La nueva Ley de seguridad privada aumentarà fuertemente las sanciones para el intrusismo de las empresas de servicios que realizen funciones de seguridad privada. Enlace con la propuesta final del Senado que se aprobara la semana proxima.

La nueva Ley de seguridad privada aumentarà fuertemente las sanciones para el intrusismo de las empresas de servicios que realizen funciones de seguridad privada o empresas de seguridad que tengan todavia personal no habilitado haciendo funciones que no le corresponde que es intrusismo…, me consta porque me han pedido algunos informes y asesoramientos que las grandes empresas de seguridad que todos conocenos a fecha de hoy tenian personal en nòmina que estaban haciendo funciones de personal de seguridad estan llegando a acuerdos para mantebner su puesto de trabajo pero realizando otras funciones que no son la de vigilantes de seguridad, se esta dando tambien en personal que como vigilantes de seguridad  o jefes de equipo que estabann realizando funciones de Director de Seguridad, debemos lucha contra el intrusismo que es un delito penal como en cualquier otra profesión..

Infracciones

El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros, técnicos, operadores de seguridad y profesores acreditados, podrán incurrir en las siguientes infracciones:

 

MUY GRAVES

  1. El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación o acreditación necesaria.
  2. El incumplimiento de las previsiones contenidas en la ley sobre tenencia de armas de fuego fuera del servicio y sobre su utilización.
  3. La falta de reserva debida sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones o la utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones cuando no constituyan delito.
  4. La negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos; en el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
  5. La negativa a identificarse profesionalmente, en el ejercicio de sus respectivas funciones, ante la Autoridad o sus agentes, cuando fueren requeridos para ello.
  6. La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus funciones.
  7. La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos y laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad estén encargados, en el caso de que no sean constitutivas de delito; salvo que sean constitutivas infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
  8. El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.
  9. La realización, orden o tolerancia, en el ejercicio de su actuación profesional, de prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, incluido el acoso, que entrañen violencia física o moral, cuando no constituyan delito.
  10. El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.
  11. La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, sin disponer de la acreditación correspondiente expedida por el Ministerio del Interior.
  12. La no realización del informe de investigación que preceptivamente deben elaborar los detectives privados o su no entrega al contratante del servicio, o la elaboración de informes paralelos.
  13. El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte del personal a que se refiere el artículo 28.3 y 4 de la Ley de Seguridad Privada.
  14. La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el período de dos años, habiendo sido sancionado por las anteriores.

GRAVES

  1. La realización de funciones de seguridad privada que excedan de la habilitación obtenida.
  2. El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en empresas de seguridad privada, o en la plantilla de la empresa, cuando resulte preceptivo o al margen de los despachos de detectives.
  3. La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
  4. El ejercicio del derecho a la huelga al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente.
  5. La no identificación profesional, en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando fueren requeridos para ello por los ciudadanos.
  6. La retención de la documentación personal en contra de lo previsto en el artículo 32.1.b) de la Ley de Seguridad Privada.
  7. La falta de diligencia en el cumplimiento de las respectivas funciones por parte del personal habilitado o acreditado.
  8. La identificación profesional haciendo uso de documentos o distintivos diferentes a los dispuestos legalmente para ello o acompañando éstos con emblemas o distintivos de apariencia semejante a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
  9. La negativa a realizar los cursos de formación permanente a los que vienen obligados.
  10. La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, no ajustados a las normas técnicas reglamentariamente establecidas.
  11. La omisión, total o parcial, de los datos que obligatoriamente debe contener el informe de investigación que deben elaborar los detectives privados.
  12. El ejercicio de funciones de seguridad privada incompatibles entre sí, por parte de personal habilitado para ellas.
  13. La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores.
  14. La validación provisional de sistemas o medidas de seguridad que no se adecuen a la normativa de seguridad privada.

LEVES

  1. La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, o sin portar los distintivos o la documentación profesional, así como la correspondiente al arma de fuego utilizada en la prestación del servicio encomendado.
  2. El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.
  3. La no cumplimentación, total o parcial, por parte de los técnicos acreditados, del documento justificativo de las revisiones obligatorias de los sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.
  4. En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

Sanciones

POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES MUY GRAVES:

  • Multas de 6.001 a 30.000 euros.
  • Extinción de la habilitación, que comportará la prohibición de volver a obtenerla por un plazo de entre uno y dos años, y cancelación de la inscripción en el Registro Nacional.

POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES GRAVES

  • Multas de1.001 a 6.000 euros.
  • Suspensión temporal de la habilitación por un plazo de entre seis meses y un año.

POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES LEVES

  • Apercibimiento.
  • Multas de 300 a 1.000 euros.

 

 

Enlace con la propuesta final del Senado que se aprobara.

¿Los vigilantes de seguridad de mi planta fotovoltaica han de contar con la habilitación necesaria?

  • Las empresas de seguridad y vigilancia pueden recibir sanciones económicas importantes por tener a su cargo personal que presta servicios de Seguridad a terceros careciendo de la habilitación necesaria.
Es clara y consistente la jurisprudencia actual sobre las infracciones muy graves que se imponen a empresas de vigilancia y seguridad por contratar personal no cualificada ni habilitada legalmente.De conformidad al artículo 22.1.a) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada que textualmente señala: ” Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones: 1. Infracciones muy graves: a) La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria.” lleva aparejada una multa de 31.000 euros, en la nueva LEY DE SEGURIDAD PRIVADA  que se aprobara la sdmana proxima podra llegar a 600.000.euros  la multa 

Los Jueces en la instrucción de estas sanciones han de tener en cuenta:

– los parámetros jurídicos a tener en cuenta, entre los que cabe resaltar los relativos a las funciones reservadas a los vigilantes de seguridad por el artículo 11 de la Ley 23/1992 anteriormente citada, – algunos criterios interpretativos aplicables relativos a las declaraciones de la empresa contratante,

– los datos y documentos obrantes que se aporten en el litigio.

En definitiva, el Juez ha de valorar las funciones desempeñadas por el empleado de la empresa de si son funciones de seguridad privada o no. Si existe una prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia y que la actividad efectivamente realizada por la entidad perseguía la finalidad de protección y custodia de la instalación fotovoltaica y su contenido le será impuesta esa sanción.

  •   Fuente Autoría: Carlos Mateu de Suelo Solar

http://fb.com/jefedeseguridad.net Segurpricat Consulting Advisory Juliansafety Pau Claris nº 97- 4º1ª 08009-Barcelona

http://fb.com/jefedeseguridad.net Segurpricat Consulting Advisory Juliansafety Pau Claris nº 97- 4º1ª 08009-Barcelona

18 Comentarios

  1. PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA
    Preámbulo
    I
    La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos.
    Los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como la forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoración de posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil, obtienen seguridad adicional más allá de la que provee la seguridad pública o satisfacen sus necesidades de información profesional con la investigación de asuntos de su legítimo interés. En esta óptica, la existencia de la seguridad privada se configura como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos. La consideración de la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la seguridad pública, es hoy un hecho innegable.
    No solo en España sino fundamentalmente en nuestro entorno europeo, la seguridad privada se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de seguridad.
    En los últimos años se han producido notables avances en la consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad. Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.
    La seguridad, entendida como pilar básico de la convivencia ejercida en régimen de monopolio por el poder público del Estado, tanto en su vertiente preventiva como investigadora, encuentra en la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada, y una forma de articular el reconocimiento de la facultad que tienen los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.
    La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
    A partir de ahí, se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detecten el acaecimiento de hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.
    La defensa de la seguridad y el legítimo derecho a usarla no pueden ser ocasión de agresión o desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las entidades privadas de seguridad y de su personal, por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.
    Desde otra perspectiva, pero igualmente integrada en el objeto de regulación de esta ley, es necesario dar el paso de reconocer la especificidad de los servicios de investigación privada el papel que han alcanzado en nuestra sociedad en los últimos años. Siendo diferentes de los demás servicios de seguridad privada, su acogida en esta norma, dentro del conjunto de actividades de seguridad privada

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  2. ← “INFORMACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SISEGURIDAD.ES”

    La nueva Ley de seguridad privada aumentarà fuertemente las sanciones para el intrusismo de las empresas de servicios que realizen funciones de seguridad privada o empresas de seguridad que tengan todavia personal no habilitado haciendo funciones que no le corresponde que es intrusismo…, me consta porque me han pedido algunos informes y asesoramientos que las grandes empresas de seguridad que todos conocenos a fecha de hoy tenian personal en nòmina que estaban haciendo funciones de personal de seguridad estan llegando a acuerdos para mantebner su puesto de trabajo pero realizando otras funciones que no son la de vigilantes de seguridad, se esta dando tambien en personal que como vigilantes de seguridad o jefes de equipo que estabann realizando funciones de Director de Seguridad, Debemos lucha contra el intrusismo que es un delito penal como en cualquier otra profesión..

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  3. LLevamos un año desde que la ley de seguridad 5/2014, se publico.. entro en vigor el pasao mes Junio del año 2014, me consta que la realidad es que se sigue en este sector incumpliendo la normativa vigente… hay mucho intrusismo..deseo y espero que la publicación del Reglamento de Seguridad y su entrada en vigor solcuione estas situaciones, porque esta ley de seguridad 5/2014 en vigor, debe cumplirse sino se cumple es para que las administracciones pùblicas competenets .. tomaràn cartas en el asunto para hacerla cumplir.. todo queda en papel…Un cordial saludo a todos

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