones de Seguridad Integral Canaria en los años 2008 y 2009 al abonar como dietas (concepto que está exento de cotización a la TGSS y de retención de IRPF) las horas extraordinarias (que no están exentas de cotización y retención) que realizaban los vigilantes de seguridad.

En este sentido, el sindicato aseguraba que el fraude podría estar sobre los 2 millones de euros en estos dos años aunque la instrucción del caso se prevé que también investigue hasta 2013, pudiendo alcanzar la cifra de 40 millones de euros.

En este sentido, Franco indicó, en declaraciones a los medios, que esta cifra es el resultado de que sólo en retenciones pueden ser hasta un “30 por ciento de cotización defraudada, si en dos años estamos en casi los 2,5 millones de euros –2008 y 2009–; el resto de años se llega a una cuantía que junto al 30 por ciento de cotización se podría alcanzar” los citados 40 millones de euros.

Asimismo, el letrado consideró que la declaración “no ha ido mal” aunque Ramírez, dijo, no ha respondido a las preguntas de las acusaciones. Si bien, señaló que en unas cuestiones ha declarado como se esperaba, en otras les “ha sorprendido; es vox populi que él niega que haya abonado las horas extras de 2008, 2009, igualmente se está investigando 2010, 2011, 2012 y 2013, a través de dietas”.

Sin embargo indicó que el sindicato considera que “pagaba una gran cantidad de horas extras a través de dietas, que no tiene retención de IRPF ni de cotización”. En este sentido, apuntó que ha negado la posición de los denunciantes, ya que ha afirmado que “él no paga prácticamente horas extras y que todo lo que paga son dietas reales, que se devengan y que se han devengado”.

Asimismo, el abogado aseguró que también les ha sorprendido el que “él entiende que hay un descuadre de hora porque los trabajadores, por apoyo y fidelidad a la empresa, han regalado un promedio casi de una hora diaria, unas 15, 16 horas al mes”.

Franco puntualizó que el proceso, que se encuentra en fase de instrucción, por lo que también está en fase de investigación además de 2008 y 2009 el resto de años siguientes hasta 2013, se podría haber producido la misma defraudación por año. Por ello, se ha requerido a la Agencia Tributaria y Seguridad Social los expedientes correspondientes.

Por su parte, el letrado Joaquín Rodríguez Miguel, que representa a una asociación de seguridad, también indicó que “existen serios indicios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 donde ha habido una serie de horas extraordinarias que han realizado los trabajadores y que no se han pagado como tales horas extraordinarias”, lo que incidió implicaría, de ser cierto, “un perjuicio para la hacienda pública”, además de perjudicar a la Seguridad Social y produce “una distorsión en el ámbito de la seguridad privada”, ya que al operar con menos gastos “está en una situación de desventaja respecto a los demás”.

Para Rodríguez Miguel esos indicios “permanecen”. Otra cosa, matizó, sería la cuantificación de las cantidades defraudadas porque “es realmente difícil”, depende de los procedimientos que se consideren, aunque cree que en principio los indicios y si los años 2010, 2011, 2012 y 2013 son una repetición de los de 2008 y 2009, ya que “hay indicios que, por lo menos, entendemos que en todos los ejercicios se ha superado tanto en retenciones como en cuotas a la Seguridad Social los 120.000 euros, entendemos que eso es casi seguro”.

 

 

El Proyecto AMERIPOL-UE está integrado por los principales responsables contra el tráfico internacional de drogas y permite intercambiar información y desarrollar una inteligencia estratégica para luchar eficazmente contra este tipo de delitos.

 

 

 

El director de la Policía ha destacado el  firme compromiso de luchar contra el narcotráfico en Europa, África e Iberoamérica

Cuerpo Nacional de Policía Madrid, 02/04/2014

En la clausura del taller sobre cooperación policial y judicial desarrollado en el marco del proyecto AMERIPOL-UE

Durante dos jornadas de trabajo, 78 expertos de cerca de 30 países e instituciones implicados han debatido sobre “Mejora de la cooperación policial para la lucha contra el narcotráfico entre América Latina, Europa y África Occidental”

El Proyecto AMERIPOL-UE está integrado por los principales responsables contra el tráfico internacional de drogas y permite intercambiar información y desarrollar una inteligencia estratégica para luchar eficazmente contra este tipo de delitos

 Cosidó ha destacado que “España se ha convertido en el muro de contención de la droga con destino a Europa incautando las tres cuartas partes del hachís que se interviene en Europa y un tercio de la cocaína”

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha clausurado esta tarde el taller “Mejora de la cooperación policial y judicial para la lucha contra el narcotráfico entre América Latina, Europa y África Occidental”, organizado por el Proyecto AMERIPOL-UE, en colaboración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP) y la Policía Nacional española. Un acto de clausura en el que también han estado presentes los viceministros de Interior de Ecuador y Perú. Durante dos jornadas, altos cargos de la Unión Europea (UE), EUROPOL, INTERPOL, AMERIPOL y de Maritime Analysis and Operations Centre (MAOCN), junto a expertos y responsables de la lucha contra el narcotráfico de varios países, han analizado sus experiencias en esta área tan estrechamente relacionada con el crimen organizado. Los 78 expertos de unidades policiales antinarcóticos de casi 30 países, junto a Magistrados, Fiscales y Servicios de Aduanas han trabajado para fortalecer la capacidad de cooperación internacional.

El director de la Policía española ha destacado la necesidad de cooperar y colaborar en la lucha contra esta lacra. Cosidó ha señalado que “España se ha convertido en el muro de contención de la droga con destino a Europa, incautando las tres cuartas partes del hachís que se interviene en Europa y un tercio de la cocaína”. El director de la Policía ha reiterado el “firme compromiso de cooperar y avanzar juntos en la lucha contra el narcotráfico en Europa, África e Iberoamérica”. En su intervención Cosidó ha enfatizado también la importancia de encuentros como el que se ha desarrollado en el Complejo Policial de Canillas y que permiten el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas en la cooperación internacional.

Cosidó ha subrayado también el trabajo de las unidades policiales especializadas de la Policía Nacional en la lucha contra el tráfico de drogas. Durante 2013, la Policía Nacional intervino 12.546 kilos de cocaína –casi un 18% más que en 2012-; 124 kilos de heroína; 115.652 kg de hachís –un 51% más-; 2.239 kilos de marihuana; más de 8.200 kilos de plantas de cannabis; 100.075 unidades de éxtasis – un 60% superior a 2012-; 1.212 dosis de LSD ó 224 kilos de speed. Asimismo, ha insistido en la importancia de luchar contra el narcotráfico ya que constituye una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado, además de ser una amenaza para la salud pública y que contribuye a la delincuencia y la inseguridad.

El Sistema Piloto de Intercambio de Información

Entre las distintas conclusiones de este taller destaca el objetivo de fortalecer el intercambio de información e inteligencia a nivel regional y transregional, especialmente con África occidental y la Unión Europea, y por otro lado mejorar las habilidades de los fiscales y policías para llevar a cabo investigaciones complejas en ambos hemisferios.

En estas dos sesiones, los expertos en narcóticos han informado de los principales resultados alcanzados por el proyecto AMERIPOL-UE, incluyendo el Sistema Piloto de Intercambio de Información, como una manera de impulsar aún más la cooperación con los países implicados así como con EUROPOL e INTERPOL. La Policía Nacional ha contribuido activamente en el desarrollo e implantación de este Sistema a través de su Centro de Proceso de Datos y ha participado también en la formación de los operadores. La implantación de este futuro Sistema Piloto entre las Unidades nacionales de AMERIPOL, disponiendo de una base de datos conjunta, permitirá realizar distintos análisis y generar informes de inteligencia estratégica que con posterioridad sirvan para operaciones conjuntas.

AMERIPOL-UE

La Unión Europea puso en marcha en 2010 en proyecto “AMERIPOL-UE: Mejorar la capacidad de cooperación internacional de las autoridades policiales, judiciales y fiscales” con un presupuesto de 3.750.000 euros y un plazo de ejecución de 48 meses. El objetivo es preparar a las autoridades policiales, judiciales y fiscales de los países socios para que trabajen juntas en la lucha contra las redes de crimen organizado. Su ámbito geográfico abarca Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela, Barbados y Trinidad y Tobago.