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septiembre 9th, 2012

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La compañía alicantina Enair suministrará entre 50 y 100 unidades de su modelo ‘E70’. La iniciativa viene a confirmar el interés de la firma por potenciar su consolidación en Latinoamérica

Enair venderá miniaerogeneradores en Brasil

La compañía alicantina suministrará entre 50 y 100 unidades de su modelo ‘E70’. La iniciativa viene a confirmar el interés de la firma por potenciar su consolidación en Latinoamérica

13/03/2014 Fuente: Alimarket

 

Enair Energy, firma alicantina especializada en la fabricación de miniaerogeneradores y el desarrollo de instalaciones de eficiencia energética, ha suscrito un contrato en Brasil para el suministro de entre 50 y 100 unidades de su modelo ‘E70’, según informa Alimarket.

En virtud del citado contrato, el centro de distribución e instalación de las miniturbinas será la compañía local B&Q Energía.

La iniciativa viene a confirmar el interés de Enair por potenciar su proceso de internacionalización a través de la consolidación en Latinoamérica. En la actualidad, la enseña está empezando a operar en otros países de la región como Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Chile. Asimismo, tiene presencia en Cabo Verde.

 

 

Fomento de Construcción y Contratas (FCC) se ha adjudicado el contrato para la construcción de un tramo de la línea roja del metro de Doha (Catar) por un importe de 506 millones de euros, según informa la compañía en un comunicado. Dicha iniciativa constituye “la primera gran obra de envergadura de FCC en este emirato árabe”.

FCC construirá una línea de metro en CatarEl proyecto para la construcción de un tramo de la línea roja del suburbano de Doha está valorado en 506 millones de euros

13/03/2014 Fuente: FCC

Fomento de Construcción y Contratas (FCC) se ha adjudicado el contrato para la construcción de un tramo de la línea roja del metro de Doha (Catar) por un importe de 506 millones de euros, según informa la compañía en un comunicado. Dicha iniciativa constituye “la primera gran obra de envergadura de FCC en este emirato árabe”.

El consorcio ganador está conformado por el grupo empresarial liderado por Esther Koplowitz –que controla un 50% del mismo- junto a la compañía local Petroserv Ltd., la empresa griega Archirodon y la firma turca Yuksel. El plazo de ejecución de las obras se ha fijado en 31 meses.

Tal y como apunta el diario ‘La Razón’, el metro de Doha ya cuenta con presencia española después de que en mayo de 2013 un consorcio en el que participa OHL se adjudicara la construcción de las dos estaciones “más emblemáticas” del mismo por 1.100 millones de euros.

Además, el pasado mes de julio, FCC resultó beneficiario, a través de un consorcio, de la construcción de tres líneas del metro de la capital de Arabia Saudí –el mayor proyecto en este ámbito logrado en el exterior por una empresa de nuestro país-. El contrato está valorado en 6.070 millones.

En la actualidad, FCC trabaja en la línea 1 de metro de Panamá, con un presupuesto que supera los 1.000 millones de euros; en el metro de Toronto-York Spadina (Tysse) en Canadá (304 millones); y el tramo 1 de la línea 5 del metro de Bucarest (267 millones de euros).

Participación española en la segunda fase de licitación de un tramo de alta velocidad en California de la mano de Ferrovial (California Rail Builders), Dragados (enseña del Grupo ACS, en el consorcio Dragados-Flatiron-Shimmick) y OHL (Golden State Rail Partnership) a través de alianzas estratégicas con corporaciones norteamericanas y de fuera del país.

Mayoría española en la segunda fase de licitación de un tramo de alta velocidad en California
10/03/2014 Fuente: Fresnobee

Un nutrido grupo de empresas estadounidenses y compañías internacionales compiten para adjudicarse un contrato, por valor de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares (entre 1.080 y 1.440 millones de euros), para diseñar y construir un tramo de 60 millas (96,5 kilómetros) de la línea de ferrocarril de alta velocidad en el Valle de San Joaquín (California).

Recientemente, la California High-Speed Rail Authority dio su aprobación a cinco equipos de firmas contratistas para realizar una oferta en el segundo segmento de la construcción (desde el sur de Fresno a las inmediaciones de la línea del condado de Tulare-Kern). Tres de las cinco entidades tienen presencia y participación española de la mano de Ferrovial (California Rail Builders), Dragados (enseña del Grupo ACS, en el consorcio Dragados-Flatiron-Shimmick) y OHL (Golden State Rail Partnership) a través de alianzas estratégicas con corporaciones norteamericanas y de fuera del país.

Los segmentos de la línea del Valle formarán parte de un trazado de 520 kilómetros entre San Francisco y Los Ángeles para trenes eléctricos, capaces de transportar pasajeros a velocidades de hasta 220 mph (354 kilómetros por hora). El coste total de la infraestructura ferroviaria se estima en alrededor de 68.000 millones dólares (48.985 millones de euros).

A fecha de hoy, el proyecto sigue enfrentado a una serie de obstáculos, entre los que se pueden citar problemas legales, financieros y políticos que ensombrecen los esfuerzos de la administración ferroviaria por sacarlo adelante.

El pasado 17 de febrero, el diario ‘ABC’ informaba de los “diversos proyectos de internacionalización de la alta velocidad española en su búsqueda por ampliar horizontes”. En este escenario, “la calidad (…) de nuestro país no pasó inadvertida para Estados Unidos.

En 2011, el secretario de Transporte, Ray LaHood, hablaba de él como “un sistema que todos quieren imitar y copiar porque es el mejor”. Y desde Adif señalan que “el interés estadounidense es más que conocido y que hay proyectos en aquel país (California y Florida) a la espera de que se relancen”.

Agentes de la Comisaría General de Información de la policía española y de los Servicios de Seguridad de Marruecos han desarticulado la que consideran la célula más importante responsable del envío de yihadistas a Siria y otras zonas de conflicto, según ha informado el Ministerio de Interior.

España y Marruecos desarticulan la célula más importante de envío de yihadistas a Siria

Europa Press | 14/03/2014 –

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Desmantelada la célula más importante que enviaba yihadistas a Siria. Foto: EFE.
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Agentes de la Comisaría General de Información de la policía española y de los Servicios de Seguridad de Marruecos han desarticulado la que consideran la célula más importante responsable del envío de yihadistas a Siria y otras zonas de conflicto, según ha informado el Ministerio de Interior.

En Concreto, han sido detenidas cuatro personas en España (tres en Melilla y una en Málaga) entre los que se encuentra el responsable de la célula, y otras tres en Marruecos.

Alguno de los detenidos ya había retornado tras su paso por organizaciones terroristas vinculadas a Al Qaeda. La operación continúa abierta, según Interior.

 

 

El Minsiterio de Interior calificó la detención de las cuatro personas detenidas en España y tres en Marruecos de la célula yidaidista como la más importante porque envíaba combatientes yihaidistas a Siria y dijo que algunos de sus miembros ya habían integrado organizaciones vinculadas con Al Qaeda.

Siete detenidos en una operación contra yihaidistas en España y Marruecos

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MADRID (Reuters) – Cuatro personas han sido detenidas en España y tres en Marruecos en la desarticulación de una célula yihaidista que enviaba combatientes a Siria y otras zonas de conflicto, informó el viernes el Ministerio del Interior español.

Entre los detenidos en España – tres en Melilla y uno en Málaga – se encuentra el presunto responsable de la organización, agregó el ministerio en una nota.

Interior calificó la célula como la más importante para el envío de yihaidistas a Siria y dijo que algunos de sus miembros ya habían integrado organizaciones vinculadas con Al Qaeda.

La operación de la Comisaría General de Información de la policía española y de los Servicios de Seguridad de Marruecos continúa abierta.

Grupos extremistas vinculados con Al Qaeda, en los que hay una presencia de combatientes extranjeros, han asumido un protagonismo creciente en la revuelta contra el presidente sirio Bashar el Asad, un levantamiento que comenzó hace tres años y en el que han muerto más de 100.000 personas.

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El Consejo de Ministros aprobará hoy – Viernes- el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las instalaciones policiales donde se retiene a los inmigrantes que van a ser expulsados del país, tras recibir el dictamen preceptivo del Consejo de Estado

El Consejo de Ministros aprobará el nuevo reglamento de los CIE

 Europa Press |
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Centro de Internamiento de Extranjeros en Murcia. EFE
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Quejas de deportación

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El Consejo de Ministros aprobará hoy el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las instalaciones policiales donde se retiene a los inmigrantes que van a ser expulsados del país, tras recibir el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, según han informado fuentes gubernamentales. El Consejo de Estado ve restricción a la atención sanitaria en el nuevo reglamento de los CIE

El reglamento es un imperativo de la Ley de Extranjería de 2009 que debería llevar en vigor, al menos, desde 2010 y que quedó pendiente en la última legislatura de gobierno socialista.

Tras la llegada de Jorge Fernández Díaz al Ministerio del Interior, se retomó la elaboración del texto, con un proceso consultivo que se ha demorado casi dos años y en el que han participado desde departamentos ministeriales hasta ONG, pasando por organismos como el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial o la Abogacía Española.

El último organismo en pronunciarse, como es preceptivo, ha sido el Consejo de Estado, que emitió un dictamen con toda una batería de recomendaciones y una sola observación esencial: que se garantice el derecho de los inmigrantes recluidos en los CIE sin los condicionantes que preveía el proyecto de Reglamento. Fuentes de Interior confirmaron que esta indicación sería aceptada, así como otras de las sugerencias del Alto Cuerpo Consultivo.

Las recomendaciones del Consejo de Estado

Así, el dictamen del Consejo de Estado considera en su dictamen que el Proyecto de Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) “introduce limitaciones o restricciones” al derecho de los inmigrantes recluidos a la atención sanitaria y, por ello, pide al Ejecutivo que modifique su redactado porque considera que “no resulta aceptable”.

Como “observación de carácter esencial”, pide la modificación del Artículo 17.2, que define el derecho a “recibir asistencia médica y sanitaria adecuada cuando sea necesaria a criterio de los Servicios Médicos y ser atendido por los servicios de asistencia social del centro”.

A juicio del Consejo de Estado, ese inciso “supone una restricción al derecho que la Ley confiere” a los internos de los CIE “a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro”: La asistencia ‘adecuada’ se transforma en ‘necesaria’ y se exige una evaluación previa de los Servicios Médicos del centro, “que puede no ser fácil de conseguir si no están disponibles día y noche, laborables y festivos”.

“No resulta aceptable que el reglamento, al configurar los derechos de los internos, introduzca limitaciones o restricciones a la Ley y sobre todo en un ámbito delicado, en el que está en juego la salud e incluso la vida de los extranjeros”, dice el dictamen del Consejo de Estado, que pide la eliminación del citado inciso para ajustar la normativa al pie de la Ley.

También sobre atención sanitaria, el Consejo de Estado considera que “sería conveniente” incluir en el Reglamento la necesidad de que los centros contasen con el instrumental y equipamiento necesario para la atención de los internos, en consonancia con lo que dice al respecto la Ley de Extranjería (“los centros dispondrán de servicios de asistencia social y sanitaria con dotación suficiente”).

Mantener su denominación

El derecho a la atención sanitaria es la única observación de carácter esencial de un dictamen que, no obstante, eleva otras muchas recomendaciones al Gobierno, como respetar la denominación actual de los CIE en lugar de pasar a llamarlos ‘Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE)’, como está previsto.

En su opinión, “los cambios introducidos en el proyecto no tienen envergadura suficiente como para hacer de los centros una realidad distinta”. Por eso, entiende que “resulta preferible mantener la actual denominación pues es cierto que de un modo genérico las normas se refieren así a ellos, con lo que otro nombre puede generar confusión”.

Asimismo, pide que el texto garantice la asistencia jurídica dentro de los CIE, porque el proyecto “sólo contempla los servicios sanitarios y sociales”, y que se fije “al menos una revisión del internamiento” transcurrido la mitad del plazo para “comprobar” que aún se dan las circunstancias que llevaron al mismo y que podrá llevarse a cabo la expulsión.

También en materia de derechos, propone eliminar las restricciones impuestas en los horarios de visitas y comunicaciones de los internos, garantizar que tengan acceso en todo momento a su expediente personal sea o no mediante un abogado y que se permita a los visitantes entrar con el teléfono móvil, algo que prohíbe el Reglamento y que debe “replantearse” porque es “desmesurado”.

Sin impacto económico

En cuanto al impacto económico del Reglamento, el texto dice que “no introduce cuestiones nuevas que incrementen el gasto público” y que las necesidades se irán cubriendo con cargo a los presupuestos ya disponibles de gastos corrientes. En la actualidad, el coste de funcionamiento de los centros es de 8,89 millones (alimentación, limpieza, mantenimiento, consumos y asistencia médica), más 400.000 euros de subvención para asistencia de Cruz Roja Española.

La norma señala que “para alcanzar un grado satisfactorio de cobertura de las necesidades” de los centros habría que incrementar este presupuesto con otros 5,5 millones para servicios, suministros, infraestructura y equipamientos en los ejercicios 2013 y 2014.

Sí a las recomendaciones

Además, el Gobierno incorporará todas las recomendaciones del Consejo de Estado al proyecto de Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) propuesto por el Ministerio del Interior, según han explicado fuentes gubernamentales.

En especial, toman nota de la petición del Consejo de Estado para que modifique el artículo 17.2 que define el derecho a “recibir asistencia médica y sanitaria adecuada cuando sea necesaria a criterio de los Servicios Médicos y ser atendido por los servicios de asistencia social del centro”.