” Los ocho héroes de Irak cumplieron diez años en nuestro recuerdo” El pasado 29 de noviembre del 2013 se cumplieron diez años del mayor drama en la historia de los servicios secretos españoles: siete agentes fueron asesinados en Irak después de que en octubre hubiese muerto otro tiroteado. Entrevista a Flayeh Al Mayali, acusado por el atentado contra agentes del CNI Denuncia por torturas contra los soldados españoles en Iraq

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Julian Flores Garcia siseguridad

Los ocho héroes de Irak

El pasado dia 29 de noviembre del 2013  se cumplieron diez años del mayor drama en la historia de los servicios secretos españoles: siete agentes fueron asesinados en Irak después de que en octubre hubiese muerto otro tiroteado. Tras meses de investigación, este es el relato de lo que realmente pasó, con fotos exclusivas de los fallecidos, las últimas que se hicieron en Irak.

El episodio más negro del servicio secreto español en sus últimos 50 años de historia tuvo lugar a finales de 2003 en Irak. Un agente, José Antonio Bernal, fue asesinado en Bagdad el 9 de octubre y siete espías corrieron la misma suerte el 29 de noviembre en una emboscada.

La historia oculta de esos acontecimientos dramáticos comenzó cuando, meses antes de la invasión de Irak por Estados Unidos, este último país montó una campaña mundial de desprestigio contra Sadam Husein. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenía allí una delegación integrada por el consejero de Información Alberto Martínez y su ayudante, José Antonio Bernal.

Los dos descubrieron los motivos que había detrás de la decisión de George W. Bush de atacar el país árabe. Husein había vendido a compañías francesas la mayor parte de los derechos sobre su petróleo. Cuando los estadounidenses se enteraron recordaron la primera Guerra del Golfo y se pusieron ciegos de ira: “No permitiremos que nosotros pongamos los muertos y otros se lleven los beneficios”. Sus informaciones también explicaban la postura contraria a la invasión que mostraban Francia, Rusia y Alemania, a los que les interesaba por motivos económicos que el dictador siguiera al frente del país.

La situación dio un giro definitivo cuando EEUU promovió la sospecha de que Husein estaba fabricando armas de destrucción masiva. Martínez y Bernal movieron a sus confidentes, indagaron por todo el país y, al final, informaron a sus jefes de que era falso. Los dos se quedaron de piedra cuando el presidente José María Aznar se sumó a la alianza de Estados Unidos y Gran Bretaña y defendió exactamente lo contrario de lo que ellos habían contado. Bernal aseguró en aquellos momentos a una persona cercana: “Aznar no sabe lo que está haciendo, aquí no hay armas de destrucción masiva, de ninguna manera”.

La situación de los espías cambió radicalmente en los meses previos al ataque. La supuesta amistad entre Irak y España se convirtió en una quimera. Las fuentes que tanto tiempo les había costado conseguir empezaron a recelar de ellos. Los dos se convirtieron en objetivo de los partidarios de Husein. Volvieron a España antes de la invasión, que se inició el 20 de marzo, y regresaron en mayo a un Irak tomado por los estadounidenses. Durante el verano, el Gobierno decidió enviar tropas y aumentó la presencia de agentes del CNI. Bernal se quedó en Bagdad y Martínez, con el agente Luis Ignacio Zanón, se fue a Nayaf, mientras que Carlos Baró y Alfonso Vega se desplegaron en Diwaniya.

El 9 de octubre tuvo lugar la primera tragedia en Bagdad. Bernal escuchó cómo llamaban a la puerta de su casa. El guarda al que le tocaba turno le había pedido llegar más tarde esa mañana –sin duda le habían amenazado para que no estuviera allí–, así que se acercó él a abrir. Comprobó previamente que era un clérigo chií al que conocía desde hacía tiempo. Al abrir, el religioso comenzó a hablarle con agresividad y Bernal pensó que habían ido a secuestrarle o a matarle. Rápido de reflejos, entendió que su única posibilidad era huir. Apartó al clérigo de un empujón y a los dos hombres que le acompañaban y emprendió una carrera enloquecida. Pero tropezó, lo que permitió a un cuarto hombre pegarle un tiro en la cabeza.
La insurgencia quería vengarse de Bernal, Martínez y los espías españoles, pues les habían convencido de que eran amigos y luego les traicionaron al posicionarse con Estados Unidos. Nadie pareció entender el significado del asesinato hasta mucho tiempo después, cuando ya era tarde.

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Cuatro sin experiencia.

El 26 de noviembre otros cuatro agentes llegaron a Irak: José Merino, José Carlos Rodríguez Pérez, José Lucas Egea y José Manuel Sánchez Riera. Iban a permanecer menos de una semana en un viaje de reconocimiento del terreno previo a la misión que comenzarían a principios del año siguiente, en sustitución de los cuatro que estaban allí.

El sábado 29 de noviembre, según el plan previsto y aprobado por su jefe, el teniente coronel Jorge, los cuatro agentes destinados y sus relevos fueron a Bagdad para hacer diversos trámites. Era un día tranquilo que aprovecharon para hacerse fotos como recuerdo de su estancia en el que era el país más conflictivo del mundo. Unas fotografías que son la última imagen de todos ellos y que Tiempo saca a la luz en exclusiva con motivo del décimo aniversario de los hechos, junto a otras de su estancia en Irak.

Un rato antes de lo previsto, los ocho se montaron en sus dos todoterrenos, un Nissan Patrol blanco y un Chevrolet Tahoe azul. Desgraciadamente, ninguno de los coches estaba blindado. Les esperaban 200 kilómetros de carretera. Podían haber viajado por separado, pero habían acordado con Jorge que harían el trayecto juntos porque así tendrían más posibilidades de hacer frente a un ataque. Una decisión que expertos militares nunca han comprendido.

Unos cuarenta minutos después de salir de Bagdad, tras el coche que conducía Vega, unos centenares de metros detrás del de Martínez, apareció un Cadillac blanco que hizo una extraña maniobra de adelantamiento, acompañada del fuego de fusiles de varios de sus cinco ocupantes. Vega pisó el acelerador, evitó la primera embestida y consiguió eludir a sus perseguidores. A toda velocidad adelantó al coche de sus compañeros para avisarlos del ataque y ganar tiempo para situarse en posición de tiro lateral, algo que no consiguió. El todoterreno de Martínez apenas tuvo segundos para reaccionar. Alberto Martínez fue el primero en morir y José Lucas Egea recibió un tiro en la cabeza. Las ráfagas de Kalashnikov destrozaron también las ruedas y el coche acabó en el arcén.

El sedán blanco persiguió al otro todoterreno, al que dio caza consiguiendo idéntico resultado: sus ocupantes asesinaron al conductor, Alfonso Vega, e hirieron al comandante Rodríguez en el estómago. El coche se quedó sin mando, se salió por el arcén y quedó atrapado en una hondonada enfangada. El coche de los atacantes frenó en seco en mitad de la carretera y sus ocupantes continuaron disparando. Los cuatro que no habían sufrido daños saltaron de los vehículos y repelieron la agresión con sus pistolas, lo que hizo retroceder a los atacantes, que abandonaron la escena y se perdieron en Latifiya, una ciudad aneja al lugar de la agresión.

“Mierda, nos han atacado”.

Merino, ayudado por Zanón, llevó su vehículo lentamente al encuentro del otro para reagruparse. Se encontraron con Baró, que tomó el mando. Dejó a los heridos en los coches en que viajaban y llamó al número de teléfono del teniente coronel Jorge. “¡Mierda, nos han atacado –gritó Baró–! Tenemos por lo menos dos muertos. Avisa a la brigada, que manden helicópteros”. La tensión también era evidente en el receptor de la llamada, que en ese momento –sábado– estaba… en El Corte Inglés, de compras. No había plan de respuesta frente a un ataque. La comunicación se cortó.

Los agresores se habían guarnecido en dos casas bajas que había cerca del terreno en que estaban los dos coches averiados. Esta vez el fuego era con ametralladoras y lanzagranadas. Baró sacó el único subfusil que tenían y repitió la llamada al coordinador en Madrid: “¡Mierda hay cuatro muertos… o tres! Te damos nuestras coordenadas” y sin pensárselo dos veces le pasó el teléfono Thuruya a Zanón, pero este no pudo dárselas porque la comunicación se interrumpió nuevamente.

Todos fueron cayendo poco a poco. Baró fue alcanzado por el fuego enemigo y murió. Poco después fue Merino el que resultó herido. Zanón, un militar sin preparación guerrera, optó por quedarse con Merino, herido de muerte, aun a sabiendas de que eso supondría su propia muerte. Sánchez Riera, por el contrario, optó por buscar una salida. Cruzó al otro lado de la carretera y se escondió entre unos matorrales, alejado del fuego enemigo. No contaba con que los iraquíes que habían parado sus coches para contemplar la escena se acercaran a él e intentaran lincharle. Pero la suerte que no habían tenido sus compañeros le sobrevino a él. Un hombre bien vestido hizo exageradamente el gesto de besarle. La turba se frenó. El hombre, un notable de la zona colaborador del espionaje inglés, había hecho el gesto de amistad para que todos supieran que estaba bajo su protección. Los mismos que un momento antes le golpeaban ahora le ayudaron a levantarse y le metieron en un taxi salvador.

El 2 de diciembre se celebró el funeral de Estado en la sede del CNI. Estuvieron presentes las principales autoridades del Estado, encabezadas por los Reyes, el Príncipe y el presidente del Gobierno. Don Juan Carlos impuso a los fallecidos la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil a título póstumo. Un momento emocionante que no lo fue para todos. El motivo estaba en que los fallecidos eran militares y muchos de los presentes echaron en falta una condecoración castrense. Esta llegó tiempo después: la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo. Un reconocimiento escaso justificado por el hecho de que el Gobierno del PP defendía que en Irak no había guerra. La decisión fue corregida cuando el PSOE llegó al poder y el nuevo ministro, José Bono, la sustituyó por la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.

Las peticiones de información sobre los asesinatos llevaron al ministro Federico Trillo a anunciar que “los presuntos autores del ataque a los españoles fueron detenidos diez días después en una acción conjunta entre fuerzas de la coalición y la policía iraquí”. Una información que le sirvió para salir del paso con efectividad, pero la realidad fue otra bien distinta. Las tropas de Estados Unidos habían organizado una operación en Latifiya contra grupos resistentes, pero su objetivo no fue capturar a los que tendieron la trampa a los españoles. Los familiares de las víctimas siguen esperando una explicación.

El traductor, torturado.

Unos meses después, el 22 de marzo de 2004, soldados españoles destinados en Diwaniya detuvieron a Flayeh Abdul Zarha Anyur Al Mayali, que durante varios años había sido el traductor de Alberto Martínez. Fue interrogado por personal del CNI durante cuatro días sin conseguir arrancarle una confesión inculpatoria. Al Mayali denunciaría posteriormente que esos días le colocaron una capucha en la cabeza, le impidieron dormir y le sometieron a insultos e interrogatorios constantes. Posteriormente fue entregado a las autoridades estadounidenses, que le tuvieron once meses encerrado. Como no consiguieron obtener pruebas de su participación en el asesinato de los agentes españoles, le pusieron en libertad sin cargos.

El 14 de julio de 2004, en la sede central del servicio en Madrid, el ministro Bono inauguró un monumento, una llama de bronce colocada sobre un muro de acero, con los nombres de los ocho asesinados en Latifiya y Bagdad. El último reconocimiento a los héroes del CNI.

 

Fuente: Fernando Rueda

 

Entrevista a Flayeh Al Mayali, acusado por el atentado contra agentes del CNI
Denuncia por torturas contra los soldados españoles en Iraq

Me golpearon varias veces con los fusiles. Desde entonces me duele muchísimo la mano izquierda.
Recibí un trato inhumano y degradante, como si fuera un perro.
LOS INTERROGATORIOS: “Había un hombre bajito, gordo y bastante burro que sólo preguntaba
tonterías”
MENSAJE A LOS ESPAÑOLES: “He pasado casi un año detenido sin culpa y quiero que las
familias sepan que soy inocente”
Flayeh Al Mayali fue acusado de colaborador necesario en el atentado contra los agentes del CNI
asesinados en Iraq en noviembre del 2003 y ha estado encarcelado durante once
meses, hasta el
pasado jueves, en que fue liberado sin cargos. Este traductor, que había trabajado para los
agentes españoles, asegura que recibió un trato inhumano y degradante por parte de militares
españoles durante su interrogatorio en Base España en Diwaniya.
¿Cómo se siente tras haber sido liberado? Estoy muy contento porque ya salí de la cárcel, pero
la pesadilla aún no ha concluido. Nunca olvidaré que basaron la acusación en flagrantes mentiras.
Es imposible que yo participara en el atentado porque el comandante Alberto Martínez era como
un hermano.
¿Qué les diría a los familiares de los siete agentes asesinados? Quiero decirles que soy inocente
y nada tuve que ver con el atentado. Sobre todo quiero que lo sepa la familia de Alberto.
¿Qué le diría al Gobierno español? He pasado casi un año detenido sin culpa y he dejado a mi
familia en la indigencia. Los servicios de inteligencia españoles me detuvieron y me acusaron sin
pruebas. Querían justificar que estaban realizando una investigación en profundidad y me usaron
comoc hivo expiatorio. Quiero limpiar mi imagen ante las familias de los fallecidos y ante los
españoles, incluidos los responsables del Gobierno y el Estado de un país al que amo.
¿Cuál era su relación con los españoles? Mi familia y yo mismo nos esforzamos en evitar que se
produjesen actos de violencia contra los soldados españoles en Diwaniya y Najaf. Ningún soldado
español murió en esas dos provincias por actos de terrorismo durante los meses que duró la
misión.
¿Quién era su interlocutor en la Brigada Plus Ultra? El capitán Diego López, responsable de
seguridad de Base Al Andalus en Najaf. Organicé encuentros con todos los partidos políticos, los
jefes tribales más respetados, los religiosos más prominentes, incluso con los responsables de los
grupos paramilitares vinculados a los partidos confesionales chiíes. Siempre les insistí en que los
españoles habían venido para ayudar en la reconstrucción y que nunca actuarían como ocupantes.
¿Qué relación contractual tenía con el ejército español? Firmé diez contratos por un valor de
300.000 dólares para reconstruir escuelas y centros cívicos, tres de ellos antes de la emboscada.
Mi primer interlocutor fue un tal comandante Ucha. Tras el asesinato de Alberto y sus compañeros
del CNI firmé otros siete contratos con el capitán Diego López.
¿Cuándo fue detenido? El 22 de marzo del 2004 acudí a Base España en Diwaniya. Allí me
esperaban cuatro personas del CNI. Fui interrogado durante tres días. Me hicieron 30 veces la
misma pregunta en relación con mi trabajo con Alberto Martínez durante la época de Saddam

Hussein. Les repetí una y otra vez que era el encargado de traducir del árabe al español textos
aparecidos en los diarios locales según indicaciones del propio Alberto.
¿Cómo fue tratado? Me pusieron una capucha, me ataron las manos a la espalda y me pegaron
bofetadas en las mejillas y golpes en la cabeza. Entre ellos había un hombre bajito, gordo y
bastante burro que sólo preguntaba tonterías. Así estuve los tres días de interrogatorio.
¿Qué pasó después? El cuarto día me quitaron la capucha y me entregaron a la sección de la
policía militar. Me metieron en una habitación muy húmeda y me impidieron dormir. Me llamaban
“perro” cuando les pedía que me dejaran ir al servicio.
¿Quién le llevó a la cárcel de Abu Ghraib? Me llevaron el 27 de marzo del 2004 de Diwaniya a
Bagdad. Durante el camino los soldados españoles no dejaron de repetir que era un “hijo de puta” y un “maricón”. Cuando yo les preguntaba por qué me trataban así, ellos me gritaban: “No abras la boca, cabrón”. Me golpearon varias veces con los fusiles. Desde entonces me duele muchísimo la
mano izquierda. Recibí un trato inhumano y degradante, como si fuera un perro.
¿Qué pasó en Abu Ghraib? Me metieron en una tienda con otros 20 detenidos, incluidos varios
acusados de terrorismo y algunos criminales. En todo momento tuve que esconder mi relación con
los soldados españoles. De saberlo, me hubieran acusado de colaboracionista y me hubieran
matado allí mismo.
¿Qué ha pensado en la cárcel? Me preguntaba cómo era posible que estuviese encarcelado si
era inocente. Ha sido un año de infierno. Hubo momentos en que temí por mi vida. Había días que
me desesperaba y me ponía a llorar como un niño.
¿Volvieron a interrogarle sobre el caso? Durante cuatro meses sólo hubo una respuesta a mis
peticiones: “Acusado de atentar contra las fuerzas de coalición y sometido a las investigaciones de
la inteligencia militar de Estados Unidos”.
¿Fue interrogado de nuevo por miembros de los servicios de inteligencia españoles? Nunca.
Ninguna autoridad española civil o militar me volvió a interrogar desde mi traslado a Abu Ghraib.
¿Cómo evolucionó su situación? Varios meses después pedí una entrevista con los
responsables de la inteligencia militar de Abu Ghraib. Al cabo de unos días, el 24 de septiembre
del 2004, los estadounidenses me interrogaron durante media hora. Me preguntaron por las
personas que conocía en la embajada española en Bagdad y por mi relación con el atentado contra
los miembros del CNI. Les dije que no tenía nada que ver.
¿Cómo fue el trato? Muy correcto y con preguntas lógicas. Un oficial muy amable me ofreció
una pepsicola y me dio dos cigarrillos. Me dijo que estaban estudiando mi situación y que
probablemente quedaría en libertad. Aunque pasaron otros dos meses sin noticias. De nuevo,
apelé al general responsable de la prisión y se comprometió a darme una respuesta lo antes
posible.
¿Estuvo siempre en la misma prisión? El 2 de diciembre del 2004 fui trasladado con otros 200
detenidos al centro de detención Camp Bucca, a la salida de la localidad de Um Qasr, a 600
kilómetros de Bagdad. El 12 de enero de este año conseguí hablar con un general estadounidense
responsable del campo de prisioneros. Días después me dijeron que mi caso iba a ser examinado
por una comisión mixta estadounidense-iraquí con potestad para resolver casos de prisioneros
encarcelados durante meses. El 17 de enero me anunciaron que la comisión había decidido….

Mas información http://www.rebelion.org/noticias/2005/2/11708.pdf

El director General de la Policía, Ignacio Cosidó, anunció en la Comisión de Interior del Congreso el Plan Estratégico de la Policía 2013-2014 en el que se diseñaba una nueva política de cooperación policial internacional sin precedentes que esta dando resultados policiales..

 

LA GUARDIA CIVIL, EN SEGUNDO PLANO

La Policía española salta con éxito la frontera

La detención de los etarras en México y las aprehensiones de barcos con droga apuntalan el éxito de la División de Cooperación Internacional.
Dos agentes trasladan desde Francia a los miembros de ETA Javier Abaunza, Jurdan Martitegui y Juan Luis Rubenach. / CNP

La operación organizada por la Comisaría General de Información (CGI) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para la detención en México de los etarras Juan Jesús Narváez Goñi, alias Pajas, y de Iciar Alberdi Uranga, alias María, considerados los miembros de la banda terrorista ETA con mayor número de asesinatos cometidos, evidencia que la Policía española lidera la cooperación internacional en Suramérica. Así lo anunciaba GACETA.ES el pasado noviembre en un reportaje donde se resaltaba que la nueva política de internacionalización de la policía española, con la creación de la División de Cooperación Internacional (DCI), está a la cabeza de la lucha contra el crimen organizado y ya se mira “de tú a tú” con la DEA estadounidense o el SOCA británico.

Para comprender en qué consiste la División de Cooperación Internacional es necesario remontarse a 1986. Por entonces, la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo ya establecía que el Cuerpo Nacional de Policía tiene competencias exclusivas en “colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países conforme a lo establecido en los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las leyes, bajo la superior coordinación del Ministerio del Interior”. Sin embargo, durante los últimos 28 años, la Policía Nacional fue relegando a un segundo plano las competencias en materia de cooperación policial internacional, de tal forma que la Guardia Civil e incluso alguna policía autonómica ocuparon este espacio donde la descoordinación entre ambos cuerpos era la tónica en el desarrollo de investigaciones internacionales.

Han tenido que pasar tres décadas para que la Policía se percate de que la clave en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo está en la colaboración internacional. Así, el director General de la Policía, Ignacio Cosidó, tomó cartas en el asunto y anunció en la Comisión de Interior del Congreso el Plan Estratégico de la Policía 2013-2014 en el que se diseñaba una nueva política de cooperación policial internacional sin precedentes.

Desde aquella fecha, el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, ha sido el artífice de un plan de reorganización y reestructuración de todas las unidades dedicadas a la cooperación internacional. Creó en 2012 la División de Cooperación Internacional (DCI), donde en un principio aglutinó bajo su mando a los servicios Interpol, Europol y Sirene, para posteriormente integrar a la Unidad de Coordinación Internacional, que reúne y coordina a todas las oficinas de enlace y Consejerías de Interior desplegadas en las Embajadas de España desplegadas por el mundo. Para tal fin puso al frente de la División al comisario Javier Albaladejo y al frente de la UCI (hoy trasformada en Área de Coordinación Internacional), a la experimentada comisaria de Policía, Alicia Malo.

Firma de acuerdos de colaboración internacional

Paralelamente a la gestación de esta macrounidad policial, se viene diseñando en el plano institucional la firma de una serie de acuerdos con las policías de otros países. Un ejemplo de ello se dio en 2012, con la celebración de la XXIII Cumbre de Directores Generales de Policía de los estados americanos, España, Europol e Interpol, o la puesta en marcha de la Escuela Iberoamericana de Policía.

En 2014 está previsto cerrar la primera etapa con la celebración dos actos. El primero sucederá en Colombia, donde se organizará la II reunión de Directores Generales Iberoamericanos de Policía, mientras que el segundo se hará con la II reunión de la Escuela Iberoamericana de Policía en Ávila, en el que se establecerá la base de cooperación policial internacional entre América y España.

Con este plan, la Policía española pretende dar asistencia a tiempo real a las consultas de todos los agentes que lo requieran, planificar una plan de entregas controladas, comisiones rogatorias, investigaciones judiciales conjuntas, intercambio rápido sobre extradiciones y colaborar sobre el terreno en investigaciones policiales o judiciales en cualquier parte del planeta.

Freno del tráfico marítimo de cocaína

El kilogramo de cocaína elaborada y preparada para su consumo en los puntos de producción tiene un precio de 1.000 dólares, pero ese mismo kilo puede llegar a los 35.000 dólares en Europa. Eso hace que el tráfico de esta sustancia sea uno de los negocios más rentables del mundo.

Por ello, los éxitos de los programas financiados por EE UU para erradicar el tráfico de drogas a gran escala desde Colombia y la desestabilización política en México han provocado que los cárteles colombianos hayan tenido que pactar con los mexicanos de Sinaloa y Los Zetas para introducir los cargamentos por carretera desde México. Para enviar cargamentos de cocaína a Europa, la tradicional ruta marítima caribeña está perdiendo peso a favor de las proximidades del cono sur hacia España.

Ante tal circunstancia, la Policía ha unificado todos sus servicios internacionales y ha desplegado en los puntos de origen agentes especializados.

Red operativa en los cinco continentes

Aunque parezca sacado de un guión de película, el Cuerpo Nacional de Policía ha desplegado en los dos últimos años una red de cerca de cien agentes operativos que, desde el interior del desierto del Sahel, hasta los puertos de Asia, pasando por las docenas de oficinas de enlace desplegados en América y Europa, mantienen informada de forma constante a la Secretaría de Estado de Seguridad de cualquier movimiento que pueda afectar a la seguridad pública española.

Los agentes españoles mantienen un doble objetivo: la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional. Prueba de ello son las exitosas operaciones realizadas en los últimos años por la Policía española que habitualmente llenan los noticieros de desarticulaciones o detenciones de grupos de delincuentes internacionales.

La Guardia Civil frustra sus ambiciones

Desde el otro lado del organigrama del Ministerio del Interior, la Secretaría de Cooperación Internacional de la Guardia Civil (SECI), asiste impasible al desarrollo completo de las funciones encomendadas por ley a la Policía Nacional. La sede central de la Dirección General de la Policía no deja resquicio alguno a la Benemérita donde instalarse y participar en un pastel del que cada día se ve más alejada. Desde la calle Guzmán el Bueno, sede de la Guardia Civil, ven que sus aspiraciones internacionales están quedando relegadas a la dirección de misiones internacionales de Paz.

Fuente: Jacinto Bellisca

¿Quiénes somos Frontex? promueve, coordina y desarrolla la gestión de fronteras europea, en consonancia con la Carta de los derechos fundamentales de la UE de aplicar el concepto de gestión integrada de fronteras … más

 

 

Legislación de la nueva ley de seguridad privada regulando las actividades de las Empresas de seguridad privada

Congreso de los Diputados de las Cortes/ Publicaciones oficiales de los últimos días la Nueva Ley de Seguridad privada Proyecto de Ley de seguridad privada. Aprobación definitiva por el Congreso y publicada en el BOE el pasado dia 28 de Marzo, con efecto en vigor pasados dos meses de su publicación.

 

Empresas de seguridad privada 
Artículo 17. Desarrollo de actividades.
1. Las empresas de seguridad privada únicamente podrán prestar servicios sobre las actividades previstas en el artículo 5.1, excepto la contemplada en el párrafo h) del mismo.
2. Además de estas actividades, las empresas de seguridad privada podrán realizar las actividades compatibles a las que se refiere el artículo 6 y dedicarse a la formación, actualización y especialización del personal de seguridad privada, perteneciente o no a sus plantillas, en cuyo caso deberán crear centros de formación, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.4 y a lo que reglamentariamente se determine.
3. Las empresas de seguridad privada podrán revestir forma societaria o de empresario individual, debiendo cumplir, en ambos casos, la totalidad de condiciones y requisitos previstos en este capítulo para las empresas de seguridad privada.
Artículo 18. Autorización administrativa.
1. Para la prestación de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán obtener autorización administrativa y serán inscritas de oficio en el registro correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.
2. La autorización administrativa se suplirá por una declaración responsable cuando pretendan dedicarse exclusivamente a la actividad de seguridad privada contemplada en el artículo 5.1 f).
3. La validez de la autorización o de la declaración responsable será indefinida.
Artículo 19. Requisitos generales.
1. Para la autorización o, en su caso, presentación de declaración responsable, la posterior inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico y el desarrollo de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil o en el registro público correspondiente y tener por objeto exclusivo todas o alguna de las actividades a las que se refiere el artículo 5.1, excepto la del párrafo h). No obstante, en dicho objeto podrán incluir las actividades que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las actividades de seguridad autorizadas, así como las compatibles contempladas en el artículo 6.
b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
c) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos adecuados que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se determinen reglamentariamente, en función de la naturaleza de las actividades para las que soliciten la autorización o se presente la declaración responsable, y de las características de los servicios que se prestan en relación con tales actividades. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas, habrán de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento. Igualmente, los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad privada y los operadores de seguridad, deberán disponer de la correspondiente acreditación expedida por el Ministerio del Interior, que se limitará a comprobar la  honorabilidad del solicitante y la carencia de antecedentes penales, en los términos que reglamentariamente se establezca.
d) Disponer de las medidas de seguridad que reglamentariamente se determinen.
e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.
f) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas, para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de la empresa.
g) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, salvo que hubiesen cancelado sus antecedentes penales. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.
h) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud. En el caso de las personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas.
2. Además del cumplimiento de los requisitos generales, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto alguna de las actividades contempladas en el artículo 5.1.b), c), d), e) y g), se les podrá exigir reglamentariamente el cumplimiento de requisitos y garantías adicionales adecuados a la singularidad de los servicios relacionados con dichas actividades.
3. Igualmente, en relación con las actividades contempladas en el artículo 5.1, a), f) y g), podrán ampliarse los requisitos referentes a medios personales y materiales, conforme se disponga reglamentariamente, para poder prestar servicios de seguridad privada en infraestructuras críticas o en servicios esenciales, así como en los servicios descritos en el artículo 40.1 y en artículo 41.2 y 3.
4. Para la contratación de servicios de seguridad privada en los sectores estratégicos definidos en la legislación de protección de infraestructuras críticas, las empresas de seguridad privada deberán contar, con carácter previo a su prestación, con una certificación emitida por una entidad de certificación acreditada que garantice, como mínimo, el cumplimiento de la normativa administrativa, laboral, de Seguridad Social y tributaria que les sea de aplicación.
5. A los efectos previstos en el apartado 1, e) y f), de este artículo se tendrán en cuenta los requisitos ya exigidos en el Estado miembro de la Unión Europea o parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de origen en lo referente a la suscripción del contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras, así como a la constitución de avales o seguros de caución.
6. Las empresas de seguridad privada no españolas, autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior o, cuando tengan su domicilio en una comunidad autónoma con competencias en materia de seguridad privada y su ámbito de actuación limitado a dicho territorio, en el registro autonómico correspondiente, a cuyo efecto deberán acreditar su condición de empresas de seguridad privada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, en la forma que se determine reglamentariamente.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad privada que tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales receptoras de alarma se las podrá eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este artículo, excepto los contemplados en los párrafos e) y f) del apartado 1, cuando así se determine reglamentariamente.
8. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a la extinción de la autorización o al cierre de la empresa, en el caso de presentación de declaración
responsable, y, en ambos casos, a la cancelación de oficio de la inscripción de la empresa de seguridad en el registro correspondiente.
Artículo 20. Inscripción registral.
1. Toda empresa de seguridad privada autorizada o que, en su caso, haya presentado la correspondiente declaración responsable será inscrita de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico.
2. No podrá inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico ninguna empresa cuya denominación coincida, o pueda inducir a error o confusión, con la de otra ya inscrita o con la de órganos o dependencias de las administraciones públicas, o cuando coincida o pueda inducir a confusión con una marca anterior registrada para actividades idénticas o semejantes, salvo que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento.
Artículo 21. Obligaciones generales.
1. Las empresas de seguridad privada deberán cumplir las siguientes obligaciones generales:
a) Desarrollar las actividades de seguridad privada en los términos de esta ley y en las condiciones establecidas en la autorización que les haya sido concedida o en la declaración responsable que hayan presentado.
b) Contar con la infraestructura y logística acorde con las exigencias establecidas en esta ley y en su desarrollo reglamentario.
c) Comunicar al Registro Nacional o autonómico correspondiente todo cambio que se produzca en cuanto a su forma jurídica, denominación, número de identificación fiscal, domicilio, delegaciones, ámbito territorial de actuación, representantes legales, estatutos, titularidad de las acciones y participaciones sociales, y toda variación que sobrevenga en la composición de los órganos de administración, gestión, representación y dirección de las empresas.
Las empresas de seguridad deben comunicar al Registro Nacional o autonómico del lugar donde presten servicios las altas y bajas del personal de seguridad privada de que dispongan y las incidencias concretas relacionadas con los servicios que prestan.
d) Garantizar la formación y actualización profesional del personal de seguridad privada del que dispongan y del personal de la empresa que requiera formación en materia de seguridad privada. El mantenimiento de la aptitud en el uso de las armas de fuego se hará con la participación de instructores de tiro habilitados.
e) Presentar cada año al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente un informe sobre sus actividades y el resumen de las cuentas anuales, debidamente auditadas cuando sea preceptivo, con la información y datos que reglamentariamente se determinen. En ningún caso dicha memoria contendrá datos de carácter personal. El Ministerio del Interior y los órganos autonómicos competentes darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente.
2. Asimismo, las empresas de seguridad privada vendrán obligadas a prestar especial auxilio y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo facilitar a éstas la información que se les requiera en relación con las competencias atribuidas a las mismas.
Artículo 22. Representantes legales.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por representante legal de las empresas de seguridad privada todo aquel que asuma o realice las tareas de dirección, administración, gestión y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.
2. Los representantes de las empresas de seguridad privada, que se inscribirán en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico, deberán:
a) Ser personas físicas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades o servicios de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.
e) No haber sido administrador de hecho o de derecho o apoderado general, en los diez años anteriores, en una empresa que haya sido declarada en concurso calificado como culpable, o condenada mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales.
3. Los representantes legales de las empresas de seguridad privada serán responsables del cumplimiento de las obligaciones generales impuestas a las mismas por el artículo anterior.
Artículo 23. Consideración de sector específico.
1. Las empresas de seguridad privada tienen la consideración de sector económico con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.
2. Cuando el Consejo de Ministros, con arreglo a lo dispuesto en la normativa sobre inversiones extranjeras, suspenda el régimen de liberalización de los movimientos de capital, la autorización previa de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad privada exigirá, en todo caso, informe previo del Ministerio del Interior.
3. Las empresas de seguridad privada en las que se hubieran realizado inversiones de capital extranjero estarán obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en las mismas, en relación con lo establecido en el artículo 21.1 c).
4. Las limitaciones establecidas en los dos apartados precedentes no son de aplicación a las personas físicas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea ni a las empresas constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión Europea.

 

 

 

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Competencias de las comunidades autónomas ejecutando la nueva ley de seguridad privada según su articulo 13.

 

 

Congreso de los Diputados de las Cortes/ Publicaciones oficiales de los últimos días la Nueva Ley de Seguridad privada Proyecto de Ley de seguridad privada. Aprobación definitiva por el Congreso y publicada en el BOE el pasado dia 28 de Marzo, con efecto en vigor pasados dos meses de su publicación.

Competencias de las comunidades autónomas atendiendo a la nueva ley de seguridad privada Articulo 13.
1. Las comunidades autónomas que, con arreglo a sus estatutos de autonomía, tengan competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, ejecutarán la legislación del Estado sobre las siguientes materias:
a) La autorización de las empresas de seguridad privada y de sus delegaciones, así como la recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos de detectives privados y de sus sucursales, cuando, en ambos casos, tengan su domicilio en la comunidad autónoma y su ámbito de actuación esté limitado a su territorio.
b) La autorización de las actividades y servicios de seguridad privada que se realicen en la comunidad autónoma cuando requieran de la misma o de control previo.
c) La inspección y sanción de las actividades y servicios de seguridad privada que se realicen en la comunidad autónoma, así como de quienes los presten o utilicen y la inspección y sanción de los despachos de detectives privados y de sus sucursales que realicen su actividad en la comunidad autónoma.
d) La recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de los centros de formación del personal de seguridad privada que tengan su sede en la comunidad autónoma.
e) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas prestados en la comunidad autónoma con los de la policía autonómica y las policías locales.
f) La autorización, inspección y sanción de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios sitos en la comunidad autónoma que estén obligados a adoptar medidas de seguridad.
2. Las comunidades autónomas que, en virtud de sus estatutos de autonomía, hayan asumido competencia ejecutiva en materia de seguridad privada cuando así lo establezca la legislación del Estado,

la ejercerán si disponen de cuerpo de policía propia o establecen fórmulas de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía previstas en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre las siguientes materias:
a) La autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio.
b) La denuncia, y puesta en conocimiento de las autoridades competentes, de las infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentren incluidas en el párrafo anterior.

 

Funciones del Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos creados por la nueva ley de seguridad privada. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Seguridad Privada.

Congreso de los Diputados de las Cortes/ Publicaciones oficiales de los últimos días la Nueva Ley de Seguridad privada Proyecto de Ley de seguridad privada. Aprobación definitiva por el Congreso y publicada en el BOE el pasado dia 28 de Marzo, con efecto en vigor pasados dos meses de su publicación.

 

Funciones del Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos  crados en la nueva ley de segurida privada Articulo 11. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Seguridad Privada.

1. Serán objeto de inscripción de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones o acreditaciones, el personal de seguridad privada, las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, así como delegaciones y sucursales, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, cuando no sean objeto de inscripción en los registros de las comunidades autónomas.
Igualmente, se inscribirán en el Registro Nacional de Seguridad Privada las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada, cuando tales sanciones, comunicaciones y datos se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en un ámbito territorial distinto al de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada.

2. En los registros de las comunidades autónomas, una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones, se inscribirán de oficio las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives privados, así como delegaciones y sucursales, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio, que tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio.
Igualmente, se inscribirán en dichos registros las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada, cuando tales sanciones, comunicaciones y datos se refieran a servicios de seguridad privada que se presten en el ámbito territorial propio de una comunidad autónoma con competencia en materia de seguridad privada.
3. En el referido Registro Nacional, además de la información correspondiente a las empresas de seguridad privada que en el mismo se inscriban, se incorporará la relativa a las empresas de seguridad privada inscritas en los registros de las comunidades autónomas con competencia en la materia.
A tales efectos, los órganos competentes de las mencionadas comunidades autónomas deberán comunicar al Registro Nacional de Seguridad Privada los datos de las inscripciones y anotaciones que efectúen sobre las empresas de seguridad privada que inscriban, así como sus modificaciones y cancelaciones.
4. En los mencionados registros, nacional y autonómicos, se anotarán también los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
5. Las autoridades responsables del Registro Nacional y de los registros autonómicos establecerán los mecanismos de colaboración y reciprocidad necesarios para permitir su interconexión e interoperabilidad, la determinación coordinada de los sistemas de numeración de las empresas de seguridad privada y el acceso a la información registral contenida en los mismos, para el ejercicio de sus respectivas competencias.
6. Dichos registros serán públicos exclusivamente en cuanto a los asientos referentes a la denominación o razón social, domicilio, número de identificación fiscal y actividades en relación con las cuales estén autorizadas o hayan presentado la declaración responsable las empresas de seguridad privada, despachos de detectives, centros de formación del personal de seguridad privada y centrales de alarmas de uso propio.
7. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Seguridad Privada.

Relación de Actividades compatibles que quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley de seguridad privada según el articulo 6 de la misma y Actividades excluidas según el articulo 7.

Congreso de los Diputados de las Cortes/ Publicaciones oficiales de los últimos días la Nueva Ley de Seguridad privada Proyecto de Ley de seguridad privada. Aprobación definitiva por el Congreso y publicada en el BOE el pasado dia 28 de Marzo, con efecto en vigor pasados dos meses de su publicación.

 

Actividades compatibles según la ley de seguridad privada en su articulo 6.
1. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley, sin perjuicio de la normativa específica que pudiera resultar de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la homologación de productos, las siguientes actividades:
a) La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o productos de seguridad y de cerrajería de seguridad.
b) La fabricación, comercialización, venta o entrega de equipos técnicos de seguridad electrónica, así como la instalación o mantenimiento de dichos equipos siempre que no estén conectados a centrales de alarma o centros de control o de videovigilancia.
c) La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas de prevención o protección contra incendios o de alarmas de tipo técnico o asistencial, o de sistemas o servicios de control o mantenimiento.
d) La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los servicios de seguridad.
Estas actividades podrán desarrollarse por las empresas de seguridad privada.
2. Quedan también fuera del ámbito de aplicación de esta ley, a no ser que impliquen la asunción o realización de servicios o funciones de seguridad privada, y se regirán por las normas sectoriales que les sean de aplicación en cada caso, los siguientes servicios y funciones:
a) Las de información o de control en los accesos a instalaciones, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el acceso de personas o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio, así como la ejecución de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en las puertas o en el interior de inmuebles, locales públicos, aparcamientos, garajes, autopistas, incluyendo sus zonas de peajes, áreas de servicio, mantenimiento y descanso, por porteros, conserjes y demás personal auxiliar análogo.
b) Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de comprobación de entradas, documentos o carnés, en cualquier clase de edificios o inmuebles, y de cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio.
c) El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de instalaciones en cumplimiento de la normativa interna de los mismos.
d) Las de comprobación y control del estado y funcionamiento de calderas, bienes e instalaciones en general, en cualquier clase de inmuebles, para garantizar su conservación y funcionamiento.
Estos servicios y funciones podrán prestarse o realizarse por empresas y personal de seguridad privada, siempre con carácter complementario o accesorio de las funciones de seguridad privada que se realicen y sin que en ningún caso constituyan el objeto principal del servicio que se preste.
3. El personal no habilitado que preste los servicios o funciones comprendidos en el apartado anterior, en ningún caso podrá ejercer función alguna de las reservadas al personal de seguridad privada, ni portar ni usar armas ni medios de defensa, ni utilizar distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los previstos para dicho personal.

4. Los prestadores de servicios de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, no conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia, quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación de seguridad privada.
5. Las empresas de seguridad privada que se dediquen a la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que no incluyan la conexión a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia, sólo están sometidas a la normativa de seguridad privada en lo que se refiere a las actividades y servicios de seguridad privada para las que se encontrasen autorizadas.
6. A las empresas, sean o no de seguridad privada, que se dediquen a las actividades de seguridad informática, entendida como el conjunto de medidas encaminadas a proteger los sistemas de información a fin de garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma o del servicio que aquéllos prestan, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, se les podrán imponer reglamentariamente requisitos específicos para garantizar la calidad de los servicios que presten.

 

Artículo 7. Actividades excluidas.
1. No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar o que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su entorno personal o patrimonial, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada prestado a terceros.
Cuando los interesados tengan el carácter de empresas o entidades de cualquier tipo, en ningún caso utilizarán a sus empleados para el desarrollo de las funciones previstas en la presente ley, reservadas a las empresas y el personal de seguridad privada.
2. Queda fuera del ámbito de aplicación de esta ley la obtención por uno mismo de información o datos, así como la contratación de servicios de recepción, recopilación, análisis, comunicación o suministro de información libre obrante en fuentes o registros de acceso público.

 

 

Las Nuevas Definiciones que deberiamos conocer a los efectos de la nueva ley de seguridad privada.

Congreso de los Diputados de las Cortes/ Publicaciones oficiales de los últimos días la Nueva Ley de Seguridad privada Proyecto de Ley de seguridad privada. Aprobación definitiva por el Congreso y publicada en el BOE el pasado dia 28 de Marzo, con efecto en vigor pasados dos meses de su publicación.

 

Nuevas Definiciones qu deberiamos conocer su significado a los efectos de la ley de seguridad privada en su articulo 2  se entiende por:
1. Seguridad privada: el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades.
2. Actividades de seguridad privada: los ámbitos de actuación material en que los prestadores de servicios de seguridad privada llevan a cabo su acción empresarial y profesional.
3. Servicios de seguridad privada: las acciones llevadas a cabo por los prestadores de servicios de seguridad privada para materializar las actividades de seguridad privada.
4. Funciones de seguridad privada: las facultades atribuidas al personal de seguridad privada.
5. Medidas de seguridad privada: las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los fines de prevención o protección pretendidos.
6. Prestadores de servicios de seguridad privada: las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives y el personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada.
7. Empresa de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen de declaración responsable, para prestar servicios de seguridad privada.
8. Personal de seguridad privada: las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones de seguridad privada.

9.-Personal acreditado: profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas que les asignan esta ley y operadores de seguridad.
10. Usuario de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada.
11. Despachos de detectives privados: las oficinas constituidas por uno o más detectives privados que prestan servicios de investigación privada.
12. Centros de formación de aspirantes o de personal de seguridad privada: establecimientos sometidos al régimen de declaración responsable para impartir en sus locales formación al personal de seguridad privada.

13. Elemento, producto o servicio homologado: aquel que reúne las especificaciones técnicas o criterios que recoge una norma técnica al efecto.
14. Elemento, producto o servicio acreditado, certificado o verificado: aquel que lo ha sido por una entidad independiente, constituida a tal fin y reconocida por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

 

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En los dos últimos años las direcciones de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han potenciado su presencia en Cataluña, coincidiendo con el órdago soberanista llevado a cabo por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Más espías en Cataluña

El órdago soberanista potencia la presencia de miembros de la Policía Nacional y del CNI dedicados a labores de inteligencia relacionadas con los círculos independentistas.

Los datos al acabar 2013 son concluyentes: en los dos últimos años las direcciones de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han potenciado su presencia en Cataluña, coincidiendo con el órdago soberanista llevado a cabo por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

La Policía está sufriendo desde el año 2010 una reducción drástica de personal, con jubilaciones y pases a la reserva que superan en más de 3.000 a los ingresos de personal procedente de la academia. En 2012 había 71.387 policías en activo, que en 2013 se quedarán en 67.906 y en unos 64.500 en 2014. Esta reducción no ha sido igual en todas las autonomías y una se ha llevado un importante porcentaje de las nuevas incorporaciones: Cataluña. En 2012 fueron 546 los agentes y 233 en 2013, un porcentaje cercano al 50% del total de nuevos policías.

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Un aumento que es proporcional al que se produce en el despliegue de la Guardia Civil en Cataluña, algo igual de significativo pues la Benemérita también está viendo cómo en los últimos años se ha reducido considerablemente su personal.

Según fuentes policiales, en Cataluña se ha potenciado la inteligencia operativa. Hay un mayor número de funcionarios dedicados a la captación de información de inteligencia en la Brigada Provincial de Información así como en Asuntos Internos. Las cuestiones que les interesan tienen mucho que ver con la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, aunque en Cataluña muchos creen que están muy volcados en los asuntos relacionados con las actividades independentistas.

La constatación del aumento de agentes del CNI no se puede hacer a través de los mismos mecanismos que los de la Policía, pues el número de agentes y su distribución geográfica se consideran datos sensibles, y están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.

Fuentes cercanas al servicio de inteligencia estiman en 40 los agentes que había en Cataluña antes del inicio del órdago soberanista, dedicados en una parte considerable a la lucha contra el terrorismo islamista. Para afrontar esta amenaza, el mayor despliegue se producía en Barcelona y en Lérida, ciudad esta última que ha contado con una de las mezquitas más radicales de España, a cuyo alrededor se ha detectado la mayor presencia de radicales islamistas.

Operación Tenedor.

Fue en la época del anterior director, Alberto Sainz –segunda mitad de la pasada década–, cuando se tomó la decisión, adelantada por Tiempo, de subir el rango de la delegación en Cataluña y convertirla en división. La explicación era el terrorismo islamista, pero también la mayor presencia de agentes de servicios secretos aliados, como la CIA y el Mosad, a los que había que vigilar. Y también la reactivación de la operación Tenedor y otras similares para investigar los movimientos políticos en Cataluña.

Algo más de dos años después, las mismas fuentes hablan de 70 agentes destinados en la autonomía de una forma permanente, lo que supondría casi duplicar sus efectivos. Pero también ha aumentado la presencia de los agentes que suben desde Madrid para llevar a cabo misiones operativas concretas y que luego regresan a sus bases una vez cumplidas. Una forma de trabajar típica del servicio secreto, que de esta forma hace que los trabajos más complicados y conflictivos, como seguimientos de objetivos o penetraciones clandestinas en pisos para colocar micrófonos o copiar documentos, sean llevadas a cabo por los agentes mejor preparados.

Fuente: Fernando Rueda

La Escuela Iberoamericana de Policía IBERPOL tiene por objeto contribuir a la formación de los funcionarios de policía desarrollando un enfoque común frente a los principales problemas que se plantean en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada, y la protección de la seguridad interior

 

Castilla y León

Ávila albergará la sede de la primera Escuela Iberoamericana de Policía

  • Sus modernas instalaciones servirán para el reciclaje y la capacitación continua de los agentes. Además, compartirá experiencias y promoverá un Foro Virtual de Excelencia

Leer más:  Ávila albergará la sede de la primera Escuela Iberoamericana de Policía – La Razón digital  http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_498039/920-avila-albergara-la-sede-de-la-primera-escuela-iberoamericana-de-policia#Ttt1pd0ttB56XpKA
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Nota de Prensa

Congreso de los Diputados de las Cortes/ Publicaciones oficiales de los últimos días la Nueva Ley de Seguridad privada Proyecto de Ley de seguridad privada. Aprobación definitiva por el Congreso y publicada en el BOE el pasado dia 28 de Marzo, con efecto en vigor pasados dos meses de su publicación.

 

 

Han acudido más de 30 representantes de 17 países

La Escuela Iberoamericana de Policía se ha reunido esta semana en Ávila para aprobar su reglamento de organización

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En este encuentro, desarrollado en la Escuela Nacional de la Policía en Ávila, se ha aprobado el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Iberoamericana y se ha analizado el desarrollo de una página web desde la que se acceda a plataformas de tele-formación y videoconferencia

El Reglamento regulará los objetivos y funciones de la Escuela Iberoamericana, sus actividades, la organización de la misma, el régimen económico y otros aspectos relativos a su constitución

El director de la Policía española, Ignacio Cosidó, inauguró esta reunión y destacó “la Comunidad Iberoamericana tiene mucho que aportar en la lucha contra la criminalidad y en la seguridad”

30-marzo-2014.- Durante la pasada semana 30 representantes de 17 países se han reunido en la Escuela Nacional de la Policía en Ávila para aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Iberoamericana. Este reglamento regulará los objetivos y funciones de la Escuela Iberoamericana, sus actividades, la organización de la misma, el régimen económico y otros aspectos relativos a su constitución. En este encuentro se ha analizado el soporte informático para el desarrollo de una página web desde la que se acceda a plataformas de teleformación y video-conferencia.

Escuela IBERPOL

En octubre de 2012 los directores de policía de los países de la Conferencia Iberoamericana decidieron en la ciudad de Cádiz, la creación de una Escuela Iberoamericana de Policía que tendría su Secretaría permanente en España, en la Escuela Nacional de Policía ubicada en Ávila. En Junio de 2013, en la localidad de Carrión de los Condes, se realizó un primer encuentro en el que participaron directores de Policía o responsables de la formación policial iberoamericanos donde, entre otros importantes acuerdos se decidió que su denominación sería “Escuela IBERPOL”. En ese primer encuentro se aprobó también un procedimiento para la redacción y aprobación del reglamento que se acaba de aprobar.

“Seguridad y Estado de Derecho en Iberoamérica”

La creación de la Escuela Iberoamericana de Policía surge de las propuestas realizadas por los ministros de Interior y Seguridad Pública de los países iberoamericanos durante la reunión que mantuvieron en la ciudad de Valencia (España) en septiembre de 2012, bajo el lema “Seguridad y Estado de Derecho en Iberoamérica”. Los directores de policía, conscientes de la importancia otorgada en esa reunión a la formación policial, propusieron que la Escuela Iberoamericana de Policía pudiera desarrollar, entre otras actividades, las relativas al fomento de una capacitación continua e integral en materia de seguridad, mediante el intercambio de experiencias prácticas y de conocimiento tecnológico.

Del mismo modo promovieron el desarrollo de una red de capacitación informática entre escuelas nacionales de policía para compartir experiencias y construir un equipo de formación de formadores. Otras de las actividades a desarrollar es la creación de un Foro Virtual de Excelencia en el que cada uno de los países de la comunidad iberoamericana, a través de expertos nacionales, sitúe y dé a conocer aquellas materias, recursos, técnicas y procedimientos que se califiquen de excelentes, y cuyo conocimiento pueda resultar de interés para el resto de los países.

Objetivos de la Escuela

La Escuela IBERPOL tiene por objeto contribuir a la formación de los funcionarios de policía desarrollando un enfoque común frente a los principales problemas que se plantean en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada, y la protección de la seguridad interior.

Para alcanzar estos objetivos se llevarán a cabo curso, conferencias, jornadas impartidas por expertos de las diferentes escuelas nacionales de policías, así como seminarios y encuentros para facilitar el intercambio de metodologías y técnicas de investigación, estudio y análisis. Uno de los aspectos clave recogidos en el reglamento para el desarrollo de la Escuela IBERPOL es la creación de una plataforma electrónica virtual que sirva de apoyo a las actividades desarrolladas en la escuela. En este sentido se ha acordado el desarrollo de una página web ventana única de acceso a todas las funcionalidades y enlaces, que incluya un gestor de contenidos, herramienta de foros y de blogs.

 

Organizado por la Dirección General de la Policía

Esta semana comienza el primer curso de la Escuela Iberoamericana de Policía en el que participarán representantes de 20 países

Se desarrollará durante los días 11, 12 y 13 en Carrión de los Condes (Palencia) bajo el título “Hacia un espacio iberoamericano de seguridad”

 El director de la Policía inaugurará este primer curso en el que se llevarán a cabo distintas mesas redondas sobre terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, la violencia en las nuevas generaciones o la necesidad de la colaboración entre el sector público y privado en el ámbito de la seguridad

09-junio-2013.- Esta semana comienza el primer curso de la Escuela Iberoamericana de Policía organizado por la Dirección General de la Policía española y en el que participarán altos mandos policiales de 20 países. Un curso se desarrollará durante los días 11, 12 y 13 en Carrión de los Condes (Palencia) bajo el título “Hacia un espacio iberoamericano de seguridad” y que será inaugurado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Este es el primer curso de la Escuela Iberoamericana cuya creación se acordó en la Reunión Iberoamericana de directores de Policía celebrada en Cádiz en octubre de 2012. El objetivo es fomentar una capacitación continua e integral en materia de seguridad mediante el intercambio de experiencias prácticas y de conocimiento tecnológico. A esta primera actividad formativa acudirán altos mandos y representantes de los cuerpos policiales de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España.

Los directores y representantes de las Policías de estos países pretenden fomentar la cooperación policial para lograr un espacio iberoamericano más seguro y aunar esfuerzos contra el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de seres humanos o las nuevas formas de ciberdelincuencia. Una de las vías para alcanzar esta unión de fuerzas contra el crimen es la formación conjunta de los agentes.

Mesas redondas y demostraciones operativas

Tras la inauguración, el responsable de Seguridad y Justicia de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Alejandro Kawabata, impartirá una ponencia bajo el título “El acervo iberoamericano”. En la primera mesa redonda, “Hacia un espacio iberoamericano de seguridad”, participarán los representantes de Colombia, Portugal, Costa Rica, República Dominicana y Argentina. Al día siguiente, el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía española moderará la mesa redonda que abordará “La Escuela Iberoamericana de Policía”. La tarde del miércoles se llevará a cabo otra mesa redonda sobre “Terrorismo, crimen organizado y narcotráfico”, moderada por el comisario general de Policía Judicial español, en la que participarán responsables de México, Bolivia, Paraguay y Panamá.

El jueves, última jornada del curso, se realizarán dos mesas redondas, la primera bajo el título “El fenómeno de la violencia en las nuevas generaciones iberoamericanas”, moderada por el comisario general de Información; y la segunda analizará “La necesidad de colaboración entre el sector público y privado en el ámbito de la seguridad”, moderada por el subdirector general del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía.

Durante este curso está prevista también una demostración operativa de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional española, dirigida por el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino.